El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, valoró ayer en el IX Encuentro Financiero Internacional de Caja Madrid la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) porque "despeja las dudas" sobre la vía española de rescate bancario, pero, increíblemente, a la vez pidió que se eviten soluciones "nacionalistas y proteccionistas" en esta reforma del sistema; es decir, quiere más dinero para los bancos pero sin que el Estado y los ciudadanos puedan decidir nada con él y mucho menos pedir cuentas. Todo bastante incoherente con su otra afirmación de "todos tenemos el deber y obligación de colaborar"... ¿todos?, ¿o sólo el Estado? Porque la colaboración bancaria parece ser que consiste en recibir dinero para prestarlo con cuentagotas a la ciudadanía. Y para esto, ¿no es mucho más barato una Banca pública? Y más seguro y eficaz, como demuestra la comparación entre la gestión pública actual de Caja Castilla La Mancha (CCM) y la nefasta, arriesgada y especuladora gestión privada pasada.
El colmo del desagradecimiento llegó cuando el presidente del empresariado bancario dijo que "la AEB lamenta que en Europa se haya tenido que adoptar una solución nacionalista que fragmenta el mercado interior". ¿Lamenta? Después de que los Bancos acudieran en masa a por el dinero de los ciudadanos regalado por los Estados, ¡ahora viene este señor diciendo que no era necesario! De hecho, en el documento surgido de la reunión de los ministros de Economía del G8 del pasado 13 de junio, ya se instaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) a elaborar un estudio sobre cómo emprender políticas de estímulo que posibiliten salir del período extraordinario de control estatal que se ha producido durante el presente descalabro económico. Vamos, que se han embolsado la pasta y ahora reniegan de quien, poniendo en peligro las coberturas sociales, les ayudó, algo a lo que siempre se han opuesto los partidos que no giran a la derecha.
Como desde la patronal han visto que no hemos escarmentado del sistema, sino todo lo contrario, que le hemos dado la victoria en las europeas a quien votó en contra de la transparencia bancaria y del aumento del control sobre los paraísos fiscales y los "hedge funds" pocos meses antes del advenimiento de la crisis capitalista, eso entre otras lindezas a las que opusieron su voto en Europa, como a la investigación con células madre, o a la ampliación de los permisos de maternidad o a la creación del de paternidad, o a la aprobación de una Directiva sobre la no discriminación por religión, creencia, edad, discapacidad u orientación sexual...
Pues bien, como han visto que nos va la marcha, hacen oídos sordos a la afirmación del Banco de Inglaterra (si las entidades "son demasiado grandes para quebrar [y nos obligan a ayudarlas, entonces también] son demasiado grandes para existir") y vuelven a abogar por macroempresas que ya rescatará el Estado cuando vengan mal dadas. De ahí, que Miguel Martín insistiera en que "difícilmente" habrá una reestructuración del sistema "eficaz y respetuosa con la igualdad competitiva" sin fusiones.
Y es que la permisividad regulatoria de los sucesivos Gobiernos en el poder hace que balances bancarios buenísimos un año, se tornen en demandantes de fusiones al siguiente. En "El gran crac del crédito" (Valor Editions), el banquero y economista estadounidense Charles R. Morris, autor de una decena de libros sobre economía y finanzas, ha criticado los vehículos empleados por las entidades para dejar los activos tóxicos fuera de balance y publicar informes de resultados aparentemente saludables. Además, se permite a las entidades financieras transferir el riesgo a terceros a través de millones de dólares en bonos y títulos de renta fija.
El mismo presidente de la patronal bancaria tuvo la desfachatez de dar la solución (?): establecer mecanismos legales que permitan, ante la amenaza de riesgo sistémico, que el regulador se haga cargo de la entidad demasiado grande o compleja. Una especie de nosotros creamos al monstruo y ya bregará el Estado con el desempleo generado por la desregulación y la ambición sin un Gobierno que la controle, como el que tenemos actualmente.
