Julio Anguita, aun no habiendo dejado de dar conferencias en todos estos años, celebró ayer su primer mitin desde octubre de 2000, cuando dejó la Coordinación General de IU, y lo hizo en la ciudad en la que fue alcalde, Córdoba, y dada “la inmensa gravedad del momento” y el “panorama pavoroso de la crisis de la civilización occidental”.
Mañana viernes el acto de cierre de campaña en el Hotel Badajoz Center (20:00 h) contará con la presencia de Julio Anguita, en tanto que hoy a la misma hora estarán, en el Centro Educativo Municipal de Don Benito, Alejandro Nogales y Manolo Cañada, excoordinador regional extremeño que ya compartió con Anguita (y José Saramago y Manuel Cruz, cabeza de lista de IU por Cáceres) la presentación de "Alternativas al Neoliberalismo".“La derecha está ahí porque alguien le puso la alfombra roja”, insistió Anguita ayer ante la “inmensa estafa” del discurso del PSOE “de que viene la derecha”. El ex coordinador enunció los “golpes de estado contra el sistema social cuando se quitan gobiernos sin que la voluntad popular lo decida” y que la nueva política económica está convirtiendo en un “trapo” la Constitución y arrasando la Declaración de Derechos Humanos.
Anguita explicó que se está cumpliendo punto por punto lo que IU advirtió a mediados de los 90 cuando se opuso al Tratado de Maastricht. “Los políticos deben saber que tienen que obedecer las órdenes de los mercados, advirtió el presidente del Bundesbank en 1994 [...] Pero los ingenuos, partidos y sindicatos, cayeron en esta inmensa trampa”.
Tampoco se ha escuchado a IU cuando se ha opuesto, más recientemente, al Tratado de Lisboa que, junto a los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) se han hecho para prohibir, "también a los Bancos Centrales de los países de la Unión Europea, prestar directamente a los Estados", recordaba, en una reciente entrevista del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), su presidente en Bélgica, Eric Toussaint, firmante de la petición de auditoría sobre la deuda griega junto a, entre otros, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer. El BCE no compra directamente a los Estados los títulos que éstos emiten y lo hace en los mercados secundarios "porque los gobiernos que crearon el BCE querían reservar para el sector privado el monopolio del crédito con respecto a los poderes públicos".
No es cierto, pues, ese buenismo del BCE propagado por los medios de masas cuando ocultan que las compras de títulos de los Estados en dificultades se hace "únicamente en los mercados secundarios. El BCE no compra títulos de la deuda griega directamente al gobierno griego, los compra a los bancos en el mercado secundario. Y por eso los bancos estaban tan contentos el 8 de agosto de 2011. En efecto, entre marzo de 2011 y el 8 de agosto de este año, el BCE, según sus propias declaraciones, había dejado de comprar títulos en el mercado secundario. Eso molestaba a los bancos, ya que en su afán de librarse de los títulos griegos y de otros países con problemas, tuvieron que vender, durante ese periodo, en el mercado secundario a precio de saldos. La mayor parte de ellos restringieron sus ventas cuando el precio era muy bajo. Y es por eso por lo que presionaron al BCE para que reanudara sus compras. [...] el BCE compra netamente por encima del precio de mercado y en muy grandes cantidades. [...] la recompra de títulos por el BCE permite a los inversores institucionales especular y obtener grandes beneficios. La cuestión es que los bancos pueden comprar títulos en el mercado secundario o mucho más discretamente en el mercado OTC, que escapan de todo control, a precios reventados (42,5 % de su valor en los días siguientes al 8 de agosto de 2011, e incluso a menos algunas semanas más tarde) y los revende al BCE a un 80 % de su valor. Puede ser que el volumen de este tipo de operaciones que los bancos pueden hacer sea marginal, pero es difícil hacerse una idea clara sobre la realidad de este negocio. Es evidente que es muy rentable y no veo cómo el BCE o las autoridades de los mercados puedan impedirlo, si tuvieran la voluntad de hacerlo. [...] las operaciones en el mercado secundario son poco reglamentadas. Pero, sobre todo, que al lado del mercado secundario está el mercado OTC (Over the counter en inglés), sin ningún control de los poderes públicos. Con mucha frecuencia se realizan compras y ventas de títulos de las deudas mediante lo que se llama «ventas al descubierto», es decir, que un comprador, por ejemplo un banco, puede adquirir títulos por decenas de millones de dólares sin pagar nada en el momento de la recepción de los títulos en cuestión. Y continúa el proceso: el comprador promete pagar, al adquirir los títulos, pero los revende enseguida y con el producto de esa venta pagará su compra, y allí está la prueba de que no compra para usufructuar un bien sino para revenderlo de inmediato, obteniendo un máximo de ganancia (especulación) [...]
El BCE presta así a los bancos privados, los que a su vez, como otros inversores institucionales, prestan a los Estados. [...] los bancos franceses, alemanes y de otras nacionalidades, revendieron masivamente en 2010 y en el primer trimestre de 2011 títulos griegos. El BCE fue el principal comprador, y pagando un precio superior al valor del mercado secundario.
Como veis, esto permite a los banqueros y otros inversores institucionales todo tipo de manipulaciones, pues los títulos son al portador y los mercados fueron liberalizados. Está claro que los bancos privados presionan al BCE a fin de que compre los títulos a un precio más alto, diciendo que tienen necesidad de desprenderse de ellos para sanear sus balances y evitar una nueva crisis bancaria de gran amplitud. [...] el BCE cedió ante la presión de los banqueros y otros inversores institucionales, y se puso a comprar títulos. [...]
Una vez más, los poderes públicos salen en auxilio del sector privado. Pero el escándalo concerniente a la actitud del BCE no acaba allí. [... El BCE] prestó con un interés muy bajo a la banca privada: del 1 % de mayo de 2009 a abril de 2011, del 1,5 % actualmente [después de la entrevista se redujo al 1,25%], pidiendo a los banqueros privados que recibían ese dinero que depositaran una garantía. Pues bien, los bancos depositaron como garantía unos títulos [...] de los cuales perciben, si éstos son griegos, portugueses, irlandeses…, un interés que varía entre el 3,75 % y el 5 % para títulos a menos de un año, mucho más si son títulos a 3, 5 o 10 años… [...] Una vez que compraron los títulos y que percibieron esta remuneración, hacen un doblete: depositan estos títulos como garantía, obtienen un nuevo préstamo del BCE a un tipo muy bajo y prestan este dinero a corto plazo a los Estados a un interés más alto. [...] Y eso no es todo, el BCE [...] a partir de 2009-2010 [...] acepta que los bancos depositen en garantía títulos de alto riesgo, lo que evidentemente estimula a estos bancos a prestar sin miramientos, ya que tienen la seguridad de poder revenderlos al BCE o depositarlos como garantía. [...] el BCE debería actuar de otra manera y prestar directamente a los Estados al 1 o 1,5 %, sin regalar nada a los banqueros. [...] Una serie de disposiciones del Tratado [de Lisboa] ya no se respetan (como la ratio deuda/PIB, que no puede ser mayor del 60 %, la ratio déficit público/PIB, que no puede exceder del 3 %) [...] se deben derogar los diferentes tratados de la UE, modificar radicalmente los estatutos del BCE y refundar la Unión sobre otras bases. Pero, por supuesto, es necesario modificar totalmente la relación de fuerzas por medio de movilizaciones en la calle."
No es de extrañar, por tanto, que la banca española volviese a aumentar en octubre, por tercer mes consecutivo, el dinero que pide al BCE, con 76.048 millones, un 13,5% más que un año antes. La desconfianza hacia los activos vinculados a la deuda soberana, hace que la banca española apele a las medidas extraordinarias de liquidez en un monto que roza el 20% del eurosistema, en el que apenas representa un 12%.En julio del pasado año, se llegaron a superar los 131.000 millones. Mientras PP y PSOE sigan encomendándose a cuando la Banca quiera para que la financiación fluya a familias y empresas, no se saldrá de la crisis, porque a la Banca le basta con pagar un interés del 1,25% al BCE por el dinero y prestarlo con cuentagotas pero a un interés muy superior.
Otro pilar de este sistema son las agencias de calificación. El propio FMI considera en su informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de 2010 que las actividades de las agencias tienen "un impacto significativo en los costos de endeudamiento de los países, pudiendo afectar su estabilidad financiera". Pero nuevamente la Comisión Europea ha dado marcha atrás en lo que parecía una propuesta, pero que "quizá era demasiado innovadora", del comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier: finalmente se ha descartado que la Autoridad Europea de Mercados (ESMA) prohiba a las agencias que publiquen notas sobre los países rescatados o que negocian planes de ayuda internacional.
También se ha rechazado la tímida idea de Barnier para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad (que "una agencia con una cuota de mercado de más del 20% en Europa no pudiera adquirir otras agencias"), cuadratura del círculo dados los conflictos de intereses inherentes.
Idéntica suerte ha corrido la creación de una agencia europea de calificación de riesgos, al parecer porque habría dudas sobre su credibilidad al considerársela "juez y parte"; ¿las demás agencias no son juez y parte? Cuando empezó la crisis de la deuda soberana, ya se las señaló como las culpables por su excesivo poder y la incapacidad para detectar los fallos. Sin embargo, las instituciones europeas, pese a ser responsables de ese poder ya que durante años exigieron a las entidades financieras acreditar las máximas calificaciones de las agencias para, por ejemplo, poder computar determinados valores como capital básico, prefieren limitarse a repartir el poder que las tres grandes agencias de calificación han acumulado con el tiempo y ya la portavoz de Barnier decartó una agencia europea antes incluso de reunirse la Comisión.
La única iniciativa novedosa que sobrevive consiste en exigir a las agencias que avisen con 24 horas de antelación a un país si planean rebajar la nota de su deuda pública por si quiere presentar alegaciones. Para evitar turbulencias en los mercados, las notas sólo podrán publicarse tras el cierre de las bolsas europeas o al menos una hora antes de su apertura.
Finalmente, la Comisión Europea establece un régimen de responsabilidad común en toda la UE que permitirá a los inversores engañados por un informe elaborado de forma negligente denunciar a la agencia ante los tribunales y pedir una compensación por daños y perjuicios. El Ejecutivo de Bruselas ha aprovechado el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor's (S&P) anunció a algunos suscriptores que quitaba la máxima calificación a la deuda francesa, lo que hizo caer el precio de esos bonos inmediatamente. Hora y media más tarde, la agencia corrigió y pidió disculpas. Desde la Comisión aseguran que "el incidente es grave y refleja la volatilidad del mercado y la responsabilidad que deben tener los actores que operan en él"; "el error demuestra la necesidad de una regulación fuerte", que finalmente no se va a producir.
Veremos qué dicen el futuro gobierno español de Rubaljoy y los eurodiputados del PPSOE cuando tengan que votar la nueva norma. ¿Servirá la armonización europea para que la legislación que ya existe en varios Estados, y que asegura que los errores o conflictos de intereses de las agencias se castigan, se aplique por primera vez de forma efectiva?
La idea de exigir responsabilidad civil a las agencias de calificación se inspira en Estados Unidos, donde S&P y Moody's están siendo juzgadas por su responsabilidad en la crisis de las hipotecas basura, a las que las agencias daban su máxima nota al tiempo que sacaban beneficios de su comercialización.
En España, están acusadas por sus rebajas en la calificación de la deuda española en la querella criminal registrada el 25 de febrero en la Audiencia Nacional por la Unión por las Libertades Civiles, el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, ATTAC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se han ido uniendo Izquierda Unida, ICV y ERC, como acusación popular de la maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada produciendo un conflicto de intereses en provecho propio (de los clientes de las agencias) y en perjuicio del Estado y los contribuyentes (artículos 284 y 285 del Código Penal).
También se ha rechazado la tímida idea de Barnier para fomentar la competencia en el sector y asegurar su imparcialidad (que "una agencia con una cuota de mercado de más del 20% en Europa no pudiera adquirir otras agencias"), cuadratura del círculo dados los conflictos de intereses inherentes.
Idéntica suerte ha corrido la creación de una agencia europea de calificación de riesgos, al parecer porque habría dudas sobre su credibilidad al considerársela "juez y parte"; ¿las demás agencias no son juez y parte? Cuando empezó la crisis de la deuda soberana, ya se las señaló como las culpables por su excesivo poder y la incapacidad para detectar los fallos. Sin embargo, las instituciones europeas, pese a ser responsables de ese poder ya que durante años exigieron a las entidades financieras acreditar las máximas calificaciones de las agencias para, por ejemplo, poder computar determinados valores como capital básico, prefieren limitarse a repartir el poder que las tres grandes agencias de calificación han acumulado con el tiempo y ya la portavoz de Barnier decartó una agencia europea antes incluso de reunirse la Comisión.
La única iniciativa novedosa que sobrevive consiste en exigir a las agencias que avisen con 24 horas de antelación a un país si planean rebajar la nota de su deuda pública por si quiere presentar alegaciones. Para evitar turbulencias en los mercados, las notas sólo podrán publicarse tras el cierre de las bolsas europeas o al menos una hora antes de su apertura.
Finalmente, la Comisión Europea establece un régimen de responsabilidad común en toda la UE que permitirá a los inversores engañados por un informe elaborado de forma negligente denunciar a la agencia ante los tribunales y pedir una compensación por daños y perjuicios. El Ejecutivo de Bruselas ha aprovechado el incidente del pasado jueves, en el que la agencia Standard & Poor's (S&P) anunció a algunos suscriptores que quitaba la máxima calificación a la deuda francesa, lo que hizo caer el precio de esos bonos inmediatamente. Hora y media más tarde, la agencia corrigió y pidió disculpas. Desde la Comisión aseguran que "el incidente es grave y refleja la volatilidad del mercado y la responsabilidad que deben tener los actores que operan en él"; "el error demuestra la necesidad de una regulación fuerte", que finalmente no se va a producir.
Veremos qué dicen el futuro gobierno español de Rubaljoy y los eurodiputados del PPSOE cuando tengan que votar la nueva norma. ¿Servirá la armonización europea para que la legislación que ya existe en varios Estados, y que asegura que los errores o conflictos de intereses de las agencias se castigan, se aplique por primera vez de forma efectiva?
La idea de exigir responsabilidad civil a las agencias de calificación se inspira en Estados Unidos, donde S&P y Moody's están siendo juzgadas por su responsabilidad en la crisis de las hipotecas basura, a las que las agencias daban su máxima nota al tiempo que sacaban beneficios de su comercialización.
En España, están acusadas por sus rebajas en la calificación de la deuda española en la querella criminal registrada el 25 de febrero en la Audiencia Nacional por la Unión por las Libertades Civiles, el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, ATTAC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se han ido uniendo Izquierda Unida, ICV y ERC, como acusación popular de la maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada produciendo un conflicto de intereses en provecho propio (de los clientes de las agencias) y en perjuicio del Estado y los contribuyentes (artículos 284 y 285 del Código Penal).
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