El 13 de septiembre, el pueblo de Barrado homenajeó a su exalcalde Casimiro Sánchez Núñez; al maestro y exalcalde de Herreruela, Severiano Núñez García, y al cabrero de 20 años integrante del grupo de ayuda a los vecinos Eloy Muñoz Prieto, fusilados en los primeros meses tras el fracaso del golpe de Estado de 1936, sin que aún hayan sido recuperados sus cadáveres. Todos se dedicaban a enseñar a leer y escribir a sus vecinos, ya fueran niños o adultos.
El 29 de noviembre, en un acto sencillo en el que se recordó que dieron su vida por los ideales de la libertad y la democracia, se inauguró, en el cementerio municipal de Don Benito, el monumento Memoria viva, fruto de la rehabilitación del que se levantara a iniciativa del Partido Comunista en los inicios de la democracia. Las obras fueron impulsadas por el PSOE de Don Benito y apoyadas por IU, cuyos representantes acompañaron a hijos, nietos y biznietos de los 70 identificados de los 90 que podría contener la fosa común del cementerio. En el monumento aparecen los nombres de los fallecidos y cuenta con un espacio libre para incluir las víctimas en paradero desconocido, y las que aparezcan.
Para Amnistía Internacional (AI), "la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación".
Ante la falta de voluntad del Estado de cumplir con la normativa internacional e investigar crímenes contra la humanidad, no prescriptibles, durante el Golpe contra la democracia y durante el franquismo (tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados...), AI insta a proteger los derechos de las víctimas remitiendo al presidente del Gobierno el Manifiesto de libre suscripción "Para pasar página, primero hay que leerla", al que se han adherido más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, y que pide al Estado garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Las fotos que acompañan esta nota corresponden al acto de Barrado y nos han sido remitidas por un nieto del agricultor al que los barraeños eligieran democráticamente su alcalde, y que en pocos meses sería torturado hasta la muerte. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a la constancia de todas las personas que luchan por hallar a sus familiares represaliados y dignificar, contra viento y marea, su memoria.
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