Repago judicial

Izquierda Unida de Santibáñez el Bajo (Cáceres) pedirá en el próximo Pleno la dimisión de la alcaldesa del PP, Juana Rodríguez, según el concejal José Antonio Iglesias por no informar a los grupos de la oposición ni pasar por ningún órgano municipal la implicación del ayuntamiento de la localidad en el contencioso contra tres menores del pueblo por supuestos actos vandálicos en las obras de construcción en marzo pasado del colegio “La Paz”, propiedad de la Junta de Extremadura y no del municipio. El Tribunal de Menores de Cáceres ha absuelto a dos de los jóvenes acusados, no habiendo sido juzgado el tercero por tener menos de 14 años, y establece que las costas las paguen las partes implicadas.

Además, IU pedirá que sea la alcaldesa o su partido, el PP, quien asuma las costas del juicio y no el ayuntamiento, ya que la decisión de emprender las acciones legales se tomó unilateralmente.

Ciudadanos pagando gastos judiciales a capricho del PP también los hay en Madrid. El miércoles pasado Ana Botella destituía al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, en el ojo del huracán por sus relaciones con el organizador de lo que acabó en tragedia en el Madrid Arena, Miguel Ángel Flores. Pedro Calvo, también dejó su cargo en el Ayuntamiento en noviembre tras ser imputado por el juez como responsable político de alquilar el pabellón municipal a Flores. Sólo quedan ya 5 de los 11 primeros de la lista que ganó las municipales hace año y medio.

Un bufete externo pagado por los madrileños se personará en el caso eludiendo encomendar la tarea a los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento. El bufete en cuestión, dirigido por el vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, se ha encargado ya de la defensa del exdiputado de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, del exdiputado en el Congreso, Jesús Merino, y del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, todos implicados en la trama Gürtel.

Antes de dimitir por su implicación en la misma trama de corrupción, el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', tenía entre sus asesores jurídicos a profesionales del despacho dirigido por el exministro de Justicia del PP José María Michavila. En un proceso en el que fue condenado por el Tribunal de Cuentas por autorizar el pago de complementos irregulares a las pagas extras de sus funcionarios, Panero pagó, según publicó ELPLURAL.COM en 2010, 30.000 euros del Ayuntamiento al letrado Gustavo Galán, defensor de Isabel Jordán, imputada en la Gürtel y administradora de varias empresas de Francisco Correa.

La alcaldesa Botella ha insistido en personarse en el caso que costó la vida a cinco jóvenes a pesar de que el fiscal superior de Madrid desestimó esta solicitud por considerarla “no razonable” teniendo en cuenta que el Consistorio podría ser “responsable civil subsidiario”.

El ya ex-vicealcalde Miguel Ángel Villanueva dijo en rueda de prensa en noviembre: “No le puedo decir si hay algún abogado penalista” en el equipo del que dispone el Consistorio; 11 letrados se limitan a realizar informes jurídicos, por lo que no llevan a cabo la representación procesal, mientras que 26 que sí asisten a juicios, aunque sobre procedimientos contenciosos. El resto, hasta 78, hace funciones administrativas.

El PSOE también gusta de que los ciudadanos hagan repago judicial. La defensa por parte del anterior gobierno socialista de Francisco Fernández en el Ayuntamiento de León de la subida del IBI del 2008, pese a las pruebas de que la publicación de la ordenanza no era legal, le costó a los leoneses 78.700 euros. Tras la sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de febrero del 2010, se externalizó el servicio al bufete jurídico Garrigues, al que le aprobaron gastos de 20.880 euros en "honorarios de elaboración del análisis técnico jurídico", 17.700 en "honorarios profesionales para la asistencia legal en la elaboración del recurso de apelación", y sendos 20.060 en "honorarios profesionales por la formalización del recurso de casación" y "honorarios de asistencia del letrado del procedimiento ordinario 117/2010 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León".

El último desembolso corresponde a la asistencia frente a los recursos individuales que presentaron los ciudadanos para solicitar la devolución después de la sentencia del TSJ. Los tres primeros son de actuaciones ante el Tribunal Supremo y la división de que fueron objeto, práctica también utilizada para el recurso de apelación del tranvía ante el TSJ por el que se pagaron al mismo bufete 21.004 euros en total, permitió eludir la obligación que impone la Ley de Contratos del Sector Público de acudir a concurso público cuando superen los 18.000 euros, excluido el IVA, límite tenido en cuenta por Botella para buscar libremente un bufete de la confianza de su partido.

Por si no fuera suficiente empecinarse en defender en los tribunales estas decisiones tomadas por quien dejó la política sólo cuando se conocieron los 520.000 euros de indemnización que iba a percibir por su "trabajo" en una entidad rescatada por todos los españoles y cuando su nombre estaba ya impreso en las listas del PSOE a las generales; aun dejando esa tozudez de lado, el trabajo que implicaba debía haberse encomendado a los tres letrados en nómina del consistorio leonés. ¿Para qué están si no?