El exportavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez, tras ser juzgado por colisionar con tres vehículos aparcados en el distrito madrileño de Retiro y cuadruplicar la tasa de alcoholemia, recibió ayer de la directora general de Tráfico, María Seguí, una invitación a acudir a la Dirección General de Tráfico (DGT) para "trabajar activamente en pro de la seguridad vial".
Aunque según ella "cualquier persona, independientemente de su posición, rango, edad o ámbito profesional está sujeta a las mismas normas y mismos controles y procedimientos", parece ignorar los indultos concedidos por el mismo Gobierno que la ha designado a condenados por delitos contra la seguridad del tráfico, que ya en enero superaron los habidos en toda la legislatura anterior: uno en 2011; en 2010, dos; y en 2009, uno. Bien es cierto que aún la cifra está lejos de los 18 indultados de la primera legislatura de Zapatero, pese a que el exministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguraba en 2006 que el Gobierno no estaba a favor de indultar a condenados por delitos contra la seguridad vial ni de violencia doméstica. En ese mismo año, se indultó a cuatro condenados por el primero de esos motivos. Por Aznar entre 2000 y 2004 fueron indultados ¡313!, 226 de ellos en 2000, según las cifras del Ministerio de Justicia. En 2001 fueron 31; en 2002, 14; en 2003, 28; y en 2004, 14 indultos.
La misma directora general ha recordado que el año pasado 100.000 personas fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol y que otras 2.000 perdieron la vida en accidente de tráfico. Aunque para ella también todos los que conducen bajo los efectos del alcohol son ciudadanos con una responsabilidad concreta que hay que cumplir, independientemente del apellido, la irresponsabilidad de animar estas conductas sale de sus propias filas:
"Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilamente [...] A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad [...] y además a usted le prohíbo beber vino [...] Déjame que beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás"
(José Mª Aznar, en 2007 al recibir la medalla de honor de la
Academia del Vino de Castilla y León)
Las consecuencias de premiar este tipo de delitos fue expresada desde la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA a propósito de la conmutación a dos años de multa de la pena al conductor 'kamikaze', condenado a 13 años de prisión por matar en 2003 a una persona y herir a otra, diciendo que "el mensaje que recibimos es que unos ciudadanos obtienen una serie de beneficios nada acertados, dejando en evidencia el funcionamiento de la justicia al dejar sin validez sus sentencias", lamentando que "no es un hecho aislado pues sucede periódicamente. El gobierno no tiene ningún argumento, y sin explicación alguna se concede el indulto".
En otro de los indultos concedidos en 2012, el Gobierno conmutó la pena a un hombre que había sido condenado a 3 años y 3 meses de prisión por la Audiencia Provincial de Granada, con tres delitos de homicidio imprudente en julio de 2008, cuando yendo a más de 120 km/h en una vía limitada a 40, mató a tres jóvenes de 15, 17 y 21 años.
Otro loco al volante, Ángel Carromero, también fue premiado por cometer sus delitos en la carretera. Frente a los 1.757 del verano de 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía registrados en agosto de 2012 a 2.443 españoles detenidos en el extranjero, una cifra que varió poco en los últimos meses del año. Según el Movimiento por la Paz, que gestiona el programa de atención a detenidos españoles en el extranjero que el Instituto Ramón Rubial creó en 1989, alrededor de cien españoles son trasladados cada año para cumplir condena en cárceles españolas, gracias a los convenios bilaterales firmados con una veintena de países. Los trámites, según explica el Movimiento por la Paz en su programa de atención a detenidos, pueden alargarse un año o año y medio. España ha suscrito el convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas —firmado por alrededor de sesenta países.
Sin embargo, el Vicesecretario General de Nuevas Generaciones del PP de Madrid -en TVE se limitaban a decir 'politico español'- Ángel Carromero Barrios, conductor del automóvil en el que pereció el presidente del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, y el también opositor cubano Harold Cepero, regresó a España sólo dos meses después de que su sentencia a cuatro años fuera firme. "Al sueco Jens Aron Modig se le permitió retornar a su país", decía el editorial del primero de agosto pasado el periódico Granma. Modig, lesionado en el accidente, es "líder del Partido Demócrata Cristiano Sueco, émulo del ultraconservador 'Tea Party' norteamericano, y presidente de su Liga Juvenil".
Tampoco tardó en salir de la cárcel española donde iba a cumplir los 1.300 días de condena que debía, en un Alfa Romeo rojo en el que fueron a recogerle sus amigos. La Junta de Tratamiento de la cárcel elevó su propuesta de tercer grado o régimen abierto el día 10 y Carromero ya no volverá a pisar el centro penitenciario de Perogordo (Segovia): ahora, sin necesidad de presentarse ni firmar, dormirá de lunes a jueves en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent de la Comunidad de Madrid donde continuará con su empleo en régimen de semilibertad para preparar su reinserción en la sociedad. Mientras tanto, otro ciudadano español lleva doce años en un penal de Florida y pesando sobre él la pena capital en el país que da lecciones a Cuba.
Este era el retorno de los cachorros del PP a la carretera, después de que a las 7 de la mañana del viernes 19 de febrero de 2010, el entonces presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, portavoz en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso, vocal en la de Igualdad, en la del seguimiento del Pacto de Toledo, en la dedicada al estudio del problema de las drogas y vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, Nacho Uriarte, diera positivo por el doble de la tasa legal de alcohol permitida (entre 0,52 y 0,55 miligramos por litro de aire aspirado), tras colisionar con otro coche, en un control de alcoholemia en la calle... sí, en la calle Serrano de Madrid. Se le retiró el permiso de conducir, fue imputado por un delito contra la seguridad vial y se le citó a un juicio rápido en los juzgados de la capital a los cinco días. Reconoció los hechos y dimitió de su cargo dentro de la Comisión, aunque no entregó su acta de diputado. A fecha de hoy, sigue siendo diputado (iba el 7 del PP por Valencia) y es patrono de la Fundación vinculada al PP, Humanismo y Democracia.
Un año antes, el concejal de Cultura, Fiestas y Juventud del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril (Granada), Nicolás Navarro, hoy portavoz de su Gobierno local, había sido multado con 600 euros y un mes sin carné por dar positivo en un control de alcoholemia.
Y hace dos años y medio fue detenido el concejal de ¡Educación! del Ayuntamiento de Peñallera Baja, en el corazón de los Picos de Europa, Victoriano Vidal Cordera, del PP, como supuesto autor de un delito de omisión del deber de socorro a un ciclista de 20 años fallecido tras ser atropellado el 24 de julio en el Collado de Carmona (Cantabria), entre Cabuérniga y Puentenansa. Otro ciclista vio al todoterreno huir del lugar del accidente.
De esa forma, se involucraba en menos de una semana, a otro miembro del PP en acciones que nada tenían que ver con las campañas de seguridad vial lanzadas por el Gobierno, toda vez que Rajoy aparecía en un vídeo yendo en coche sin cinturón de seguridad.
Pobres víctimas de prohibiciones con su libertad cercenada. Se prohíbe torturar animales (según cuáles, claro), se prohíbe que el humo del tabaco afecte a los no fumadores, se prohíbe que los periódicos se lucren con la prostitución (una actividad que los mismos que mandan se niegan a legalizar). Para Fernando Savater es "el regreso de la Inquisición". Igual que Aznar (uno de "los connotados anticubanos" que citaba Granma), Savater también se ha quejado de que se prohíba atacar al inocente (al que sufre desde las borracheras de los demás hasta el proxenetismo): "cada vez hay más prohibiciones"; se terminará por "prohibir absolutamente todo"; "no se resuelven los problemas pero, en cambio, se van a prohibir las satisfacciones"; "cada vez hay más inquisidores".
