Durante la bajada de carga en la central nuclear de Almaraz para la parada por recarga, se ha realizado la prueba a la que se somete la central por exigencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para verificar el sistema de seguridad y se ha comprobado que el comportamiento de la planta ante la parada de una turbobomba de agua de alimentación ha sido inesperado, produciéndose oscilaciones en el sistema de control de barras, que han motivado la decisión de parar manualmente el reactor.
Pese a la gravedad del incidente, y si nos atenemos al proceder habitual de las autoridades, la tracendencia real del asunto será minimizada con tal de seguir adelante con las nucleares, productoras de una electricidad que ya se supera por mucho con las renovables. Sin embargo, la energía limpia se exporta a Marruecos y Portugal y aquí nos quedamos con el peligro.
¿Cumplirá esta vez con su cometido el CSN defendiendo la seguridad de los ciudadanos, o se dedicará a seguir instrucciones de partido y ocultará la verdad?
Esta misma demanda de información será la que todos manifestemos a las 13'30h en la Plaza de España de Don Benito (Badajoz) el próximo domingo 26 de abril, cuando nos concentremos con el lema "La ciudadanía debe ser informada sobre el proyecto de minería nuclear en La Haba".
Según informaciones que también destaca la web de la multinacional canadiense Mawson Resources Ltd., se le han concedido permisos para obtener material radiactivo de las casi 20.000 hectáreas de La Haba, Corredor de la Guarda y Las Cruces-Manantial, como paso previo para reabrir y explotar comercialmente las minas de uranio que hasta 1990 estuvieron operativas por más de un cuarto de siglo en Campanario, Quintana de la Serena y La Haba. Así mismo, existe en la zona un almacén de residuos que alberga desde 1993 varios centenares de barriles de uranio.
En agosto de 2007 la Junta de Extremadura confirmaba que la licitación se hallaba en su última fase, sólo pendiente de la entrega de una garantía por parte de la empresa. Sin embargo, ni se ha producido la comunicación oficial a los ayuntamientos ni se ha abierto el proceso de alegaciones, que vaticinamos será muy corto, igual que maquinó el PSOE cuando fue el turno de la Refinería de Tierra de Barros, con unos plazos que vulneraban el derecho de participación efectiva en la toma de decisiones. La Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, estipula que la administración tiene que proporcionar a los ciudadanos los medios para que pueda participar de manera efectiva y real (art. 3.2.a), pero la única participación que desea el PSOE ahora mismo en temas nucleares y ante cualquier otro atentado ambiental, es que los ciudadanos apoyen sus imposiciones con el voto al Parlamento Europeo.
En estos momentos se está realizando una recogida de firmas para suscribir una carta que se entregará el 27 de abril a los alcaldes de las comarcas de La Serena y Vegas Altas afectados por el futuro nuclear pidiendo que se traslade información a los ciudadanos.
Pese a la gravedad del incidente, y si nos atenemos al proceder habitual de las autoridades, la tracendencia real del asunto será minimizada con tal de seguir adelante con las nucleares, productoras de una electricidad que ya se supera por mucho con las renovables. Sin embargo, la energía limpia se exporta a Marruecos y Portugal y aquí nos quedamos con el peligro.
¿Cumplirá esta vez con su cometido el CSN defendiendo la seguridad de los ciudadanos, o se dedicará a seguir instrucciones de partido y ocultará la verdad?
Esta misma demanda de información será la que todos manifestemos a las 13'30h en la Plaza de España de Don Benito (Badajoz) el próximo domingo 26 de abril, cuando nos concentremos con el lema "La ciudadanía debe ser informada sobre el proyecto de minería nuclear en La Haba".
Según informaciones que también destaca la web de la multinacional canadiense Mawson Resources Ltd., se le han concedido permisos para obtener material radiactivo de las casi 20.000 hectáreas de La Haba, Corredor de la Guarda y Las Cruces-Manantial, como paso previo para reabrir y explotar comercialmente las minas de uranio que hasta 1990 estuvieron operativas por más de un cuarto de siglo en Campanario, Quintana de la Serena y La Haba. Así mismo, existe en la zona un almacén de residuos que alberga desde 1993 varios centenares de barriles de uranio.
En agosto de 2007 la Junta de Extremadura confirmaba que la licitación se hallaba en su última fase, sólo pendiente de la entrega de una garantía por parte de la empresa. Sin embargo, ni se ha producido la comunicación oficial a los ayuntamientos ni se ha abierto el proceso de alegaciones, que vaticinamos será muy corto, igual que maquinó el PSOE cuando fue el turno de la Refinería de Tierra de Barros, con unos plazos que vulneraban el derecho de participación efectiva en la toma de decisiones. La Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, estipula que la administración tiene que proporcionar a los ciudadanos los medios para que pueda participar de manera efectiva y real (art. 3.2.a), pero la única participación que desea el PSOE ahora mismo en temas nucleares y ante cualquier otro atentado ambiental, es que los ciudadanos apoyen sus imposiciones con el voto al Parlamento Europeo.
En estos momentos se está realizando una recogida de firmas para suscribir una carta que se entregará el 27 de abril a los alcaldes de las comarcas de La Serena y Vegas Altas afectados por el futuro nuclear pidiendo que se traslade información a los ciudadanos.
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