Unidad Popular contra Unidad Iglesia-Estado

Difícil lo tiene Pedro Sánchez en su afán de que nos olvidemos de que es culpa del PSOE no sólo que la crisis no afecte a los Bancos, sino el que tampoco afecte a la Iglesia. En particular, si los concejales de Educación (¡de Educación!) imparten doctrina católica en colegios públicos, como Francisco Javier Martín-Romo Capilla en el Zurbarán de Don Benito, ardua tarea tiene Sánchez o grandes tragaderas tenemos los votantes. El salario de este concejal del PSOE y el de otros 16.000 empleados del proselitismo religioso que comparten sala de profesores en escuelas públicas con quienes han aprobado unas seguramente costosas oposiciones, nos cuestan al año a los españoles 4.900 millones de euros.

La última reforma del IRPF que favoreció a la Iglesia la hicieron los socialistas, llevando al clero a duplicar su recaudación hasta los 250 millones de euros por este concepto y evitando así que nuestros impuestos vayan a carreteras, hospitales, asistencia social o escuelas verdaderamente para todos. En particular, lo que marcan en la casilla de la declaración de la Renta los que se dejan engañar por los anuncios de la Iglesia deberían saber que están sufragando los sueldos de los sacerdotes, según los propios presupuestos de la Conferencia Episcopal. Y eso, en el mejor de los casos, porque 'Via Crucis' y 'Avarizia', publicados por Gianluiggi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, desvelan el despilfarro de las cuentas vaticanas, desvíos de fondos e inversiones. Las revelaciones de centenares de documentos, incluyendo grabaciones al propio Papa, han costado  la detención del eclesiástico español Lucio Ángel Vallejo Balda. Los documentos hablan del dinero necesario para beatificar o canonizar a un católico: medio millón de euros más los regalos que suelen hacerse a los prelados que participan en la causa, de modo que la factura puede subir a los 750.000 euros.

En 'Avarizia', Fittipaldi detalla cómo funcionan en el Vaticano gasolinera, farmacia, supermercado y estanco. Este último ingresa 10 millones de euros al año; la farmacia, 32,8 millones en 2013, y 41,6 el año anterior, al vender sus productos con un 20% de descuento porque no se paga el IVA dando lugar al tráfico de medicamentos específicos. En la gasolinera, ni el IVA ni tampoco el impuesto italiano sobre combustible, y algo similar ocurre con el vino, que convierte al Vaticano en el país del mundo donde más se compra: 70 litros por persona al año. La Santa Sede tendría propiedades por valor de 4.000 millones de euros. A su vez, los 26 millones al año que gasta Radio Vaticana en promocionar las tesis de la curia y los 5 millones que cuesta anualmente L'Osservatore, el periódico oficial del Vaticano, tienen que salir de alguna parte. Y es que la impagable labor social que realiza la Iglesia incluye, como denuncia Europa Laica, "costosas campañas para promover la represión sexual, la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer, contra los avances científicos o contra la eutanasia y la muerte digna. [...] con el actual sistema, el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución que indica que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad".

En 'Via Crucis', Nuzzi señala que el dinero que llega al Vaticano para las obras de caridad, enviado por los católicos de todo el mundo, no termina en manos de los más necesitados, sino que se utiliza "para tapar los agujeros provocados por los gastos generados por algunos de los cardenales y hombres que controlan el aparato burocrático de la Santa Sede [...] el Papa es consciente de el coste de la curia es similar a los fondos destinados a los necesitados". 

Así pues, eso es parte de lo que el PSOE quiere que sigamos pagando y es lo que fomenta en cuanto toca poder. En cambio, "ni un euro público tiene que ir para financiar a la Iglesia ni a ninguna otra confesión religiosa" resumió Alberto Garzón, candidato de IU-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, su propuesta para un Estado "100% laico" en las puertas de la catedral de La Almudena de Madrid, un templo en el que "son habituales las visitas de representantes públicos, un ejemplo representativo de lo que queremos evitar", dijo Garzón. Con él se encontraban representantes de Europa Laica, un observatorio sobre el laicismo que calcula que el Estado financia a la Iglesia católica con unos 11.110 millones de euros al año sumando a lo ya mencionado del pago de enseñantes de religión y lo que el Estado deja de ingresar por los que marcan la casilla del IRPF, 300 millones en subvenciones para eventos religiosos y asociaciones de ámbito local, 2.000 millones en impago de impuestos (perpetuando la ley franquista que la exime desde 1950) ó 600 millones en mantenimiento de patrimonio en manos del clero.

El Estado destina, además, 4.300 millones de euros al año en financiar centros concertados católicos, en muchas ocasiones construidos en terrenos públicos cedidos por el Estado. Esto no tiene que ver con la educación privada; de lo que se trata es de evitar que centros pagados por todos los gestionen las entidades privadas con ánimo de lucro (¡y menudo ánimo de lucro el de la Iglesia!). "El suelo público tiene que ser sólo para las escuelas publicas. Hay que acabar con los privilegios de los centros concertados para que no haya ninguno y se excluya el adoctrinamiento", ha afirmado Garzón. Además, "la Iglesia se ha auto-otorgado terrenos y patrimonio que eran públicos durante la dictadura", por lo que "el Estado debe declarar como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por" inmatriculación desde 1946 hasta junio de 2015. Aunque "viene obligado por acuerdos bilaterales y por la actual Ley de Patrimonio vigente", visto que para los partidos constitucionalistas unas leyes son de obligado cumplimiento y otras no, IU-Unidad Popular tiene por intención política la desamortización paulatina "para uso público del patrimonio de la Iglesia católica" cuando el Estado participe en su mantenimiento y restauración por medio de los 500 millones anuales que gastamos para que luego la Iglesia decida cómo, cuándo, cuánto hay que pagar por la entrada y qué hacer con ese dinero negro que luego no declaran.

La propuesta por un Estado Laico de IU no sólo aboga por la anulación de los Concordatos del 53, 76 y 79 con la Santa Sede, sino también los firmados con otras confesiones religiosas.

Al lado de todas las cifras dadas, parecen anecdóticos los 25 millones que se destinan al sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en:

• cárceles. Al menos ya no lo hacen para atender en ellas a sus compañeros díscolos, los que trataron de plantar cara al Régimen, sobre todo en los 60 y 70, multados y encarcelados. Entre 1973 y 1976 fueron encerrados en la cárcel de Zamora sólo para religiosos 120 sacerdotes, según un estudio del historiador Francisco Martínez Hoyos; las multas a 108 curas "rojos" sumaron 11 millones de pesetas. "Ni siquiera países oficialmente ateos [...] llegaron a tanto".
• cuarteles. Demos gracias a dios porque ya no se dediquen a estar al pie de los pelotones de ejecución para "salvarles de la eterna muerte [...], ya que no nos ha sido dado librarles de la muerte terrena" (Martín Torrent, capellán de la modelo de Barcelona en los primeros años del franquismo).

"El catolicismo español, a cambio, salió triunfante de ese intercambio de favores que mantuvo con un régimen asesino"
(Julián Casanova, historiador, autor de 'La Iglesia de Franco')