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05 enero 2011

Es inútil pedir regulación a los liberales

Aunque parezca lo contrario, tenía razón la ex-vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, cuando aseguró, hace más de un año (lo que lo hace más terrible), que el Ejecutivo es "plenamente consciente de las dificultades del campo". Tenía razón porque no sólo el PSOE, también el PP es conscientes de los problemas del campo desde hace décadas. Cosa distinta es que no se atrevan a decir a los productores agrícolas y ganaderos que sus partidos no van a solucionarles los problemas, porque sus partidos creen que el libre mercado es justo, creen que el precio que marca la oferta y la demanda es sagrado, creen que si a un campesino no le gusta que algo que le han pagado a 20 céntimos pase a valer 2 euros, que elija otro negocio en esta economía de libre mercado. Luego, por supuesto, las Fernández de la Vega de turno dirán que también son plenamente conscientes del problema del despoblamiento rural, pero, igualmente, nada harán por evitarlo.

Los varios miles de trabajadores del campo que estuvieron en la protesta de hace un año en Madrid cuando la caída en la renta de los agricultores desde el inicio de la crisis era del 26% y se perdían 300 empleos diarios en el sector, deberían ser conscientes de que piden peras al olmo si solicitan regulaciones para los precios en origen a un partido que cree que todo se vende (privatización de agua, mercado de emisiones contaminantes, aeropuertos, loterías...) y que todo lo que se vende tiene que acogerse a las leyes del capital.

El estancamiento de una renta agraria "congelada desde hace una década" ("agricultores y ganaderos pierden poder adquisitivo año tras año porque el campo soporta crisis tras crisis") y los precios que los productores reciben, "irrisorios" y que a veces ni cubren unos costes encarecidos, han hecho que el 2010 sea un año malo en la región para la agricultura y pésimo para la ganadería, donde han bajado los precios a pesar del aumento de los costes de producción del pienso. Son sectores en crisis dentro de la crisis, según manifestaron ayer el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y el secretario de la agrupación a nivel nacional, Lorenzo Ramos.

La especulación, la otra vertiente de entregar los procesos productivos al mejor postor, afectó al cereal y el maíz, sin que por ello se beneficiaran los agricultores, que ya habían vendido sus cosechas, sino otros que el Gobierno se niega a controlar.

Ante la situación, Ramos ha señalado que el principal problema del sector "es que no tiene precios" y por ello, ha hecho un llamamiento a la clase política para que esta problemática sea abordada en la futura Ley de Calidad Agroalimentaria. De ella espera "que regule unas condiciones mínimas a la hora de establecer los precios y la calidad de los productos". Lo venimos diciendo desde hace mucho: hay que regular los precios en origen para acabar con el problema, y eso no lo va a hacer un PSOE que cada vez olvida más la planificación y el intervencionismo en sectores de la economía como el campo y da por buenas las posturas liberales del PP.

1 comentario:

Machacando las Almendras dijo...

Una parte importante de los precios por debajo de los costes de producción en origen, y un 300% mas caro que lo paga el consumidor, se debe al monopolio de las redes de comercialización.

Si la administración pública, no permanciese impasible, ante situaciones del mercado cuando se pone en evidencia la lucha desigual entre el débil y el poderoso ( como pasó con las viviendas sin que nadie moviese un dedo) y se apoyara a las cooperativas, a los productores desde una banca pública, que dejará de ser el cortijo de los partidos mayoritarios, otro gallos nos cantaría.

Y otro aspecto importante es la importación de productos, cuyos parámetros sociales de producción, de sistemas políticos nada democráticos, y de condiciones nada respetuosas con el medio ambiente pone en el mercado producto a precios con los que imposible competir con lo cual a la larga estamos promocionando sistemas políticos medievales, tiránicos, y sistemas de producción nada respetuosos con el medioambiente, cuando para los productores españoles muchos productos fitosanitarios están prohibidos.

El establecimiento de aranceles, sociales, en función del respeto a una determinadas leyes laborales, el arancel político, de respeto a una estructuras democráticas, y el arancel medioambiental sería otra vía para proteger nuestros productos y nuestras formas de vida.

Un saludo