Han comenzado los equilibrios.

Se publicó ayer en el DOCM el contrato de gestión de servicio público, por la modalidad de concierto, de 15 plazas en un centro de protección de menores en Guadalajara, que la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha formalizó el 1 de mayo por 902.827€ con la Fundación (empresa) O'Belén.

Si, como dice la actual Directora General de Menores y Familias, “en el año 2009 y como consecuencia del informe del Defensor del pueblo en el que se repasaba la situación de los centros de menores con trastornos de conducta y en conflicto social en España, se procedió al cierre definitivo de los dos centros [en Castilla-La Mancha y varios más en el resto del país] para menores con trastornos de conducta que gestionaba dicha entidad y que se denunciaban en el informe”, ¿por qué no se actúa de igual manera ahora? ¿Quizás porque entre los que formalizaron esta fundación no sólo está el expresidente de Endesa y candidato del PP en las generales de 2008 (Manuel Pizarro), el exconsejero delegado de Iberdrola (Javier Herrero) y cargos del Partido Popular en Sigüenza, sino también personas como José Carlos Moratilla, expresidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE, al que llegó desde un partido tan a la izquierda como el CDS?

Podemos, partido que sustenta a ese gobierno regional, no ha dicho nada, ni en su web se recoge siquiera la noticia. HAN COMENZADO LOS EQUILIBRIOS para que lo que se apoya en una región (el déficit en Castilla-La Mancha en el último año socialista triplicó el límite fijado), no sea óbice para que asistan en otra a cómo la principal consejera del presidente que han apoyado critica en comisión parlamentaria al anterior gobierno regional por duplicarlo. No sólo eso, sino que, al cuestionamiento del "nido de enchufismo" que es la empresa pública extremeña GPEX, la Consejera de Hacienda y Administración Pública, les respondió que lo que va a hacer es otorgar a esos supuestos enchufados los mismos derechos que a los funcionarios, y punto; y que, respecto a las subcontratas en cadena que se producen en los contratos de la Administración, basta exclusivamente con que las empresas informen de las subcontrataciones y respeten los convenios colectivos. Al fin y al cabo, ya les marcó los objetivos Valentín García, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, en el segundo pleno de esta legislatura:

"La ética de las responsabilidades nos lleva a comprometernos con nuestro pasado, con la etapa de mayor transformación de la sociedad extremeña, con los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara hasta 2011.

La ética de las convicciones nos compromete con los valores y principios socialistas, con ésos que han permitido avanzar en libertad e igualdad en la conquista de derechos colectivos e individuales, sociales y civiles. Hoy, esos valores ya no son sólo nuestros: se han universalizado tanto, que podemos compartirlos con otros grupos parlamentarios de esta Asamblea.

Señorías, estoy convencido que los extremeños y extremeñas pensamos en la Extremadura tal como era hace unos años y, cuando vemos todo lo que hemos perdido, es normal soñar con volver a ese lugar que creamos entre todos con un gran esfuerzo de todos y todas, y que los más jóvenes, por desgracia, no han tenido oportunidad de conocer. Es normal soñar con una Extremadura donde las personas sean libres, capaces de superarse y prosperar. Es lícito soñar con una Extremadura de personas que puedan trabajar para decidir su propio destino. Es importante tener una Extremadura y soñarla con una prensa libre. Es esperanzador soñar con una Extremadura en la que las familias puedan estar tranquilas, sabiendo que, con su esfuerzo y a su lado siempre los poderes públicos, se consigue salir de las malas situaciones y de los malos momentos.

Para volver a esa Extremadura que añoramos, para volver a esa Extremadura entusiasta, nos queda mucho trabajo por hacer, quedan muchas cosas que cambiar, queda mucho camino por recorrer. Señorías, ese camino lo queremos hacer con todos ustedes, con todos los grupos parlamentarios."

De momento, veremos si en Castilla-La Mancha sirve de algo el informe del Defensor del Pueblo con las denuncias penales presentadas por menores que habían sufrido golpes y las tristemente famosas contenciones para inmovilizarlos, toda vez que las denuncias provocaron incluso el pronunciamiento del Comité Contra la Tortura de la ONU, que se dirigió a España para transmitir su preocupación. Amnistía Internacional remitió a O’Belén contratada ahora por la Comunidad de Castilla-La Mancha su informe solicitando una reunión para discutirlo, petición que no sólo no fue atendida, sino que el presidente de la fundación afirmó de Amnistía que “es un organismo tan desacreditado que no merece la pena ni considerar sus informes”.

El acceso a los centros era complicado y su régimen interno prácticamente desconocido, pero diferentes denuncias penales, testimonios de menores y trabajadores llegaron a hablar del clima de violencia que se producía a menudo en los centros. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo muestran castigos de aislamiento (“reflexión” para O’Belén, pese a incumplir la resolución 45/113 de la ONU) de hasta 72 horas seguidas, sin posibilidad en algunos casos de ir al servicio. Como consecuencia, tres adolescentes de entre 12 y 14 años se suicidaron.