Sigan votando a los que liberalizan servicios esenciales

Las comercializadoras eléctricas de referencia, entre las que figuran Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON, han presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ofertas fijas anuales que, al partir de un precio por megavatio hora (MWh) de 68 euros, frente a los 48 euros por MWh fijados por el Gobierno de forma provisional hasta la puesta en práctica del nuevo sistema de revisión de precios, llevan hasta sobreprecios del 17% y un 11% sobre el mejor del mercado (que corresponde a la empresa Alcanzia y que asciende a 617 euros) y el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), respectivamente. Es decir, debemos elegir entre comprar un servicio sin la posibilidad de saber cuánto nos va a costar, o, si lo queremos saber de antemano, lo tendremos que pagar por mucho más de "lo que vale". Consecuencias de la privatización de cualquier servicio público y su regalo a un puñado de empresas amigas entre sí. Como hiciera Felipe González, que ya tiene su sillón, seguimos legislando para los grandes, por si fueran poco los 3.800 millones de euros sumados al déficit de tarifa para que los paguemos entre todos, con los que se favoreció a las grandes eléctricas para instarlas a aplicar precios "artificialmente" bajos a sectores como el siderúrgico, el del transporte o el químico, y que llevó a Bruselas a abrirnos otra investigación. O el perdón a la gran industria del 10% que aumentaron los peajes (precisamente, el término que incluye la compensación del déficit de tarifa acumulado) en la factura eléctrica la 'penúltima' vez que la ahora ilegal subasta del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL) rebasó el 11% coincidiendo con la subida del IVA de 2010. Desde ese momento, las subastas para las comercializadoras de último recurso (CESUR) pasaron a ser trimestrales, pero, una vez más las leyes del mercado tenían trampa: con ello no se redujo la prima de riesgo que nos cobrarían para cubrirse ante vaivenes del precio.