Ya está en su nuevo sillón

"No iré, como hicieron otros, a mendigar al secretario general del PSOE a que le diera un cargo" (Ángel Calle, ex alcalde de Mérida, en Voz Emérita)

No parece que esto vaya con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra: un Real Decreto del Consejo de Ministros lo nombró consejero electivo (¡y ya van 10!, más otros 10 permanentes con sueldo y despacho) del Consejo de Estado. Desde que se destapara el tinglado que le crearon PP y PSOE, ha tardado poco en aceptar lo que en 2006 aseguró que rechazaría: propuestas por haber sido presidente. Los consejeros electivos son designados libremente por el Gobierno de entre personas que hayan sido diputado, senador, juez, magistrado, abogado, ministro, secretario de Estado, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, presidente o consejero autonómico...

Durante el discurso de ayer de toma de posesión, el expresidente autonómico, que, por el hecho de serlo, estará en el cargo 8 años y no 4, dijo que el Estado de las autonomías es un tema "del siglo pasado" que, pese a que las últimas reformas de estatutos de autonomía han intentado revivir, hay que "cerrarlo". Durante la segunda etapa de reformas estatutarias, unos emprendieron este proceso "para defenderse del poder central" mientras que otros lo hacían "para defenderse de los que se defendían del poder central".

Luego, aseguró que compadece y siente "lástima" por el dimisionario Francisco Camps: "A mí, ayer, cuando escuché la noticia, se me produjo un cierto malestar. No sé si era una cierta solidaridad con el que sufre... Debe ser tremendo lo que le ha pasado a este hombre", ha señalado Rodríguez Ibarra, que ha insistido en que no se alegra de la dimisión de Camps.

Percibirá unos 900 euros brutos mensuales por asistir en Madrid, un destino que en campaña electoral no dudó en recriminar a Luis Ramallo, Juan Ignacio Barrero o Carlos Floriano, a las reuniones plenarias, que suelen ser una vez al mes. Si bien es la única remuneración de los consejeros electivos, no está mal percibir por unas horas lo que muchos necesitan 40 semanales para lograr. De hecho, es hasta mejor remuneración que los 1.870,43 euros por 20 horas semanales que percibirán dos liberados de la Diputación de Badajoz (y eso, refiriéndonos sólo a los diputados delegados que menos van a cobrar).

Es función del más alto órgano consultivo del Gobierno opinar sobre ciertos temas a petición del presidente del Gobierno, los ministros y los presidentes de las comunidades autónomas. Ha elaborado informes sobre la reforma de la Constitución (solicitado por Zapatero en 2004), el Estatuto de Cataluña, la Ley del Matrimonio Homosexual, la del Aborto, la norma sobre la consulta popular en el País Vasco o la reforma de la Ley Electoral. Dictamen este último (no son vinculantes, salvo ley en contra) cuyas dietas podíamos haber ahorrado al Estado, ya que en la subcomisión parlamentaria que lo estudiaba en 2010, PSOE y PP unieron sus fuerzas (una vez más) para "tumbar" (en palabras de Gaspar Llamazares) el más mínimo cambio en el modelo electoral, pese a que las propuestas de IU venían avaladas por ese informe elaborado un año antes por el Consejo de Estado.

Felices vacaciones, Juan Carlos.

De la vicepresidencia a la intrascendencia

Tomó posesión a principios de mes como consejera permanente del Consejo de Estado, un órgano constitucional ninguneado por sus ex compañeros de partido, la ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sin que su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuviera reparos en presidir la ceremonia.

En opinión de De la Vega, el Consejo de Estado, además de su función consultiva, cumple otra (desechada por todo dirigente socialista que se precie) de "compromiso con los ciudadanos". Su discurso habló de libertad, igualdad, justicia y progreso, aunque su partido no haya trabajado para que la ciudadanía sea "capaz de construir su bienestar y su felicidad". PSOE y PP, con el apoyo de CiU y PNV, unieron sus fuerzas el 17 de marzo pasado en la subcomisión parlamentaria que estudiaba la reforma de la Ley Electoral (LOREG) para "tumbar" (en palabras de Gaspar Llamazares) el más mínimo cambio en el modelo electoral, pese a que las propuestas de IU venían avaladas no sólo por el informe elaborado el año pasado por el propio Consejo de Estado, sino también por la Carta Magna. Esta semana, el maquillaje que se va a hacer a la norma ha pasado el trámite en el Congreso de la toma en consideración o debate de totalidad.

El Manifiesto promovido por Teodulfo Lagunero en favor de una nueva ley electoral recalca que la LOREG contraviene varios artículos constitucionales (ojo, estudiantes de oposición): el de la obligada representación proporcional (artículo 68. 3), el de acceso a los medios de comunicación públicos (20. 3), el que proclama España la "igualdad" y el "pluralismo político" como uno de los valores nucleares del Estado (1), o el que impulsa la promoción efectiva de la "igualdad" (9). Fruto de esa ley, PSOE y PP, han llamado al voto útil (juzguen Vds. ahora si ha sido útil su voto), ayudando así a la consolidación del "bipartidismo imperfecto", que la Carta Magna expresamente "prohíbe". De tal forma, que la Ley Electoral es "antidemocrática e injusta", hasta el punto de que el Gobierno actual "no es democrático, sino impuesto a los españoles". Han suscrito el manifiesto ya Cayo Lara, José Luis Centella, Gaspar LLamazares, el eurodiputado de IU Willy Meyer, Francisco Frutos, Julio Anguita, escritores como Almudena Grandes, Luis García Montero, Marcos Ana y Andrés Trapiello; artistas como Asunción Balaguer, Willy Toledo, Benito Rabal o Manuel Gerena; activistas como Lidia Falcón, profesores como Juan Torres López o Carlos Fernández Liria...

Mientras, el presidente del órgano consultivo de, y desacreditado por, el Gobierno, Rubio Llorente, resaltaba de De la Vega su lucha por la Igualdad. No la igualdad electoral, claro, porque nunca trabajó por un ciudadano un voto, sino que lo boicoteó. Como presidenta de la Sección VII, se ocupará ahora de Educación, Cultura, Sanidad, Política Social e Igualdad. Estas disciplinas, dijo, "constituyen la base de la concepción positiva del Estado". En el sentido, concretó, de trabajar por lograr una "ciudadanía formada, abierta y saludable física e intelectualmente". Luego, ya se encargarán sus compañeros de partido de que nada de esto prospere.

De la Vega también quiso poner de relieve la trascendencia (aquí risas) de este órgano mediante el cual "el Estado reflexiona sobre si mismo". La ex vicepresidenta, que puso al Consejo de Estado como ejemplo de "independencia" y compromiso con el Estado democrático, afirmó que este órgano se ha convertido en "los ojos de los gobernantes". Pero nuestros gobernantes se los tapan, y también se tapan la nariz para no oler la Ley Electoral que apesta.