Desde la investidura de Francisco Álvarez-Cascos, el 15 de julio, el Principado de Asturias mantiene congeladas a sus ayuntamientos las transferencias de educación y políticas sociales, que representan hasta el 15% del presupuesto anual de los consistorios. Corresponden a la compensación del Gobierno autónomo a los ayuntamientos por los servicios que asumen fuera de sus competencias: mantenimiento de conservatorios, escuelas infantiles para niños de hasta tres años, programas de atención domiciliaria enmarcados en la ley de la dependencia...
Gaspar Llamazares, que según la encuesta que aludíamos ayer de NC Report, obtendría escaño de diputado por Asturias (algo que el día 3 confirmó una encuesta de Campañas Electorales LOW-COST que daba a IU en la comunidad un 10,19% de los votos), señaló en Mieres, donde participó en la conferencia "Mercados frente a ciudadanos", sobre la reforma de la Constitución ("un sacrificio enorme, pero muy grave porque afecta al corazón de la democracia española"), que los recortes aprobados por el Gobierno asturiano, por un total de 156 millones de euros, "afectan al empleo y las políticas sociales", como por otra parte, se está viendo con datos como los del paro conocidos ayer.
Llamazares ha añadido que "no es verdad que este ajuste solamente sea de móviles, o de gasto superfluo, afecta a los sectores más desfavorecidos y frágiles". Según dijo, "ha fracasado la política laboral del gobierno porque, teóricamente, la precariedad y el despido barato iban a traer más empleo. Y es al contrario [...] hay que dejar a un lado el objetivo inmediato de déficit, porque el principal objetivo es recuperar el empleo".
El que será presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que agrupa a los 78 consistorios asturianos, Antonio de Luis Solar, lanzó, por su parte, un ultimátum: “Si el Principado no nos paga, suspenderemos los servicios e, incluso, podríamos despedir a trabajadores”.
En Extremadura, estas mismas competencias que le son impropias al municipio y que asumen Ayuntamientos como el de Mérida, correspondiéndole a otras administraciones, dieron lugar el pasado día 29 a una moción presentada por IU en el Pleno, y apoyada por PP y SIEX, para valorar por parte de los técnicos municipales servicios como el conservatorio -que supone más de 600.000 euros al año-, la escuela infantil, la ayuda a domicilio, los conserjes de los colegios...
La moción contempla además la elaboración de un estudio económico que cuantifique los fondos municipales destinados para llevarlo ante las administraciones correspondientes instándoles a asumir su competencia o dotar al ayuntamiento de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para continuar prestando el servicio, en virtud de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que otorga la posibilidad de plantear ante un tribunal un conflicto de competencia a otras Administraciones públicas.
No prosperó, en cambio, otra propuesta de IU orientada a incrementar en 10 veces la tasa que pagan los bancos por los cajeros automáticos instalados en la vía pública, aunque se acordó la elaboración de un informe económico que evalúe la posibilidad de incrementar la cuantía actual, 600 euros por cajero.
Gaspar Llamazares, que según la encuesta que aludíamos ayer de NC Report, obtendría escaño de diputado por Asturias (algo que el día 3 confirmó una encuesta de Campañas Electorales LOW-COST que daba a IU en la comunidad un 10,19% de los votos), señaló en Mieres, donde participó en la conferencia "Mercados frente a ciudadanos", sobre la reforma de la Constitución ("un sacrificio enorme, pero muy grave porque afecta al corazón de la democracia española"), que los recortes aprobados por el Gobierno asturiano, por un total de 156 millones de euros, "afectan al empleo y las políticas sociales", como por otra parte, se está viendo con datos como los del paro conocidos ayer.
Llamazares ha añadido que "no es verdad que este ajuste solamente sea de móviles, o de gasto superfluo, afecta a los sectores más desfavorecidos y frágiles". Según dijo, "ha fracasado la política laboral del gobierno porque, teóricamente, la precariedad y el despido barato iban a traer más empleo. Y es al contrario [...] hay que dejar a un lado el objetivo inmediato de déficit, porque el principal objetivo es recuperar el empleo".
El que será presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que agrupa a los 78 consistorios asturianos, Antonio de Luis Solar, lanzó, por su parte, un ultimátum: “Si el Principado no nos paga, suspenderemos los servicios e, incluso, podríamos despedir a trabajadores”.
En Extremadura, estas mismas competencias que le son impropias al municipio y que asumen Ayuntamientos como el de Mérida, correspondiéndole a otras administraciones, dieron lugar el pasado día 29 a una moción presentada por IU en el Pleno, y apoyada por PP y SIEX, para valorar por parte de los técnicos municipales servicios como el conservatorio -que supone más de 600.000 euros al año-, la escuela infantil, la ayuda a domicilio, los conserjes de los colegios...
La moción contempla además la elaboración de un estudio económico que cuantifique los fondos municipales destinados para llevarlo ante las administraciones correspondientes instándoles a asumir su competencia o dotar al ayuntamiento de los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para continuar prestando el servicio, en virtud de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que otorga la posibilidad de plantear ante un tribunal un conflicto de competencia a otras Administraciones públicas.
No prosperó, en cambio, otra propuesta de IU orientada a incrementar en 10 veces la tasa que pagan los bancos por los cajeros automáticos instalados en la vía pública, aunque se acordó la elaboración de un informe económico que evalúe la posibilidad de incrementar la cuantía actual, 600 euros por cajero.
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