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12 agosto 2011

Doble error: privatizar para pagar con impuestos indirectos

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha cifrado la deuda de la Junta de Extremadura con este colectivo profesional en 524,41 millones de euros, más que Aragón, Canarias, Baleares, Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja.

Sin embargo, el expresidente extremeño Fernández Vara dijo el 27 de julio que las obligaciones de pago reconocidas por la Junta ascendían sólo a 298 millones a fecha de su salida del Gobierno. Como la Junta tenía en tesorería 402 millones, el aval positivo era de 104. Negaba Fernández Vara, de esta manera, el "agujero" de 507 millones que el titular de Economía había afirmado detectar y que ahora parece percibirse.

El informe de ATA también incidía en las deudas de los consistorios en un momento en que el Ayuntamiento de Cáceres tiene ya perfilada una nueva ordenanza fiscal de agua y de alcantarillado para llevar a la firma del contrato con Acciona, que se ha hecho con el servicio por 24 años fruto del proceso de privatización acometido por PSOE y PP. Se recibirán así los 30,2 millones del canon del agua, que no es sino un préstamo de la empresa concesionaria.

La alcaldesa Elena Nevado baraja para antes de fin de año una subida de la tasa de "entre los cinco y los diez euros al bimestre" para viviendas en los tres primeros tramos de consumo (menos de 50.000 litros cada dos meses). Estimó un incremento de entre el 30 y el 42% en viviendas con unos gastos medios. Sin la bonificación del 36% para domicilios, la subida partía de una "propuesta inicial que llegaba a un 65%". El coeficiente de incremento que se aplica al pasar de un tramo a otro podría aumentarse, por lo que la subida sería superior que en los consumos de agua bajos o medios.

En abril de 2009 el Gobierno de la nación permitió a los ayuntamientos endeudarse para pagar a sus acreedores -hasta julio de este año esperaría para aprobar el programa ICO Morosidad-, a cambio de presentar un plan de saneamiento en garantía del pago de las operaciones de crédito. La falta de liquidez por partidas sin consignación presupuestaria y justiprecios pagados por condenas de expropiaciones para operaciones especulativas, llevaron a pedir créditos por 30 millones, ajustándose a los márgenes máximos fijados en el real decreto, y como garantía se consignó el futuro canon del agua.

El canon más los intereses que genera van a pagarlo los cacereños mediante una subida de impuestos indirectos, es decir, los que se pagan sin tener en cuenta los ingresos de cada ciudadano. En un futuro también se repercutirán en la tasa las inversiones en la red, pues la empresa no va a correr con sus gastos. Ya el alcalde de Sierra de Fuentes ha pedido que una parte del canon se destine a subsanar las pérdidas, fugas y enganches que ocasionan que no puedan consumir más de la mitad del agua que pagan a Cáceres y, a partir de ahora, de forma más cara puesto que esta localidad y Malpartida tendrán que trasladar a sus vecinos el sobreprecio.

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