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04 abril 2011

Dando ejemplo

"Después de seguir a 160 km/h al presidente [extremeño Guillermo Fernández Vara] debido a la apretada agenda que le ha llevado a inaugurar el Centro de Urgencias y Emergencias 112, una factoría joven, enfrentarse a los alumnos de la Facultad de Económicas de Badajoz..."
(Ana S. Juárez, en 'Vanity Fair')

El coche oficial del líder de los "socialistas" extremeños ya había sido "cazado" el pasado mayo a más de 170 km/h, pero esta vez lo sorprendían estando en vigor la medida del límite de 110 km/h que el gobierno nacional de su partido había llevado a cabo para que ahorráramos importaciones de petróleo... los demás. Al parecer, meses después quedaron sin efecto la multa de 450 € y la pérdida de 6 puntos del carnet porque las instancias gubernativas consideraron la conducta al volante como "conducción de emergencia".

Cuando en noviembre de 2009 se tramitaba en el Senado la modificación de la Ley de Tráfico, el PP introdujo una enmienda, que el PSOE no incluyó finalmente, para que se calificaran como muy graves las infracciones "realizadas por autoridades o funcionarios que en el ejercicio de su responsabilidad pongan en peligro la Seguridad Vial".

El pasado mes de diciembre, el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, informó de que en 2009 se habían producido 1.374 denuncias por exceso de velocidad contra vehículos con "matrícula reservada", que son las utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los vehículos oficiales de determinados altos cargos. Los Ayuntamientos y Jefaturas Provinciales de Tráfico dan cuenta de estas infracciones a la Secretaría de Estado de Camacho y ésta se dirige al titular del coche para identificar al conductor, si bien, hasta la fecha, ninguno de éstos ha tenido que pagar, habiéndose hecho cargo siempre las arcas públicas.

Este fue el caso del mosso d'Esquadra que conducía el coche oficial de Carod Rovira, que sólo pagó en puntos y suspensión del carnet por un mes su viaje a 175 km/h por la AP-68. Incluso un reportaje televisivo desveló que el director general de Tráfico, Pere Navarro, había sido sorprendido in fraganti infringiendo la limitación de velocidad.

Francisco Granados, consejero de Presidencia de Madrid y secretario general del PP de esa comunidad, salió el 18 de enero en defensa del diputado conservador por Valencia, Ignacio Uriarte, condenado por el Supremo a 2.500 euros y retirada del permiso de conducir durante 8 meses por dar el doble de la tasa permitida tras chocar su coche con otro vehículo. "Yo también lo he hecho", dijo el número 3 de Esperanza Aguirre. ¡Toma! Y también lo había hecho Francisco Amizián, que seguía de edil de Obras Públicas del PP en Almería, y Nicolás Navarro, que seguía en Cultura por el PP en Motril (Málaga); y también Manuel García Torres, delegado de Tráfico (sí, sí, Tráfico) del PSOE en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, agarrándose todos al puesto a pesar de haber incurrido en el mismo delito.

Con estos representantes públicos no pueden calar las campañas contra el alcohol al volante, igual que no pueden calar las de respeto a la mujer si se producen constantes faltas de respeto a, entre otras, las ministras, desde las filas del PP y sus medios de "información" afines.

Según la teoría que defienden en el tema de la agresión al Consejero de Cultura de Murcia (el que se inventó al "experto internacional en la identificación de estereotipos turísticos", para hacer una campaña de difusión del turismo de la región), no sería extraño que María Emilia Casas, ex-presidenta del Tribunal Constitucional, sufriera una agresión a manos de los oyentes de César Vidal.

Por cierto, que en la ciudad de la que es alcalde Javier León de la Riva, el que se cebó no sólo con Leire Pajín, sino que ya antes dijo de la ex ministra de Fomento, la andaluza Magdalena Álvarez, "No sé en qué idioma hablan las vías pero es incompatible con el lenguaje de la ministra", el secretario de Relaciones Internacionales y Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías, aprovechó al inicio del año el II Foro nacional dedicado al impulso de políticas de bienestar social para mostrarse favorable a las retribuciones a ex presidentes del Gobierno para seguir ejerciendo con su tarea... ¿cuál tarea?

El caso es que en 2010 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas ascendió a 71, quince más que en 2009. Y suma y sigue...

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