Ya se había inventado el Plan Bolonia para satisfacer a los consejos de administración que querían pillar cacho en los pilares públicos del bienestar. Hace un año, dos vicerrectores de la Universidad de Extremadura, afirmaban que para hacer la entrada del Plan Bolonia menos traumática [un trauma autoinfligido], era necesario favorecer el "reciclaje y la prejubilación de los profesores" [tantas prejubilaciones se han hecho para favorecer a tantos consejos de administración que ahora tenemos que post-jubilarnos los demás]. Pero, al parecer, por aquella fecha, "las plazas que dejan estos profesores no se están cubriendo [... porque] no hay candidatos cualificados".
Y nos hubieran repetido la jugada los eurodiputados del PSOE si la presión de las movilizaciones de la izquierda, los sindicatos y otros colectivos les hubieran dejado vía libre para la jornada de 65 horas semanales. No podemos creer tampoco al PP cuando en su programa electoral propone "adoptar" sistemas que garanticen en la sanidad el derecho de libranza tras la guardia y la jornada máxima "pactada", si la intención de los conservadores era situarse del lado de sus socios europeos, Merkel, Sarkozy y Berlusconi, impulsores de la medida con la aquiescencia de Zapatero. José Ignacio Echániz, portavoz de Empleo del PP, defendió que la directiva europea de las 65 horas no implicaba una ampliación de la jornada laboral, sino que "elimina" la "restricción" que eran las 48 horas. ¡Toma!, ¿y eso cómo se llama?
Ahora, la excusa de la crisis está sirviendo además para "debilitar" otros pilares del estado del bienestar como las pensiones y el sistema sanitario. Lo afirmó Gaspar Llamazares en una rueda de prensa previa a la presentación, en la Facultad de Medicina de Badajoz, del libro del que es coautor, "La izquierda frente a la privatización de la sanidad". Ha estado acompañado por el candidato de IU a la presidencia de Extremadura, Pedro Escobar; el portavoz del partido en el Ayuntamiento pacense, Manuel Sosa, y el decano de la facultad, Pedro Bureo.
Para el diputado de IU en el Congreso, el sistema sanitario español "no tiene ningún problema de viabilidad" o "sostenibilidad", por lo que es una "perita en dulce" para el "ataque de la gestión privada". Incluso tenemos "un gasto sanitario que aproximadamente es dos puntos inferior a la media de la Unión Europea".
Sin embargo, recortes como los salariales a los profesionales sanitarios o las "políticas de ajuste" de "algunas" regiones, deterioran el sistema y van preparando a la opinión pública para que los que "se han servido del Estado para salir de la crisis" se hagan ahora, al calor de ésta y para "fundamentalmente buscar nuevos mercados", con sectores de servicios sociales como la sanidad o la educación, convirtiendo así derechos "universales en bienes de mercado".
Ésta es la "verdadera voluntad del ataque" al estado del bienestar, "más allá de la reducción del déficit". Por eso, los "argumentos a favor de la política de privatizaciones" o de copago son "interesados", ya que las "experiencias" de privatización "demuestran que son menos eficientes que el sistema sanitario público", aspecto en el que Llamazares ha puesto como ejemplo el gasto farmacéutico.
Las "propuestas de gestión privada no son la solución, sino que son el problema" de un sistema sanitario que sí, "necesita cambios" para "consolidar" y "reorientar" sus objetivos, pasando por dar un "mayor papel" a la prevención y la promoción de la salud; a las enfermedades crónicas y enfermos de varias patologías; y por una reorientación del gasto farmacéutico y tecnológico, que es "ineficiente" pues "no se hace en beneficio de la salud", sino "por presión de las compañías directamente interesadas". También se debería contar con una "mayor" participación de los profesionales y los ciudadanos en la gestión del sistema.
Además, ha indicado que el sistema de copago "discrimina" y "desde del punto de vista económico" es "muy mal negocio", y que con los datos que se cuenta, los "sistema de concierto" y de "gestión privada son también muy mal negocio". No obstante, "revisar la aportación de los usuarios" fue el mensaje aceptado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de hace un año, lo que podría traducirse en la pretensión de los representantes central y autonómicos de establecer algún filtro económico para reajustar la afluencia de ciudadanos a centros como las urgencias de los hospitales.
Y nos hubieran repetido la jugada los eurodiputados del PSOE si la presión de las movilizaciones de la izquierda, los sindicatos y otros colectivos les hubieran dejado vía libre para la jornada de 65 horas semanales. No podemos creer tampoco al PP cuando en su programa electoral propone "adoptar" sistemas que garanticen en la sanidad el derecho de libranza tras la guardia y la jornada máxima "pactada", si la intención de los conservadores era situarse del lado de sus socios europeos, Merkel, Sarkozy y Berlusconi, impulsores de la medida con la aquiescencia de Zapatero. José Ignacio Echániz, portavoz de Empleo del PP, defendió que la directiva europea de las 65 horas no implicaba una ampliación de la jornada laboral, sino que "elimina" la "restricción" que eran las 48 horas. ¡Toma!, ¿y eso cómo se llama?
Ahora, la excusa de la crisis está sirviendo además para "debilitar" otros pilares del estado del bienestar como las pensiones y el sistema sanitario. Lo afirmó Gaspar Llamazares en una rueda de prensa previa a la presentación, en la Facultad de Medicina de Badajoz, del libro del que es coautor, "La izquierda frente a la privatización de la sanidad". Ha estado acompañado por el candidato de IU a la presidencia de Extremadura, Pedro Escobar; el portavoz del partido en el Ayuntamiento pacense, Manuel Sosa, y el decano de la facultad, Pedro Bureo.
Para el diputado de IU en el Congreso, el sistema sanitario español "no tiene ningún problema de viabilidad" o "sostenibilidad", por lo que es una "perita en dulce" para el "ataque de la gestión privada". Incluso tenemos "un gasto sanitario que aproximadamente es dos puntos inferior a la media de la Unión Europea".
Sin embargo, recortes como los salariales a los profesionales sanitarios o las "políticas de ajuste" de "algunas" regiones, deterioran el sistema y van preparando a la opinión pública para que los que "se han servido del Estado para salir de la crisis" se hagan ahora, al calor de ésta y para "fundamentalmente buscar nuevos mercados", con sectores de servicios sociales como la sanidad o la educación, convirtiendo así derechos "universales en bienes de mercado".
Ésta es la "verdadera voluntad del ataque" al estado del bienestar, "más allá de la reducción del déficit". Por eso, los "argumentos a favor de la política de privatizaciones" o de copago son "interesados", ya que las "experiencias" de privatización "demuestran que son menos eficientes que el sistema sanitario público", aspecto en el que Llamazares ha puesto como ejemplo el gasto farmacéutico.
Las "propuestas de gestión privada no son la solución, sino que son el problema" de un sistema sanitario que sí, "necesita cambios" para "consolidar" y "reorientar" sus objetivos, pasando por dar un "mayor papel" a la prevención y la promoción de la salud; a las enfermedades crónicas y enfermos de varias patologías; y por una reorientación del gasto farmacéutico y tecnológico, que es "ineficiente" pues "no se hace en beneficio de la salud", sino "por presión de las compañías directamente interesadas". También se debería contar con una "mayor" participación de los profesionales y los ciudadanos en la gestión del sistema.
Además, ha indicado que el sistema de copago "discrimina" y "desde del punto de vista económico" es "muy mal negocio", y que con los datos que se cuenta, los "sistema de concierto" y de "gestión privada son también muy mal negocio". No obstante, "revisar la aportación de los usuarios" fue el mensaje aceptado en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de hace un año, lo que podría traducirse en la pretensión de los representantes central y autonómicos de establecer algún filtro económico para reajustar la afluencia de ciudadanos a centros como las urgencias de los hospitales.
Sobre el sistema sanitario en la región, Pedro Escobar ha manifestado que la "batalla" hay que centrarla en "conseguir que las peculiaridades" de dispersión poblacional se "puedan ajustar" para "hacer sostenible el sistema".
Llamazares aprovechó su presencia en la facultad para "defender la formación pública", uno de los "mejores valores del sistema sanitario público" por la formación profesional y la "cultura de servicio público", ya que están "floreciendo llamadas facultades privadas que en Francia no se llamarían facultades", sino "chiringuitos".
Uno de los "riesgos" de la privatización del sistema sanitario es la "devaluación de la actividad profesional" y la "pérdida de consciencia de servicio público" donde "cada territorio quiere su propia facultad privada de medicina, en vez de potenciar y apoyar a sus facultades públicas, que han demostrado tiempo de rodaje" para "formar bien a los profesionales", unas palabras que ha suscrito el decano pacense.
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