Coincidiendo con el 50 Aniversario del asesinato de Julián Grimau García, desde el PCE se ha puesto en marcha una iniciativa cuyo objetivo es recoger firmas de reconocimiento a este dirigente comunista y exigir la anulación de las sentencias de los tribunales del franquismo, como ya ha pedido IU en varias ocasiones. Se puede apoyar con la firma en el siguiente enlace: http://grimau.freens.org.
El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumplía con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, Grimau, que había participado en la defensa de la legalidad tras el Alzamiento militar del dictador Francisco Franco, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos.
Pese al trato “exquisito”, en palabras de Manuel Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después serían ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.
En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.
A los que se les llena la boca llamando nazis a los que defienden el derecho a la vivienda recogido en la parte de la Constitución que no se cumple, deberían recordar que el padre de su partido sí colaboró con el régimen nazi.
Hoy, otro padre de la Constitución, Miquel Roca, defiende judicialmente a una de las hijas de ese Rey sacralizado en la Constitución.
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