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28 noviembre 2011

La oposición confirma que la calle es la oposición

Con el PSOE enrocado en las mismas posiciones mantenidas en el Gobierno, fueron los indignados quienes ayer tomaron la iniciativa manifestándose frente al Congreso de los Diputados, convocados por la Asamblea de Trabajadores de Barrios y Pueblos de Madrid, asociada al 15-M.

Un día después de que la convocatoria de primarias reclamada en el Comité Federal del PSOE por Izquierda Socialista para suceder a Zapatero encontrara un eco escaso -modelo siempre rechazado por la vieja guardia y que suscita recelos en los dirigentes orgánicos; hasta el lehendakari Patxi López señaló que no pueden embarcarse "en aventuras antes de fortalecer el partido porque, si no, esto se puede disolver como un azucarillo"-; este domingo, los indignados exigían "medidas que realmente defiendan a los trabajadores de los empresarios y banqueros".

Antes, Rubalcaba habia presentado el programa con el que concurrió a las elecciones como el eje de la oposición que va a hacer el PSOE. Y después, Fernández Vara, entrevistado en ABC Punto Radio, había dicho que "no veo a nadie que en la actualidad no esté sentado en el Congreso de los Diputados", descartando así a José Bono como candidato a Secretario General del PSOE. Pero antes aún, el viernes, el Consejo de Ministros indultaba al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, mano derecha de Emilio Botín.

"En este país no ha quebrado ni un solo banco (recordemos que tan sólo se han intervenido [...]), frente a los 239 bancos que han quebrado en EEUU desde 2008". Antes bien, el Gobierno puso "a disposición de las instituciones financieras cuantas ayudas y avales públicos se estimaran necesarios sin exigir a cambio la más mínima contribución para la reactivación de la actividad económica. Ello ha dado lugar a [... situar] en la situación fiscal del Estado la causa de la presión [...] sobre la deuda pública [...] De ahí la orientación de las medidas adoptadas: alejadas de cualquier intento de recuperación económica y centradas, hasta el paroxismo, en el ajuste fiscal. Pero, a pesar de ello, la reacción de los mercados financieros sigue siendo adversa [...] se encarece el coste del endeudamiento"
(Alberto Montero Soler, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Fundación CEPS. Diario Público, 03/07/2010)

"¡Urdangarin, a la cárcel con Botín!", decían ayer los indignados. Y "¡El próximo desahucio, en la Zarzuela!". En el manifiesto, criticaron los recortes, que "se están decidiendo a espaldas del pueblo", y reivindicaron la soberanía popular frente a la de los mercados.

24 noviembre 2011

Euskadi, Andalucía, Cataluña... mmm

Una vez que el PP ha garantizado a Patxi López que tiene su apoyo para no convocar elecciones anticipadas en Euskadi, el Ejecutivo vasco ha propuesto a los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública "un esfuerzo [de reducción de 100 millones en gastos laborales] para poder garantizar la estabilidad en el empleo, también para los interinos”, a cambio de “otro sacrificio” tras el recorte salarial de 2010.

El Ejecutivo socialista ofrece convertir a los interinos en funcionarios y no tocar las escalas salariales a cambio de eliminar las primas por jubilación voluntaria, suspender los contratos de relevo, la prórroga del servicio activo a partir de los 65 años y el devengo de la carrera profesional —se reconoce la carrera pero no se paga en 2012-, y revisar los complementos por incapacidad temporal, reduciéndolos del actual 100% a lo que marca la ley.

Según ha explicado el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, la intención del Gobierno del lehendakari es negociar “una propuesta que está muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna”, aunque los sindicatos han coincidido en reclamar una nueva política fiscal que recaude más y que posibilite el mantenimiento y mejora de los servicios y el empleo públicos.

ELA ha descalificado la propuesta porque exige a los agentes sociales y trabajadores del sector público "que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis". Para LAB el planteamiento "no deja ningún margen a la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos. Para CCOO, la propuesta supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores" y ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de la atención a la dependencia y la extensión en la red pública de la educación de 0 a 3 años. UGT ha advertido de que las intenciones del gobierno vasco situarían a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida de poder adquisitivo del 12%, además de que perjudicarían la creación de empleo y repercutiría en los servicios públicos; por último, avisa de que estas intenciones generarán conflictividad laboral.

Entre tanto, el Gobierno andaluz, en manos también del PSOE, ha preparado un proyecto de presupuestos levemente expansivo -sorprendente por cuanto fue contractivo los dos años anteriores-, con recortes mínimos, y aumento de ingresos y previsiones de crecimiento por encima de los análisis de los expertos.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, atribuyó al PP las mismas intenciones de la "derecha catalana": un recorte "añadido" a la retribución de los empleados públicos, al que se sumará la decisión que adopte el futuro Gobierno del PP para el conjunto de las Administraciones del Estado, por lo que acusó al Gobierno de Artur Mas de "ir directamente" contra un colectivo que ya había recibido una merma de sus retribuciones.

Tampoco Joaquim Nadal, del PSC, niega que llueve sobre un pavimento mojado por ellos mismos: la Generalitat está pidiendo "nuevos sacrificios a funcionarios". "El conjunto de medidas, tasas y recargos tienen un común denominador, que es que se alejan de la progresividad fiscal", le dijo la sartén al cazo.

Los grupos de la oposición en el Parlament criticaron las medidas económicas de recorte del gasto público y para incrementar los ingresos anunciadas el martes por Artur Mas. Sólo el Partido Popular acogió positivamente los recortes; su portavoz, Enric Millo, ha expresado incluso su "satisfacción por lo más importante que [Artur Mas] ha dicho, aunque podamos tener algunas discrepancias".

Joan Herrera (ICV-EUiA) ha advertido de que "los recortes son estructurales, como la supresión de la sexta hora en las escuelas públicas, o privatizar servicios para hacer negocio".

Para ERC, los convergentes, en vez de aprobar el impuesto de grandes fortunas, "no aplican una fiscalidad progresiva, y se opta por tasas sobre servicios públicos de una forma regresiva". Ya expresó en Público (24/06/2010) Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University, que "La corrección del déficit fiscal que Catalunya tiene con el Estado central significaría un crecimiento de 965 euros estandarizados per cápita en gastos sociales, pero aún faltarían 1.770 euros estandarizados más para que Catalunya se gastara lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Y la causa [...] es que ni el Estado central ni la Generalitat lo recaudan, debido al enorme poder de las clases más pudientes [...] y su influencia sobre los gobiernos [...] Esto explica que no paguen los impuestos que sus homólogos en la UE-15 pagan", verdadera causa del déficit y no el "gasto público social", que en "España, según datos de 2007 [...] con un PIB per cápita que es el 94% del promedio de la UE-15 [...] es sólo un 74%".

23 noviembre 2011

Rajoy, Aznar, Rato, CEOE... mmm

Esta mañana el director de Bankia y exvicepresidente con José María Aznar, Rodrigo Rato, ha acudido por segunda vez en 3 días a la sede del PP, esta vez para mantener una reunión con Mariano Rajoy. También por la mañana Rato ha acudido al Nueva Economía Fórum para presentar la intervención del presidente de la CEOE, Juan Rosell.

De terminar como ministro de Rajoy, Rato abandonaría Bankia en un momento convulso. El Banco de España esperó al día después de las elecciones para intervenir el Banco de Valencia, integrado en Banco Financiero y de Ahorros (BFA, matriz de Bankia), destinándole 1.000 millones de euros de dinero público para fortalecer su capital y otros 2.000 millones de línea de crédito para asegurar su liquidez.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco valenciano ha cifrado, según los requerimientos del Banco de España, tras la inspección, su déficit inicial de provisiones para riesgos crediticios y activos adjudicados en 562 millones de euros, aunque reconoce que "podría ser mayor" y deberá ser cargado contra resultados.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del organismo presidido por Miguel Angel Fernández Ordóñez, nombró administradores provisionales del banco a petición de su Consejo "para estabilizarlo y recapitalizarlo" con el fin de afrontar su posterior enajenación en un proceso competitivo.

La entidad estaba valorada en el mercado en el momento de la intervención en 364,5 millones de euros, no recuperables por sus accionistas si el Banco de España lo tasa a cero euros, como hizo con Unnim. Las acciones que poseen BFA, los Noguera (con un 5,16%), los Aznar (fundadores de Marie Claire; 11,2%), los Soriano (de Porcelanosa; 3,3%) o el grupo Guggenheim (con el 8,5%) pasarían a no valer nada.

BFA contabilizaría la pérdida de recursos propios que tenía apuntados de la entidad, es decir, el 27,3% de 1.238 millones, pudiendo decidir apuntarse parte en las cuentas de este año y otra en las del próximo. Como la participación es toda suya y no tiene nada que ver con Bankia, las pérdidas quedarán en la matriz y no contaminarán a la filial.

Si bien en las dos semanas previas 500 millones en depósitos salieron de la entidad, a partir de la publicación de sus problemas, ya en la Junta General de Accionistas del 6 marzo de 2010, había sido puesto de manifiesto por parte de los accionistas minoritarios el elevado riesgo en el activo, con más de 1.615 millones de euros en inmovilizados de difícil realización, entre ellos, empresas participadas, por más de 195 millones, aparte de 400 millones en endeudamientos concedidos por el banco a dichas empresas. Estos accionistas señalaron participaciones en más de 44 empresas sin relación con la actividad comercial del Banco de Valencia.

El ya exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, se negó ayer a dimitir de la presidencia de Bancaja. Fuentes del Consejo explicaron al diario Público que Olivas aseguró que ya ha asumido toda la responsabilidad que le correspondía por la caída del Banco de Valencia, aunque cobrará su plan de pensiones, que podría rondar los 300.000 euros, dado que Bankia tiene reservados 1,26 millones este año para los tres principales ejecutivos.

22 noviembre 2011

¿Cambio real o porque te han puesto la cara 'colorá'?

El pleno de la Asamblea de Extremadura de mañana miércoles creará, por unanimidad, una comisión de investigación sobre la gestión realizada en la Institución Ferial de Extremadura (FEVAL), toda vez que los socialistas han cambiado de postura desde la pasada legislatura, cuando se oponían a crear esta comisión. Por toda explicación del cambio, el portavoz del PSOE indicó que su partido apuesta por la "transparencia en la vida pública" y por la necesidad de "impulsar" la institución ferial, "que en estos momentos está amenazada".

Izquierda Unida ya había anunciado el pasado día 9 de noviembre que apoyaría la iniciativa, una vez que quedó registrada en la Cámara regional.

La investigación se desarrollará de forma paralela a la iniciada por la Fiscalía de Extremadura, a raíz de la cual agentes de la Unidad Central de Delitos Económicos de la Policía Nacional, especialistas en anticorrupción y blanqueo de capitales, se personaron el pasado día 8 en las instalaciones de FEVAL para investigar la gestión realizada por los anteriores responsables, encabezados por el exdirector general José Luis Viñuela, cesado el 13 de junio. Se interrogó durante horas a varios trabajadores y se recabó documentación relativa a las cuentas, los contratos y la gestión de fondos públicos, que constituyen más de un 80% de la financiación de la institución.

Justo antes de las elecciones del 22 de mayo, tres trabajadores de la entidad denunciaron su despido por negarse a firmar unos documentos sobre las cuentas de la institución.


Un diputado socialista en la Asamblea ha dejado entrever el cambio de postura que ratificará mañana el PSOE diciendo que el partido quería tener toda la información sobre todo lo que pasase en FEVAL, reclamando incluso la presencia de la Intervención de la Junta de Extremadura para que informase "donde tiene que informar". Es decir, donde antes no informaron ellos, evitando así que el parlamento controlara la documentación a la que sí tenían acceso desde el Ejecutivo y que no les pareció nada sospechosa entonces. Un acceso que no hizo que la Intervención General en manos socialistas cumpliera con sus "funciones de control que le son asignadas en el artículo 152 de la ley 5/2007, de 19 de Abril, General de la Hacienda Pública", como se lee en el propio anuncio (de auditoría de la gestión correspondiente a 2008 y 2009) que hizo en septiembre de 2010 la Intervención a FEVAL.

Quien no se enteraba de que había que envainársela en el tema de FEVAL era el grupo socialista de Don Benito, que encabeza el diputado provincial José Luis Quintana, delegado liberado a tiempo completo (14 pagas de 3.661,27 euros*) por el anterior presidente de la junta rectora de FEVAL, el cual hoy sigue siendo presidente socialista de la Diputación de Badajoz, que consideraba hace mes y medio que "el máximo responsable de ese desmantelamiento [de FEVAL] es Mariano Gallego [alcalde de Don Benito], que ha sido durante dos meses presidente y gerente de la Institución".

(*) A añadir a lo que cobra de concejal de Don Benito. ¿Le sobra tiempo de la dedicación al 100% que le paga la Diputación para atender otro 100% al Ayuntamiento?

18 noviembre 2011

Lo que el PSOE regala a los millonarios

La zanahoria del impuesto para ricos que nos pone Rubalcaba delante tratándonos como al burro, tiene la misma continuidad que el impuesto para los ricos que el ministro de Fomento, José Blanco, dijo en junio de 2010 que iba a llegar tras la reforma laboral: "Cuando concluya el proceso" de aprobación de la reforma laboral "empezaremos a trabajar en los Presupuestos Generales" y "en ese ámbito" iban a entrar esa y otras medidas.

Quizás con esas "otras medidas" se refería a su ratificación de la eliminación de algunas líneas ferroviarias, como la de Madrid-Burgos, si hay transporte alternativo. "Mantener la red convencional nos cuesta 900 millones al año". No descartó la idea de sacar a concesión para que sean gestionadas por empresas privadas líneas convencionales o de AVE.

Hace un par de meses, contaba César Molinas, socio fundador de la consultora Multa Paucis, en El País que "El impuesto sobre el patrimonio se suspendió en 2008 tras un ágape en La Moncloa en el que Zapatero reunió a algunos de los principales empresarios del país. El presidente del Gobierno preguntó a sus invitados, uno a uno, si pagaban dicho impuesto y, uno a uno, le respondieron que no (esta anécdota me la relató uno de los asistentes). En uno de sus característicos prontos, Zapatero decidió suspender el impuesto sobre el patrimonio por su falta de equidad, puesto que los más ricos del país no lo pagaban. Y no es que hicieran fraude: no lo pagaban cumpliendo la legalidad vigente". El diputado regional Alejandro Nogales explicó ayer en el mitin de Don Benito este y otros trucos vigentes, y aun potenciados, por los gobiernos socialistas que hemos padecido.

Un partido socialista de verdad hubiera optado, ante esta situación, por limitar, por ejemplo, el que los más ricos puedan crear a su antojo sociedades patrimoniales a las que aportar sus inmuebles, constituyéndose así en personas jurídicas, y no físicas, con lo que eluden los impuestos cuyo sujeto pasivo son éstas.

Por lo que el PSOE optó es por lo mismo que hubiera optado el PP: su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, argumentó hace un par de años contra el aumento de la fiscalidad a los que más ganan diciendo que "los ricos siempre saben cómo escapar a una subida de impuestos".

Es cierto que políticas como las defendidas por PP y PSOE provocan que España lidere Europa en fraude fiscal, y que seamos el único país europeo donde los empresarios y profesionales declaran ganar, de media, menos que sus empleados -según un informe técnico de Hacienda, el 75% de los empresarios cotiza como mileurista-, pero debería tomarse esta base como la obligación de acompañar el aumento de la progresividad fiscal con medidas contra el fraude.

Por esto y más es por lo que es imposible no estar de acuerdo con afirmaciones como las que hizo la secretaria general del PP lamentando en un Comité Ejecutivo Provincial de Guadalajara que el Gobierno socialista lleve ocho años "haciendo la pelota" a los bancos y a las grandes fortunas y que, ahora, con la llegada de las elecciones, emplee "la demagogia sobre la lucha de ricos y pobres"; no son los dirigentes del PSOE los más idóneos para dar lecciones de cómo gobernar "porque han puesto en peligro la Política Social de toda España". Impecable.

Informaba Público de que sólo entre enero y junio, los grandes patrimonios radicados en España han aumentado un 40% la cantidad colocada en bonos del Estado, hasta 451 millones de euros. Lo hicieron sólo cuando la prima de riesgo empezó a ser mayor que el rendimiento en Bolsa o en depósitos, con lo que todos los españoles, con esas noticias de la prima de riesgo, dolorosas para todos menos para ellos, les estamos pagando esos ingresos extra. Los Polanco (del grupo mediático Prisa) sólo han destinado dinero (este año, 15 millones) a esta adquisición temporal de activos y nada a deuda directamente del Estado. La familia Del Pino (dueña de la constructora Ferrovial) han aumentado su inversión total en bonos del Estado un 50% este año, hasta 293 millones (189 de ellos en activos temporales), según datos de la CNMV, a través de siete sicav, sociedades anónimas que sólo aportan a las arcas públicas el 1% de su ganancia de valor -las demás pagan el 30% por sus beneficios (25% las pymes)- y que Vd. no puede constituir a menos que tenga un mínimo de 2,4 millones de euros. Peso, eso sí, puede ser uno de esos 99 partícipes necesarios que proporciona el banco de inversión y que no intervienen en las decisiones porque el rico puede tener el 99,99% de la sociedad.

No acaba ahí la cosa: más de la mitad de esa cantidad está invertida en deuda que los bancos prestan a los ricos a cambio de un dinero con el compromiso de recomprársela al cabo de un día o hasta unas dos semanas por un precio superior (repos, repurchase agreement), un rendimiento que no tiene retención fiscal hasta que no lo declaran. Esta posibilidad de librarse de la retención previa, no contribuir a los ingresos del Estado hasta la siguiente declaración de la renta y tener más dinero contante para especular, se lo sacaron de la manga los socialistas en 1987, que, como todo invento de este nuevo socialismo español, está vedado al españolito medio.

Y no sólo eso, sino que el último gobierno socialista animó a los ricos a no reinvertir en la sociedad que se lo ha hecho ganar ese dinero que, para más escarnio, sí utilizan para las "inversiones" comentadas más arriba. Contra la tesis de que el Impuesto de Patrimonio grava rentas que ya se gravaron cuando se obtuvieron y que por ello desincentiva el ahorro -vaya ahorro más avieso-, la lógica nos dice que nadie quiere dejar de ganar la lotería porque la parte que se lleva el Estado desincentive el apostar.

En cuanto al otro bulo de la amenaza de las grandes fortunas de irse a otro territorio si les tocan los privilegios, no llegará a ocurrir en España porque la diferencia en ventajas fiscales es en este país abismal respecto de la mayoría.

"Todo está diseñado para favorecer el negocio financiero", dice José Mª Mollinedo, secretario general del sindicato de los técnicos de Hacienda, Gestha. Los trabajadores contribuyen más a los impuestos que los que especulan (dividendos, plusvalías...) o viven de las rentas (intereses...). Las rentas del trabajo tributan hasta un máximo del 45% (49% en algunas CCAA por el tramo autonómico), y las del capital al 19% (21% si superan los 6.000 euros). Las sicav sólo pagan ese 19 ó 21% cuando se venden títulos y se obtiene una plusvalía, pero lo normal es incluso reinvertir y así no pagar. Además, los socialistas otorgaron su control fiscal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que la Inspección no siguiera adelante con los expedientes por el fraude de casi todas las SICAV investigadas.

"Si tengo el control de mi empresa [...] puedo decidir tener rentas de capital (mediante dividendos, por ejemplo) en lugar de un salario", comentó a Público Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF).

Aunque las sicav sólo pueden invertir en activos financieros (acciones, deuda, etc), en la práctica, un millonario que quiere una mansión, un yate, un avión privado, lo compra mediante una sociedad, que aparece como propietaria. Luego la sicav adquiere las acciones de esa sociedad, ahorrándose el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el IVA, con lo que dejan de contribuir a las cuentas públicas por otro lado más.

"Aunque en Patrimonio haya que informar de la titularidad de las acciones, al propietario no le afectará la revalorización de los valores catastrales", explicaba Mollinedo. "Las plusvalías quedan latentes hasta que se vendan los activos", lo que esquiva el pago del impuesto y "además deja a salvo el patrimonio familiar de responsabilidades frente a reclamaciones judiciales por gestión de otras empresas, etc.".

Si la sociedad tiene sede, por ejemplo, en Gibraltar, que no tiene convenio de doble imposición con España, "el cambio de manos de las acciones no se ve", explica, y "quien compra no paga el Impuesto de Transmisiones a la CCAA" y quien vende "no paga por la plusvalía".

Muchas grandes fortunas proceden de los reducidos impuestos que pagaron las empresas que gestionaban o de las que eran propietarios (en España, el tipo efectivo para las grandes compañías es de apenas el 10%). Cuanto más grande es una empresa, más se beneficia de "la competencia fiscal entre estados", comenta Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de los Inspectores de Hacienda. Irlanda tiene un Impuesto de Sociedades del 12,5% y durante un tiempo se habló del "milagro irlandés", pero ahora es uno de los países rescatados.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor dijo: "Los paraísos fiscales están en el paseo de la Castellana": grandes bancos ofrecen a sus clientes de rentas más altas cauces para enviar su dinero a lugares que no saben de impuestos y que ocultan al resto de países la información sobre estos capitales. "Cuando pides información sobre estos movimientos, la banca te deriva a sus filiales en paraísos, que no te la da. Una de las cosas que hemos pedido siempre es que o se prohíba el uso de paraísos o se obligue a la banca a dar la misma información sobre esas filiales que la que da de sus negocios en España", comenta.

17 noviembre 2011

No hay salida con PP y PSOE apoyando el Tratado de Lisboa

Julio Anguita, aun no habiendo dejado de dar conferencias en todos estos años, celebró ayer su primer mitin desde octubre de 2000, cuando dejó la Coordinación General de IU, y lo hizo en la ciudad en la que fue alcalde, Córdoba, y dada “la inmensa gravedad del momento” y el “panorama pavoroso de la crisis de la civilización occidental”.

Mañana viernes el acto de cierre de campaña en el Hotel Badajoz Center (20:00 h) contará con la presencia de Julio Anguita, en tanto que hoy a la misma hora estarán, en el Centro Educativo Municipal de Don Benito, Alejandro Nogales y Manolo Cañada, excoordinador regional extremeño que ya compartió con Anguita (y José Saramago y Manuel Cruz, cabeza de lista de IU por Cáceres) la presentación de "Alternativas al Neoliberalismo".

“La derecha está ahí porque alguien le puso la alfombra roja”, insistió Anguita ayer ante la “inmensa estafa” del discurso del PSOE “de que viene la derecha”. El ex coordinador enunció los “golpes de estado contra el sistema social cuando se quitan gobiernos sin que la voluntad popular lo decida” y que la nueva política económica está convirtiendo en un “trapo” la Constitución y arrasando la Declaración de Derechos Humanos.

Anguita explicó que se está cumpliendo punto por punto lo que IU advirtió a mediados de los 90 cuando se opuso al Tratado de Maastricht. “Los políticos deben saber que tienen que obedecer las órdenes de los mercados, advirtió el presidente del Bundesbank en 1994 [...] Pero los ingenuos, partidos y sindicatos, cayeron en esta inmensa trampa”.

Tampoco se ha escuchado a IU cuando se ha opuesto, más recientemente, al Tratado de Lisboa que, junto a los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) se han hecho para prohibir, "también a los Bancos Centrales de los países de la Unión Europea, prestar directamente a los Estados", recordaba, en una reciente entrevista del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), su presidente en Bélgica, Eric Toussaint, firmante de la petición de auditoría sobre la deuda griega junto a, entre otros, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer. El BCE no compra directamente a los Estados los títulos que éstos emiten y lo hace en los mercados secundarios "porque los gobiernos que crearon el BCE querían reservar para el sector privado el monopolio del crédito con respecto a los poderes públicos".

No es cierto, pues, ese buenismo del BCE propagado por los medios de masas cuando ocultan que las compras de títulos de los Estados en dificultades se hace "únicamente en los mercados secundarios. El BCE no compra títulos de la deuda griega directamente al gobierno griego, los compra a los bancos en el mercado secundario. Y por eso los bancos estaban tan contentos el 8 de agosto de 2011. En efecto, entre marzo de 2011 y el 8 de agosto de este año, el BCE, según sus propias declaraciones, había dejado de comprar títulos en el mercado secundario. Eso molestaba a los bancos, ya que en su afán de librarse de los títulos griegos y de otros países con problemas, tuvieron que vender, durante ese periodo, en el mercado secundario a precio de saldos. La mayor parte de ellos restringieron sus ventas cuando el precio era muy bajo. Y es por eso por lo que presionaron al BCE para que reanudara sus compras. [...] el BCE compra netamente por encima del precio de mercado y en muy grandes cantidades. [...] la recompra de títulos por el BCE permite a los inversores institucionales especular y obtener grandes beneficios. La cuestión es que los bancos pueden comprar títulos en el mercado secundario o mucho más discretamente en el mercado OTC, que escapan de todo control, a precios reventados (42,5 % de su valor en los días siguientes al 8 de agosto de 2011, e incluso a menos algunas semanas más tarde) y los revende al BCE a un 80 % de su valor. Puede ser que el volumen de este tipo de operaciones que los bancos pueden hacer sea marginal, pero es difícil hacerse una idea clara sobre la realidad de este negocio. Es evidente que es muy rentable y no veo cómo el BCE o las autoridades de los mercados puedan impedirlo, si tuvieran la voluntad de hacerlo. [...] las operaciones en el mercado secundario son poco reglamentadas. Pero, sobre todo, que al lado del mercado secundario está el mercado OTC (Over the counter en inglés), sin ningún control de los poderes públicos. Con mucha frecuencia se realizan compras y ventas de títulos de las deudas mediante lo que se llama «ventas al descubierto», es decir, que un comprador, por ejemplo un banco, puede adquirir títulos por decenas de millones de dólares sin pagar nada en el momento de la recepción de los títulos en cuestión. Y continúa el proceso: el comprador promete pagar, al adquirir los títulos, pero los revende enseguida y con el producto de esa venta pagará su compra, y allí está la prueba de que no compra para usufructuar un bien sino para revenderlo de inmediato, obteniendo un máximo de ganancia (especulación) [...]

El BCE presta así a los bancos privados, los que a su vez, como otros inversores institucionales, prestan a los Estados. [...] los bancos franceses, alemanes y de otras nacionalidades, revendieron masivamente en 2010 y en el primer trimestre de 2011 títulos griegos. El BCE fue el principal comprador, y pagando un precio superior al valor del mercado secundario.

Como veis, esto permite a los banqueros y otros inversores institucionales todo tipo de manipulaciones, pues los títulos son al portador y los mercados fueron liberalizados. Está claro que los bancos privados presionan al BCE a fin de que compre los títulos a un precio más alto, diciendo que tienen necesidad de desprenderse de ellos para sanear sus balances y evitar una nueva crisis bancaria de gran amplitud. [...] el BCE cedió ante la presión de los banqueros y otros inversores institucionales, y se puso a comprar títulos. [...]

Una vez más, los poderes públicos salen en auxilio del sector privado. Pero el escándalo concerniente a la actitud del BCE no acaba allí. [... El BCE] prestó con un interés muy bajo a la banca privada: del 1 % de mayo de 2009 a abril de 2011, del 1,5 % actualmente [después de la entrevista se redujo al 1,25%], pidiendo a los banqueros privados que recibían ese dinero que depositaran una garantía. Pues bien, los bancos depositaron como garantía unos títulos [...] de los cuales perciben, si éstos son griegos, portugueses, irlandeses…, un interés que varía entre el 3,75 % y el 5 % para títulos a menos de un año, mucho más si son títulos a 3, 5 o 10 años… [...] Una vez que compraron los títulos y que percibieron esta remuneración, hacen un doblete: depositan estos títulos como garantía, obtienen un nuevo préstamo del BCE a un tipo muy bajo y prestan este dinero a corto plazo a los Estados a un interés más alto. [...] Y eso no es todo, el BCE [...] a partir de 2009-2010 [...] acepta que los bancos depositen en garantía títulos de alto riesgo, lo que evidentemente estimula a estos bancos a prestar sin miramientos, ya que tienen la seguridad de poder revenderlos al BCE o depositarlos como garantía. [...] el BCE debería actuar de otra manera y prestar directamente a los Estados al 1 o 1,5 %, sin regalar nada a los banqueros. [...] Una serie de disposiciones del Tratado [de Lisboa] ya no se respetan (como la ratio deuda/PIB, que no puede ser mayor del 60 %, la ratio déficit público/PIB, que no puede exceder del 3 %) [...] se deben derogar los diferentes tratados de la UE, modificar radicalmente los estatutos del BCE y refundar la Unión sobre otras bases. Pero, por supuesto, es necesario modificar totalmente la relación de fuerzas por medio de movilizaciones en la calle."

No es de extrañar, por tanto, que la banca española volviese a aumentar en octubre, por tercer mes consecutivo, el dinero que pide al BCE, con 76.048 millones, un 13,5% más que un año antes. La desconfianza hacia los activos vinculados a la deuda soberana, hace que la banca española apele a las medidas extraordinarias de liquidez en un monto que roza el 20% del eurosistema, en el que apenas representa un 12%.

En julio del pasado año, se llegaron a superar los 131.000 millones. Mientras PP y PSOE sigan encomendándose a cuando la Banca quiera para que la financiación fluya a familias y empresas, no se saldrá de la crisis, porque a la Banca le basta con pagar un interés del 1,25% al BCE por el dinero y prestarlo con cuentagotas pero a un interés muy superior.

Otro pilar de este sistema son las agencias de calificación. El propio FMI considera en su informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de 2010 que las actividades de las agencias tienen "un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países, pudiendo afectar su estabilidad financiera". Pero nuevamente la Comisión Europea ha dado marcha atrás en lo que parecía una propuesta, pero que "quizá era demasiado innovadora", del comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier: finalmente se ha descartado que la Autoridad Europea de Mercados (ESMA) prohiba a las agencias que publiquen notas sobre los países rescatados o que negocian planes de ayuda internacional.

También se ha rechazado la tímida idea de Barnier para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad (que "una agencia con una cuota de mercado de más del 20% en Europa no pudiera adquirir otras agencias"), cuadratura del círculo dados los conflictos de intereses inherentes.

Idéntica suerte ha corrido la creación de una agencia europea de calificación de riesgos, al parecer porque habría dudas sobre su credibilidad al considerársela "juez y parte"; ¿las demás agencias no son juez y parte? Cuando empezó la crisis de la deuda soberana, ya se las señaló como las culpables por su excesivo poder y la incapacidad para detectar los fallos. Sin embargo, las instituciones europeas, pese a ser responsables de ese poder ya que durante años exigieron a las entidades financieras acreditar las máximas calificaciones de las agencias para, por ejemplo, poder computar determinados valores como capital básico, prefieren limitarse a repartir el poder que las tres grandes agencias de calificación han acumulado con el tiempo y ya la portavoz de Barnier decartó una agencia europea antes incluso de reunirse la Comisión.

La única iniciativa novedosa que sobrevive consiste en exigir a las agencias que avisen con 24 horas de antelación a un país si planean rebajar la nota de su deuda pública por si quiere presentar alegaciones. Para evitar turbulencias en los mercados, las notas sólo podrán publicarse tras el cierre de las bolsas europeas o al menos una hora antes de su apertura.

Finalmente, la Comisión Europea establece un régimen de responsabilidad común en toda la UE que permitirá a los inversores engañados por un informe elaborado de forma negligente denunciar a la agencia ante los tribunales y pedir una compensación por daños y perjuicios. El Ejecutivo de Bruselas ha aprovechado el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor's (S&P) anunció a algunos suscriptores que quitaba la máxima calificación a la deuda francesa, lo que hizo caer el precio de esos bonos inmediatamente. Hora y media más tarde, la agencia corrigió y pidió disculpas. Desde la Comisión aseguran que "el incidente es grave y refleja la volatilidad del mercado y la responsabilidad que deben tener los actores que operan en él"; "el error demuestra la necesidad de una regulación fuerte", que finalmente no se va a producir.

Veremos qué dicen el futuro gobierno español de Rubaljoy y los eurodiputados del PPSOE cuando tengan que votar la nueva norma. ¿Servirá la armonización europea para que la legislación que ya existe en varios Estados, y que asegura que los errores o conflictos de intereses de las agencias se castigan, se aplique por primera vez de forma efectiva?

La idea de exigir responsabilidad civil a las agencias de calificación se inspira en Estados Unidos, donde S&P y Moody's están siendo juzgadas por su responsabilidad en la crisis de las hipotecas basura, a las que las agencias daban su máxima nota al tiempo que sacaban beneficios de su comercialización.

En España, están acusadas por sus rebajas en la calificación de la deuda española en la querella criminal registrada el 25 de febrero en la Audiencia Nacional por la Unión por las Libertades Civiles, el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, ATTAC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se han ido uniendo Izquierda Unida, ICV y ERC, como acusación popular de la maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada produciendo un conflicto de intereses en provecho propio (de los clientes de las agencias) y en perjuicio del Estado y los contribuyentes (artículos 284 y 285 del Código Penal).

16 noviembre 2011

Contra el engaño, matemáticas

Avalado por los datos del reparto de los votos que hace la vigente Ley D'Hondt, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que "en Málaga y en otras provincias estamos disputando escaños al PP, no al PSOE", tirando así por tierra el insulto a la inteligencia que los socialistas han empezado a utilizar, no sólo por boca de Rubalcaba sino también del ex presidente Felipe González, cuando ha dicho que votar a IU es "inútil".

Desde luego, para lo que es inútil es para sus intenciones de que no haya en el Parlamento ninguna voz de izquierdas que le recuerde al PSOE, más proclive a asociarse con la derecha nacionalista, cómo traiciona a los trabajadores.

Circula un vídeo en el que se pone el ejemplo de Córdoba para demostrar cómo la acumulación del voto de izquierdas en el PSOE favorece al PP. Lo mismo sucedió en Asturias, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, donde los engañados por la llamada al voto útil hicieron perder a la izquierda 12 escaños que fueron al PP.

En rueda de prensa en Málaga, el líder de IU ha dicho que algunos candidatos del PSOE "deberían ruborizarse al pedir el voto útil a los ciudadanos a los que han defraudado, por decir que iban a hacer una cosa y luego hacer otra".

Cayo Lara ha estimado que entre los encuentros de él con CCOO y Rubalcaba con UGT, aparentemente similares, hubo una "diferencia importante": "Rubalcaba estaba decidiendo en el Gobierno y votando en el Congreso medidas contra los trabajadores y las organizaciones sindicales, mientras nosotros estábamos en la calle con estas organizaciones sindicales y con otras, defendiendo los derechos de los trabajadores y rechazando la reforma laboral". "IU estuvo ayer, está hoy y estará mañana con los sindicatos en la calle y seremos su voz, si quieren, en el Parlamento para defender sus reinvidicaciones justas".

También ha rechazado la creación de un "banco malo" para que asuma "las pérdidas de la burbuja inmobiliaria y los activos tóxicos de los bancos". "La Asociación de la Banca está pidiendo construir un banco malo, no está pidiendo construir un banquillo para los banqueros malos, que los hay". Emplazó a PP y PSOE "a que se comprometan públicamente a que, en cualquier situación que tengan, en ningún caso la Hacienda Pública, el Estado, asumirá ni un solo euro de estos bancos malos".

En la misma rueda de prensa, el cabeza de lista de IU al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, economista, activista del 15-M, perteneciente al Consejo Científico de ATTAC, miembro de Democracia Real Ya e investigador del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), constató que "el voto nulo y en blanco no molestan al poder económico. A Botín [presidente del Banco Santander] y compañía lo que les preocupa realmente no son el PSOE y el PP, son los votos a IU".

Tras algunos debates en radios y en TVE con diputados de otros partidos, Alberto Garzón concluye que ellos "parten de un error de diagnóstico" sobre la crisis, y por eso proponen soluciones equivocadas "que llevan al desastre", y, como prueba, los elevados intereses que ha tenido que pagar hoy el Tesoro Público español para colocar más de tres millones de euros en bonos. "Los Gobiernos de la Unión Europea y el Banco Central Europeo están al servicio de los especuladores financieros. No han servido de nada todos los recortes que se han hecho en España", ha declarado Cayo Lara.

El líder de IU ha vuelto a proponer que el BCE, en vez de prestar dinero "a los bancos y a los especuladores financieros, al 1,25% de interés", que después especulan y lo venden a intereses mucho más altos, que compre directamente deuda pública a los países. "Si lo hubieran hecho así", ha indicado, "no estaría la situación como está".

11 noviembre 2011

¿PSOE antinuclear ahora?

¡Qué manera de sacudirse las pulgas! Alfredo Pérez Rubalcaba trata de evitar que se acuse al PSOE de ser "lo mismo" que el PP, sacando a la palestra precisamente lo que les une, que es mucho más de todo lo que ocultaron de mutuo acuerdo en el debate cara a cara del lunes (la corrupción, la omisión del 15-M, la ocultación del agravamiento de la crisis pese a -gracias a- seguir los mandatos del FMI...).

Ayer el cinismo de Rubalcaba llegó a cotas como "el PP apuesta por la nuclear, nosotros por las renovables; al PP le gusta más el uranio radiactivo, a nosotros el aire y el sol". El mismo Rubalcaba reconoció que las renovables crean diez veces más empleo que las centrales nucleares, cuyas concesiones, sin embargo, su partido sigue prolongando pese a superarse el límite de tiempo para el que las centrales nucleares fueron construidas, lo que viene a contradecir, por la vía de los hechos, lo que de palabra dijo ayer ("Nuestro modelo es cerrar las nucleares cuando toque"), un motivo más para que la estima hacia los políticos siga por los suelos, pagando justos por los pecadores que acaparan los minutos en los medios de masas. Nos viene ahora el pronuclear hasta ayer con que apostar por renovables o por nucleares son modelos alternativos: "Las dos no caben".

Casi a la vez, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Mérida citaba a declarar como imputados a José Luis Andrade, a la sazón director de Ordenación Industrial de aquella Junta de Extremadura tan amiga de un Almaraz atómico, de los cementerios de residuos nucleares y de las licencias para la minería del uranio, y a Mª Ángeles Pérez, exdirectora general también socialista de Evaluación y Calidad Medioambiental, por dos presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con la explotación de una cantera de áridos, cuyo "impacto ambiental y cultural será irreversible", según Adenex.

Ha tenido que ser la actual no socialista Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, la que paralizase en agosto la ampliación de la explotación 'Villaluengo I', que ocupa los términos municipales de Garrovillas de Alconétar, Casar de Cáceres y Navas del Madroño, tras la alerta de un grupo de arqueólogos y la denuncia de Adenex:

"Se da la circunstancia que sobre estos mismos yacimientos, la anterior Consejería de Cultura había tramitado un proyecto de prospección al Instituto Arqueológico de Mérida bajo la dirección de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, e integrado por cuatro licenciados en Arqueología y tres estudiantes de esta especialidad. Los trabajos arqueológicos debían comenzar el próximo 1 de septiembre sobre los yacimientos ahora ocupados por la cantera denunciada. Sobre estos yacimientos existe bibliografía publicada por la Real Academia de la Historia."

La asociación conservacionista incluye la existencia de una escombrera ilegal así como un almacén de áridos sin los permisos legales, y alerta de que existen poblaciones de fauna y flora protegida en la misma zona de ampliación, la cual ocupa un espacio de gran interés botánico por la presencia de orquídeas protegidas, algunas de ellas endémicas de la Cuesta de Araya.

Los propietarios de los terrenos anexos a la cantera denunciaron penalmente, además, por "una circunstancia excepcional de incompatibilidad por el vínculo familiar entre la [ex]Jefa de Sección de Minas, María Antonia Valero Jiménez, y su marido, José Manuel González Pérez, director facultativo de la cantera", también imputados, junto a los representantes de la empresa titular de la misma CG Minería S.L.

El despacho madrileño Casavegas Abogados recuerda que el penúltimo Consejo de Gobierno de la anterior Junta de Extremadura aprobó un decreto para declarar la urgente ocupación de los terrenos necesarios para ampliar la explotación: "La Junta de Extremadura dio vía libre a la ampliación de la cantera por la vía de urgencia a pesar de no disponer del preceptivo informe de impacto medioambiental".

En su última publicación en Rebelión, el coordinador del área programática de IU Extremadura y candidato al Senado por Badajoz, Miguel Manzanera Salavert, presente el día 9 en Don Benito, pone culpables a la destrucción medioambiental, a partir de la "Crítica del Programa de Gotha" de Carlos Marx: “'sólo en sociedad puede el trabajo inútil e incluso perjudicial a la comunidad convertirse en rama industrial'. El trabajo puede ser perfectamente improductivo e incluso destructivo. Eso que era una verdad ya en el siglo XIX, cuando todavía se podía decir que el capitalismo era ‘progresista’, hoy en día es incuestionable, una vez que el capitalismo ha entrado en plena decadencia y amenaza con ‘suicidar’ a la humanidad.

La industria de armamentos, 'trabajo inútil y perjudicial' donde los haya, es el capítulo esencial de la hegemonía del 'mundo occidental' sobre la humanidad del siglo XXI. Una hegemonía que, no lo olvidamos, está conduciendo hacia el desastre de la civilización industrial y científica. La reducción de armamentos que pedimos en nuestro programa puede ser origen de enviar a la calle a unos cuantos miles de trabajadores. Pero no podemos renunciar a una política de carácter pacifista y anti-imperialista.

El loable deseo de dar trabajo a todos no nos debe ocultar la realidad; y para producir más destrucción es mejor estarse quietos. Pues, del mismo modo que el problema del proletariado español es la falta de cultura crítica y de conciencia de clase, el de la economía española es la falta de productividad –con la excepción de algún sector-. Y que conste que no hablo de la productividad en sentido capitalista, sino en sentido socialista: producción de bienes para el disfrute comunitario.".

02 noviembre 2011

IU a uno de CiU en el sondeo de NC Report

Las únicas reacciones en España al anuncio de referendo griego sobre las condiciones de su rescate, que han mostrado hasta ahora los informativos de alcance nacional han sido las de PP y PSOE, coincidentes al 100%, por otro lado, en un claro intento de inducir a la población a creer que sólo existe esa postura, la de la alergia a los referendos ya expresada por los dos grandes partidos a cuenta de la modificación de la Constitución.

Esa misma alergia expresada por los mercados tras el anuncio de Grecia es para el número uno de ICV-EUiA al Congreso, Joan Coscubiela una evidencia de que "la primera batalla es entre la democracia de los ciudadanos y la dictadura de los mercados", siendo "la única posibilidad de ganar[la] que la gente no calle, que no delegue".

En la presentación ayer de la campaña, Coscubiela puso a ICV-EUiA como única alternativa al "pensamiento único de ajustes y recortes": CiU "difícilmente se podrá presentar como alternativa" al PSOE porque "prácticamente han votado todas las propuestas de recortes [del PSOE] en el Congreso y las aplican en Catalunya", y que los socialistas no se pueden presentar como alternativa al PP porque "las políticas del Gobierno de Zapatero han preparado el camino para que el PP profundice".

El candidato añadió que estas tres fuerzas han votado "demasiadas veces igual", quedando, pues, en la candidatura de la marca de Izquierda Unida en Cataluña, "la responsabilidad de presentar alternativas de izquierda y progresistas". De hecho, Coscubiela ya había lamentado que PP, PSC Y CiU se opusieran a las propuestas para promover la dación en pago impulsadas por ICV en Las Cortes. El ex líder de CC.OO en Cataluña lo hizo en la presentación junto al ex senador y número 3 de la lista al Congreso y primero de los que aporta Esquerra Unida, Joan Josep Nuet, de la web www.passaalaccio.cat en la que se ofrece a los ciudadanos una plataforma para debatir sobre las "limitaciones y potencialidades" de la democracia a partir de documentos del sociólogo Manuel Castells y del profesor Ismael Peña. Esta discusión de los temas que la ciudadanía crea necesarios para el refuerzo de la democracia y un mejor funcionamiento de las instituciones tiene la voluntad de seguir en funcionamiento una vez finalizada la campaña electoral.

Conclusiones de análisis electorales realizados por GAD3 como que a menos bipartidismo, menos opciones de mayoría absoluta y que el partido en el gobierno suele recibir al final menos castigo del que vaticinan las encuestas, hacen pensar que no existirá mayoría absoluta popular el 20-N, dado que el voto PP+PSOE baja hasta el 77,3%, y que el PP, tras su pico de 190 escaños en el tracking de NC Report del día 14, está, tras dos descensos consecutivos, en 187 en el del día 28. Este sondeo refleja, además, que CiU cosecharía 12 escaños, sólo uno por delante de Izquierda Unida, a la que el 7,4% de votos otorgaría 11 escaños.

Sin mayoría absoluta, los votantes de partidos minoritarios serían, pues, los que decidirían qué políticas influirán más en un eventual gobierno socialista: ¿los nacionalistas o La Izquierda Plural?

De hecho, de repetirse el 10,7% logrado por ICV-EUiA en la provincia de Barcelona en las elecciones municipales, significarían 3 escaños (con lo que Nuet iría al Congreso), y con 18.000 votos más en toda la provincia se entraría a disputar su último escaño a CiU.