El diario Público desveló el pasado mayo que gran parte del casi millón de euros que recaudó la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), dependiente orgánicamente del PP de Madrid, en 2003 y 2004, llegaron en vísperas electorales a través de donativos de una docena de importantes empresarios, con el ahora presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la cabeza (246.000€), y a la sazón presidente de la confederación empresarial madrileña. Su sucesor allí, Arturo Fernández, donó 57.030€. Antonio Basagoiti, padre del líder del PP vasco y entonces presidente de Unión Fenosa, donó 120.000€ dos días antes de las autonómicas del tamayazo y otros 36.000 diez jornadas antes de las generales de 2004.
Ese dinero pagó actos de campaña electoral del PP, con lo que se han cometido múltiples delitos:
- La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) fija límites al gasto permitido a las candidaturas. Oficialmente, el PP de Madrid gastó 638.485€ en publicidad para las autonómicas de mayo de 2003. Pero ocurre que esta fundación prácticamente desconocida había contraído en 2003, y sin que nadie haya explicado por qué, una deuda de un cuarto de millón ¡con una agencia de publicidad!: Starcom, que hizo la campaña de Aguirre para esas elecciones.
- Prohíbe la misma Loreg las aportaciones de más de 6.000€ de una misma persona física o jurídica.
- La Ley de Financiación de Partidos, vigente hasta 2007, vetaba la recepción directa o indirecta de donaciones de contratistas de cualquier Administración, y algunos donantes de Fundescam eran contratistas públicos (y luego lo siguieron siendo, con más razón).
- La ley de Contratos del Sector Público prohíbe la adjucación directa de contratos públicos o la partición de éstos para eludir el concurso público.
Por todo esto, la portavoz de Presidencia de IU Madrid, Tania Sánchez, reclamó que "la Fiscalía debería investigar de oficio la presunta financiación ilegal del PP".
Y es que según un documento de la contabilidad interna, Fundescam, recibió facturas por 301.094€ de la empresa matriz de la trama Gürtel y acreedora del 64% de la deuda de la fundación en 2004: Special Events SL, ésa de la que es responsable Francisco Correa, el líder de la trama y uno de los testigos de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, del que es amigo personal, igual que Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de Orange Market, la empresa de la que Francisco Camps aceptó trajes valorados en miles de euros.
Las facturas endosadas a la fundación contenían gastos de las campañas del PP en las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, y de la organización del congreso regional conservador de noviembre de 2004, del que salió victoriosa Esperanza Aguirre. Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas las facturas de las campañas de 2003. El PP aceptó pagar las facturas y la demanda se cerró de mutuo acuerdo, cuando, antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un listado de facturas emitidas por Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de campaña) y el "concepto factura" (cursos, viajes).
En 2002, Special Events aparecía como acreedor de Fundescam, pero con una deuda muy inferior a la de 2004 (16.732€ frente a 70.644). En el balance de 2005, ejercicio sin urnas, la empresa ya no aparecía como acreedor a corto plazo; y desde ese año el capítulo de donaciones fue cero, igual que los asistentes a cursos, supuestamente uno de los fines de la fundación, y en 2007, año de autonómicas, el que se dispara es el epígrafe de Patrocinadores y colaboraciones, que jamás había llegado a 200.000€, correspondiendo el grueso de esa cifra, hasta entonces, a la ayuda anual que Caja Madrid otorga -¿obra social, quizás?- a las fundaciones ligadas a partidos con representación en la Asamblea regional. Es decir, más dinero (¡y de las Cajas!) para que los más votados hagan más publicidad y sean más votados aún.
La presidenta del PP madrileño y presidenta de la Fundación, ya quiso cargar la culpa en mayo al actual portavoz del partido en el Senado, Pío García Escudero, su predecesor en Madrid, con aquel "pregunten a Pío, Pío, Pío".
Pero la verdad es que entre abril de 2004 y abril de 2005, el director adjunto de la campaña de Aguirre en octubre de 2003, Alberto López Viejo, adjudicó a dos sociedades de la red corrupta, Easy Concept y Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000€, en una carrera de adjudicaciones que comenzó antes de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia, cargo que ocupó entre 2004 y 2007, pasando luego a consejero de Deportes. Por cierto, que todavía este señor está en las Cortes (como diputado), igual que Luis Bárcenas, ex-tesorero conservador, pero senador, y es que éstos acaparan y se agarran a los cargos como el alcalde de Don Benito.
En total, los empresarios donantes del 2003 y 2004 lograron adjudicaciones por más de 300 millones de euros mediante más de 200 contratos con la Comunidad de Madrid. De los donantes de 2007, las cuentas de la fundación del PP sólo revelan la procedencia de 178.434€ (Caja Madrid). Los 368.000 restantes (cifra redonda, como las donaciones de 2003-2004) tienen origen desconocido.
Ese dinero pagó actos de campaña electoral del PP, con lo que se han cometido múltiples delitos:
- La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) fija límites al gasto permitido a las candidaturas. Oficialmente, el PP de Madrid gastó 638.485€ en publicidad para las autonómicas de mayo de 2003. Pero ocurre que esta fundación prácticamente desconocida había contraído en 2003, y sin que nadie haya explicado por qué, una deuda de un cuarto de millón ¡con una agencia de publicidad!: Starcom, que hizo la campaña de Aguirre para esas elecciones.
- Prohíbe la misma Loreg las aportaciones de más de 6.000€ de una misma persona física o jurídica.
- La Ley de Financiación de Partidos, vigente hasta 2007, vetaba la recepción directa o indirecta de donaciones de contratistas de cualquier Administración, y algunos donantes de Fundescam eran contratistas públicos (y luego lo siguieron siendo, con más razón).
- La ley de Contratos del Sector Público prohíbe la adjucación directa de contratos públicos o la partición de éstos para eludir el concurso público.
Por todo esto, la portavoz de Presidencia de IU Madrid, Tania Sánchez, reclamó que "la Fiscalía debería investigar de oficio la presunta financiación ilegal del PP".
Y es que según un documento de la contabilidad interna, Fundescam, recibió facturas por 301.094€ de la empresa matriz de la trama Gürtel y acreedora del 64% de la deuda de la fundación en 2004: Special Events SL, ésa de la que es responsable Francisco Correa, el líder de la trama y uno de los testigos de la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, del que es amigo personal, igual que Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de Orange Market, la empresa de la que Francisco Camps aceptó trajes valorados en miles de euros.
Las facturas endosadas a la fundación contenían gastos de las campañas del PP en las autonómicas de 2003 y las generales de 2004, y de la organización del congreso regional conservador de noviembre de 2004, del que salió victoriosa Esperanza Aguirre. Special Events demandó al PP a finales de 2005 porque aún no había cobrado todas las facturas de las campañas de 2003. El PP aceptó pagar las facturas y la demanda se cerró de mutuo acuerdo, cuando, antes del juicio, Pablo Crespo, socio de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, entregó a la dirección del partido un listado de facturas emitidas por Special Events contra Fundescam y el PP entre 2002 y 2004 que distingue entre el "concepto real" (los gastos de campaña) y el "concepto factura" (cursos, viajes).
En 2002, Special Events aparecía como acreedor de Fundescam, pero con una deuda muy inferior a la de 2004 (16.732€ frente a 70.644). En el balance de 2005, ejercicio sin urnas, la empresa ya no aparecía como acreedor a corto plazo; y desde ese año el capítulo de donaciones fue cero, igual que los asistentes a cursos, supuestamente uno de los fines de la fundación, y en 2007, año de autonómicas, el que se dispara es el epígrafe de Patrocinadores y colaboraciones, que jamás había llegado a 200.000€, correspondiendo el grueso de esa cifra, hasta entonces, a la ayuda anual que Caja Madrid otorga -¿obra social, quizás?- a las fundaciones ligadas a partidos con representación en la Asamblea regional. Es decir, más dinero (¡y de las Cajas!) para que los más votados hagan más publicidad y sean más votados aún.
La presidenta del PP madrileño y presidenta de la Fundación, ya quiso cargar la culpa en mayo al actual portavoz del partido en el Senado, Pío García Escudero, su predecesor en Madrid, con aquel "pregunten a Pío, Pío, Pío".
Pero la verdad es que entre abril de 2004 y abril de 2005, el director adjunto de la campaña de Aguirre en octubre de 2003, Alberto López Viejo, adjudicó a dos sociedades de la red corrupta, Easy Concept y Good and Better, 76 contratos a dedo por 576.000€, en una carrera de adjudicaciones que comenzó antes de que López Viejo accediera a la viceconsejería de Presidencia, cargo que ocupó entre 2004 y 2007, pasando luego a consejero de Deportes. Por cierto, que todavía este señor está en las Cortes (como diputado), igual que Luis Bárcenas, ex-tesorero conservador, pero senador, y es que éstos acaparan y se agarran a los cargos como el alcalde de Don Benito.
En total, los empresarios donantes del 2003 y 2004 lograron adjudicaciones por más de 300 millones de euros mediante más de 200 contratos con la Comunidad de Madrid. De los donantes de 2007, las cuentas de la fundación del PP sólo revelan la procedencia de 178.434€ (Caja Madrid). Los 368.000 restantes (cifra redonda, como las donaciones de 2003-2004) tienen origen desconocido.
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