Joseph Ratzinger, apodado Benedicto XVI, ha rechazado la renuncia a sus cargos que el 24 de diciembre presentaron dos obispos auxiliares irlandeses tras las críticas por su actuación en la diócesis de Dublín en el llamado "Informe Murphy", publicado el mes anterior abordando abusos sexuales de curas contra menores y detallando los mecanismos de la Iglesia para ocultarlos en connivencia con la Administración.
Medios irlandeses como la cadena de TV pública RTE y el diario Irish Times, aseguraron ayer que la publicación católica The Irish Catholic tuvo acceso a una carta enviada por el arzobispo de la capital, Diarmuid Martin, en la que confirma a los prelados Raymond Field y Eamonn Walsh en sus puestos de la archidiócesis dublinesa por decisión del Santo Padre, tras una revisión de sus responsabilidades.
El pasado mes de diciembre, el obispo de Limerick, Donal Murray, dejó el cargo después de que el citado informe calificase de "inexcusable" su actitud con un sacerdote sospechoso de pederastia. Siguieron a ésta, las renuncias del obispo de Kildare, James Moriarty, y las de los citados Walsh y Field. Sin embargo, todavía se aferra al cargo, además de los que Ratzinger impide dimitir, el obispo de Galway, Martin Drennan, quien sostiene que el informe no le señala personalmente a él.
Mientras, en España, la connivencia con la Administración va por otro lado (de momento). El presidente valenciano, Francisco Camps, se unió al gallego, Alberto Núñez Feijoó, para pedir al Gobierno central, en la celebración del Día de Valencia en el Xacobeo, un aplazamiento de la devolución de los anticipos recibidos en 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómica. La pretensión de Camps al hacer parte del Camino de Prisciliano, rebautizado tras apropiárselo la Iglesia como "camino de Santiago", era "acercarse al patrón para pedirle por el país, por el Papa, por El Rey y la familia real".
Conociendo la trayectoria nacional de llevar el fervor religioso a las parcelas de laicidad constitucional del Estado, no sería de extrañar que el aplazamiento del pago lo utilizara Núñez Feijoó para cargar los gastos de la visita del Papa el próximo 6 de noviembre para participar en los actos del Año Santo Compostelano.
Y es que al final, el Papa vendrá dos veces a España, y no sólo a Madrid, para disgusto de Rouco Varela, que quería que una única visita reafirmara su liderazgo en la Iglesia española. Pero entró en juego la connivencia del Estado con la Iglesia y en febrero del pasado año, durante la visita a España del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Bertone, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta María Teresa Fernández De la Vega invitaron oficialmente a Ratzinger. Desde Roma, el cardenal Cañizares, conocido adversario de Rouco Varela, y el anterior nuncio en España, Manuel Monteiro de Castro, terminaron de convencer al Pontífice de la conveniencia de visitar Santiago.
Así pues, cuando se hace el recuento de lo que nos cuesta la Iglesia, hay que añadir estos gastos al déficit que supone el que los católicos decidan qué parte de sus impuestos se dedica al sostenimiento de su Iglesia, que no es un fin de interés general, transgrediendo el principio de igualdad tributaria (unos pagan más impuestos que otros). O que "las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI", según el profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres.
Recordemos que el Vaticano se comprometió en los Acuerdos de 1979 a que su Iglesia en España se autofinanciaría con un "impuesto religioso"; mientras tanto, pactó con el Gobierno una asignación transitoria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas y, en lugar de aprovechar el incumplimiento del pacto para finiquitarlo y reducir el déficit del Estado, en 2007 Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación y, más aún, les elevó un 34% el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden dejar de destinar al bien común. Y no sirve lo que dijo el obispo Infantes Florido de que "lo de la Consejería de Asuntos Sociales está muy bien, pero si alguien tiene hambre ahora mismo, sabe que quien le va a dar de comer inmediatamente es la Iglesia Católica", porque por cada menú de comedor social, se pegan los jerifaltes muchas comilonas a la salud de los contribuyentes ateos.
En fin, qué vamos a esperar de ellos si hasta las cofradías condicionan las procesiones a la llegada de las ayudas municipales, dejando en evidencia la supuesta intención piadosa que les mueve.
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