Un hipotético gobierno popular salido de las urnas el 20-N obrará a su antojo si dejamos el peso de la oposición en el PSOE. El PP tendrá carta blanca porque a cualquier crítica que venga de la bancada socialista opondrán que ellos también lo han hecho.
Es lo que podrá responder el PP extremeño, por ejemplo, a los vaticinios de hoy del portavoz parlamentario socialista extremeño, Valentín García, de que los gobernantes extremeños "van a pegarle un tajo a los presupuestos de la sanidad pública para agrandar el negocio y el mercado de la sanidad privada". Según él, la Junta "intencionadamente está alargando las listas de espera para a partir de ahora preparar el terreno para el gran negocio de la sanidad privada"; la intención del Ejecutivo es "multiplicar exponencialmente" los conciertos con clínicas privadas, y "están en la externalización y en la privatización encubiertas de una parte muy importante y muy sabrosa para las clínicas privadas".
Al que llamaron "alumno aventajado del sistema sanitario de Esperanza Aguirre", el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, ya había alertado en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento de Extremadura del día 24, ante la pregunta del Diputado de IU-Verdes-SIEX Víctor Casco sobre las políticas para cumplir la Ley de Tiempos de Respuesta en la Atención Especializada del Sistema Sanitario Público, de un "agujero" de 436.000 euros por concertación externa de servicios sanitarios entre 2005 y 2010, actividad externa para la que no existe la "oportuna" reserva de crédito.
El PSOE tiene una hoja de servicios tan plagada de lo que supuestamente pretende denunciar que en estas condiciones, tampoco a nivel nacional podrá hacer oposición a partir del 20-N.
Sorprendentemente, ni siquiera estos fiascos económicos consiguen desanimar al PSOE de su querencia por privatizar servicios públicos. Curiosamente, ha tenido que ser el PP quien, en Cáceres, afronte la reversión al Ayuntamiento de sus propios servicios jurídicos, ofreciendo para el año próximo empleo público para tres letrados -lo que no ha ofrecido el PSOE no convocando las preceptivas oposiciones al SES cada dos años- y reduciendo los costes que en los últimos años ha supuesto para los cacereños la externalización socialista de este servicio. En 2010 se presupuestaron más de 600.000 euros para este fin, y los gastos que se comprometieron superaron los 750.000 euros.
Tras la intervención del director gerente del SES, el diputado Víctor Casco propuso la puesta en marcha de una campaña de difusión masiva de la Ley de Tiempos de Respuesta, sobre todo para informar a la ciudadanía del artículo 10 de la norma, donde aparece la figura del defensor del usuario y cuándo utilizarla: "Seguro que así el número de reclamaciones se incrementará", manifestó Casco. Además, el diputado de IU-Verdes-SIEX se posicionó en contra de derivar pacientes a la sanidad privada, y abogó por ampliar el decreto 132/2006 para reducir el tiempo de espera de determinadas especialidades.
Es lo que podrá responder el PP extremeño, por ejemplo, a los vaticinios de hoy del portavoz parlamentario socialista extremeño, Valentín García, de que los gobernantes extremeños "van a pegarle un tajo a los presupuestos de la sanidad pública para agrandar el negocio y el mercado de la sanidad privada". Según él, la Junta "intencionadamente está alargando las listas de espera para a partir de ahora preparar el terreno para el gran negocio de la sanidad privada"; la intención del Ejecutivo es "multiplicar exponencialmente" los conciertos con clínicas privadas, y "están en la externalización y en la privatización encubiertas de una parte muy importante y muy sabrosa para las clínicas privadas".
Al que llamaron "alumno aventajado del sistema sanitario de Esperanza Aguirre", el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Albino Navarro, ya había alertado en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento de Extremadura del día 24, ante la pregunta del Diputado de IU-Verdes-SIEX Víctor Casco sobre las políticas para cumplir la Ley de Tiempos de Respuesta en la Atención Especializada del Sistema Sanitario Público, de un "agujero" de 436.000 euros por concertación externa de servicios sanitarios entre 2005 y 2010, actividad externa para la que no existe la "oportuna" reserva de crédito.
El PSOE tiene una hoja de servicios tan plagada de lo que supuestamente pretende denunciar que en estas condiciones, tampoco a nivel nacional podrá hacer oposición a partir del 20-N.
Sorprendentemente, ni siquiera estos fiascos económicos consiguen desanimar al PSOE de su querencia por privatizar servicios públicos. Curiosamente, ha tenido que ser el PP quien, en Cáceres, afronte la reversión al Ayuntamiento de sus propios servicios jurídicos, ofreciendo para el año próximo empleo público para tres letrados -lo que no ha ofrecido el PSOE no convocando las preceptivas oposiciones al SES cada dos años- y reduciendo los costes que en los últimos años ha supuesto para los cacereños la externalización socialista de este servicio. En 2010 se presupuestaron más de 600.000 euros para este fin, y los gastos que se comprometieron superaron los 750.000 euros.
Tras la intervención del director gerente del SES, el diputado Víctor Casco propuso la puesta en marcha de una campaña de difusión masiva de la Ley de Tiempos de Respuesta, sobre todo para informar a la ciudadanía del artículo 10 de la norma, donde aparece la figura del defensor del usuario y cuándo utilizarla: "Seguro que así el número de reclamaciones se incrementará", manifestó Casco. Además, el diputado de IU-Verdes-SIEX se posicionó en contra de derivar pacientes a la sanidad privada, y abogó por ampliar el decreto 132/2006 para reducir el tiempo de espera de determinadas especialidades.
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