Sin más concreción que la de haber perdido su confianza en ella, el pasado martes, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, destituyó a la directora del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca, María José Turrión, encargada de poner en marcha los fondos de entre 1936 y 1978, con el Archivo General de la Guerra Civil como pilar. Sin embargo, se va sin haber puesto en marcha en más de tres años el acercamiento a las escuelas y a la universidad de la Memoria Histórica, y la relevará Manuel Melgar.
Incluso sin la mala sintonía que sí padecía la recién cesada -"se encontraba un tapón en el Ministerio cada vez que proponía algo", según fuentes próximas a ella-, sino todo lo contrario, tampoco a los grandes defendidos de la ministra les va mejor. El informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del desvío de fondos de la recaudación de la SGAE hacia sociedades controladas por el entorno de sus directivos, recoge que las investigaciones "han puesto de relieve cómo la SGAE" efectuó encargos a su filial digital, la SDAE, que luego eran a su vez subcontratados "con otras sociedades e individuos", "en el periodo de 2003 a 2008", por importe de "32 millones de euros", cantidad que "representa más del 95% de la facturación total de la SDAE".
A la Guardia Civil no le resultó sencillo reunir la documentación que sirvió durante años de soporte a la relación entre el mundo dentro y fuera de la SGAE, según las explicaciones de su informe. De hecho, no lograron hacerse con todas las facturas solicitadas. "Un empleado del departamento que auxiliaba en la localización de facturas informa de que algunas se encuentran en un almacén de la SGAE de Fuenlabrada (Madrid)". La Guardia Civil pide al juez un requerimiento judicial para que la SGAE aporte las que faltan. Ni siquiera así fue posible: se "obtiene la documentación, salvo un número indeterminado de facturas, que se hacen constar en el acta", añade el informe.
Cuando registran "las dependencias del departamento de contabilidad" de la gestora, "se hallaron las facturas sufragadas por la SGAE con la SDAE, Microgénesis y otras de las empresas investigadas, de varios ejercicios fiscales". Al registrar otra de las dependencias de la SGAE, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), se encuentra "documentación, parte de ella relativa a la contratación de la SGAE con las empresas investigadas".
¿Seguirá opinando Gonzále-Sinde que "todas las entidades de gestión [de derechos de autor] actúan en España conforme a las leyes", tal y como dijo ante el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que las acusaba de falta de transparencia. "Es un informe muy sesgado, con lagunas evidentes [...] El informe nos parece excesivo. Intoxica y muestra la visceralidad con la que se ataca a las sociedades de gestión", denunciaba entonces Pablo Hernández, subdirector de la SGAE, que junto con las otras 3 entidades más críticas con Competencia (CEDRO, AIE y AGEDI) contituía Ibercrea, plataforma de la que nombraban presidente al que fue 5 años diputado y 22 eurodiputado Manuel Medina, compañero de veleidades socialistas de la ministra.
Manuel Medina es uno más dentro del PSOE de los que defienden que las nuevas tecnologías están acabando con la propiedad intelectual. En su actividad parlamentaria buscó ilegalizar el P2P en varias ocasiones; la última en enero de 2009, semanas antes de dejar el Parlamento Europeo.
Incluso sin la mala sintonía que sí padecía la recién cesada -"se encontraba un tapón en el Ministerio cada vez que proponía algo", según fuentes próximas a ella-, sino todo lo contrario, tampoco a los grandes defendidos de la ministra les va mejor. El informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del desvío de fondos de la recaudación de la SGAE hacia sociedades controladas por el entorno de sus directivos, recoge que las investigaciones "han puesto de relieve cómo la SGAE" efectuó encargos a su filial digital, la SDAE, que luego eran a su vez subcontratados "con otras sociedades e individuos", "en el periodo de 2003 a 2008", por importe de "32 millones de euros", cantidad que "representa más del 95% de la facturación total de la SDAE".
A la Guardia Civil no le resultó sencillo reunir la documentación que sirvió durante años de soporte a la relación entre el mundo dentro y fuera de la SGAE, según las explicaciones de su informe. De hecho, no lograron hacerse con todas las facturas solicitadas. "Un empleado del departamento que auxiliaba en la localización de facturas informa de que algunas se encuentran en un almacén de la SGAE de Fuenlabrada (Madrid)". La Guardia Civil pide al juez un requerimiento judicial para que la SGAE aporte las que faltan. Ni siquiera así fue posible: se "obtiene la documentación, salvo un número indeterminado de facturas, que se hacen constar en el acta", añade el informe.
Cuando registran "las dependencias del departamento de contabilidad" de la gestora, "se hallaron las facturas sufragadas por la SGAE con la SDAE, Microgénesis y otras de las empresas investigadas, de varios ejercicios fiscales". Al registrar otra de las dependencias de la SGAE, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), se encuentra "documentación, parte de ella relativa a la contratación de la SGAE con las empresas investigadas".
¿Seguirá opinando Gonzále-Sinde que "todas las entidades de gestión [de derechos de autor] actúan en España conforme a las leyes", tal y como dijo ante el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) que las acusaba de falta de transparencia. "Es un informe muy sesgado, con lagunas evidentes [...] El informe nos parece excesivo. Intoxica y muestra la visceralidad con la que se ataca a las sociedades de gestión", denunciaba entonces Pablo Hernández, subdirector de la SGAE, que junto con las otras 3 entidades más críticas con Competencia (CEDRO, AIE y AGEDI) contituía Ibercrea, plataforma de la que nombraban presidente al que fue 5 años diputado y 22 eurodiputado Manuel Medina, compañero de veleidades socialistas de la ministra.
Manuel Medina es uno más dentro del PSOE de los que defienden que las nuevas tecnologías están acabando con la propiedad intelectual. En su actividad parlamentaria buscó ilegalizar el P2P en varias ocasiones; la última en enero de 2009, semanas antes de dejar el Parlamento Europeo.
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