Los principios de la función pública

Siguiendo la estela de la consigna socialista de estos años (aunque ahora algunos renieguen de ella, y otros, tras no surtir efecto su maquillaje el 20N, vuelvan a ella), Rajoy reducirá el déficit a la cifra comprometida con Bruselas a costa de recortar el gasto público superfluo y el no superfluo.

Todos los Gobiernos autonómicos se comprometieron con el Ministerio de Economía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 22 de marzo de 2010 a pasar de 2.359 a 1.845 empresas públicas, lo que suponía un recorte del 22% y redimensionar todo el sector público empresarial hasta el nivel registrado en 2004. El 1 de julio de 2011 la cifra era de 2.290. Un año después, el proceso apenas había avanzado un 13%, con la supresión de 69 entes.

Datos de julio de 2011 muestran que entre las dos comunidades con mayor número de compañías y organismos públicos -Cataluña (con 454) y Andalucía (372)- representan una tercera parte del sector público empresarial autonómico y apenas han iniciado la poda que les reclamó el Gobierno de Zapatero. Cataluña es, así mismo, la región cuyas empresas públicas tienen un endeudamiento mayor: 7.824 millones de euros, más de la mitad del total de las comunidades. De los 111 entes que se comprometió a eliminar Andalucía, bien por desaparición o bien por fusión, en el primer año se han suprimido 5, mientras que Cataluña ha eliminado 2 de los 67 previstos.

RAZONES DE LA PROLIFERACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

El hecho de que el gasto comprometido en este tipo de entes no compute como déficit a efectos estadísticos para Bruselas impulsó a las comunidades a esquivar con ellos los límites al endeudamiento. Desde que se inició la crisis, su deuda se ha incrementado un 53% hasta alcanzar en el tercer trimestre del año los 15.495 millones, prácticamente el valor del ajuste inicial que quiere realizar Rajoy.

Se utilizaron, además, para elegir a empleados de la función pública sin cumplir con los principios de igualdad -art. 23.2 de la Constitución Española- y mérito y capacidad -art. 103.3 CE- en el acceso al empleo público recogidos también en el art. 55.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El apartado 2 de ese artículo, que derogó el 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública reza:

Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

• Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
• Transparencia.
• Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
• Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
• Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
• Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

EXTREMADURA

La empresa pública extremeña GPEX no era precisamente un dechado de virtudes en el cumplimiento de estas normas. Es por ello que lo deseable es que se tornen empleos regidos por los principios antes enunciados los empleos precarios y hasta ilegales que el Gobierno de Fernández Vara fabricaba en GPEX. Sólo con el nuevo gobierno han podido reclamar sus derechos trabajadores que han encadenado múltiples contratos temporales; si lo hubieran hecho bajo el Gobierno que les puso, como en todo puesto elegido a dedo, hubieran sido despedidos.

Por tanto, si el mayor pecado de los presupuestos extremeños es que, como dice el PCPE en su último comunicado en Extremadura, "supondrán el despido de 620 trabajadores de la empresa pública GPEX", opositores extremeños tal vez vislumbren así la posibilidad de convocatoria de plazas públicas regidas por los principios de esa Constitución que tan efusivamente juran los diputados de los partidos que mandan, pero que luego ignoran y, si con eso no vale, la cambian en 48 horas.

PRESUPUESTOS

El comunicado aludido achacaba la abstención de Izquierda Unida en la investidura de José Antonio Monago como presidente extremeño a "una mera justificación de la opción de apoyar al Partido Popular [...] Y teníamos esa certeza porque sabemos cual es la naturaleza del oportunismo político que representa IU". Y su explicación de por qué no es legítimo lo que las bases votaron (¡ay, inocentes bases!) es que "se creyeron la justificación de sus dirigentes para apoyar al Partido Popular".

Al parecer, los "acontecimientos posteriores han venido a darnos la razón y confirman la existencia en Extremadura de un gobierno conjunto de facto de PP e IU: Los diputados de IU en la Asamblea de Extremadura no se oponen en ninguna votación a las propuestas del PP, [...] IU de Extremadura respalda los presupuestos del Partido Popular después de una patética farsa con presentación y retirada de enmienda a la totalidad incluida".

Acto seguido, rectifican la segunda acusación recogida y ya dan el motivo a ese respaldo a los presupuestos: "IU ha apoyado estos presupuestos a cambio de una vaga promesa de mantenimiento de gastos sociales, vinculada a la obtención de ingresos a través de la llamada 'deuda histórica'". No rectifican, en cambio, la primera acusación con el hecho de que PP y PSOE han votado juntas contra IU en varias ocasiones de la nueva legislatura. El PCPE pone su granito de arena en una reedición a la extremeña de la descrita por Juan Manuel Aragüés, de las Mesas de Convergencia de Aragón: "brutal campaña mediática de acoso y derribo plena de falsedades, como aquella famosa pinza, una de las fabulaciones políticas mejor orquestadas de nuestra reciente historia, como puede comprobar cualquiera que analice con seriedad y rigor los acuerdos parlamentarios de la época, en los que, como viene siendo habitual, la verdadera alianza de sangre se produjo entre el PSOE de González y el PP de Aznar. Una campaña en la que algún editorial de El País llegó a comparar a Anguita con Stalin. Polanco no se andaba con sutilezas".

Los diputados extremeños de IU-V-SIEX, que andan ahora por la región explicando su trabajo en la Asamblea y recogiendo opiniones en un ejercicio de esa transparencia demandada por una ciudadanía que mayoritariamente luego no acude para así poder seguir reclamándolo, serán contraprestados, según el PCPE, con "suculentos ingresos oficiales y las consiguientes pensiones de jubilación o en su participación directa en los mecanismos de corrupción que caracterizan a este régimen", ignorando que Escobar, Cascos y Nogales cobran lo que cobraban antes de ser elegidos y el resto lo entregan al partido.