La defensa por parte del anterior gobierno socialista de Francisco Fernández en el Ayuntamiento de León de la subida del IBI del 2008, pese a las pruebas de que la publicación de la ordenanza no era legal, le costó a los leoneses 78.700 euros. Tras la sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de febrero del 2010, se externalizó el servicio al bufete jurídico Garrigues, al que le aprobaron gastos de 20.880 euros en "honorarios de elaboración del análisis técnico jurídico", 17.700 en "honorarios profesionales para la asistencia legal en la elaboración del recurso de apelación", y sendos 20.060 en "honorarios profesionales por la formalización del recurso de casación" y "honorarios de asistencia del letrado del procedimiento ordinario 117/2010 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León".
El último desembolso, aún pendiente de pago, corresponde a la asistencia frente a los recursos individuales que presentaron los ciudadanos para solicitar la devolución después de la sentencia del TSJ. Los tres primeros son de actuaciones ante el Tribunal Supremo y la división de que fueron objeto permitió eludir la obligación que impone la Ley de Contratos del Sector Público de acudir a concurso público cuando superen los 18.000 euros, excluido el IVA. Una práctica que también se utilizó para el recurso de apelación del tranvía ante el TSJ, por el que se pagaron al mismo bufete 21.004 euros.
Aun dejando de lado el empecinamiento partidista en defender en los tribunales decisiones tomadas en un Ayuntamiento entendido como el propio cortijo por quien dejó la política sólo cuando se conocieron los 520.000 euros de indemnización que iba a percibir por su "trabajo" en una entidad rescatada por todos los españoles y cuando su nombre estaba ya impreso en las listas del PSOE a las generales; aun dejando esa tozudez de lado, el trabajo que implicaba debía haberse encomendado a los tres letrados en nómina del consistorio leonés. ¿Para qué están si no? Aunque mejor no preguntar al expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que utilizó los recursos públicos para una demanda civil contra su sucesor en el gobierno regional, José Antonio Monago, por haberle acusado de coaccionar a una empleada pública para que no formara parte de una lista electoral popular. Fernández Vara dijo interponerla para que sus hijos "sepan que su padre esas cosas no las hace, ni las ha hecho, ni las hará nunca". ¿Y le daba igual que sus hijos supieran que su padre utiliza el dinero de todos los extremeños para impartirles lecciones?
Eran días, abril de 2011, en que Vara informaba de que Monago "se fue de crucero durante un pleno del Senado" y éste decía que aquél había "faltado a algún pleno de la Asamblea por presenciar un partido de fútbol". Mientras, otros ciudadanos con ideas que dar, sufrían a ambos y eran metidos en el mismo saco por el mal concepto que de ellos como políticos tiene una población que les sigue votando.
La, a la sazón alcaldesa placentina, la también socialista Elia Mª Blanco, y su cohorte de nueve encausados en el "caso Plasencia" querían recurrir igualmente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que sus conciudadanos pagaban.
Precedentes como el leonés, también los había en la Extremadura socialista. Para asuntos que sí concernían a lo público (defensa en juicios y contenciosos laborales, y consultas e informes, incluso sobre datos que se negaban al Consejo de Administración), la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) recurría habitualmente a servicios jurídicos externos, en lugar de utilizar los propios, a los que precisamente pertenecía como Director Jurídico Pablo Antonio Sánchez del Mazo, uno de los acusados (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada) en el "caso Plasencia" y otro ejemplo de ascenso a dedo y bien remunerado (2.800 euros mensuales) de concejalía local a puesto político en la Junta socialista. Cuando era delegado de Hacienda, decía desconocer cómo se habían realizado adjudicaciones y fraccionamiento de facturas en cantidades menores a 12.000 euros para evitar su salida a concurso, pese a afirmar que es precisa "una conformidad por parte de la Concejalía de Hacienda [...] y en cualquier caso, el último paso lo da la alcaldesa, que valida todo el procedimiento". Al parecer su intervención consistía en un conforme o visto bueno y que no tenía que fiscalizar nada, en virtud del principio de buena fe y confianza en los servicios técnicos.
Por estudios y trabajos técnicos, no sólo del sector jurídico, encargados a empresas privadas, la Junta pagaba hace un año 462.000 euros al día. Según se denunció entonces, el presupuesto para 2011 traía casi 132 millones de euros por este concepto.
Los gastos jurídicos de la Junta eran de 71 millones al año. ¿Fueron mejor invertidos que los que se venían destinando a los servicios jurídicos públicos de Mérida? Al decir de Begoña Saussol, entonces concejala de Festejos (año 2006), aconsejaron no personarse como acusación particular a un Ayuntamiento burlado por el promotor Agustín Tarazona, que sin disponer de contrato con Joaquín Sabina, hizo aparecer al consistorio como colaborador del concierto fotografiándose con la concejala popular, y dejó sin devolver el importe de las entradas a miles de personas.
El último desembolso, aún pendiente de pago, corresponde a la asistencia frente a los recursos individuales que presentaron los ciudadanos para solicitar la devolución después de la sentencia del TSJ. Los tres primeros son de actuaciones ante el Tribunal Supremo y la división de que fueron objeto permitió eludir la obligación que impone la Ley de Contratos del Sector Público de acudir a concurso público cuando superen los 18.000 euros, excluido el IVA. Una práctica que también se utilizó para el recurso de apelación del tranvía ante el TSJ, por el que se pagaron al mismo bufete 21.004 euros.
Aun dejando de lado el empecinamiento partidista en defender en los tribunales decisiones tomadas en un Ayuntamiento entendido como el propio cortijo por quien dejó la política sólo cuando se conocieron los 520.000 euros de indemnización que iba a percibir por su "trabajo" en una entidad rescatada por todos los españoles y cuando su nombre estaba ya impreso en las listas del PSOE a las generales; aun dejando esa tozudez de lado, el trabajo que implicaba debía haberse encomendado a los tres letrados en nómina del consistorio leonés. ¿Para qué están si no? Aunque mejor no preguntar al expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que utilizó los recursos públicos para una demanda civil contra su sucesor en el gobierno regional, José Antonio Monago, por haberle acusado de coaccionar a una empleada pública para que no formara parte de una lista electoral popular. Fernández Vara dijo interponerla para que sus hijos "sepan que su padre esas cosas no las hace, ni las ha hecho, ni las hará nunca". ¿Y le daba igual que sus hijos supieran que su padre utiliza el dinero de todos los extremeños para impartirles lecciones?
Eran días, abril de 2011, en que Vara informaba de que Monago "se fue de crucero durante un pleno del Senado" y éste decía que aquél había "faltado a algún pleno de la Asamblea por presenciar un partido de fútbol". Mientras, otros ciudadanos con ideas que dar, sufrían a ambos y eran metidos en el mismo saco por el mal concepto que de ellos como políticos tiene una población que les sigue votando.
La, a la sazón alcaldesa placentina, la también socialista Elia Mª Blanco, y su cohorte de nueve encausados en el "caso Plasencia" querían recurrir igualmente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que sus conciudadanos pagaban.
Precedentes como el leonés, también los había en la Extremadura socialista. Para asuntos que sí concernían a lo público (defensa en juicios y contenciosos laborales, y consultas e informes, incluso sobre datos que se negaban al Consejo de Administración), la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) recurría habitualmente a servicios jurídicos externos, en lugar de utilizar los propios, a los que precisamente pertenecía como Director Jurídico Pablo Antonio Sánchez del Mazo, uno de los acusados (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada) en el "caso Plasencia" y otro ejemplo de ascenso a dedo y bien remunerado (2.800 euros mensuales) de concejalía local a puesto político en la Junta socialista. Cuando era delegado de Hacienda, decía desconocer cómo se habían realizado adjudicaciones y fraccionamiento de facturas en cantidades menores a 12.000 euros para evitar su salida a concurso, pese a afirmar que es precisa "una conformidad por parte de la Concejalía de Hacienda [...] y en cualquier caso, el último paso lo da la alcaldesa, que valida todo el procedimiento". Al parecer su intervención consistía en un conforme o visto bueno y que no tenía que fiscalizar nada, en virtud del principio de buena fe y confianza en los servicios técnicos.
Por estudios y trabajos técnicos, no sólo del sector jurídico, encargados a empresas privadas, la Junta pagaba hace un año 462.000 euros al día. Según se denunció entonces, el presupuesto para 2011 traía casi 132 millones de euros por este concepto.
Los gastos jurídicos de la Junta eran de 71 millones al año. ¿Fueron mejor invertidos que los que se venían destinando a los servicios jurídicos públicos de Mérida? Al decir de Begoña Saussol, entonces concejala de Festejos (año 2006), aconsejaron no personarse como acusación particular a un Ayuntamiento burlado por el promotor Agustín Tarazona, que sin disponer de contrato con Joaquín Sabina, hizo aparecer al consistorio como colaborador del concierto fotografiándose con la concejala popular, y dejó sin devolver el importe de las entradas a miles de personas.
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