El 23 de enero de 2009, el líder libio, Muamar al Gadafi ofreció una cena oficial en honor del que llamó "mi hermano", Juan Carlos I, un Rey al que la publicidad institucional alrededor de aniversarios como el del 23F le animan a meterse en política.
Juan Carlos I, que fue entonces a aquel país acompañado de una quincena de representantes de grandes compañías españolas, entre ellas Repsol, condicionó el aumento de la presencia empresarial española en Libia a que este país no llevara a cabo políticas de nacionalización de sus sectores estratégicos.
En las palabras que dirigió a Gadafi durante la cena, el rey confió en ampliar la cooperación económica bilateral sin mencionar derechos humanos o requisito democrático alguno. Animó, eso sí, a ampliar la presencia empresarial en el mercado libio con nuevos proyectos, ¿cualquier proyecto con tal de favorecer a nuestras empresas? Desgraciadamente, sí.
Ocurre que los derechos humanos en Libia no han sido nunca tenidos en cuenta por nuestro Gobierno, pese a que según la Ley 53/2007, las solicitudes de empresas vendedoras de armas serán denegadas cuando haya constancia de que el país destinatario vulnere dichos derechos.
Nuestros gobernantes en materia exterior han estado siempre del lado del beneficio empresarial vendiendo desde 2005 a Libia armas por valor de 10,7 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. En 2006, las empresas (autorizadísimas) vendieron a Gadafi armas de cañón "con un calibre igual o superior a 20 mm" por valor de 25.953 euros. Dos años más tarde, empresas españolas exportaron material clasificado como "bombas, torpedos o cohetes", "lanzagranadas" según Comercio, por más de tres millones de euros. En el primer semestre de 2010, España exportó piezas de aeronaves militares por 3,3 millones y equipos de visión nocturna por otros 3,5. A fecha actual, las empresas españolas ya se habían obtenido licencia para vender otros dos visores nocturnos, aunque Comercio ya ha iniciado el procedimiento de su revocación, porque parece que hasta hoy no se habían violado derechos humanos en Libia.
Igual que parece que tampoco se violan en Marruecos y desde COAG llevan tiempo teniendo que rechazar su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), tan negativo para el tomate extremeño como para nuestros cereales y frutas dulces. ¿Dónde están las voces de los europarlamentarios elegidos con nuestros votos que se opongan a tratos comerciales tan dañinos para nuestro campo con países tan poco respetuosos con los derechos humanos?
Igual que tampoco apoyaron al europarlamentario de IU Willy Meyer cuando, al no incluirse la congelación del concierto de Asociación UE - Israel, se opuso a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el conflicto de Gaza, una zona donde Israel viola impunemente los derechos humanos.
(Imagen obtenida del diario Público: http://www.publico.es/internacional/193883/gadafi-garantiza-que-repsol-no-debe-temer-una-nacionalizacion-en-libia)
Juan Carlos I, que fue entonces a aquel país acompañado de una quincena de representantes de grandes compañías españolas, entre ellas Repsol, condicionó el aumento de la presencia empresarial española en Libia a que este país no llevara a cabo políticas de nacionalización de sus sectores estratégicos.
En las palabras que dirigió a Gadafi durante la cena, el rey confió en ampliar la cooperación económica bilateral sin mencionar derechos humanos o requisito democrático alguno. Animó, eso sí, a ampliar la presencia empresarial en el mercado libio con nuevos proyectos, ¿cualquier proyecto con tal de favorecer a nuestras empresas? Desgraciadamente, sí.
Ocurre que los derechos humanos en Libia no han sido nunca tenidos en cuenta por nuestro Gobierno, pese a que según la Ley 53/2007, las solicitudes de empresas vendedoras de armas serán denegadas cuando haya constancia de que el país destinatario vulnere dichos derechos.
Nuestros gobernantes en materia exterior han estado siempre del lado del beneficio empresarial vendiendo desde 2005 a Libia armas por valor de 10,7 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. En 2006, las empresas (autorizadísimas) vendieron a Gadafi armas de cañón "con un calibre igual o superior a 20 mm" por valor de 25.953 euros. Dos años más tarde, empresas españolas exportaron material clasificado como "bombas, torpedos o cohetes", "lanzagranadas" según Comercio, por más de tres millones de euros. En el primer semestre de 2010, España exportó piezas de aeronaves militares por 3,3 millones y equipos de visión nocturna por otros 3,5. A fecha actual, las empresas españolas ya se habían obtenido licencia para vender otros dos visores nocturnos, aunque Comercio ya ha iniciado el procedimiento de su revocación, porque parece que hasta hoy no se habían violado derechos humanos en Libia.
Igual que parece que tampoco se violan en Marruecos y desde COAG llevan tiempo teniendo que rechazar su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), tan negativo para el tomate extremeño como para nuestros cereales y frutas dulces. ¿Dónde están las voces de los europarlamentarios elegidos con nuestros votos que se opongan a tratos comerciales tan dañinos para nuestro campo con países tan poco respetuosos con los derechos humanos?
Igual que tampoco apoyaron al europarlamentario de IU Willy Meyer cuando, al no incluirse la congelación del concierto de Asociación UE - Israel, se opuso a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el conflicto de Gaza, una zona donde Israel viola impunemente los derechos humanos.
(Imagen obtenida del diario Público: http://www.publico.es/internacional/193883/gadafi-garantiza-que-repsol-no-debe-temer-una-nacionalizacion-en-libia)
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