Sólo suprimiendo las Diputaciones, J.L. Quintana se dedicaría a D. Benito

14 pagas de 5.016,50 euros percibirá el presidente de la Diputación de Badajoz según constaba ayer en el Boletín Oficial de la Provincia. PP y PSOE lo acordaron en el pleno extrordinario del 4 de julio, que también deparó 14 pagas de 4.267,48 euros para el vicepresidente y de 3.661,27 euros para los cinco diputados delegados que, además del presidente y vicepresidente, estarán en régimen de dedicación exclusiva. Entre ellos, el de Fomento, que no es otro que José Luis Quintana, el que se iba a dedicar en exclusiva a Don Benito: ya suma dos dedicaciones exclusivas.

También cobrará la liberación completa la diputada al frente del Servicio Cooperación y Participación Ciudadana, de nueva creación. Además, el Patronato de Tauromaquia subsiste (integrado, para más recochineo, en el Área de Cultura "respondiendo así a la demanda del mundo taurino", según el presidente). Con dedicación parcial estarán otros 6 miembros del equipo socialista de gobierno: 14 pagas de 2.960,85 euros por 32 horas semanales para 4 de ellos, y de 1.870,43 euros por 20 horas semanales para los otros dos.

Finalmente, el resto de la corporación percibirá por asistencia a plenos y comisiones informativas 1.112,40 euros al mes, concepto por el que José Luis Quintana también percibe 252,79 euros por pleno en Don Benito, según acordaron por unanimidad socialistas y populares locales en la sesión del 1 de julio.

IU Extremadura ya propuso la supresión de las Diputaciones Provinciales para recortar gastos, por ser "organismos intermedios para autorización partidista, y los servicios que prestan pueden ser perfectamente asumidos por las Mancomunidades y por la Junta de Extremadura", según el coordinador regional Pedro Escobar. Y los que se prestan a los grandes municipios ya corren por cuenta de los Ayuntamientos (o deberían correr, y si no que pidan a sus grandes partidos una Ley adecuada de financiación local).

Es como si tuviéramos en la Junta de Extremadura un organismo, digamos, de Fomento de la Iniciativa Joven y otro, pongamos por caso, Fomento de Jóvenes Emprendedores. Al primero le damos 1.232.000 euros anuales para personal, y al segundo, 558.000. Pues esta duplicidad también es real.

En cuanto a los servicios que las Diputaciones Provinciales no prestan a los grandes municipios son asumidos por las Comunidades Autónomas mediante convenios con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, si bien éste ya ha anunciado que no va a firmar los comprometidos con las tres que habían presentado sus Planes de Zona (Aragón, Asturias y Navarra), incumpliendo unilateralmente la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. El responsable de Medio Ambiente y Energía de IU, Adolfo Barrena, denuncia que el Gobierno socialista "quiere paralizar los convenios previstos con las comunidades autónomas" que iban a llevar a cabo los "imprescindibles planes de desarrollo rural", lo que es "un grave frenazo al desarrollo rural de nuestras comarcas".

El departamento que dirige Rosa Aguilar alega que de hacerlo contribuirían a alejar a estas regiones del cumplimiento de los Planes de Estabilidad Presupuestaria (y claro, lo primero es lo primero, ¿verdad, Ministra?). Al tiempo, este ministerio ha informado al resto de comunidades que, si los convenios no se firman antes del próximo 30 de septiembre, los fondos se reducirán un 20% porque se recortará una anualidad.

Ante esta situación, el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, en coordinación con Adolfo Barrena, ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones sobre la paralización de los Planes de Zona. Para Llamazares, "es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino cumpla estrictamente lo recogido en la Ley. De no hacerlo, el desarrollo sostenible del medio rural quedará tocado de forma irreversible. Si el Gobierno ha utilizado cantidades ingentes de dinero público para ayudar a los bancos y al sistema financiero especulativo queremos que explique las razones de que deniegue la financiación ya comprometida para mantener vivo al medio rural, algo imprescindible para el desarrollo y la economía españolas".

La Ley de Desarrollo Rural Sostenible fue aprobada en diciembre de 2007 y para su desarrollo, además de al entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se implicaba el trabajo de otros 11 departamentos ministeriales. Su objetivo era mantener en sus territorios a la población rural –con un alcance del 90% del territorio nacional-, y la mejora de sus condiciones de vida y renta, solapando la atención a las zonas rurales que deben dispensar unas Diputaciones que, tal y como denunciara el diputado de IU en la Asamblea extremeña Pedro Escobar, están haciendo un uso "electoralista, chapucero y caciquil" de fondos como los Feder.

De los 12 millones de euros que llegaron en su día destinados a todos los pacenses para determinadas acciones por un período de 6 años, se presupuesta para 2010 un millón, 5 millones para 2011, otros 5 para 2012, y el millón restante para 2013: "Casualmente [...] los dos años en los que se gasta el 83% de esos Fondos son años electorales: en 2011 son los comicios autonómicos y locales, y en 2012 se celebran las elecciones nacionales", apostillaba Escobar.

Con un documento de Diputación en mano, el coordinador de IU indicó que el 27/11/2009 se instó por carta a los alcaldes a indicar, antes del 10/12/2009 las obras que pretendían abordar. "Entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre hay dos fines de semana y un puente, con lo cual quedaron sólo cuatro o cinco días útiles para que la comunicación llegara a los Ayuntamientos y volviera a Diputación. Naturalmente eso es materialmente imposible. Sólo se enteraron algunos Ayuntamiento, no todos", aclaró. Entre los que se enteraron y que además repiten en más de un ciclo anual de esta subvención, están los "varones locales del PSOE", Castuera, Llerena, Quintana de la Serena, Herrera del Duque, Fregenal de la Sierra, Guareña, Hornachos, Monesterio, San Vicente de Alcántara, Talarrubias y Villafranca de los Barros.

El que fuera alcalde de Ribera del Fresno por IU, Antonio Fernández, advertía entonces de que las Diputaciones se están convirtiendo en la "última agencia de empleo de los altos cargos del PSOE". Y ahora más aún, con lo que deberán estar atentos los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) , el cual ya, a propósito del intento de regalar Jefaturas de Parques de Bomberos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), dependientes de la Diputación, anuló la Relación de Puestos de Trabajo de éste a demanda de CSI-F "por considerar que no se respetan los derechos de aquellos funcionarios con un buen historial profesional y no se respetan tampoco los principios de mérito y capacidad", según el sindicato.

El TSJEx insistía en que los nombramientos por libre designación, amén de "excepcionales", han de ser "obligatoriamente de forma motivada, incluyendo al menos dos extremos": "los concretos criterios de interés general elegidos como prioritarios para decidir el nombramiento, y cuáles son las cualidades o condiciones personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los solicitantes".