La luna de miel de UPD y PP continuó ayer con su frente común para no retirar el decreto ley de reforma laboral. Cuenta José Joaquín León en diariodesevilla.es que, en las elecciones andaluzas, las "opciones de UPyD y del Partido Andalucista van a depender de la campaña. Es cierto que su representación será mínima. Pero, en caso de igualdad, incluso con uno se puede tener la llave de la mayoría parlamentaria. Las horquillas que se manejan le suelen dar al PP entre 54 y 59 escaños, con lo que no tiene garantizada la mayoría absoluta [...] Se supone que UPyD y el PA apoyarían al PP, si es la fuerza más votada [...] Quien facilite un cambio también es útil. El riesgo para el PP (y asimismo para el PSOE) es que la mayoría esta vez se puede interpretar sin recurrir a un bipartidismo necesario".
La portavoz económica socialista, olvidando la propia reforma laboral de su partido impuesta a los sindicatos y atacando la negociación colectiva, dijo que la reforma, esta vez la del PP, "hace saltar por los aires el acuerdo, la negociación colectiva y la autonomía de las partes para fijar las condiciones de trabajo y los salarios [..] Abandonen su prepotencia y tomen como base el acuerdo de los agentes sociales de enero".
El diputado de CiU Carles Campuzano también rechazó la moción socialista argumentando que, aunque la reforma que ha hecho el PP no es la que habrían hecho ellos, el texto realmente es "continuista" con respecto a las reformas realizadas por el PSOE en 2009 y 2010.
El PNV sí votón con PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), alertando de que, a este paso, "el derecho laboral desaparecerá" al no ser necesario que trabajadores y empresarios lleguen a acuerdos, lo cual no es nuevo, pues, desde la última reforma del PSOE, el empresario ya podía incumplir los convenios sin ser sancionado sólo con alegar que así se mejoraba la situación de la empresa. El salario, las condiciones de trabajo y los derechos laborales "pueden ser desconocidos mediante un pacto a nivel de empresa, fijando unas condiciones perjudiciales para los trabajadores respecto a las que venía garantizando el convenio", explicaban desde CCOO ya a propósito de la anterior reforma.
Ya estaban, pues, antes de la reforma actual, ampliados los aspectos sobre los que el pacto de la empresa se ponía por encima del convenio sectorial, incluyendo todo lo que tiene que ver con la "distribución de tiempo" de trabajo. La reforma socialista, al eliminar el control judicial, despejaba el camino al empresario para implantar, mediante el pacto de empresa, un plan de trabajo continuado los siete días de la semana, por ejemplo.
Se ampliaron, así mismo, los motivos a los que el empresario podía acogerse para recortar el salario: malas perspectivas económicas futuras de la empresa, aunque no se hubieran dado aún. Tanto se limita el control judicial en lo relativo al despido y la negociación colectiva que "es impensable que el juez rechace el criterio de los representantes de que la empresa puede ver alterada sus perspectivas económicas en el futuro" según indicaba la Fundación 1º de Mayo. Suprimida la intervención de la Comisión Paritaria del convenio sectorial, el pacto de empresa puede fijar también un salario inferior al acordado en convenio gracias a la eliminación de estas dos garantías que los trabajadores tenían para evitar el recorte salarial.
Además, si al empresario no le gusta lo negociado, no tiene por qué respetarlo, ya que la reforma le daba al empresario la capacidad de negar la validez vinculante de los pactos y acuerdos de empresa y reconocía explícitamente que "pueden ser modificados unilateralmente por el empresario", incluidos los anteriormente negociados. El empresario ya no tiene que negociar con los trabajadores sus condiciones laborales en ningún aspecto, alegando para todos los cambios la "mejora empresarial" aunque no haya ninguna crisis en la empresa.
La portavoz económica socialista, olvidando la propia reforma laboral de su partido impuesta a los sindicatos y atacando la negociación colectiva, dijo que la reforma, esta vez la del PP, "hace saltar por los aires el acuerdo, la negociación colectiva y la autonomía de las partes para fijar las condiciones de trabajo y los salarios [..] Abandonen su prepotencia y tomen como base el acuerdo de los agentes sociales de enero".
El diputado de CiU Carles Campuzano también rechazó la moción socialista argumentando que, aunque la reforma que ha hecho el PP no es la que habrían hecho ellos, el texto realmente es "continuista" con respecto a las reformas realizadas por el PSOE en 2009 y 2010.
El PNV sí votón con PSOE e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), alertando de que, a este paso, "el derecho laboral desaparecerá" al no ser necesario que trabajadores y empresarios lleguen a acuerdos, lo cual no es nuevo, pues, desde la última reforma del PSOE, el empresario ya podía incumplir los convenios sin ser sancionado sólo con alegar que así se mejoraba la situación de la empresa. El salario, las condiciones de trabajo y los derechos laborales "pueden ser desconocidos mediante un pacto a nivel de empresa, fijando unas condiciones perjudiciales para los trabajadores respecto a las que venía garantizando el convenio", explicaban desde CCOO ya a propósito de la anterior reforma.
Ya estaban, pues, antes de la reforma actual, ampliados los aspectos sobre los que el pacto de la empresa se ponía por encima del convenio sectorial, incluyendo todo lo que tiene que ver con la "distribución de tiempo" de trabajo. La reforma socialista, al eliminar el control judicial, despejaba el camino al empresario para implantar, mediante el pacto de empresa, un plan de trabajo continuado los siete días de la semana, por ejemplo.
Se ampliaron, así mismo, los motivos a los que el empresario podía acogerse para recortar el salario: malas perspectivas económicas futuras de la empresa, aunque no se hubieran dado aún. Tanto se limita el control judicial en lo relativo al despido y la negociación colectiva que "es impensable que el juez rechace el criterio de los representantes de que la empresa puede ver alterada sus perspectivas económicas en el futuro" según indicaba la Fundación 1º de Mayo. Suprimida la intervención de la Comisión Paritaria del convenio sectorial, el pacto de empresa puede fijar también un salario inferior al acordado en convenio gracias a la eliminación de estas dos garantías que los trabajadores tenían para evitar el recorte salarial.
Además, si al empresario no le gusta lo negociado, no tiene por qué respetarlo, ya que la reforma le daba al empresario la capacidad de negar la validez vinculante de los pactos y acuerdos de empresa y reconocía explícitamente que "pueden ser modificados unilateralmente por el empresario", incluidos los anteriormente negociados. El empresario ya no tiene que negociar con los trabajadores sus condiciones laborales en ningún aspecto, alegando para todos los cambios la "mejora empresarial" aunque no haya ninguna crisis en la empresa.
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