Rajoy confía en los que la liaron con las cajas gallegas

La Fiscalía Anticorrupción presentó el lunes pasado una querella, admitida a trámite al día siguiente, ante la Audiencia Nacional contra el copresidente de Novacaixagalicia (NCG) Julio Fernández Gayoso y otros cuatro altos cargos de las antiguas cajas gallegas por las indemnizaciones percibidas, al considerar que se pudieron producir delitos de administración desleal o de apropiación indebida. Anticorrupción lo implica en el cambio de condiciones de varios exdirectivos sin informar al consejo ni al Banco de España.

Tras la salida del que desde 2010 era copresidente, Mauro Varela, Gayoso presentó el jueves su renuncia al cargo en la reunión del consejo de administración de la entidad en la sede central en Vigo.

Gayoso entró en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Vigo en 1948, entidad en la que fue escalando hasta ser nombrado director general en 1965, con 34 años. En 2000, cuando la caja de Vigo se fusionó con las de Ourense y Pontevedra, fue nombrado director general de la recién nacida Caixanova. Para conseguir estar al pie del cañón, cambió varias veces las normas internas. Llegó a modificar los estatutos de Caixanova para posponer la edad de jubilación forzosa del director general (él mismo), primero a los 65, después a los 70, y finalmente a los 75. En 2006, ya con 75 años, dio el relevo a su mano derecha en la entidad, José Luis Pego, y él se convirtió en presidente, aunque buscando la fórmula para dotarse de facultades ejecutivas, hasta la fusión con Caixa Galicia, a la que se opuso durante más de un año pero a la que accedió cuando logró que se mantuvieran sus cargos y privilegios, designando a Pego para pilotar la integración.

Pego abandonaría la entidad con una indemnización pactada de 18,5 millones brutos más otros 10,8 que cobraría al cumplir los 65 años. Poco después de su marcha, NCG Banco era nacionalizada y percibiría 2.465 millones del FROB.

Sin embargo, esa integración fue defendida y avalada por la Xunta de Galicia, llegando el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, a intentar recabar el respaldo del Banco de España remitiendo en enero de 2010 al organismo la auditoría que KPMG realizó a las dos cajas gallegas y que, según Feijoo, avalaba la integración. Sin embargo, y tal y como el actual gobierno de Rajoy debería haberse informado antes de pagar sendos millones de euros a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman, o a la propia KPMG para una evaluación más en profundidad sobre todo el sector financiero español, fuentes de éste ya indicaron antes de la desastrosa fusión gallega que una auditoría externa difícilmente podía hacer cambiar de opinión al Banco de España ya que el supervisor disponía previamente de todos los datos que constaban en esa auditoría, y aún así prefería que la fusión fuera con cajas de otra región.