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28 julio 2011

Manual PPSOE para convertir Caja en Banco desde dentro

En un parlamento presidido por Juan Cotino, en cuyo currículum figura haber dicho de una diputada, cuando era vicepresidente, que tal vez no conocía quién era su padre, tuvo lugar el discurso del debate de investidura no del Fabra que llamó hijo de puta a micrófono abierto al portavoz socialista en sesión plenaria, sino del sucesor de Camps en la presidencia valenciana.

Al terminar, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió "responsabilidades al Banco de España y al Ministerio de Economía" en relación con el proceso de intervención de la Caja Mediterráneo (CAM), iniciado por el Banco de España el viernes para posteriormente adjudicarla a otra entidad, después de que la caja le comunicara su fracaso en la búsqueda de una solución para su negocio financiero y de que el supervisor lo ofreciera como la medida menos traumática. "La responsabilidad de lo que ha ocurrido con la CAM corresponde al organismo que tenía que haber supervisado la gestión de las cajas y que tenía que haber empezado la reforma del sistema financiero hace ya cuatro años", ha asegurado González Pons.

En suma, PP y PSOE están de acuerdo en el proceso de aniquilación de las cajas llevado a cabo y simulan encontronazos que no van más allá de meterse prisas unos a otros para desmantelar lo que queda del espíritu social de las cajas.

La alternativa a esta política de PP y PSOE para beneficiar a la Banca vino, en un receso de ese debate, de la coordinadora general de EUPV y portavoz de este grupo en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, que afirmó que Izquierda Unida va a exigir que CAM, ya que va a ser "saneada con dinero público", "vuelva" a la Comunidad Valenciana y sea "una banca pública para todos los valencianos". Asimismo, la síndica de EUPV en las Corts ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación "para que se sepa por qué se ha llegado a esta situación" en la entidad financiera.

La portavoz adjunta y diputada de Compromís, Mónica Oltra, recordó, así mismo, que "hace meses" su partido solicitó a la Fiscalía "que actuara depurando las posibles responsabilidades incluso penales si las hubiera" de los que han actuado "en detrimento de gente que ha padecido la política económica de la CAM y de otras entidades financieras", sobre todo "por su política crediticia".

Entrevistado en "Herrera en la Onda", el coordinador federal de IU, Cayo Lara, explicó que "acabamos de conocer que 7 consejeros de la CAM se concedieron 71 millones de euros y eso parece que no lo controla nadie y ahora hay que pagar los agujeros que han creado con los recursos de los ciudadanos [5.800 millones de euros]. Nosotros en IU también estamos indignados [..] y de forma natural esto deberá canalizarse parlamentariamente". Sin embargo, “IU tiene sólo dos parlamentarios, cuando deberíamos tener 14, por una ley injusta. Tenemos muchas limitaciones a la hora de la representatividad y por tanto limitaciones" para plantear los cambios que la indignación reclama y que ya vemos que no van a venir ni del PP ni del PSOE, ambos de acuerdo en tratar a las Cajas como bancos.

Ni el Banco de España que Zapatero optó en 2006 porque presidiera su secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, ni los representantes que tienen PP y PSOE en la Caja, han movido un dedo para intervenir en beneficio de los ciudadanos, pese a que conocían que, tal y como revelan ahora públicamente las entrevistas de los exconsejeros con los interventores, se facilitaba al Consejo "escasa información": "de la compra del Banco Marroquí de Comercio Exterior por 132 millones nos enteramos por la prensa".

Los populares y socialistas que debían velar por el interés público eran conscientes de que se estaba hurtando al Consejo de Administración la posibilidad de participar en decisiones como la fusión con Caja Madrid que preparó el Banco de España y rechazaron el presidente y el director general de turno de la caja-empresa alicantina, con un Consejo mirando para otro lado.

Ni cuando el Consejo lo supo, lanzó ninguna alerta su 50% formado por los representantes del PP y PSOE: 5 del Grupo de la Generalitat Valenciana y 5 del Grupo de Corporaciones Municipales (entre ellos, Jesús Navarro Alberola, bastión socialista en el Consejo).

"Nos lo contaron cuando ya habían rechazado la operación", ha dicho un consejero recién apartado. Otro reconoce que en aquel momento no le dieron más importancia y asume que parte de la decisión de rechazar la fusión pudieron tomarla desde el Gobierno de Camps, como también parece haber ocurrido un tiempo después, cuando a los dos días de llegar a un acuerdo de integración con Caja Murcia, se echaron atrás por recomendación del Ejecutivo regional. Tampoco aquello se votó en el Consejo.

Varios consejeros más se quejan también de que hasta febrero no se les informó de que en diciembre se había abierto acta de inspección para "recomendar" a la caja calificar de dudosos o subestándar (previsiblemente dudosos en breve) 6.000 millones de euros en créditos, lo que conllevaría grandes provisiones antimorosidad a restar de los resultados. ¿Para qué se quejan de que no se les informó a tiempo si, desde febrero, ni los representantes de los dos grandes partidos han levantado la voz de alarma ante los hechos que conocían?

Unos hechos que implicaban no cumplir con el cometido de velar por el interés público (en la misma web de la CAM se indicaba -ahora ya no, ¿por qué?- que "El Consejo de Administración es el responsable del gobierno, la administración y la gestión financiera de la Entidad. Además, la Obra Social de la CAM depende también de él. Del Consejo depende que la Entidad consiga sus fines y no tiene más limitaciones que aquellas que la Asamblea General y la Comisión de Control tienen reservadas en los Estatutos de la Entidad.") y que implicaban hacer caso omiso al Banco de España.

Y esto pese a ser infracción muy grave, según la ignorada a propósito Ley de Disciplina Bancaria, "el incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas por el Banco de España a una entidad determinada en materia de provisiones, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas". Y también lo es "la falta de remisión al órgano administrativo competente de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio de sus funciones, o su falta de veracidad, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad".

Esa ley también la debería haber utilizado el Banco de España para determinar que no existía una estructura de control de riesgos y de decisiones acorde con el tamaño de la Caja. Y quizás también debería recoger como muy grave que los representantes públicos de PP y PSOE (no había más partidos en el Consejo) impidan que se inicien los mecanismos previstos para cuando una Caja deja de servir a la sociedad.

No es de extrañar que callaran puesto que en los años preelectorales, de 2006 y 2010, la CAM inyectó en créditos a la Generalitat valenciana 181 millones (por 81 en 2005) y 280 (por 44 el año anterior) respectivamente. Bancaja, por su parte, arroja cifras de 1.080 millones en 2006 (por 62, en 2005) y 335 (por 170 en 2009).

El secretario de Economía de IU-Verdes en la Región de Murcia, Cayetano Jaime Moltó, que enumera entre las consecuencias de la situación de la CAM a los políticos desaparecidos sin dar explicación alguna de sus decisiones, demandó ayer responsabilidades políticas de quienes les nombraron para el Consejo de Administración, que son los responsables de la gestión que ha provocado la intervención. Pero PP y PSOE venderán que todo es fruto de la avaricia de personas individuales y se irán de rositas sin admitir que todo es fruto de su concepto de política económica neoliberal.

El dirigente de la formación de izquierdas reclama también una explicación a que el PP obtuviese créditos por importe de 381.000 euros y mantenga saldo vivo del préstamo concedido por valor de algo más de 2,1 millones; mientras que el PSOE, obteniendo créditos por valor de 191.000 euros, mantenga saldos vivos aún por importe de 460.000 euros. Esto indica que los dos grandes partidos han contado con la complicidad del Consejo de Administración en el que tienen representantes para no cumplir con el pago de los créditos... y así nos vemos.

Dados los importes de los otros créditos, los concedidos a los hoy exconsejeros, y los plazos de devolución, es previsible que se destinaran a operaciones meramente especulativas, obteniendo rendimientos superiores a los intereses a pagar. Ese famoso monstruo llamado "mercado" que se encargan los grandes partidos de alimentar.

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