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28 septiembre 2014

De cómo la historia ayuda a entender el presente

Felipe Borbón firmó el decreto de cese de Alberto Ruiz-Gallardón, según Zarzuela, "en un papel físico" en la Misión Permanente de España ante la ONU en Nueva York y luego la transmitió a Moncloa por la vía "telemática homologada habilitada", que, paradójicamente, no incluye la firma electrónica.
Ya puestos, podía haber justificado en su viaje el no firmar, como amenazara su padre a Adolfo Suárez cuando en enero de 1981 éste quiso boicotear los planes reales de formar un gobierno de concentración como los que vienen sonando últimamente, al mando del general Armada: "si tomas esa decisión de dar cerrojazo [disolver] las Cámaras, que sepas que no la pienso firmar. Me pondré enfermo, me iré de viaje... Estaré ausente el tiempo necesario [...] Convocar elecciones ahora sería malo para España, ¡y no pienso firmar!". El a la sazón presidente Suárez respondía: "Tiene que hacerlo, si no quiere actuar en contra de la Constitución" ("La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar", Pilar Urbano).
Antes, Suárez había hablado con Felipe González: "'conviene, hoy a mí, mañana a ti, luego al siguiente, crear juntos el precedente de que el Rey no puede echar a los jefes de Gobierno; que sólo el Parlamento o las urnas pueden cambiarlos.' Felipe no estuvo receptivo [...] lo que Felipe quería era que Suárez saliera y entrar él, incluso en un Gobierno de aluvión y bajo el mando de un general'. Y es que el lider socialista había dicho el julio anterior a los periodistas: '"Yo, en su lugar, no disolvería las Cámaras sin el níhil óbstat del Rey." Una "venia" regia que no está en la Constitución'.
El ministro de Defensa Rodríguez Sahagún avanzó a Suárez el siguiente paso consumado: '"me llamó el Rey. Fui. Me dio un montón de argumentos para que Armada viniera a Madrid [...] Además me dijo que le diera prioridad" [...]
- ¿Y no te dijo que ayer mismo, ¡ayer mismo!, tuvimos una pelotera [...] por culpa del dichoso Armada? Y otra el 3 de enero en Baqueira [en el refugio de montaña de la Familia Real en La Pleta], y otra el día 10, que vino aquí a La Moncloa para pedírmelo... [...] con Armada en la jefatura del Estado Mayor del Ejército, hay un 80% de posibilidades de que se ponga en marcha cualquiera de los golpes'.
Particularmente aquel por cuyo objetivo 'la dirección del PSOE se remangó para la tarea. [...] Enrique Múgica, número 3 [habló con Jordi Pujol: ...] "me expuso la necesidad de apartar a Adolfo Suárez […] poniendo al frente del Gobierno a un militar de mentalidad democrática. […] Aquella visita me hizo ver que los socialistas, o buena parte de los socialistas, tenían una prisa muy grande por llegar al poder." Múgica, en su tarea de conseguir votos para la investidura […] mantuvo también un encuentro en octubre con el parlamentario de CiU Miquel Roca', hoy abogado de la infanta Cristina. Luego nos extrañaremos de la impunidad que ha tenido y tendrá Pujol.
Ese mismo mes, 'de vuelta en Madrid, Múgica informó oralmente a Felipe González de todo lo que habían hablado con Armada en casa de Siurana [alcalde socialista de Lérida…]. Múgica le había hecho saber al general que […] aceptaban a Armada como candidato'.
Suárez intentó evitar el golpe dimitiendo pero dejando un presidente contra el que no tendrían justificación la moción de censura: Leopoldo Calvo-Sotelo. Sobre la dimisión 'no podía decir que se lo había pedido el Rey -y no una vez, ni dos, ni tres-, porque el Rey no podía perdir eso, [... ni] que se lo había exigido un pool del generalato, en una encerrona en casa del Rey, a la que éste se prestó, y mostrando una [pistola] Star 9 mm como argumento de convicción. Y aún menos podía decir que, si no dimitía, si no desaparecía del planeta, vendría un golpe travestido de operación parlamentaria y constitucional [...] porque dos tercios del Parlamento estaban detrás de esa operación'.
Fernández Ordóñez, que sería ministro con el PSOE, no está '"tan seguro de que éste sea el momento oportuno." Si su firma avalando la moción de censura [para poner a Armada] es una de las veintitantas de diputados de la UCD que se guardan en la caja fuerte del PSOE, es lógico que intente retrasar la dimisión' planeada para el II Congreso de la UCD en Palma de Mallorca, pero... 'a las tres de la madrugada [del 26 de enero de 1981] se declaraba una huelga de controladores aéreos. Disparatada por lo que exigían -un aumento salarial del 46%, casi la mitad del sueldo-, apresuradamente organizada, [...] inducida. Sin aviso, repentina, adoptada entre los comités sindicales de Palma, Barcelona y Madrid, y luego extendida a todo el espacio aéreo nacional. Tan sorprendido estaba -o eso decía- el ministro reponsable de Transportes, José Luis Álvarez, como los propios controladores de vuelos ante la consigna de los de la UGT: "Aguantad, aguantad el tipo. Aunque os den el oro y el moro, no pactéis... Continuad, no cedáis, obtengáis lo que obtengáis... [...] Era un parón artificial, urdido entre el PSOE y la UGT. Es interesante subrayar que, sin embargo, la huelga se suspendió, los vuelos se reanudaron en cuanto los maquinadores dieron la orden; y sin conseguir nada de lo que reivindicaban. [...] ¿qué pretendían? Algo tan simple y tan "político" como retrasar varios días el II Congreso de la UCD [...] impidiendo que llegaran a Palma desde toda España los 1.290 compromisarios, más secretarias, ayudantes, servicios de seguridad, escoltas [...] cuando todas las habitaciones hoteleras, los vehículos, los caterings y el auditorio estaban reservados'. Luego nos extrañaremos también de la impunidad que ha tenido y tendrá la UGT.
Por terminar con las firmas del Rey, en 1992 Juan Carlos desapareció misteriosamente y por sorpresa para pasar unos días en Suiza. La polémica, que ya ven que las hubo antes de la cacería, se creó cuando apareció una ley rubricada por él en Madrid justo en esas fechas. Juan Carlos no corría peligro, y ahora tampoco después de que la primera ley que firmara su hijo fuera la de ponerle a salvo de jueces, pero al delito de falsificación de documento público el Código Penal le asignaba entre 6 y 12 años de prisión mayor.

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