Como si no tuviéramos suficiente con concejales de Educación omitiendo (supuestamente) el deber de socorro, vocales en la lucha contra la droga y la inseguridad vial conduciendo borrachos, Federico Trillo portavoz de Justicia, señalados por recibir dinero corrupto siendo tesoreros de un partido con ansias de gobernar, ministros de Justicia cazando sin licencia, dictadores impulsando Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora el presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, es designado vicepresidente del comité que anunció el lunes el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para investigar el ataque de Israel a la flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza el pasado 31 de mayo, con el resultado de 9 muertos, la mayoría turcos.
Distintas ONG y activistas de la defensa de los Derechos Humanos expresaron ayer por carta a Ban que Uribe "no está calificado para defender el derecho internacional", pues en su haber figuran acciones como las siguientes:
- incursión de las fuerzas armadas colombianas y bombardeo, el 1 de marzo de 2008, del campamento de "Raúl Reyes", guerrillero de las FARC, lo que, según la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), "constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional". "Esta transgresión de uno de los pilares del orden internacional [...] conllevó la muerte de un nacional ecuatoriano [...] y llevó al rompimiento de relaciones con el vecino país", dice la carta.
- asesinato de civiles por parte de militares, que los hacen pasar por guerrilleros muertos en combate, y denuncian que "durante los dos períodos presidenciales de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) aumentaron drásticamente las ejecuciones extrajudiciales".
- "confrontación" con el Poder Judicial. El presidente "amedrentó las altas cortes y, con constante descalificaciones públicas, puso en peligro la independencia de la Rama Judicial".
- "utilización de organismos de inteligencia contra opositores y magistrados", contra quienes, aseguran, "desde el Palacio Presidencial, se ordenaron interceptaciones telefónicas ilegales", lo mismo que contra periodistas y congresistas opositores.
El pasado día 22 de junio, tres víctimas de los desvíos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia colombiana, pidieron al Parlamento Europeo que investigase el espionaje de ciudadanos europeos realizado por esta agencia que, en Colombia, afronta un juicio por escuchas ilegales, seguimiento y amenazas a políticos, periodistas y activistas pro derechos humanos que "difunden informaciones sobre el pasado oscuro de Uribe y sus vínculos con narcotraficantes y paramilitares", según la periodista Claudia Julieta Duque, en el exilio tras ser amenazada, junto a su hija, por la agencia. Ya que ésta depende directamente del presidente de Colombia, "la responsabilidad política y penal de Uribe está clara", dijo.
Tanto Duque como Luis Guillermo Pérez, directivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y exiliado acogido en Bélgica desde hace más de 10 años, denunciaron, con abundante documentación procedente del sumario del caso, que la contribución del DAS a la política de Uribe incluyó la operación Europa para espiar y desacreditar a colombianos en el exilio y ONGs europeas como la belga Broederlijk Delen, cuya responsable para Colombia aparece como objetivo en un documento interno de la agencia con instrucciones para espiar y "neutralizar la desinformación" de la activista y "actuar con el fin de evitar la consecución de recursos para la ONG". Los abogados con los que colabora Duque sospechan que el DAS sigue practicando escuchas ilegales.
Y está pendiente la determinación de qué han llegado a hacer en los países de la UE. Duque consideró posible que España haya "participado activamente y consentido", ya que el Gobierno español es la "punta de lanza del Uribismo en Europa. Moratinos suele decir que el presidente Uribe es un defensor de los derechos humanos. Si eso es así: ¿qué somos nosotros?", se preguntó Duque citando ejemplos de periodistas de prestigio que huyeron de las constantes amenazas.
El último informe anual de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), presentado el 20 de enero, ya denunciaba cómo los servicios de inteligencia colombianos, que respondían directamente ante Uribe, habían espiado a grupos de derechos humanos a través de pinchazos telefónicos, intercepción de correo electrónico y vigilancia. Constataba, así mismo, que Uribe y altos funcionarios de su Gobierno habían hecho "acusaciones sin fundamento" que vinculaban a defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas con las FARC. Unas acusaciones "extremadamente peligrosas" que pueden llevar a represalias en un conflicto conocido por los múltiples asesinatos de activistas.
Al día siguiente de la denuncia de las víctimas del DAS que Isabelle Durant, vicepresidenta de la Eurocámara, se comprometió a impulsar en su institución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tribunal de la OEA, publicó la condena al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda "por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales" que, además, usaron recursos del Estado "para cometer las violaciones" del "derecho a la vida" que no habrían "podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos [...] dentro de un contexto general de violencia contra la UP", la Unión Patriótica, partido nacido en 1985 que incluía al Partido Comunista Colombiano (PCC) y del que fueron asesinados dos candidatos presidenciales, 21 parlamentarios, 11 alcaldes, 70 concejales y miles de militantes.
Teniendo en cuenta el historial de Uribe y el continuismo anunciado por su sucesor ("yo creo en Dios. Yo creo en la necesidad de tener un Ejército. Yo creo que este país necesita continuar con lo que Uribe ha trazado"; promete continuar "la inmensa obra y el legado del presidente Álvaro Uribe"), miembro de una de las familias más poderosas de Colombia, ambos amigos del líder de los populares españoles (Rajoy destaca «la labor y el legado del presidente Uribe»), caerá en saco roto la orden de la Corte de conducir "eficazmente las investigaciones, juzgar y sancionar a todos los responsables" y hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Distintas ONG y activistas de la defensa de los Derechos Humanos expresaron ayer por carta a Ban que Uribe "no está calificado para defender el derecho internacional", pues en su haber figuran acciones como las siguientes:
- incursión de las fuerzas armadas colombianas y bombardeo, el 1 de marzo de 2008, del campamento de "Raúl Reyes", guerrillero de las FARC, lo que, según la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), "constituyó una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional". "Esta transgresión de uno de los pilares del orden internacional [...] conllevó la muerte de un nacional ecuatoriano [...] y llevó al rompimiento de relaciones con el vecino país", dice la carta.
- asesinato de civiles por parte de militares, que los hacen pasar por guerrilleros muertos en combate, y denuncian que "durante los dos períodos presidenciales de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) aumentaron drásticamente las ejecuciones extrajudiciales".
- "confrontación" con el Poder Judicial. El presidente "amedrentó las altas cortes y, con constante descalificaciones públicas, puso en peligro la independencia de la Rama Judicial".
- "utilización de organismos de inteligencia contra opositores y magistrados", contra quienes, aseguran, "desde el Palacio Presidencial, se ordenaron interceptaciones telefónicas ilegales", lo mismo que contra periodistas y congresistas opositores.
El pasado día 22 de junio, tres víctimas de los desvíos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia colombiana, pidieron al Parlamento Europeo que investigase el espionaje de ciudadanos europeos realizado por esta agencia que, en Colombia, afronta un juicio por escuchas ilegales, seguimiento y amenazas a políticos, periodistas y activistas pro derechos humanos que "difunden informaciones sobre el pasado oscuro de Uribe y sus vínculos con narcotraficantes y paramilitares", según la periodista Claudia Julieta Duque, en el exilio tras ser amenazada, junto a su hija, por la agencia. Ya que ésta depende directamente del presidente de Colombia, "la responsabilidad política y penal de Uribe está clara", dijo.
Tanto Duque como Luis Guillermo Pérez, directivo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y exiliado acogido en Bélgica desde hace más de 10 años, denunciaron, con abundante documentación procedente del sumario del caso, que la contribución del DAS a la política de Uribe incluyó la operación Europa para espiar y desacreditar a colombianos en el exilio y ONGs europeas como la belga Broederlijk Delen, cuya responsable para Colombia aparece como objetivo en un documento interno de la agencia con instrucciones para espiar y "neutralizar la desinformación" de la activista y "actuar con el fin de evitar la consecución de recursos para la ONG". Los abogados con los que colabora Duque sospechan que el DAS sigue practicando escuchas ilegales.
Y está pendiente la determinación de qué han llegado a hacer en los países de la UE. Duque consideró posible que España haya "participado activamente y consentido", ya que el Gobierno español es la "punta de lanza del Uribismo en Europa. Moratinos suele decir que el presidente Uribe es un defensor de los derechos humanos. Si eso es así: ¿qué somos nosotros?", se preguntó Duque citando ejemplos de periodistas de prestigio que huyeron de las constantes amenazas.
El último informe anual de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), presentado el 20 de enero, ya denunciaba cómo los servicios de inteligencia colombianos, que respondían directamente ante Uribe, habían espiado a grupos de derechos humanos a través de pinchazos telefónicos, intercepción de correo electrónico y vigilancia. Constataba, así mismo, que Uribe y altos funcionarios de su Gobierno habían hecho "acusaciones sin fundamento" que vinculaban a defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas con las FARC. Unas acusaciones "extremadamente peligrosas" que pueden llevar a represalias en un conflicto conocido por los múltiples asesinatos de activistas.
Al día siguiente de la denuncia de las víctimas del DAS que Isabelle Durant, vicepresidenta de la Eurocámara, se comprometió a impulsar en su institución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el tribunal de la OEA, publicó la condena al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del senador Manuel Cepeda "por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales" que, además, usaron recursos del Estado "para cometer las violaciones" del "derecho a la vida" que no habrían "podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos [...] dentro de un contexto general de violencia contra la UP", la Unión Patriótica, partido nacido en 1985 que incluía al Partido Comunista Colombiano (PCC) y del que fueron asesinados dos candidatos presidenciales, 21 parlamentarios, 11 alcaldes, 70 concejales y miles de militantes.
Teniendo en cuenta el historial de Uribe y el continuismo anunciado por su sucesor ("yo creo en Dios. Yo creo en la necesidad de tener un Ejército. Yo creo que este país necesita continuar con lo que Uribe ha trazado"; promete continuar "la inmensa obra y el legado del presidente Álvaro Uribe"), miembro de una de las familias más poderosas de Colombia, ambos amigos del líder de los populares españoles (Rajoy destaca «la labor y el legado del presidente Uribe»), caerá en saco roto la orden de la Corte de conducir "eficazmente las investigaciones, juzgar y sancionar a todos los responsables" y hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional.
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