El pacto de gobierno de la pinza PP-PSOE ha vuelto a salir a la palestra, precisamente cuando el PSOE trata de convencer a Pedro Escobar de que ya no va a ir más de la mano neoliberal. Esperemos que no lo hagan sólo para conseguir el voto y luego preferir al PP a la hora de votar, como hicieron en Cáceres.
El todavía presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha declarado que la Mesa y la Presidencia del parlamento regional "cumplen la ley" y que los gastos de funcionamiento de la oficina del ex presidente Ibarra han sido "aprobados" y "controlados" por la Mesa de la Asamblea, un control y una aprobación emanados exclusiva y conjuntamente de PSOE y PP, los únicos que hasta ahora contaban con representación en ella. Otra buena noticia de los resultados electorales es que, por fin, la Mesa controlará de verdad y no aprobará (al menos, unánimemente) dispendios de este tipo.
No fue unánime la Asamblea cuando se fraguó este tema durante el anterior período con representación de IU, la única que se opuso a los gastos que ahora nos pasan factura. (Sí fue unánime, también en aquella legislatura, la pinza PP-PSOE, como no podía ser de otra manera.)
Por mucho que ahora se lleve las manos a la cabeza el PP, sus votos sirvieron para que nada más acogerse Ibarra a la Ley 3/2007 de 19 de abril, la Asamblea comprara un Audi A8 por 55.900 euros más 165 euros para la instalación de una antena de televisión y auricular, 700 para un monitor tecno macrony 92,80 para una antena de radio. Y después de éste, otros tres vehículos más para la oficina del expresidente: un Audi A6, un Peugeot 407 y un Citröen C5, que nos han costado en reparaciones la friolera de 55.444.28 euros. Aún así, todo esto no es nada comparado con los 1623 vehículos que les pagamos a consejeros, asesores, directores generales, secretarios generales..., el 5% de todos los vehículos oficiales del país.
Demostrando una vez más que lo que los ciudadanos dejamos pasar, se nos termina viniendo a la cara y multiplicado por miles de euros, el 3 de abril de 2007, el diario Hoy publicaba el artículo "Austeridad en política: algo más que un eslogan", de Víctor Casco, uno de los diputados autonómicos que tiene en su mano impedir una segunda suntuosa oficina de expresidente dentro de unas semanas al módico precio de 350.000 euros anuales. Las dietas son las dietas, y eso que esto palidece al lado de los 6 millones anuales que pagamos los extremeños para dietas y gastos de viajes y los 3,5 millones en reuniones, conferencias y atenciones protocolarias, según el propio presupuesto de la Junta. No son los 17,3 millones que, a fecha de la cena de gala con que se obsequió en 2009 a Nicolás Sarkozy (y a algunos toreros renombrados para que lo divirtieran), se dedicaban anualmente a este tipo de recepciones, pero no le va muy a la zaga.
El PSOE se ha encargado de que aquel artículo de Víctor Caso siga manteniendo su vigencia (pérdida de derechos laborales, reforma de pensiones, privilegios en los Parlamentos...):
"La Asamblea de Extremadura vivió un día triste en su última sesión plenaria. Con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, y con la oposición de los diputados de Izquierda Unida, se fraguó ese «atraco a mano armada a los ciudadanos», en expresión de Teresa Rejas, que significa el Estatuto del ex Presidente de Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quienes han ostentando la Presidencia de la Junta -hasta el momento sólo cabe hablar de Juan Carlos Rodríguez Ibarra- podrán cobrar durante la mitad del tiempo que duró su mandato el 80% del sueldo de presidente y al finalizar este tiempo, el 60%. Por poner números y para clarificar al ciudadano y ciudadana: durante 12 años nuestro actual presidente podrá disfrutar de 5.000 euros todos los meses y después jubilarse con una pensión de 3.800 euros. Además, podrá contratar libremente (pagando la Asamblea de Extremadura) al menos a tres trabajadores, disfrutará de coche oficial y chofer, de locales, de dietas por desplazamiento, de seguro de vida, de pensión de viudedad, de incorporación, en cualquier momento, al Consejo Consultivo de Extremadura y del tratamiento perpetuo de 'presidente'. ¿Alguien puede entonces sorprenderse de que cada vez sean los ciudadanos y ciudadanas más escépticos para con sus representantes políticos?
En este país hay que cotizar durante 15 años seguidos para cobrar una pensión que de media se sitúa en los 600 euros mensuales, 570 en Extremadura. Durante estos últimos 20 años, los Grupos Popular y Socialista en el Congreso de los Diputados han acometido sucesivas reformas de las pensiones que se traducían en un aumento de los años de cotización y una pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Y esos mismos políticos se ponen de acuerdo para aprobar reformas laborales que también van en detrimento de nuestros derechos y esos mismos políticos aprueban sin complejos privilegios económicos y sociales para quienes ejercen algún tipo de responsabilidad pública: los diputados en el Congreso pueden jubilarse con la máxima pensión, los altos cargos de la Junta, si son funcionarios, se pueden incorporar a su trabajo con un complemento salarial... para toda la vida, y ahora quienes ostenten la Presidencia de la Junta se pueden retirar sin problemas de ese terrible mundo que es la selva del mercado laboral donde penamos el 98% de los españoles y españolas.
[...] La vida la tiene resuelta, aprobando leyes que le privilegian al mismo tiempo que se aprueban leyes que restringen los derechos laborales y sociales del resto de la sociedad.
Con leyes como las aprobadas en el Parlamento regional por la pinza PP-PSOE crecerá la abstención y el descreimiento. Y a quienes formamos parte de la política pero nunca, jamás, podremos justificar ni votar por ese estipendio del dinero público para una minoría sólo nos queda luchar con todas nuestras fuerzas contra esa injusticia.
IU votó contra el complemento vitalicio para los altos cargos, contra la jubilación de oro de los diputados y contra la jubilación de oro de Ibarra. Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de la misma. [...]"
El todavía presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira, ha declarado que la Mesa y la Presidencia del parlamento regional "cumplen la ley" y que los gastos de funcionamiento de la oficina del ex presidente Ibarra han sido "aprobados" y "controlados" por la Mesa de la Asamblea, un control y una aprobación emanados exclusiva y conjuntamente de PSOE y PP, los únicos que hasta ahora contaban con representación en ella. Otra buena noticia de los resultados electorales es que, por fin, la Mesa controlará de verdad y no aprobará (al menos, unánimemente) dispendios de este tipo.
No fue unánime la Asamblea cuando se fraguó este tema durante el anterior período con representación de IU, la única que se opuso a los gastos que ahora nos pasan factura. (Sí fue unánime, también en aquella legislatura, la pinza PP-PSOE, como no podía ser de otra manera.)
Por mucho que ahora se lleve las manos a la cabeza el PP, sus votos sirvieron para que nada más acogerse Ibarra a la Ley 3/2007 de 19 de abril, la Asamblea comprara un Audi A8 por 55.900 euros más 165 euros para la instalación de una antena de televisión y auricular, 700 para un monitor tecno macrony 92,80 para una antena de radio. Y después de éste, otros tres vehículos más para la oficina del expresidente: un Audi A6, un Peugeot 407 y un Citröen C5, que nos han costado en reparaciones la friolera de 55.444.28 euros. Aún así, todo esto no es nada comparado con los 1623 vehículos que les pagamos a consejeros, asesores, directores generales, secretarios generales..., el 5% de todos los vehículos oficiales del país.
Demostrando una vez más que lo que los ciudadanos dejamos pasar, se nos termina viniendo a la cara y multiplicado por miles de euros, el 3 de abril de 2007, el diario Hoy publicaba el artículo "Austeridad en política: algo más que un eslogan", de Víctor Casco, uno de los diputados autonómicos que tiene en su mano impedir una segunda suntuosa oficina de expresidente dentro de unas semanas al módico precio de 350.000 euros anuales. Las dietas son las dietas, y eso que esto palidece al lado de los 6 millones anuales que pagamos los extremeños para dietas y gastos de viajes y los 3,5 millones en reuniones, conferencias y atenciones protocolarias, según el propio presupuesto de la Junta. No son los 17,3 millones que, a fecha de la cena de gala con que se obsequió en 2009 a Nicolás Sarkozy (y a algunos toreros renombrados para que lo divirtieran), se dedicaban anualmente a este tipo de recepciones, pero no le va muy a la zaga.
El PSOE se ha encargado de que aquel artículo de Víctor Caso siga manteniendo su vigencia (pérdida de derechos laborales, reforma de pensiones, privilegios en los Parlamentos...):
"La Asamblea de Extremadura vivió un día triste en su última sesión plenaria. Con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, y con la oposición de los diputados de Izquierda Unida, se fraguó ese «atraco a mano armada a los ciudadanos», en expresión de Teresa Rejas, que significa el Estatuto del ex Presidente de Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quienes han ostentando la Presidencia de la Junta -hasta el momento sólo cabe hablar de Juan Carlos Rodríguez Ibarra- podrán cobrar durante la mitad del tiempo que duró su mandato el 80% del sueldo de presidente y al finalizar este tiempo, el 60%. Por poner números y para clarificar al ciudadano y ciudadana: durante 12 años nuestro actual presidente podrá disfrutar de 5.000 euros todos los meses y después jubilarse con una pensión de 3.800 euros. Además, podrá contratar libremente (pagando la Asamblea de Extremadura) al menos a tres trabajadores, disfrutará de coche oficial y chofer, de locales, de dietas por desplazamiento, de seguro de vida, de pensión de viudedad, de incorporación, en cualquier momento, al Consejo Consultivo de Extremadura y del tratamiento perpetuo de 'presidente'. ¿Alguien puede entonces sorprenderse de que cada vez sean los ciudadanos y ciudadanas más escépticos para con sus representantes políticos?
En este país hay que cotizar durante 15 años seguidos para cobrar una pensión que de media se sitúa en los 600 euros mensuales, 570 en Extremadura. Durante estos últimos 20 años, los Grupos Popular y Socialista en el Congreso de los Diputados han acometido sucesivas reformas de las pensiones que se traducían en un aumento de los años de cotización y una pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras. Y esos mismos políticos se ponen de acuerdo para aprobar reformas laborales que también van en detrimento de nuestros derechos y esos mismos políticos aprueban sin complejos privilegios económicos y sociales para quienes ejercen algún tipo de responsabilidad pública: los diputados en el Congreso pueden jubilarse con la máxima pensión, los altos cargos de la Junta, si son funcionarios, se pueden incorporar a su trabajo con un complemento salarial... para toda la vida, y ahora quienes ostenten la Presidencia de la Junta se pueden retirar sin problemas de ese terrible mundo que es la selva del mercado laboral donde penamos el 98% de los españoles y españolas.
[...] La vida la tiene resuelta, aprobando leyes que le privilegian al mismo tiempo que se aprueban leyes que restringen los derechos laborales y sociales del resto de la sociedad.
Con leyes como las aprobadas en el Parlamento regional por la pinza PP-PSOE crecerá la abstención y el descreimiento. Y a quienes formamos parte de la política pero nunca, jamás, podremos justificar ni votar por ese estipendio del dinero público para una minoría sólo nos queda luchar con todas nuestras fuerzas contra esa injusticia.
IU votó contra el complemento vitalicio para los altos cargos, contra la jubilación de oro de los diputados y contra la jubilación de oro de Ibarra. Son el Partido Popular y el Partido Socialista los responsables de la misma. [...]"
No hay comentarios:
Publicar un comentario