5 abril de 2003. Cinco de los ocho miembros de la Comisión Federal de Garantías se reúnen para ratificar el dictamen emitido el 27 de marzo y redactado por Emilia Salas para obligar a modificar las listas electorales en Madrid. IU-Madrid se niega a acatarlo. Sólo la presidencia federal tiene potestad para hacer cumplir la resolución, pero... decidió no hacerlo.
"Los dictámenes de la Comisión de Garantías son de obligado cumplimiento para las federaciones", admitía un portavoz de la dirección, que añadía: "Siempre que se aprueben legalmente, y sobre eso hay discusión". Rubén Fernández, coordinador de la Comisión Permanente, señalaba tres
supuestas "irregularidades": "En la comisión hay tres miembros de una
misma federación, la de Madrid, y eso va contra los estatutos; además,
hay un miembro que es parte interesada, porque forma parte de una lista,
y otro que no va nunca a las reuniones".
"La presidencia federal tiene la obligación de hacer cumplir los
dictámenes de la Comisión Federal de Garantías", decía, por su parte, Salas;
"pero, con todo lo que está cayendo, la presidencia ni siquiera se ha
dirigido a nosotros y, eso sí, ha aceptado implícitamente la negativa de
Madrid a cumplir la resolución".
El dictamen establecía que el método matemático aplicado por el Consejo Político de IU-Madrid para asignar los puestos de sus listas electorales a las distintas corrientes es contrario a los estatutos. Éstos recogen un método que da más peso a los grupos minoritarios, ahora relegados a los últimos puestos y que, de aplicarse el dictamen, serían catapultados a la cabeza de las listas: una corriente con sólo un 15% de apoyo interno obtendría, por ejemplo, el número tres de la candidatura al Ayuntamiento de aplicarse el dictamen.
Desautorizar a la dirección de una federación como Madrid -cuyo coordinador general, Fausto Fernández, declaraba no estar dispuesto a modificar más las listas- abriría una crisis aún mayor en IU. Por eso, la dirección federal decidió mirar hacia otro lado. No obstante, el primero en negar validez al dictamen fue el propio
coordinador de la comisión, José Luis Turrado, quien lo calificó de
"absolutamente nulo" porque, según dijo, había sido votado por correo
electrónico y eso era "irregular".
La Plataforma de Izquierdas, una de las corrientes minoritarias que saldrían beneficiadas si se modificasen las listas, hizo público que "IU-Madrid se dispone a dar un golpe de muerte a la legalidad interna, al negarse a acatar el dictamen de la Comisión de Garantías".
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