Fin a una parte del expolio en Latinoamérica

La presidenta argentina, Cristina Fernández, logró ayer en el Senado, tras cerca de 15 horas de debate sobre la nacionalización de la petrolera YPF, de la que Repsol posee 57,43 %, el apoyo de una oposición que vigilará la gestión de la mayor empresa del país.

El proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación un 51% de las acciones de YPF, fue aprobado por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, y, previsiblemente el día 3, se someterá a votación en la Cámara de Diputados. La devolución a Argentina de la soberanía sobre sus hidrocarburos también prevé la expropiación de las acciones de Repsol en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado de Argentina.

Según el presidente del bloque radical, el principal partido de oposición, Luis Naidenoff, sólo "se avanzó con el proyecto porque la caja no cierra. [...] Fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate", refiriéndose a los 14.000 millones de dólares que Argentina gastará este año en la importación de gas y petróleo.

Mario Cimadevilla, también radical, pidió también la revisión de las concesiones petroleras y recordó que en su provincia, Chubut, la mayor productora de petróleo del país, la británica BP (British Petroleum) explota el yacimiento más importante de Argentina (como socia de Panamerican Energy, PAE), habiendo conseguido prórrogas y concesiones en 2005 por 40 años "violentando la ley de hidrocarburos".

Para Marcelo Fuentes, del oficialista Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la expropiación de YPF es un acto "derivado de una consecuente e imperiosa necesidad de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron el neoliberalismo".

María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, hija de José Estenssoro, expresidente de YPF, se abstuvo tras recordar que el esposo de la presidenta y fallecido expresidente, Néstor Kirchner, apoyó "enérgicamente" la privatización de la petrolera en 1992, llevada a cabo por el Gobierno de Carlos Menem en 1999 cuando Repsol aprovechó que la empresa nacional de petróleos argentinos fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo.

La consultora Gafney&Cline devaluó la cantidad de reservas en la certificación previa a la privatización, reduciéndose así el valor de compra. Poco después se hizo público el descubrimiento de “nuevas” reservas, por un valor de 15.000 millones de dólares, y que en realidad habían sido encontradas con anterioridad. 1500 ex-trabajadores de YPF han denunciado ante la Fiscalía Federal Nº4 de Argentina los vicios de la venta de acciones de YPF: Menem vendió YPF en Nueva York, dos días antes de salir anunciado en el Boletín Oficial del Estado. Además, se vendieron acciones que no eran propiedad del Estado, sino de los trabajadores.

Al menos a otras 4 causas judiciales por la deuda ecológica y social se enfrenta Repsol en el país andino. La Demanda Civil presentada el 27 de marzo de 2002 por las comunidades mapuches Kaxipayiñ y Paynemil de Loma de la Lata, donde REPSOL-YPF explota el mayor yacimiento de gas y petróleo de Argentina, reclama 138 millones de dólares por impactos (sobre la salud psicofísica, con elevados valores de metales pesados en sangre, fruto de la contaminación del agua subterránea; vegetación, fauna, y afectación sociocultural) y 307 millones para remediación de la superficie, que llevará, al menos, 20 años según la consultora Umweltschutz.

Además de en territorios mapuches como los mencionadas, Repsol, con concesiones de hasta 40 años, ingresa al interior de Áreas Protegidas de importancia mundial, impactando en el Parque Nacional Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas, el Parque Nacional Isidoro Sécure, el Parque Nacional Amboró, el Parque Nacional Aguaragüe (todos en Bolivia); el Parque Nacional Yasuní (Ecuador) y la Reserva Llancanelo (Argentina), además de 17 territorios indígenas en Bolivia, el Resguardo Único U’wa (Colombia), el Territorio Indígena Huaorani (Ecuador) y varios territorios indígenas en Perú, afectando a los pueblos Ashanika, Shuar y Shipibo. Varias organizaciones indígenas han denunciado que Repsol había entrado en sus comunidades sin una información y consulta previa, violando las legislaciones nacionales sobre Derechos Indígenas.

Amnistía Internacional (AI) en su informe internacional 'Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca' presentado en abril de 2004 en Madrid, acusó a Repsol-YPF y a Occidental Petroleum, que operan en ese departamento, de no respetar los derechos humanos al facilitar ayuda financiera a unidades militares del Ejército colombiano "con vínculos probados" con los grupos paramilitares en esa zona del noreste del país donde se cometen "abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla". Las actividades de Repsol YPF se sitúan, también, en países donde no se respetan los derechos humanos, como Argelia, Guinea Ecuatorial, Irán, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria o Sierra Leona.

En Bolivia, Repsol adquirió gratis la estatal Andina S.A, propietaria de la mitad de los yacimientos explorados y productivos del país, a través de las empresas subsidiarias YPF y Pluspetrol y el intercambio de activos con Perez Companc, prometiendo invertir el valor patrimonial de la empresa. El proceso de capitalización se realizó en 1996 durante el gobierno del prófugo Sánchez de Losada.

En 2003, Repsol YPf, British Gas, BP, Totalfinaelf y Exxon-Mobil, socios del consorcio Pacific LNG para la exportación de gas a Estados Unidos y México, presionaron sobre el gobierno boliviano para exportar, a través de un puerto chileno, 22 millones de m3/día durante 20 años (el 16.6% de las reservas totales de Bolivia), comprando los mil pies cúbicos de gas a 0,7 dólares (yendo sólo 0,13 al Tesoro General de la Nación), mientras los bolivianos lo pagaban a 5,48 para consumo interno. La población se sublevó y en el marco de una intensa represión (67 muertos y cientos de heridos), expulsó del país al presidente Sánchez de Losada.

Repsol-YPF había registrado como propias en la Bolsa de Valores de Nueva York, bajo la denominación de “concesiones soberanas”, las reservas de gas natural que controla en Bolivia, el 22% ('Repsol en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza', Informe del mes de mayo de 2005), las segundas más importantes de toda Sudamérica, amparándose en la Ley de Hidrocarburos 1689, consecuencia de un Decreto aprobado directamente por el Presidente de Bolivia en 1996 reconociendo a las empresas concesionarias el derecho a la libre comercialización interna y externa de los hidrocarburos. Se revocó en 2005 por contravenir el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Boliviano, según el cual: “Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de dominio ‘directo, inalienable e imprescriptible del Estado’. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los hidrocarburos…”.

Además, la sobreestimación de las reservas permite una sobrevaloración de la empresa en la Bolsa. Por ello, existen tres juicios contra Repsol YPF a solicitud de los accionistas que fueron afectados por la caída de las acciones.

El 30 de junio de 2005, para no pagar impuestos y regalías, Repsol-YPF venteaba gas en el pozo Surubí “D”, en inmediaciones fluviales, para liberar a la atmósfera el gas que se produce en la extracción de petróleo y que debe ser quemado para que no genere bolsas de gas altamente inflamables. Se produjo una explosión y un campesino y un hijo suyo murieron quemados, siendo otro hospitalizado. La empresa sólo permitió la entrada de las autoridades bolivianas al sitio del accidente 6 días después y no asumió responsabilidades, dejando a la viuda sin pensión compensatoria alguna, mientras seguía emitiendo gas ('Los quemados de surubí “D”', Ramón Rocha Monroy, ex-viceministro de cultura. BolPress, 5 de agosto de 2005).

La Aduana Nacional de Bolivia formalizó el 21 de febrero de 2006 la demanda contra Andina, propiedad en un 50% de Repsol-YPF, por el delito de contrabando (de crudo) y falsificación de documento aduanero, por haber vendido irregularmente 230.000 barriles de crudo hacia Argentina y Chile, por un valor de 9,2 millones de dólares entre junio de 2004 y julio de 2005 (Bolivia Press nº2, de 28 de febrero de 2006 y La Razón (ESP) el 27 de febrero de 2006). Por esta razón, el 9 de marzo siguiente, la policía boliviana intervino en la sede de REPSOL-YPF para requisar documentos y detener a los dos máximos ejecutivos de la compañía, su presidente, el español Julio Gavito, y su gerente, el argentino Pedro Sánchez, que no se habían presentado ante las autoridades judiciales ('La Fiscalía de Bolivia irrumpe en la sede de Repsol en el país para detener a dos Directivos', El Mundo, 9 de marzo de 2006).

Repsol también tiene afectados y movilizaciones en su contra en España, aunque no es una empresa española. Su accionariado se compone de participaciones estables (26,90%): BBVA (6,30%), Repinvés (5,60%), PMI Holdings (4,80%) y La Caixa (10,20%, aunque sumando su participación en Repinvés, alcanza el 12,88%); y participaciones flotantes (73,10%), de las que el 21,80% son estadounidenses, entre ellas las de las entidades financieras JP Morgan Chase Bank National Association a través de Chase Nominees Ltd. (9,36%) y State Street Bank and Trust (6,57%). Españoles son tanto institucionales (13,50%) como minoritarios (13,40%), empleados el 0,30% y del resto del mundo el 24,10%.

En la refinería de Puertollano en Ciudad Real, el 14 de agosto de 2003 murieron 9 trabajadores por un incendio en cuya investigación, la Consejería de Industria de Castilla-La Mancha descubrió graves infracciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley de Industria y el Reglamento de Instalaciones Petroquímicas. En base al informe, la Inspección de Trabajo propuso dos sanciones, con la máxima cuantía que establece la ley, 1,2 millones de euros, por sendas infracciones “muy graves”, pero el Gobierno regional, responsable de aplicarlas anunció que la cuantía final no se fijaría hasta la conclusión de la investigación penal del Juzgado Nº1 de Puertollano por orden de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Tras varios meses de intensas negociaciones, Repsol cerró acuerdos de indemnización cercanos a los 2,6 millones de euros por daños personales ('Repsol cierra las indemnizaciones con todos los afectados del 14-A'. La Ley Laboral, 9 de julio de 2004).

Los medios de comunicación españoles han omitido ligar el futuro encarecimiento de los carburantes al decreto del Gobierno español anunciado el pasado viernes por el que se taponan las importaciones de biodiésel de Argentina, "primer abastecedor externo del mercado español de biodiésel [por importe de 750 millones de euros]” (según escribió hace un año el embajador de Argentina ante la Unión Europea al director general de Comercio de organismo europeo cuando Zapatero intentó esta medida). El mismo día, la presidenta argentina respondió: “Cualquiera que sea la decisión soberana que tome España nosotros no la vamos a cuestionar porque es decisión de cada país tomar las medidas que mejor entienda para cuidar su comercio. […] es una decisión soberana del Gobierno español que va a pagar un biodiésel a sus empresarios más caro. Esto no sé cómo impactará en su economía pero está en toda su decisión hacerlo”.

Los medios españoles no renunciarán fácilmente la cantidad ingente de recursos que gasta Repsol en campañas de publicidad. En el año 2005 el Grupo PRISA obtuvo por ventas por publicidad 522 millones de euros, más del doble que en ventas de periódicos y revistas, 204 millones (Grupo Prisa y Sociedades dependientes. Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión del ejercicio 2005, junto con el informe de Auditoría, pág. 48).

Los interventores de YPF se han reunido ya con los bancos para garantizar la financiación de YPF y permitir la ejecución de las inversiones previstas, según indicaba la agencia oficial Télam citando un comunicado distribuido el martes por el Gobierno argentino. El interventor y ministro de Planificación, Julio de Vido, también se ha reunido con el presidente de la petrolera uruguaya Ancap, Raúl Sendic, para analizar acuerdos de cooperación entre los dos países y retomar proyectos conjuntos, así como con el presidente de la petrolera argentina Medanito, Emilio Carosio, quien presentó sus propuestas para mejorar la producción en varios yacimientos de YPF.