Con el Código Penal en la mano

"14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público [... por] dos presuntos delitos de prevaricación por el artículo 404 del Código Penal", tras la denuncia presentada por los concejales de IU-SIEx del Ayuntamiento de Brozas, era lo que, a principios de abril, el portavoz de esta formación en el municipio, Antonio Moreno, informó que pedía el Ministerio Fiscal para el alcalde brocense.

Al final han sido 8 y medio a los que la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al hoy ex alcalde socialista de Brozas, por un delito continuado de prevaricación: se ha considerado probado que José Félix Olivenza Pozas ordenó a la Policía Local el archivo de varios expedientes sancionadores de tráfico, contradiciendo así al Juzgado de lo Penal nº1 de Cáceres, que absolvió el 22 de julio.

IU-SIEX de Brozas, en el momento de la apertura del juicio, pidió al entonces Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que suspendiera cautelarmente la militancia socialista a Olivenza, como se había anunciado desde el PSOE. Sin embargo, Vara estuvo en Brozas durante la campaña electoral apoyando al entonces sólo imputado. Ya dijo Moreno en abril que el entonces alcalde "declaró en sesión plenaria que iba a ser el candidato [a las elecciones municipales...] a pesar de la acusación del Ministerio Fiscal"; "desde 2003 es alcalde de Brozas, cargo que alternó la pasada legislatura con el de diputado provincial con delegaciones".

IU-SIEX de Brozas pide ahora al Partido Socialista que se pronuncie al respecto de la condena y solicita a Caja de Extremadura que curse su baja como secretario del Consejo de Administración de la misma, ya que al parecer para el PSOE es pecata minuta el ser sólo uno de quienes con su precipitación y torpeza en la fusión fría para la fracasada integración en Banco Base, hicieron temblar a los clientes de la caja, abocada por ello a abonar una cantidad importante como compensación, según el compromiso que adquirió en febrero.

Unos clientes que también deben sufrir lo que nuestros legisladores dejan hacer a las agencias de calificación. El 11 de agosto fue rebajada a BBB+ la calificación crediticia de Cajastur y Caja Extremadura, desde el A- anterior, por parte de Fitch Ratings, que junto a Standard & Poor's (S&P) y Moody's, está acusada en la querella registrada el 25 de febrero en la Audiencia por la Unión por las Libertades Civiles, el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, ATTAC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se han ido uniendo Izquierda Unida, ICV y ERC, como acusación popular de la maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada en provecho propio y en perjuicio del Estado y los contribuyentes (artículos 284 y 285 del Código Penal).