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Guijo... cualquiera de ellos; Diputaciones... cualquiera de ellas

La Diputación de Cáceres ha destinado 400.000 € para contratar personal administrativo que dé servicio a las pedanías de los municipios de hasta 20.000 habitantes de la provincia. La Comisión de Valoración debería tener en cuenta no sólo el número de pedanías y habitantes dependientes de la entidad local principal, sino también si éstos habitantes prefieren tener un puesto de trabajo antes que destinar el dinero, por ejemplo, a los toros.
Los ciudadanos de las pedanías de Guijo de Galisteo votaron, hace 4 años, que preferían toros a puestos de trabajo municipales. De los tres núcleos de población, con tasa de paro superior al 25%, donde el asunto se sometía a referéndum, sólo el núcleo principal arrancó apoyo de sus vecinos (aunque con el 27% en contra) para utilizar, en la creación de puestos de trabajo municipales de carácter eventual, la mitad de los 15.000 € consignados inicialmente para festejos taurinos en sus fiestas locales. "La idea es que las contrataciones se vayan realizando en función de las necesidades del consistorio; unas veces serán para cubrir unos servicios y otras para otras actividades, algunas durarán 2 ó 3 semanas y otras varios meses", dijo el alcalde del PSOE, partido que había ganado 5 a 4 al PP en 2011 y ha repetido en las últimas elecciones municipales, en que el PP obtuvo 2 concejales y Extremeños otros tantos.

Las pedanías de El Batán (con un 73%) y Valrío (con un 80%), pueblos de colonización fundados en los años cincuenta, prefirieron mantener intacta la partida de 5.000€ cada una para organizar festejos taurinos. Todas las calles y plazas de El Batán llevan nombre de famosos derramadores de sangre en la arena. La plaza de Manolete, por ejemplo, debe su nombre a aquél de quien Canal Extremadura repetía hasta la saciedad un documental ensalzador, a añadir a la dosis diaria de tauromaquia que Canal Extremadura emite con el conocimiento y silencio cómplice de antes los representantes de IU en el Consejo de Administración y ahora el de Podemos, Francisco Javier Figuereido Capuz.

En un ejercicio más de cinismo, el PSOE regional lamentó entonces que no se destinara a empleo todo lo posible, cuando donde ellos gobiernan, en la Diputación de Badajoz, se integró el Patronato de Tauromaquia en el Área de Cultura "respondiendo así a la demanda del mundo taurino", según el diputado entonces presidente Valentín Cortés (conocido de éxitos anteriores como su presidencia de la Junta Rectora de FEVAL). La opinión del actual presidente y alcalde de Villanueva de la Serena es la misma. De ahí salió la financiación de un programa para fomentar la tortura de los toros por diversión en la Cadena SER, además de la inserción de cuñas publicitarias en dicha emisora sobre su Patronato de Tauromaquia, sangrante para las costas de los toros heridos y para las costas que sufragamos los ciudadanos.

A 30 kilómetros de este lugar, en otro Guijo, de Granadilla, también provincia de Cáceres, las administraciones públicas omitieron su vigilancia de los núcleos zoológicos (el alcalde es de Extremeños, la tercera fuerza del municipio). La asociación El Refugio del Burrito de Málaga rescató en una finca del lugar a 130 equinos, la mayor parte burros, en estado de abandono. "Tras conocer a través de la llamada de un familiar del fallecido que los animales estaban abandonados, porque no estaban censados al no tener microchip, nos pusimos en contacto con las autoridades para informales que nos hacíamos cargo de los animales y evitar así que fueran enviados al matadero". "Los animales se encuentran en pésimas condiciones higiénico-sanitarias: muchos de ellos tienen sarna y la mayoría están escuálidos. Algunos han muerto durante los últimos días de frío y por la falta de alimento", señalaba la protectora en su página de facebook.

Dado que la finca de El Refugio en Bodonal de la Sierra (Badajoz) tenía ya 200 burros, "el objetivo es dar a los 130 rescatados en adopción, porque no tenemos instalaciones para acogerlos". La protectora solicitaba ayuda a través de facebook, mediante email a coral.rueda@elrefugiodelburrito.com, con una donación a través de http://www.elrefugiodelburrito.com/es/donar o mediante transferencia bancaria a la cuenta ES95 2103 2024 5700 30001451 (SWIFT BIC: UCJAES2M).

Messi, sí, pero... ¿Red Natura 2000?

Arias Cañete, hoy eurocomisario de Acción por el Clima y Energía pese a los papeles de Panamá, el caso Acuamed y la mina de uranio, presentó en enero de 2013 el proyecto LIFE+Infonatur 2000, herramienta con la que mantener la amenazada diversidad biológica en el territorio español en el marco de la 'Red Natura 2000' de espacios protegidos europeos para la conservación de especies y hábitats, la cual desconoce el 85% de los españoles. Dijo que esperaba que "supere" a Leo Messi "en la obtención de balones de oro del conservacionismo medioambiental".

En España existen 2.041 espacios de la Red (un 30% de la superficie): 1.445 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC, más de 12 millones de has.) y 596 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA, más de 10 millones, 265.000 marinas).

Sin embargo, quienes menos familiarizados están con el concepto son los que ahora, por medio de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, están llevando a cabo reuniones con los 92 ayuntamientos con más del 50% de su municipio en espacios de la Red Natura 2000 y con los 20 Grupos de Acción Local de sus comarcas para difundir el significado y los valores de la Red Natura 2000. Estos valores los difunden los que los prostituyeron firmando el pacto con el PP para que la Ley del Suelo de Extremadura permitiera desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, y los que reeditaron ese pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de 2011 de la Asamblea de Extremadura la derogación propuesta por IU.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. La Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo- se aliaron a la empresa  (Marina Isla Valdecañas) para recurrir las sentencias. En su auto de enero de 2012, el TSJEx ordenaba paralizar las obras y la ocupación de las instalaciones hasta que el Supremo se pronunciase, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta y que se incluía en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocieron carecer de criterios para cuantificarla e instaron a un acuerdo, aunque enseguida el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló de pedir a Ecologistas en Acción (EeA), que fue quien presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto avanzase, un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución). EeA solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna, "en arreglo a nuestros limitados recursos" en palabras del abogado.

Tenía razón la directora de Naturaleza, Biodiversidad y Uso de la Tierra de la Comisión Europea cuando decía que "aún queda mucho por hacer" para garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats europeos más valiosos y amenazados.

¿Votar para que la diferencia Podemos-PSOE varíe en un diputado más o uno menos?

Izquierda Unida y Podemos comenzaron en la tarde de ayer las negociaciones, que continuarán a lo largo de dos semanas, para acordar las listas a las elecciones del 26J y cerrar eventos conjuntos. El coordinador regional de IU, Joaquín Macías, ha admitido que le gustaría que los números 2 por Cáceres y Badajoz fueran de Izquierda Unida. "Lo que está en juego no es colocar a compañeros en Madrid -ha dicho-, sino reforzar la posible victoria electoral de una plataforma de izquierdas". Y es que para movilizar a los electores de los dos partidos es necesario que sendos electorados vean que su voto se puede traducir en escaño para Unidos Podemos.

El 20 de diciembre, Podemos arrebató al PP el escaño por Badajoz de Amparo Botejara por sólo 1.369 votos. Y Ciudadanos se quedó a 1.951. Arrebatar ahora el 26J un segundo escaño por Badajoz implica, para los mismos datos del 20D, que Unidos Podemos recabe 98.900 votos en la provincia. Pero ese escaño sería arrebatado al PSOE y, si finalmente la única forma de derrocar a Rajoy es sumando Unidos Podemos y PSOE (superando los primeros al segundo como parece que va a ocurrir), a un elector de Izquierda Unida le es indiferente que el sexto diputado por Badajoz sea de Podemos o del PSOE. Por eso es necesario "convencer" al votante de IU.


Deja de llorar: lo que te pasa se debe a lo que votáis tú o tus vecinos

La asociación UPA-UCE ha recibido quejas de ganaderos tradicionales de Castuera e Higuera de la Serena en la provincia de Badajoz, y de Valdefuentes en la de Cáceres, a los que la industria, que ofrecía precios por debajo de costes y sin realizar contratos, les ha dejado de recoger la leche de oveja que iba fundamentalmente para la producción de quesos de las Denominaciones de Origen.

Cuando en las anteriores elecciones generales de 2015 se pidió a los electores que decidieran entre los que animaban a jugar en el libre mercado (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos*) y los que optaban por la planificación de sectores estratégicos de la economía (IU), el 94,53, el 85,99 y el 98,81%, respectivamente en esas localidades, se decantó por apostar en el juego de que los precios los marque la oferta y la demanda, mientras que 144, 87 y 3 votos, repectivamente (3,83, 12,97 y 0,3%), fueron para quien defiende la gestión pública de este tipo de mercados.

Puede que los ciudadanos de esas localidades ahora afectadas hayan votado a esos partidos que son liberales en lo económico por otros motivos, pero, ¿qué motivo es más importante que la propia subsistencia? Próximamente hay otras elecciones generales. Voten mirando por su futuro, porque si no, el común de los españoles seguiremos pagando las pérdidas de quienes quieren jugar voluntariamente (ojo, voluntariamente) en los mercados, sean brokers, accionistas u ofertantes de productos ganaderos, sea en la Bolsa o en cualquier mercado cuyos precios los fije la oferta y la demanda. Mientras esto no cambie, la industria tendrá perfecto derecho a aprovechar la bajada de precio del sector lácteo a nivel nacional, porque para eso lo llevan decidiendo los españoles con su voto durante décadas.

Vayan para Vd., si está sufriendo esta situación sin haberla votado, el más sincero apoyo y la recomendación, a tenor de lo que sus propios vecinos manifiestan en las urnas, de hacer campaña, primero, dentro de su municipio.


(*)  Pablo Iglesias afirmó al The Wall Street Journal que “no hay una verdadera alternativa a la economía de mercado”.

Catedrales a 30 euros ¡oiga!

Por primera vez, la Iglesia se topa con un gobierno que, para recuperar la propiedad de unos bienes que deberían formar parte del patrimonio público, está dispuesto a litigar en procedimientos judiciales, algunos ya iniciados por ayuntamientos de entre los 200 que se han unido en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, la mayoría pequeñas localidades temerosas del respaldo legal con el que cuenta la Iglesia, cuyos ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado o mantenido propiedades abandonadas durante décadas.

El Gobierno navarro surgido del acuerdo entre Geroa Bai, Bildu, Podemos y la marca de IU en la comunidad foral ha logrado la aprobación en sede parlamentaria para instar al Arzobispado de Pamplona y Tudela a devolver los 1.086 bienes inmatriculados que arrojó el recuento del Parlamento navarro en todos los juzgados de la región en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida, y eso sólo entre 1998 y 2007. Grandes monumentos religiosos (incluida en 2006 la catedral de Pamplona, siempre sostenida con millones de euros públicos), palacios episcopales, templos, capillas, iglesias, ermitas, casas rectorales,  atrios, viviendas, descampados, cementerios y hasta un frontón, el grueso de los cuales desde 1998, cuando el gobierno de José Mª Aznar -mediante RD 1867, para no llevar el asunto al Congreso- introdujo una modificación en la ley Hipotecaria de 1946 para eliminar la excepción impuesta por Franco de no poner en el Registro de la Propiedad a su nombre los lugares de culto. Se equiparaba a la Iglesia en la dictadura con una corporación de derecho público, por lo que permitía a los obispos actuar como funcionarios públicos e inmatricular "todo lo que pilla desde iglesias hasta atrios, frontones o cementerios", indicaba la Plataforma. El artículo 206 de la Ley de 1946 permitió, sólo a la Iglesia católica, registrar propiedades que carecían de dueño. En 1947, Franco puso límites a la voracidad católica excluyendo el artículo 5 del Reglamento Hipotecario “los templos destinados al culto religioso”.

Izquierda Unida registró en julio de 2011 en el Congreso una batería de preguntas con las que instaba al Gobierno autodenominado socialista a suprimir este "anacrónico privilegio" y a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. "Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas", denunciaba el profesor de Derecho Eclesiático de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres. Pero el PSOE mantuvo la modificación de Aznar y ha tenido que ser Rajoy el que, en 2015, haya impedido que la Iglesia pueda inmatricular más bienes sin más condición que la de que un obispo diga que el inmueble pertenece a la Iglesia. También con el PSOE, la palabra del obispo no sólo iba a misa, sino también al Registro de la Propiedad. Aznar le enmendó la plana a Franco y Rajoy se la ha tenido que enmendar a Zapatero, que le mantuvo a la Iglesia el rango de organismo público que ganó en el Golpe de Estado. Los socialistas navarros, además, votaron en contra del punto de la resolución del Parlamento navarro que reclamaba la inconstitucionalidad de la “amnistía registral” que permitía a la Iglesia quedarse los bienes inmatriculados antes de 2015: ven perfectamente lógico que la ley reconozca el trato de favor dado a la Iglesia y, al mismo tiempo, deje sin resolver las inmatriculaciones llevadas a cabo de esta forma indebida.

"Todo lo inmatriculado con tan obscena avaricia antievangélica debería ser devuelto a su dueño legítimo, los pueblos", defendía la Plataforma, que criticaba que "una institución que debería dar ejemplo de austeridad, humildad y sentido comunitario se haya dedicado a acaparar sigilosamente más de 1.000 bienes del común de los navarros", que "tienen que volver a su carácter histórico de bienes jurídico-públicos y regresar a los pueblos". Para conseguirlo, el actual gobierno navarro está dispuesto a revisar la política de subvenciones públicas que se conceden para conservarlos, rehabilitarlos y mantenerlos.

El problema no sólo es navarro. La ermita de la pedanía leonesa de Pardesivil, con 8 habitantes en invierno, fue inmatriculada en 2009, habiendo invertido sus vecinos 6.000 euros para repararla de su abandono de 35 años. Como la Ley Hipotecaria, además, autoriza a inmatricular sin el conocimiento público, bastando "con que el obispo dé fe de que el bien pertenece a la Iglesia, sin el visto bueno de ningún poder público ni notario", según explicaba, entonces, la directora de consumidores y usuarios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, al que pertenece Rajoy, "la mayoría de los ayuntamientos no se entera del registro hasta que han pasado unos años. Entonces, tienen que impugnarlo, demostrar que la Iglesia no es la titular y aportar una documentación que, en algunos pueblos, nunca ha existido", denunciaba el profesor Torres.

A la Iglesia, pues, le cuesta entre 20 y 30 euros incorporar una propiedad a su patrimonio: “el precio de una campana, sin conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática”, al decir de la Plataforma. Algunas fincas (urbanas y rurales), viviendas, colegios y demás propiedades que, por carecer de dueño, fueron inmatriculadas por el clero, han sido vendidas luego sin conocimiento de los vecinos, según la Plataforma Ekimena, consiguiendo la Iglesia unas plusvalías dignas del mejor especulador.

Nuevo chalet de alcalde "socialista" extremeño en terreno protegido

Contenido de la página web del Ayuntamiento de Losar
La época de alcaldes constructores no había terminado con los del PSOE que padecimos en Don Benito hace décadas ni con el último pico de la crisis capitalista, con la escenografía judicial que lo acompañó. Germán Domínguez Martín, primer teniente cuando los hechos, accedió a la alcaldía de Losar de Vera (Cáceres) en octubre de 2013 y fue reelegido en mayo de 2015: siete concejales frente a sendos pares de PP y Extremeños. Desde hace unos días tiene condena firme de la Audiencia Provincial de un año de prisión y multa de 4.050€, con un año «inhabilitado para el ejercicio, profesión u oficio relacionado con la promoción y construcción», por construir un chalé de tres plantas (las dos superiores de 100m2) con una licencia que solo permitía una caseta de apero y en el suelo no urbanizable de protección especial ecológico-ambiental del paraje de pinares del río Tiétar 'Los Lomos', donde destacan los enebros, especie incluida como 'vulnerable' en el catálogo regional de especies amenazadas. La misma condena recae sobre el particular que le encargó hacer el chalé, Roberto C. M., de Equo, elegido en 2015 concejal de El Carpio de Tajo (Toledo), por uno de los partidos instrumentos de Podemos. Hace tres años fue condenada toda la Corporación de 2005.

A su compañero de partido hoy presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, le cayeron 3 denuncias del Seprona, un expediente sancionador de la Confederación y otro de la Dirección General de Medio Ambiente, por atentar contra la Ley de Aguas, la Ley del Suelo y la Ley de Conservación de la Naturaleza, aunque eso no impidió que fuera apoyado públicamente por su hoy alcalde vecino José Luis Quintana, entonces consejero de Fomento, responsable político de hacer cumplir la Ley del Suelo, una de las vulneradas por su "amigo", y autor de los cambios legales para intentar "colarnos" la urbanización de lujo de Valdecañas. Dijo entonces el hoy alcalde de Don Benito que la modificación del art. 11 de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LESOTEx) se hacía para "aclarar" y que "no quede género de dudas" de la intención del legislador, que, la verdad, no es otra que:
"hacer pasar por Proyecto de Interés Regional un campo de golf y una fila de chalés en mitad de paisajes excepcionales" y "esquivar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia" 
(Javier Caso)

Incluso a su muy afín y subvencionado diario "Hoy" le trataron de perseguidor de socialistas por la denuncia del chalet de Gallardo en espacio protegido.