"Todos los discapacitados tienen que tener exactamente los mismos
derechos que el resto de los españoles; y esto, que lo digo para
aquellas personas que han nacido, vale exactamente igual para aquellas
que están a punto de nacer". "La reforma de la Ley del Aborto [eliminación de la malformación del feto como causa de interrupción voluntaria del embarazo] se hará siguiendo la doctrina del
Tribunal Constitucional español y de los convenios internacionales
firmados por España, especialmente el de las Naciones Unidas relativo a
las personas con discapacidad". Son frases de esta semana del ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón.
Pues bien, la Ley del Aborto de 1985 estaba
avalada por el Tribunal Constitucional y despenalizó -en su tercer supuesto- la
interrupción libre del embarazo cuando el feto presenta malformaciones:
"No será punible el aborto [...] cuando se presuma que el feto habrá de
nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se
practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el
dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea
emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario,
público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o
bajo cuya dirección se practique el aborto", establecía la antigua
normativa, vigente durante 25 años (hasta la vigente ley de plazos de 2010).
Y en cuanto a la convención de la ONU, lo que la misma recomienda es que se garantice el derecho a la reproducción de los minusválidos psíquicos. El Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió eliminar en un comunicado el artículo 156 del Código Penal ("No será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca
de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como criterio
rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el
Juez") porque supone "una espantosa
vulneración de los Derechos Humanos" que "sólo responde a la
ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con
discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su
capacidad reproductiva".
La directora del gabinete del ministro, Cristina Coto del Valle, envió
una carta el pasado día 4 al presidente de CERMI en la que considera
que admitir que los tutores decidan la esterilización forzosa de los dependientes "no supone ir en contra de los principios de la Convención". Sin embargo, el artículo 23 de ésta reza: "Los Estados Partes
tomarán medidas efectivas y pertinentes para lograr que las personas con
discapacidad estén en iguales condiciones que las demás a fin de
asegurar que [...] se respete (su) derecho a decidir libremente y de
manera responsable el número de hijos que quieren tener" y a que
"mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás
(personas)".
También en la ONU, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Gobierno de
España que garantizase el aborto voluntario.
Sin embargo, los medios 'oficialistas' de este país no han armado tanto revuelo por este ataque a los disminuidos psíquicos como hicieron -Andrés Aberasturi como punta de lanza entre los que gustan de victimizarse- cuando Cayo Lara dijo no entender que "alguien, por el hecho de ser 'hijo de',
tenga que ser jefe de un Estado. ¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar
con un jefe del Estado tonto?".
Esta "sospecha" es ya muy vieja. Cuenta Amadeo Martínez Inglés en 'Juan Carlos I, el último Borbón': "el corto interregno universitario del teniente Juanito [el actual rey], aunque casi totalmente privado, no le iba a resultar precisamente un camino de rosas [...] en cuanto acudiera, más que nada para cubrir las apariencias y dar un cierto aire de oficialidad a sus estudios, a determinadas clases [...]. Cuando el 19 de octubre de 1960 hizo su entrada, por primera vez, en la Facultad de Derecho de la Complutense sería recibido con grandes gritos y abucheos [...] "¡No queremos reyes idiotas! ¡Abajo el príncipe tonto!". Fueron lanzados al aire por grupos de indómitos estudiantes capitaneados por falangistas y carlistas [...], el régimen tuvo que echar mano de la JUME (Juventudes Monárquicas Españolas), cuyo líder, Luis María Ansón, después de negociar con las Falanges Universitarias [...] lograría por fin un cierto consenso para que el infante asistiera a algunas clases (muy pocas, ciertamente)".
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