España en sentido (sanitario) contrario

El jefe del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, inclinó la balanza, 5 a 4, para que siga adelante el mayor cambio del sistema de salud del país desde 1965, cuando fueron creados el Seguro Social y los programas públicos Medicaid, para personas sin recursos, y Medicare, para la tercera edad y jóvenes minusválidos, en los que ahora se incluyen medidas de combate del fraude y el derroche de fondos públicos.

Aunque los jueces consideraron inconstitucional el argumento del "mandato individual" bajo una Ley federal de Comercio que no autoriza al Congreso a imponer a todo ciudadano la obligación de contratar un seguro médico privado, indicaron que sí puede mantenerse sobre la base de la ley impositiva, considerando que pueden ser consideradas en realidad un impuesto, las multas anuales pretendidas de entre 95 y 695 dólares para un individuo, y de hasta 2.085 dólares para familias, a partir de la entrada en vigor (en 2014), contra quienes rehúsen contratar un seguro de salud. Así pues, el Congreso deberá ajustar aspectos técnicos de la ley para que la obligación sea caracterizada como un impuesto. 

La sentencia, aún rechazando detalles, declaró el jueves constitucional la reforma sanitaria promulgada por Barack Obama para que el sistema sanitario se abarate, al incorporar a casi la totalidad de los 50 millones de ciudadanos sin cobertura médica, al tiempo que se pone orden en un sector clave para el economía del país, que representa el 18% del PIB.

La expansión de la cobertura pública de Medicaid a 16 millones más de pobres, dejando en pie la espera de cinco años a los inmigrantes legales para entrar en el programa, también resulta constitucional, aunque se restringen los poderes del Gobierno federal para sancionar financieramente a los estados que nieguen la ampliación de sus servicios médicos a las familias de bajos ingresos. El Supremo considera que no se puede retener la totalidad de los fondos federales de ese programa social a dichos estados.

La reforma establece, igualmente, excluyendo a los indocumentados incluso si pagan de su bolsillo, "intercambios de seguro de salud", a través de los cuales los desempleados y familias pobres podrán comprar seguro con subsidios federales, y otros "intercambios" para las pequeñas empresas.

No obstante las desgravaciones de hasta el 35% en sus costos de salud a empresas de menos de 25 empleados y salarios promedio de menos de 50.000 dólares que ofrezcan seguro, no afrontarán multas si no ofrecen seguro médico las de hasta 50 trabajadores. El resto pagaría una multa anual de 2.000 dólares por cada empleado, si este solicita subsidios federales para comprar un seguro.

Se prohíbe que las aseguradoras nieguen la cobertura médica cuando existan condiciones médicas preexistentes, y que cancelen un seguro médico de forma retroactiva, excepto en casos de fraude por parte del asegurado. Se exige que las aseguradoras presenten informes sobre cuánto invierten en cuidado médico y cuánto en gastos administrativos, como parte de una mayor vigilancia del Gobierno en torno al encarecimiento de las primas.

Los padres de familia podrán incluir a sus hijos en un plan médico familiar hasta que cumplan 26 años, a menos que estos reciban cobertura a través de sus empleadores.

Para financiar la reforma, en 2013, se aumentarán los impuestos de Medicare para los más ricos y se incrementarán en un 3,8% los gravámenes sobre las ganancias por inversiones y plusvalías, intereses y dividendos de individuos con ingresos de 200.000 dólares y de familias con ingresos superiores a los 250.000 dólares. Pese al aumento de los costes médicos con el nuevo sistema, los cambios en financiación e impuestos generarán una reducción neta en el déficit federal de al menos 143.000 millones de dólares en los primeros diez años de vigencia.

EEUU ya dedicaba, no obstante, en sus presupuestos para 2010, cuando la Cámara de Representantes votó (marzo) la versión de la ley aprobada por el Senado el diciembre anterior, el 16% de su PIB a gasto sanitario, por encima de Francia (11%) y, por supuesto, España (8,5%), que aun superando a Gran Bretaña en valores relativos (8,4%) no lo hace en gasto per cápita (España: 2.671 $/año, Gran Bretaña: 2.992, Francia: 3.601, EE.UU.: 7.290).