La firma mexicana Pemex, uno de los socios tradicionales de la petrolera Repsol, no está satisfecha con la gestión llevada a cabo por el equipo presidido por Antonio Brufau y, en especial, con la negativa a aceptar un acuerdo con YPF sobre el yacimiento de Vaca Muerta (Argentina), donde la petrolera mexicana quiere invertir. Por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, la firma argentina ofrecía una compensación de 5.000 millones de dólares con la creación de una
sociedad con activos de dicho yacimiento en la que YPF tendría
el 51%, Pemex el 2, y Repsol el 47 y el compromiso de invertir en los activos sin explorar a razón de 43.000$/acre.
El consejo de Repsol, incluido el entonces representante de Pemex, rechazó por
unanimidad la propuesta.
El actual primer ejecutivo de Pemex, Emilio Lozoya, que ya descalificó en Bloomberg a Brufau y su equipo gestor a principios de mes -“esperábamos obtener más ganancias de nuestra participación en Repsol”, decía-, plantea ahora, según El Confidencial, buscar apoyo de otros accionistas para destituir al ejecutivo catalán en una junta extraordinaria, para la que es preciso un 5% del capital, nivel que Pemex sobrepasa
Hace dos años la petrolera mexicana justificaba su inversión en Repsol en la “necesidad crítica de Pemex de desarrollar la pericia tecnológica, conocimientos y experiencia en la perforación en aguas profundas” y que esperaba “capturar beneficios concretos” con su inversión.
En cuanto a la posibilidad de encauzar la entrada de un gran inversor internacional, como Carlos Slim, según publicaba ayer Abc, ambas partes lo negaron. Slim mantiene muy buenas relaciones con Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, accionista de referencia de Repsol. Fruto de esas relaciones Slim entró en el capital de CaixaBank y La Caixa en el de Inbursa.
Fuentes del entorno del Gobierno de Mariano Rajoy han subrayado que Repsol es un grupo privado y que no quiere inmiscuirse en cuestiones de empresas privadas. Esto ahora, pero cuando el gobierno argentino nacionalizó YPF, tuvimos que soportar que "el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina" mientras "está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida", como escribía el portavoz económico de Izquierda Unida y diputado por Málaga, Alberto Garzón, en su blog.
En todo caso, para cambiar al presidente, Pemex necesitaría superar el 50% de una junta que también tiene como accionistas importantes a Caixabank (12%), Sacyr (9,5%) y el fondo soberano de Singapur Temasek (6,3%), que mantiene muy estrechas relaciones con Brufau. El 63% restante de acciones se reparte en el mercado, con fuerte presencia de fondos de inversión internacionales.
Sorprende, por tanto, que incluso la SER perdiera lo poco que le quedaba de objetividad en sus informativos e hiciese campaña contra la nacionalización cuando no estábamos ante un "ataque a España", pues Repsol es una entidad privada "de distintas nacionalidades"; "no es técnicamente una empresa española" porque más de su 50% es propiedad del capital extranjero y en nuestro país declara el 25% de sus beneficios totales. Por ello, en este conflicto "no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades -y entre ellas, en menor grado, españoles-", decía Alberto Garzón en un artículo de su página personal.
Escribía, además, que se trata de "una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos -grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad" "lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos es [...] reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos: Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto".
Y aunque, en el lado de los "adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros -entre ellos el de acciones" que menciona Garzón, se situó Alfredo Pérez Rubalcaba, mostrando a Brufau "todo el apoyo" del PSOE, no era cierto que lo tuviera todo:
"Bravo por la Presidenta @CFKArgentina [Cristina Fernández de Kirchner] !! Nuestro respeto desde el Estado español por tu valentía" y "Toma, toma, toma!! El pueblo argentino recupera sus recursos energéticos!!", tuiteaba Enrique Bravo, miembro del comité ejecutivo del PSOE de Moratalaz (Madrid) que, siguiendo la estela de su jefe regional, Tomás Gómez, en el asunto de la sumisión al rey cace o no cace, elevó su voz contra ese PSOE tan parecido al PP.
Y no es que la demanda del gobierno argentino a Repsol fuera propia de gobiernos populistas, porque presiones similares de las autoridades de Alaska, en ese Estados Unidos nada sospechoso de radical, populista y auyentador de inversiones privadas, reivindicaron las cláusulas de la licencia concedida a Exxon Mobil por la infraexplotación del yacimiento de Point Thompson, en la región de North Slope, costa norte. No sólo eso, sino que abrieron un litigio en 2005 que llegó a la Corte Suprema del Estado, y en el que los tres últimos gobernadores, entre ellos Sarah Palin, hicieron causa de pedir cuentas a la petrolera. Sólo el acuerdo de ampliación de las concesiones a ConocoPhillips y BP, consiguió que se archivase el caso la última semana de marzo de 2012. ¿Fue también un robo a la petrolera Exxon, entonces?
El actual primer ejecutivo de Pemex, Emilio Lozoya, que ya descalificó en Bloomberg a Brufau y su equipo gestor a principios de mes -“esperábamos obtener más ganancias de nuestra participación en Repsol”, decía-, plantea ahora, según El Confidencial, buscar apoyo de otros accionistas para destituir al ejecutivo catalán en una junta extraordinaria, para la que es preciso un 5% del capital, nivel que Pemex sobrepasa
Hace dos años la petrolera mexicana justificaba su inversión en Repsol en la “necesidad crítica de Pemex de desarrollar la pericia tecnológica, conocimientos y experiencia en la perforación en aguas profundas” y que esperaba “capturar beneficios concretos” con su inversión.
En cuanto a la posibilidad de encauzar la entrada de un gran inversor internacional, como Carlos Slim, según publicaba ayer Abc, ambas partes lo negaron. Slim mantiene muy buenas relaciones con Isidro Fainé, presidente de CaixaBank, accionista de referencia de Repsol. Fruto de esas relaciones Slim entró en el capital de CaixaBank y La Caixa en el de Inbursa.
Fuentes del entorno del Gobierno de Mariano Rajoy han subrayado que Repsol es un grupo privado y que no quiere inmiscuirse en cuestiones de empresas privadas. Esto ahora, pero cuando el gobierno argentino nacionalizó YPF, tuvimos que soportar que "el gobierno español salga en defensa de los intereses de las grandes empresas españolas que poseen un capital minoritario de Repsol, en perjuicio de los intereses nacionales de un país soberano como Argentina" mientras "está efectuando políticas de recortes que hacen recaer el peso de la crisis sobre la población española más desfavorecida", como escribía el portavoz económico de Izquierda Unida y diputado por Málaga, Alberto Garzón, en su blog.
En todo caso, para cambiar al presidente, Pemex necesitaría superar el 50% de una junta que también tiene como accionistas importantes a Caixabank (12%), Sacyr (9,5%) y el fondo soberano de Singapur Temasek (6,3%), que mantiene muy estrechas relaciones con Brufau. El 63% restante de acciones se reparte en el mercado, con fuerte presencia de fondos de inversión internacionales.
Sorprende, por tanto, que incluso la SER perdiera lo poco que le quedaba de objetividad en sus informativos e hiciese campaña contra la nacionalización cuando no estábamos ante un "ataque a España", pues Repsol es una entidad privada "de distintas nacionalidades"; "no es técnicamente una empresa española" porque más de su 50% es propiedad del capital extranjero y en nuestro país declara el 25% de sus beneficios totales. Por ello, en este conflicto "no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades -y entre ellas, en menor grado, españoles-", decía Alberto Garzón en un artículo de su página personal.
Escribía, además, que se trata de "una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos -grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad" "lo que debería hacer el PP, en vez de proteger los intereses de los más ricos es [...] reflexionar acerca de si no es mejor opción de política económica imitar a Argentina y proceder a la recuperación de determinados instrumentos políticos: Instrumentos que deberían ponerse al servicio de los españoles en su conjunto".
Y aunque, en el lado de los "adinerados con capacidad para especular en distintos mercados financieros -entre ellos el de acciones" que menciona Garzón, se situó Alfredo Pérez Rubalcaba, mostrando a Brufau "todo el apoyo" del PSOE, no era cierto que lo tuviera todo:
"Bravo por la Presidenta @CFKArgentina [Cristina Fernández de Kirchner] !! Nuestro respeto desde el Estado español por tu valentía" y "Toma, toma, toma!! El pueblo argentino recupera sus recursos energéticos!!", tuiteaba Enrique Bravo, miembro del comité ejecutivo del PSOE de Moratalaz (Madrid) que, siguiendo la estela de su jefe regional, Tomás Gómez, en el asunto de la sumisión al rey cace o no cace, elevó su voz contra ese PSOE tan parecido al PP.
Y no es que la demanda del gobierno argentino a Repsol fuera propia de gobiernos populistas, porque presiones similares de las autoridades de Alaska, en ese Estados Unidos nada sospechoso de radical, populista y auyentador de inversiones privadas, reivindicaron las cláusulas de la licencia concedida a Exxon Mobil por la infraexplotación del yacimiento de Point Thompson, en la región de North Slope, costa norte. No sólo eso, sino que abrieron un litigio en 2005 que llegó a la Corte Suprema del Estado, y en el que los tres últimos gobernadores, entre ellos Sarah Palin, hicieron causa de pedir cuentas a la petrolera. Sólo el acuerdo de ampliación de las concesiones a ConocoPhillips y BP, consiguió que se archivase el caso la última semana de marzo de 2012. ¿Fue también un robo a la petrolera Exxon, entonces?
No hay comentarios:
Publicar un comentario