A raíz del cierre de la edición en papel del diario Público, Pascual Serrano en Rebelion contrasta esta situación con la de los medios de derecha, la cual "no tiene ese dilema porque cuenta con grupos económicos dispuestos a poner -y perder- el dinero que haga falta: como accionistas, como anunciantes, como patrocinadores. Por eso Libertad Digital gana dinero aunque tenga menos lectores que muchos medios digitales alternativos de izquierda, o La Gaceta no cierra aunque su cifra de difusión sea la mitad que Público (según la OJD 45.835 respecto a 87.983 de Público) [...] medios de prensa verdaderamente de izquierda que hay en el mundo, ninguno se mantiene gracias a un millonario. Detrás hay lectores que se creen el proyecto y lo pagan: Le Monde Diplomatique, Il Manifesto, El Viejo Topo, Diagonal. U organizaciones que asumen las pérdidas, en el caso de Mundo Obrero con el Partido Comunista. Pueden tener algunos textos gratuitos en internet pero ninguno se encuentra íntegramente en la red. Es curioso, El País, ABC o La Gaceta sí están enteros en internet. ¿Acaso alguien cree que ellos están más preocupados por la 'socialización de la información'? ¿No será que ellos tienen ya El Corte Inglés, Repsol, BBVA o Telefónica para sobrevivir y no necesitan lectores que paguen? [...] Luego están los gobiernos progresistas latinoamericanos, que, con razón, se quejan de la 'dictadura mediática' que domina la información mundial y que tanto les vapulea, manipula y tergiversa. Muchos de esos gobiernos, con gran acierto, han desarrollado sus medios públicos, aprobado legislaciones destinadas a avanzar en la democratización de la comunicación concediendo licencias a los movimientos sociales, han establecido límites a la concentración de medios en sus países. Pero la información ya no tiene fronteras, deben tener la audacia y la visión de pensar fuera de su país. Si sus recursos naturales son gestionados por las empresas españolas, muchos de sus servicios públicos también los prestan estas empresas, e incluso parte de sus medios de comunicación están en poder de multinacionales españolas".
Poca ayuda pública le hace falta, pues, a La Gaceta, pero aún así, antes de la defunción de Público, y si, como dijo el Director General de Relaciones Informativas y Comunicación de la Junta de Extremadura, "la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas", ¿por qué ordenó el concejal de Cultura de Mérida surgido del 22-M dejar de ofrecer en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner el diario Público para comprar diariamente La Gaceta de Intereconomía, junto con La Razón, ABC, El Mundo y El País que ya se venían adquiriendo como diarios de tirada nacional?
El Director General confirmaba el 5 de octubre en la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deportes del Parlamento regional que se va "recuperar y ampliar el espíritu de una ley que ya está, que es de 1996, pero que no se quiso poner en práctica": la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo sería "despolitizar" esta materia, haciendo que las campañas institucionales "sirvan a sus destinatarios legítimos, los ciudadanos, y no a quienes las promueven".
De poco valdrá controlar que la publicidad institucional no sea partidista si la publicidad de los partidos apoyados ya por el capital se sigue haciendo con cargo a las instituciones.
Poca ayuda pública le hace falta, pues, a La Gaceta, pero aún así, antes de la defunción de Público, y si, como dijo el Director General de Relaciones Informativas y Comunicación de la Junta de Extremadura, "la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas", ¿por qué ordenó el concejal de Cultura de Mérida surgido del 22-M dejar de ofrecer en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner el diario Público para comprar diariamente La Gaceta de Intereconomía, junto con La Razón, ABC, El Mundo y El País que ya se venían adquiriendo como diarios de tirada nacional?
El Director General confirmaba el 5 de octubre en la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deportes del Parlamento regional que se va "recuperar y ampliar el espíritu de una ley que ya está, que es de 1996, pero que no se quiso poner en práctica": la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo sería "despolitizar" esta materia, haciendo que las campañas institucionales "sirvan a sus destinatarios legítimos, los ciudadanos, y no a quienes las promueven".
De poco valdrá controlar que la publicidad institucional no sea partidista si la publicidad de los partidos apoyados ya por el capital se sigue haciendo con cargo a las instituciones.
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