Una vez que el PP ha garantizado a Patxi López que tiene su apoyo para no convocar elecciones anticipadas en Euskadi, el Ejecutivo vasco ha propuesto a los sindicatos en la Mesa General de la Función Pública "un esfuerzo [de reducción de 100 millones en gastos laborales] para poder garantizar la estabilidad en el empleo, también para los interinos”, a cambio de “otro sacrificio” tras el recorte salarial de 2010.
El Ejecutivo socialista ofrece convertir a los interinos en funcionarios y no tocar las escalas salariales a cambio de eliminar las primas por jubilación voluntaria, suspender los contratos de relevo, la prórroga del servicio activo a partir de los 65 años y el devengo de la carrera profesional —se reconoce la carrera pero no se paga en 2012-, y revisar los complementos por incapacidad temporal, reduciéndolos del actual 100% a lo que marca la ley.
Según ha explicado el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, la intención del Gobierno del lehendakari es negociar “una propuesta que está muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna”, aunque los sindicatos han coincidido en reclamar una nueva política fiscal que recaude más y que posibilite el mantenimiento y mejora de los servicios y el empleo públicos.
ELA ha descalificado la propuesta porque exige a los agentes sociales y trabajadores del sector público "que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis". Para LAB el planteamiento "no deja ningún margen a la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos. Para CCOO, la propuesta supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores" y ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de la atención a la dependencia y la extensión en la red pública de la educación de 0 a 3 años. UGT ha advertido de que las intenciones del gobierno vasco situarían a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida de poder adquisitivo del 12%, además de que perjudicarían la creación de empleo y repercutiría en los servicios públicos; por último, avisa de que estas intenciones generarán conflictividad laboral.
Entre tanto, el Gobierno andaluz, en manos también del PSOE, ha preparado un proyecto de presupuestos levemente expansivo -sorprendente por cuanto fue contractivo los dos años anteriores-, con recortes mínimos, y aumento de ingresos y previsiones de crecimiento por encima de los análisis de los expertos.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, atribuyó al PP las mismas intenciones de la "derecha catalana": un recorte "añadido" a la retribución de los empleados públicos, al que se sumará la decisión que adopte el futuro Gobierno del PP para el conjunto de las Administraciones del Estado, por lo que acusó al Gobierno de Artur Mas de "ir directamente" contra un colectivo que ya había recibido una merma de sus retribuciones.
Tampoco Joaquim Nadal, del PSC, niega que llueve sobre un pavimento mojado por ellos mismos: la Generalitat está pidiendo "nuevos sacrificios a funcionarios". "El conjunto de medidas, tasas y recargos tienen un común denominador, que es que se alejan de la progresividad fiscal", le dijo la sartén al cazo.
Los grupos de la oposición en el Parlament criticaron las medidas económicas de recorte del gasto público y para incrementar los ingresos anunciadas el martes por Artur Mas. Sólo el Partido Popular acogió positivamente los recortes; su portavoz, Enric Millo, ha expresado incluso su "satisfacción por lo más importante que [Artur Mas] ha dicho, aunque podamos tener algunas discrepancias".
Joan Herrera (ICV-EUiA) ha advertido de que "los recortes son estructurales, como la supresión de la sexta hora en las escuelas públicas, o privatizar servicios para hacer negocio".
Para ERC, los convergentes, en vez de aprobar el impuesto de grandes fortunas, "no aplican una fiscalidad progresiva, y se opta por tasas sobre servicios públicos de una forma regresiva". Ya expresó en Público (24/06/2010) Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University, que "La corrección del déficit fiscal que Catalunya tiene con el Estado central significaría un crecimiento de 965 euros estandarizados per cápita en gastos sociales, pero aún faltarían 1.770 euros estandarizados más para que Catalunya se gastara lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Y la causa [...] es que ni el Estado central ni la Generalitat lo recaudan, debido al enorme poder de las clases más pudientes [...] y su influencia sobre los gobiernos [...] Esto explica que no paguen los impuestos que sus homólogos en la UE-15 pagan", verdadera causa del déficit y no el "gasto público social", que en "España, según datos de 2007 [...] con un PIB per cápita que es el 94% del promedio de la UE-15 [...] es sólo un 74%".
El Ejecutivo socialista ofrece convertir a los interinos en funcionarios y no tocar las escalas salariales a cambio de eliminar las primas por jubilación voluntaria, suspender los contratos de relevo, la prórroga del servicio activo a partir de los 65 años y el devengo de la carrera profesional —se reconoce la carrera pero no se paga en 2012-, y revisar los complementos por incapacidad temporal, reduciéndolos del actual 100% a lo que marca la ley.
Según ha explicado el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, la intención del Gobierno del lehendakari es negociar “una propuesta que está muy alejada del modelo de recorte catalán o de lo que está haciendo el PP allá donde gobierna”, aunque los sindicatos han coincidido en reclamar una nueva política fiscal que recaude más y que posibilite el mantenimiento y mejora de los servicios y el empleo públicos.
ELA ha descalificado la propuesta porque exige a los agentes sociales y trabajadores del sector público "que, ante la falta de recursos, asuman los recortes como medida para salir de la crisis". Para LAB el planteamiento "no deja ningún margen a la negociación", por lo que ha solicitado la retirada del proyecto de Ley de Presupuestos. Para CCOO, la propuesta supone pérdida de derechos y recortes que recaen "sobre quienes no tienen responsabilidad en esta crisis, que son los trabajadores" y ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos, la mejora de la atención a la dependencia y la extensión en la red pública de la educación de 0 a 3 años. UGT ha advertido de que las intenciones del gobierno vasco situarían a los empleados públicos a finales del próximo año con una pérdida de poder adquisitivo del 12%, además de que perjudicarían la creación de empleo y repercutiría en los servicios públicos; por último, avisa de que estas intenciones generarán conflictividad laboral.
Entre tanto, el Gobierno andaluz, en manos también del PSOE, ha preparado un proyecto de presupuestos levemente expansivo -sorprendente por cuanto fue contractivo los dos años anteriores-, con recortes mínimos, y aumento de ingresos y previsiones de crecimiento por encima de los análisis de los expertos.
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, atribuyó al PP las mismas intenciones de la "derecha catalana": un recorte "añadido" a la retribución de los empleados públicos, al que se sumará la decisión que adopte el futuro Gobierno del PP para el conjunto de las Administraciones del Estado, por lo que acusó al Gobierno de Artur Mas de "ir directamente" contra un colectivo que ya había recibido una merma de sus retribuciones.
Tampoco Joaquim Nadal, del PSC, niega que llueve sobre un pavimento mojado por ellos mismos: la Generalitat está pidiendo "nuevos sacrificios a funcionarios". "El conjunto de medidas, tasas y recargos tienen un común denominador, que es que se alejan de la progresividad fiscal", le dijo la sartén al cazo.
Los grupos de la oposición en el Parlament criticaron las medidas económicas de recorte del gasto público y para incrementar los ingresos anunciadas el martes por Artur Mas. Sólo el Partido Popular acogió positivamente los recortes; su portavoz, Enric Millo, ha expresado incluso su "satisfacción por lo más importante que [Artur Mas] ha dicho, aunque podamos tener algunas discrepancias".
Joan Herrera (ICV-EUiA) ha advertido de que "los recortes son estructurales, como la supresión de la sexta hora en las escuelas públicas, o privatizar servicios para hacer negocio".
Para ERC, los convergentes, en vez de aprobar el impuesto de grandes fortunas, "no aplican una fiscalidad progresiva, y se opta por tasas sobre servicios públicos de una forma regresiva". Ya expresó en Público (24/06/2010) Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University, que "La corrección del déficit fiscal que Catalunya tiene con el Estado central significaría un crecimiento de 965 euros estandarizados per cápita en gastos sociales, pero aún faltarían 1.770 euros estandarizados más para que Catalunya se gastara lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Y la causa [...] es que ni el Estado central ni la Generalitat lo recaudan, debido al enorme poder de las clases más pudientes [...] y su influencia sobre los gobiernos [...] Esto explica que no paguen los impuestos que sus homólogos en la UE-15 pagan", verdadera causa del déficit y no el "gasto público social", que en "España, según datos de 2007 [...] con un PIB per cápita que es el 94% del promedio de la UE-15 [...] es sólo un 74%".
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