Insultos... a la inteligencia

En plena catarsis del cinismo socialista que dice defender lo público y que en realidad lo esperanzaaguirrea, resulta muy oportuno el artículo de hoy de Carlos Carnicero. Porque saca a la palestra al exalcalde socialista de León Francisco Fernández, "prejubilado con una compensación de 520.000 euros en su condición de exdirectivo de Caja España, una entidad que ha recibido un préstamo del Fondo de Rescate Ordenado Bancario (FROB) superior a los 500 millones de euros para su fusión con Caja Duero".

Este señor se comprometió en la campaña de las municipales de 2007 a no privatizar el agua, cosa que incumplió en 2009. Cuando se planteó la "externalización", la hasta entonces concejala de Medio Ambiente dimitió, pero quien hoy quiere recibir los votos de los ciudadanos yendo en las listas al Congreso por León (¡de número 2!) es el excalde.

Relata Diagonal que en el primer pleno en el que se iba a plantear el tema, cinco policías municipales se abalanzaron sobre el ecologista Ramiro Pinto Cañón, tirándole al suelo y sacándole en volandas del Ayuntamiento; en días posteriores hubo manifestaciones en las que se recogieron miles de firmas contra la privatización con eslóganes como “somos ciudadanos, no clientes”. En otro pleno, el líder ecologista levantó una carpeta que el entonces candidato a la alcaldía le había dado en campaña electoral como muestra de que no iba a privatizar el agua, en cuya portada se leía: “León PSOE. Otra forma de ser, otra forma de gobernar".

Multas por pegar carteles en un lugar en el que habitualmente se colocan sin ningún problema explicita más aún el carácter represivo y de atentado a la libertad de expresión que muy bien podría compararse con el sufrido por la Plataforma Refinería No por otro gobierno socialista y cuyos últimos coletazos se dieron ayer cuando ninguno de los ocho guardias civiles que declararon afirmó haber visto el golpe por la espalda que dijo recibir el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, presente también en la actualidad por otro motivo: los contratos de su hermana como secretaria particular y de un destacado militante y exconcejal socialista como director de la Casa de la Cultura, coordinador de la Universidad Popular y director de los medios de comunicación municipales (radio y televisión), aireados por el PP de la localidad.

Mayor insulto que el del vicesecretario de Comunicación de ese partido, Esteban González Pons, a los votantes socialistas -"no hay ningún español tan idiota que quiera la continuidad"- es el que les profiere el propio PSOE con contradicciones como la que iniciaba este post y otras que Carlos Carnicero desglosa:

"Rubalcaba, como parlamentario del PSOE, ha votado en los últimos meses en por lo menos dos ocasiones contra la dación en pago de las hipotecas españolas.

[...] cómo es posible que José Luis Rodríguez Zapatero sea repudiado por los electores y quien ha sido su mano derecha en el Gobierno durante todos estos años pretenda no tener ninguna responsabilidad en la gestión pública cuya bandera se quiere esconder ahora.

Rubalcaba tiene que explicar qué diferencia hay entre esos personajes de la CAM, de las Cajas gallegas y de las demás entidades socorridas por el Estado que se han llevado el dinero de una forma obscena pertenecientes a la órbita del PP y el exalcalde de León que se ha embolsado medio millón de euros y sigue siendo un fiel asistente del candidato Rubalcaba. Debe explicar cómo es posible que el candidato socialista votara en contra de la dación en pago y ahora sea capaz de prometerla como solución. Así no hay quien consiga la confianza de los electores."

Sigue habiendo quien les apoya

Semanas después del acto de homenaje que la Delegación del Gobierno no impidió, un destacado político nacionalista evitó condenar al colectivo organizador afirmando "yo no soy quien para tachar de legal o ilegal una corriente de pensamiento", mientras hacía, eso sí, críticas a otra manifestación que transcurrió bajo el lema En solidaridad con las víctimas. Su compañera de partido apostilló que en esta protesta, las víctimas sacaron "sus traumas personales", y lamentó que todas las personas que portaban fotografías de sus familiares estén sacando "todo el rencor y odio que llevan dentro".

Cabría aquí aplicar la Ley de Partidos aprobada en 2002 por vulneración de los principios democráticos. Y también la Decisión Marco de la UE de 2002, que impide la banalización de los crímenes de las dictaduras... ¡porque hablamos de dictaduras!

La Delegación del Gobierno que no impidió el acto de homenaje a los que hacían apología de la violencia, fue la de Madrid. Los violentos a quienes ensalzaban no sólo habían matado inocentes, sino que habían matado inocentes y, además, acabado con un Estado democrático. El nacionalismo aludido es el de corte españolista, y los dirigentes mencionados, del PP: su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, y la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga. La manifestación En solidaridad con las víctimas... franquistas, tuvo lugar el 24 de abril pasado.

De Robin Hood de boquilla a lobo de facto

El Robin Hood de Ridley Scott, Russell Crowe y Cate Blanchett que se estrenó el día 13 en España, pasó sin pena ni gloria por el Festival de Cannes que abriera el día anterior. La misma pena que da y la misma gloria que entierra el que está haciendo el juego a los defensores de privilegios. Hasta ellos se han dado cuenta de que quien "presumía de ser el Robin Hood de la economía española, robándole a los ricos para dárselo a los pobres", en palabras de Dolores de Cospedal, ha terminado convirtiéndose en "el sheriff malo del cuento". Incluso el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pronosticó ayer que, "a este paso", tendremos "el primer presidente que instaure el despido libre" en España; luego en la COPE afirmaría: "Los trabajadores se echan a temblar cada vez que Zapatero habla de reforma laboral". ¡Hasta el PP admite el viraje del PSOE hacia la derecha!

El propio Gobierno había filtrado la llamada de Obama y se excusó en ella para poner en práctica las tesis del PP en forma de plan de ataque a los más afectados por la crisis, mientras que los ricos (José Bono entre ellos, claro) se van de rositas. ZP aprieta y está viendo hasta dónde puede llegar en su extorsión a las clases medias. Pero el último Publiscopio va dándole las pautas de que si sigue por el camino de cargar los esfuerzos en las espaldas de los menos pudientes, la gente va a terminar dándose cuenta de que el PSOE es el mismo lobo que el PP pero con un disfraz de cordero al que se le están saltando las costuras.

La realidad es que se pueden aumentar los ingresos del Estado haciendo pagar más a los que más tienen. Izquierda Unida, que en el Publiscopio sube en intención de voto hasta el 6,5%, lleva entregando las soluciones desde hace más de un año al Presidente, pero el Ejecutivo se ha plegado a las exigencias del capital financiero, que es quien gobierna realmente cuando los poderes se pliegan al capitalismo. Por eso en el plan de ZP no hay una sola medida para que paguen los poderosos, que son los que han generado la crisis. Sí, en cambio, se socavan los servicios públicos (¡A por ellos! ¡oé! ¡A por los funcionarios! ¡oé!), las pensiones y las Cajas de Ahorro. Las reducciones del sector público que pedía el PP y que Zapatero les ha regalado, sólo sirven para que la actividad sea desarrollada por el sector privado, con mayores costes y un control inexistente de la eficiencia del gasto.

Donde sí se debería meter la tijera es a la hora de limitar los altos salarios en las Administraciones Públicas y organismos, fundaciones y empresas vinculadas o dependientes, considerando como límite superior las retribuciones percibidas por el Presidente del Gobierno. Esto es lo que debe ser incluido en las Leyes de Presupuestos y no más complementos para los altos cargos de algún presidente regional como el extremeño Fernández Vara.

O ya puestos a atacar pensiones, ¿por qué no se le mete mano en esta Extremadura de la opulencia al 80% de la retribución mensual que siguen cobrando, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura completa, los Presidentes de la Comunidad Autónoma cuando cesan? Y después de ésa, cobran una pensión permanente del 60% de la retribución mensual que corresponda al cargo de Presidente de la Junta.

Habrían de suprimirse, adicionalmente, las retribuciones por participación o asistencia a Consejos de Administración o instituciones semejantes derivadas del cargo que se ejerce y, por supuesto, los pluses de asistencia a pleno que se pagan en Ayuntamientos como el de Don Benito. Se habría de elaborar, así mismo, un catálogo de gastos suntuarios de la Administraciones Públicas, cuya ejecución estaría prohibida.

Resulta indignante que haya que bajar las pensiones mientras un alto directivo de la Banca se va a jubilar con 87 millones de euros de pensión.

"No es aceptable, e IU no lo va a aceptar, que se reduzca el salario a los empleados públicos (muchos de ellos mileuristas) mientras en muchas instituciones, empresas públicas y otros organismos hay salarios que multiplican por varios enteros el del Presidente del Gobierno."
(Cayo Lara, Coordinador General de IU)

Es escandaloso que los ejecutivos de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 tengan retribuciones 17 veces el salario medio de los empleados de esas empresas, y que a la hora de declarar ingresos estos empleados realicen un mayor esfuerzo fiscal que los ejecutivos.

IU ha propuesto restaurar el Impuesto del Patrimonio, que ha perdonado más de 2.200 millones a los más ricos. Así mismo, se pueden hacer aflorar para que entren en el circuito del consumo y paguen sus impuestos, las decenas de millones de billetes de 500€ que están escondidos y son dinero negro (así también algún partido tendría menos dinero negro para gastarse en publicidad electoral).

IU pide una reforma fiscal progresiva que sitúe la contribución fiscal en la media de la UE sobre la base de “que pague más quién más tiene y más gana”, en los siguientes términos:

a).- Aumento de 5 puntos en el impuesto sobre beneficios (Impuesto de Sociedades) de las entidades, sociedades e instituciones de intermediación financiera (Bancos, Cajas, Compañías de Seguros, Sociedades de Cartera, etc.)

b).- Imposición extraordinaria del 50%, mientras dure la crisis, entendido este fin como situar el índice de paro por debajo del existente el 1 de enero de 2008, de los bonos, primas y cualquier otra retribución extrasalarial de los directivos de instituciones financieras.

c) Reorientación de la reforma del IVA, eliminando la subida general de tipos que entrará en vigor el 1 de junio y estableciendo un IVA especial al 25% (o en caso necesario un Impuesto especial o su incremento en 7 puntos) para bienes de consumo de lujo, animales vivos no destinados a consumo humano, joyas, abrigos y prendas de piel, aeronaves y embarcaciones de vela y motor cuyo uso no se destine al comercio marítimo o a la pesca profesional, etc.

d) Reducción del tipo del IVA al superreducido en el caso de alimentos de primera necesidad.

e) Reforma de la fiscalidad de las SICAV, haciendo tributar a las sociedades patrimoniales de inversión de los grandes millonarios como cualquier otra sociedad y no sólo pagando el 1% como ocurre desde Boyer.

f) Equiparación de la contribución fiscal de las rentas del capital y del trabajo.

g) Elevación del tipo impositivo marginal en el último tramo del IRPF del 43 al 50%.

h) Gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente de acuerdo con la proposición de Ley de Fiscalidad Medioambiental presentada por IU-ICV el pasado 21 de julio de 2009.

i) Consideración en el marco de la UE de la Tasa Tobin.

Medidas adicionales propuestas por IU son:

- Modificación de la Ley de Contratos del Estado para limitar y regular de forma estricta las revisiones de precios al alza en los contratos, con establecimiento de cláusulas sociales y medioambientales.

- Revisión de todos los contratos públicos con precios superiores al medio del mercado. Requerimiento de informes justificativos específicos para mantener cada contrato en esas condiciones. Centralización de los gastos de promoción, publicidad etc. a nivel de Departamento, Consejería, Organismos o empresas dependientes o vinculadas.

- Memoria anual justificativa, caso por caso, de todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, energía, material fungible, viajes, dietas, etc.

- Limitación de los gastos de asesoría y consultoría, informes y estudios externos, artículos y publicaciones (excepto publicaciones de investigación y análisis).

- Reversión de los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría.

- Obligación de los gestores de remitir al Tribunal de Cuentas en el plazo de seis meses, un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones que señale dicho Tribunal.

- Responsabilidad civil y penal de los organismos de control y de los gestores, como la tiene cualquier español de a pie.

- Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro como alternativa a la entrada de capital privado con derechos políticos. Este Sistema Público estaria constituido por las cajas con finalidad social, vinculadas al territorio.

- Inclusión de cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible. Extender esas cláusulas a las subcontrataciones.

- Reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores.

- Introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

- Suspensión de todos los procesos de ejecución del desahucio como consecuencia del impago de hipotecas en el caso de trabajadores parados. Acuerdo entre las partes, tutelado por las Administraciones Públicas, para que el embargado continúe en el uso de la vivienda (el derecho de uso no es embargable según la Ley Hipotecaria) a cambio de un pago mensual acorde con sus ingresos mientras dure su situación de desempleo.

- Modificación de la legislación hipotecaria y el Código Civil para que en caso de impago de hipotecas sólo se responda con el bien hipotecado.