El responsable de Economía de IU, José Antonio García Rubio, exigió el pasado 1 de septiembre al Gobierno que las rentas del capital dejen de tributar al 18% y lo hagan al 24%, que es el tipo mínimo que se aplica sobre los rendimientos del trabajo. El tipo marginal que se aplica a los contribuyentes de ingresos más elevados es en España del 43%, lejos de países tan subdesarrollados como Bélgica (53,7%), Holanda (52%), Finlandia (50,1%), Alemania (47,5%) o Francia (45,8%). De hecho, un trabajador que cobre 17.707 € al año está en el borde inferior para pagar a Hacienda el 28%, mientras que un especulador bursátil que gane esa misma cantidad en un día tributa al 18%.
Todo esto a partir de la reforma del IRPF que, en vigor desde 2007, excluyó las rentas no salariales de la base general del IRPF. ¿Este trato de favor benefició a la clase trabajadora? No, el PSOE gobernó para favorecer a los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros anuales, puesto que, ese mismo año, el 61% de los rendimientos del capital fueron declarados por esa nueva clase media de los 10 kilos al año.
Y es que, como dice Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (sí, Trabajadores): "Los que ingresan 50.000 euros brutos en España no son ricos". Lo mismo que piensan PP y CiU, cuya "demagogia" fue puesta ayer de manifiesto por el coordinador general de IU, Cayo Lara: "aunque se niegan a incrementar la tributación, luego las comunidades autónomas en su poder exigen mayores recursos del Estado".
Unos recursos de los que se dispondría si el único control fiscal que no tiene, el de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), no se le hubiese sutraído a la Inspección de Hacienda por parte el Ministerio de Economía de Pedro Solbes, con el beneplácito de las Cortes Generales y la única oposición de IU.
Los socialistas otorgaron esta competencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el plan de control que inició la Inspección en 2005 hubiera hallado en casi todas las SICAV una mayoría de inversores ficticios entre el mínimo de 100 con que debe contar. El Tribunal Económico Administrativo Central fijó luego doctrina al considerar ese cambio retroactivo, anulando, en consecuencia, los centenares de actas de inspección levantadas.
Así, con inversores fantasma que no invierten, tiene el control absoluto una sola persona o familia que, de esta manera, se beneficia individualmente del régimen de instituciones de inversión colectiva. Por ello, las grandes fortunas refugian ahí 25.000 millones de euros.
La Inspección había levantado acta exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las ganancias de las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente. Tras el paso del PSOE por el Gobierno, la Inspección ya no fiscaliza el beneficio fiscal del tipo del 1% de las SICAV en el Impuesto de Sociedades. Con lo que Hacienda no somos todos... al menos mientras la derecha económica siga gobernando.
No le duelen prendas, sin embargo, a ese PSOE al que muchos ricos, y con motivo, han votado, decir que no hay dinero para dar 420 € a más parados. Aunque posteriormente la cifra bajó a 624 millones, ayudar 6 meses a los 340.000 parados previstos inicialmente por el Gobierno iba a costar 857 millones de euros. En realidad, inicialmente no, porque inicialmente lo que Zapatero dijo a Gaspar Llamazares en la última conversación que mantuvieron tras la ruptura del diálogo con la CEOE, fue que el subsidio iba a tener efecto desde junio.
Cada mes que se extendiera la retroactividad de la medida costaría 100 millones más, que al Gobierno debe de parecerle una barbaridad concederlo comparado con:
Todo esto a partir de la reforma del IRPF que, en vigor desde 2007, excluyó las rentas no salariales de la base general del IRPF. ¿Este trato de favor benefició a la clase trabajadora? No, el PSOE gobernó para favorecer a los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros anuales, puesto que, ese mismo año, el 61% de los rendimientos del capital fueron declarados por esa nueva clase media de los 10 kilos al año.
Y es que, como dice Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (sí, Trabajadores): "Los que ingresan 50.000 euros brutos en España no son ricos". Lo mismo que piensan PP y CiU, cuya "demagogia" fue puesta ayer de manifiesto por el coordinador general de IU, Cayo Lara: "aunque se niegan a incrementar la tributación, luego las comunidades autónomas en su poder exigen mayores recursos del Estado".
Unos recursos de los que se dispondría si el único control fiscal que no tiene, el de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable), no se le hubiese sutraído a la Inspección de Hacienda por parte el Ministerio de Economía de Pedro Solbes, con el beneplácito de las Cortes Generales y la única oposición de IU.
Los socialistas otorgaron esta competencia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que el plan de control que inició la Inspección en 2005 hubiera hallado en casi todas las SICAV una mayoría de inversores ficticios entre el mínimo de 100 con que debe contar. El Tribunal Económico Administrativo Central fijó luego doctrina al considerar ese cambio retroactivo, anulando, en consecuencia, los centenares de actas de inspección levantadas.
Así, con inversores fantasma que no invierten, tiene el control absoluto una sola persona o familia que, de esta manera, se beneficia individualmente del régimen de instituciones de inversión colectiva. Por ello, las grandes fortunas refugian ahí 25.000 millones de euros.
La Inspección había levantado acta exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las ganancias de las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente. Tras el paso del PSOE por el Gobierno, la Inspección ya no fiscaliza el beneficio fiscal del tipo del 1% de las SICAV en el Impuesto de Sociedades. Con lo que Hacienda no somos todos... al menos mientras la derecha económica siga gobernando.
No le duelen prendas, sin embargo, a ese PSOE al que muchos ricos, y con motivo, han votado, decir que no hay dinero para dar 420 € a más parados. Aunque posteriormente la cifra bajó a 624 millones, ayudar 6 meses a los 340.000 parados previstos inicialmente por el Gobierno iba a costar 857 millones de euros. En realidad, inicialmente no, porque inicialmente lo que Zapatero dijo a Gaspar Llamazares en la última conversación que mantuvieron tras la ruptura del diálogo con la CEOE, fue que el subsidio iba a tener efecto desde junio.
Cada mes que se extendiera la retroactividad de la medida costaría 100 millones más, que al Gobierno debe de parecerle una barbaridad concederlo comparado con:
- los mil millones que se podrían recaudar elevando del 18% al 20% la carga sobre las rentas del capital, según los cálculos de los expertos;
- los 6.000 millones que se detrayeron por la deducción de 400€ del IRPF a cada contribuyente, ya fuera uno de esos ricos que votan al PSOE o su criado, que también puede haber votado al PSOE;
- los 1.800 millones que se dejaron de ingresar por la supresión del Impuesto del Patrimonio (véase El PSOE a sueldo de la patronal).
Y ninguna de las reformas fiscales liberales, que han costado más de 20.000 millones, han evitado la crisis capitalista, desdiciendo a PP y PSOE de sus tesis acerca de que bajando los impuestos se reactiva la economía. La receta del PSOE para que no vuelva la crisis, es confiar en que no haya más avariciosos como Madoff. ¿Por qué no evitamos directamente esa posibilidad gravando Instituciones de Inversión Colectiva como éstas cuya única finalidad es la inversión en los mercados financieros? Y no pensemos que la localización de las SICAV en España garantiza que inviertan sus recursos en nuestro país; la no existencia de una tasa Tobin permite una libertad de circulación de capitales capaz de arruinar países y levantar paraísos fiscales, con la especulación como único dios.
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