Democracia amenazada

Méritos de Chacón no valorados en el 38 Congreso

2012-02-08T11:51:00.004+01:00

Jordi Calvo Rufanges, quien ya alertara sobre el peligro de tener como Ministro de Defensa a quien ostentó la presidencia en España de la empresa "que vendió en el año 2010 más de 20.000 misiles anti-barco, anti-tanque o para helicóptero a países tan cuestionables como Brunei, India, Líbano, Indonesia, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos", da cuenta ahora del informe de comercio de armamento del Gobierno español del primer semestre del año pasado, bajo mandato ministerial de Carme Chacón. Además de que ni durante las revueltas en algunos países árabes y del Norte de África se ha suspendido la autorización para exportar productos y tecnologías de doble uso militar y civil, entre enero y junio de 2011 se vendieron armas que podrían utilizarse "para alimentar conflictos o reprimir a la población civil".

"Es el caso de la venta de municiones españolas a Bahréin por 6.350.515 euros, justo en el momento en que el Ejército local reprimía las protestas de la mayoría chií con el apoyo de Arabia Saudí. [...] Omán, a quien España exportó 440.000 euros en municiones y 2.571.420 en bombas, torpedos, cohetes o misiles en un período en que el sultán Qabús desplegó el Ejército en Sohar, Muscat y la frontera con Emiratos Árabes Unidos en previsión de nuevos disturbios. Por otra parte, en un periodo de contagio de las revueltas árabes y cuando la policía reprimía a tiros una protesta chií en Arabia Saudí, España vendió al régimen saudí 3.530.810 euros en municiones. Sobre las ventas militares a Egipto, tampoco se clarifica por qué se autorizó la venta de 78.576.92, prácticamente todo en aeronaves militares ni por qué fue realizada la venta de vehículos militares por un valor de 1.095.885 euros. En lo que respecta a Marruecos, al tiempo que reprimía violentamente las revueltas que demandaban más democracia, España autorizó la venta de 226.950 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles y realizó la venta de aeronaves militares por un montante de 1.529.476 euros. [...] Ahora sabemos que España es en parte responsable de la represión con violencia armada realizada en algunos de los lugares protagonistas de la primavera árabe".

Desmontando a Rubalcaba

2012-02-08T11:37:00.000+01:00

Ya en campaña electoral Rubalcaba-candidato renegaba del Rubalcaba-vicpresidente; en el estreno parlamentario, Rubalcaba-secretario general socialista ha renegado del Rubalcaba-candidato.

En una entrevista publicada en "El País" el pasado 11 de septiembre decía, sobre la Reforma Constitucional de agosto en comunión con el PP: 'Yo le doy un enorme valor al acuerdo, más allá del contenido. [...] nos hemos encontrado con partidos y organizaciones que de repente se han rasgado las vestiduras y han dicho "¡oh, la estabilidad presupuestaria!", como si no hubiera pasado por nuestra puerta una docena de veces en Maastricht, en Niza, en Ámsterdam, en la Constitución Europea que votamos, en la non nata, en Lisboa, ahí está el principio de estabilidad presupuestaria'.

Y ahora, "¡oh, estabilidad presupuestaria!", el PSOE se rasga las vestiduras porque el Consejo de Ministros ha remitido al Consejo de Estado el proyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria cumpliendo, según Rajoy, "escrupulosamente el pacto constitucional con el partido socialista", al fijar que las Administraciones públicas deberán alcanzar el superávit o equilibrio presupuestario y fijar un límite de déficit estructural del 0,4% del PIB, es decir, sólo en situaciones excepcionales y como consecuencia de reformas estructurales. En el pacto para la reforma exprés de la Constitución, el PSOE dejó vía libre al previsible gobierno del PP al no incluir un objetivo concreto de déficit y remitirse al fijado por la UE, que se ha decantado por un déficit estructural del 0,5.

De aquella entrevista también merecen destacarse otras perlas:

'Habría que haberla pinchado [la burbuja inmobiliaria]. Es verdad que ahora es fácil de decir y yo no sabría decirle exactamente cómo lo hubiera hecho. [...] cuántas veces he pensado en las deducciones de vivienda, en las discusiones que tuvimos, ley a ley, para quitarlas, y cómo decían "no, no, no"'.

'a lo largo de la década de 2000 hemos perdido, por sucesivas bajadas de impuestos, 28.000 millones al año, en cifras constantes. [...] la reducción de impuestos también era coyuntural, pero luego, en la práctica, es estructural. Bajar impuestos es una decisión que a todo el mundo le gusta'.

'me irrita mucho cuando oigo a algunos dirigentes de CiU decir que el PP y el PSOE son iguales. No, respecto a Cataluña no.'

'yo creo que las circunstancias en este momento han cambiado. Nosotros nunca hemos sido un partido nuclearista [...] antes de adecuar el precio de la energía vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en su coste. El problema es que hasta ahora nunca nos hemos puesto de acuerdo en el coste. Yo lo que propongo es que de una vez por todas resolvamos este tema, y nos sentemos y veamos exactamente cuánto cuesta el kilovatio [...] Cuando encontremos una posición conjunta, vamos a defenderla. [...] Es evidente que ahora le está costando dinero al Estado. [...] la forma de acabar con esa anomalía es ponernos de acuerdo en cuánto cuesta de verdad, cuánto paga cada cual, cuánto gastamos en tal. [...] lo que no es posible es tener este modelo por más tiempo, al menos sin hacer una propuesta. Antes hemos hablado del Estado de bienestar. Y el déficit tarifario es de 22.000 millones. Es que al final resulta que el déficit tarifario es varias veces superior a la deuda sanitaria.'

'Tengo que ser profundamente respetuoso con lo que es una operación empresarial. ¿Cuál es mi duda? Mi duda es que el resultado final de esta operación es que Repsol deje de ser una empresa española. [...] Me parecen unas declaraciones de todo punto improcedentes [las del ministro de Industria, Miguel Sebastián, recordando que Pemex -Petróleos Mexicanos- entró en Repsol cuando Felipe González era presidente, y que ya siendo consejero de Gas Natural, la empresa pública argelina Sonatrac entró con un 4% en ésta 'y nadie ha puesto en duda la españolidad de Gas Natural, que también es una empresa estratégica [...] El Gobierno es neutral porque no interviene en ninguna operación empresarial pero Felipe Gonzalez no lo es como consejero de una empresa participada']'.

Doble puerta giratoria

2012-02-08T09:38:00.002+01:00

El último Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Alberto Soler Vera como director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía. En la actualidad, era consejero económico en la Embajada de España en Arabia Saudí.

Ese mismo día 3 se dio a otro aragonés, Fidel Pérez Montes (miembro del Club de la Energía y del Grupo de Energía de la FAES*), la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El 3 de marzo de 1993 había sido nombrado Consejero CEE(responsable de los asuntos de industria y energía) en la Representación Permanente de España ante la CE y en 2005 director de Infraestructuras del Congreso de los Diputados.

Sustituye a Alfonso Beltrán García-Echaniz, que llevaba ocupando el cargo desde octubre de 2010. Éste sonó para Secretario de Estado de Energía, pero quien finalmente se ocupará de continuar con la mentira del déficit tarifario será Fernando Martí, que fue vicepresidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) desde 2002 hasta que en 2011 se remodeló el Consejo del regulador energético.

Un mes antes, el gobierno popular también había hecho uso de personas que habían merecido algún nombramiento por gobiernos socialistas. El nuevo Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, dejaba entonces la presidencia de Boeing España y la vicepresidencia de Boeing Internacional. EADS, el fabricante aeronáutico europeo, es competidor de Boeing.

Argüelles fue director de gabinete de Defensa en tiempos de Eduardo Serra, ministro con Aznar, cuando coincidió con el actual ministro de Defensa Pedro Morenés. El ministro de Felipe González, Narcís Serra, fue quien ascendió a Eduardo Serra en 1984 de subsecretario a secretario de Estado de Defensa. Como número dos del ministerio, Eduardo Serra manejó los presupuestos hasta su renuncia en 1987.

Escribía Jordi Calvo Rufanges, economista e investigador de movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo, en la web del Centro Delás de Estudios por la Paz de Justícia i Pau, del que es miembro e investigador -también del CEMS (UPF de Barcelona) y del IUDESP (UJI de Castelló)-, sobre "el nombramiento de un miembro del complejo militar-industrial español", Morenés, como Ministro:

"ostentaba hasta hace muy poco doce cargos de alta responsabilidad en empresas de armas, de seguridad y de representación empresarial [...] ha sido presidente en España del segundo mayor productor mundial de misiles, MBDA [...] ha vendido a España misiles Mistral para los helicópteros de combate Tigre por 27,7 millones de euros y ha firmado un contrato para desarrollar los misiles Meteor por más de 100 millones de euros. Además, Morenés ha sido consejero o representante desde agosto de 2005 hasta octubre de 2011 de la empresa zaragozana Instalaza, productora de bombas de racimo hasta que fueron prohibidas en julio de 2008. Gadafi lanzó sobre Misrata bombas de racimo MAT-120 fabricadas por esta empresa y vendidas al dictador libio poco antes de ser prohibidas. [...] ¿Está de acuerdo el señor Morenés con la prohibición de las bombas de racimo? ¿Intentará que Instalaza se haga con los 40 millones de euros que reclamó al Gobierno ["por el lucro cesante sufrido al no tener la posibilidad de vender sus destructivas bombas"], ahora que es él quien decide? ¿De qué manera el ministro presidirá la JIMMDU, el organismo que decide sobre el comercio de armas español?, ¿[...] vendiendo alegremente a países donde se violan los derechos humanos? [...] Para que se compren armas se necesitan dos cosas, o la renovación de los arsenales o que se gasten las ya existentes. Las armas se gastan principalmente en las guerras. La renovación de los arsenales será difícil de acometer en momentos de crisis económica y recortes presupuestarios, y porque el Ministerio de Defensa tiene comprometidos durante los próximos años más de 30.000 millones de euros por los contratos de nuevo armamento firmados en la última década tanto por Aznar como por Zapatero. A los empresarios de las armas sólo les queda la esperanza de que haya guerras".

Sobre esos "30.000 millones de euros comprometidos en un préstamo de gran armamento. Igual que en los últimos quince años. El cuádruple que la 'gran tijera de la derecha' recortó el pasado día de los Santos Inocentes" escribía Lucas León Simón:

"se presume de 'recortes'. Almirantes, coroneles, jefes de Estado Mayor y reyes con yernos corruptos dicen que el presupuesto se ha recortado en 340 millones [...] Desde Amancio Ortega, que paga sus impuestos en Andorra, pasando por Julio Iglesias que los paga en Florida, hasta el jornalero andaluz en paro que se toma unas copas (Durán dixit) tras cobrar el PER. De las costillas de cada gilipollas andante de esta piel de toro y de Urdargarin saldrán 106.378 pesetas para 'defendernos'.

¿De quién? ¿Del Morito Mohamed que puede invadir un islote con cuatro cabras y siete ramas de perejil? ¿Del islamismo de los afganos, que allí en su asiática y helada tierra quieren seguir siendo islamistas? ¿O en ayudar a Al Queda a meterle un palo por el culo a Gadafi?

El ministro del racimo, quiero decir del ramo, Pedro Morenés, sabe muy bien a quien hay pagarle esta factura. Este dispendio. Y sus comisiones".

Volviendo a los nombramientos, el hoy día secretario general del Tesoro, Iñigo Fernández de Mesa, fue subdirector general del mismo y luego responsable de financiación del sector público al frente de las relaciones con las Administraciones Públicas en la oficina de Lehman Brothers para España y Portugal, donde también estuvo el ministro de Economía, Luis de Guindos. Tras su quiebra recaló hace más de dos años en Barclays Capital como responsable de operaciones del sector público. De Barclays, Pedro Solbes, ministro con González y con Zapatero, es consejero.

Con Solbes fue subdirector general en Tributos Miguel Ferré, nuevo secretario de Estado de Hacienda. El hasta ahora socio de Fiscalidad Internacional de PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora de la que fue director financiero De Guindos, cambia más de 300.000 euros mensuales por la cuarta parte. Fue representante del gobierno socialista en los organismos internacionales responsables de definir la sanísima fiscalidad internacional que estamos sufriendo: Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Comité de Expertos en Fiscalidad de las Naciones Unidas...

Participó también en la negociación de acuerdos de intercambio de información fiscal y coordinó los trabajos de armonización fiscal en la UE, como miembro de la delegación española en los Consejos Ecofin, y del Código de Conducta sobre Fiscalidad Empresarial y Prácticas Fiscales Perjudiciales.

La que es desde el día 3 de enero secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, Carmen Vela, está unida a la empresa Ingenasa (Inmunología y Genética Aplicada) desde hace 30 años, es su directora general desde 1994 y exhibe como aval que entre 2007 y 2010 presidió la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Por ese mismo motivo, Vela fue elegida el 10 de febrero de 2008 para leer el manifiesto 'Defender la alegría' con el que un grupo de intelectuales y artistas como el cineasta José Luis Cuerda pedía que no volviera “la turba mentirosa y humillante, que piensa desde su imbecilidad, que todos somos más imbéciles que ellos”, en alusión al PP.

En el manifiesto que leyó la ya secretaria de Estado popular se afirmaba que Zapatero “ha acompañado los logros en política económica con la mejora del bienestar de todos los ciudadanos” y se pedía el voto al PSOE “para que la solidaridad siga siendo el eje de la acción de gobierno, para que ningún credo goce de privilegios, con la firme voluntad de no dar un paso atrás, confiamos en la capacidad de Zapatero para seguir liderando este proyecto colectivo”. En la última campaña electoral apoyó a Rubalcaba con un vídeo en el que afirmaba: “Yo creo en la ciencia y en la tecnología y sé que él cree en la ciencia y la tecnología”.

Joan Ginovart, director del Instituto de Investigación Biomédica, explica que “no han querido buscar a un científico de laboratorio, sino a uno con experiencia en el mundo empresarial, que sepa convertir la ciencia en beneficio económico”. Vela ha sido miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia de Cristina Garmendia.

No sólo hay una puerta giratoria entre lo público y los intereses privados de las grandes corporaciones, sino entre las cúpulas económicas, empresariales y proarmamentísticas populares y socialistas.

(*) FAES = Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales

Los toreros se nutrirán de nuestros recortes

2012-02-02T14:44:00.000+01:00

El ministro de Educación (con perdón), Cultura (con perdón) y Deportes (vale), José Ignacio Wert, el mismo que no duda en inventarse libros de texto si con ello desprestigia la asignatura de "Educación para la ciudadanía", ha anunciado la colaboración con las autonomías para la "puesta en valor de la tauromaquia" y su intención de extender las ayudas destinadas a asociaciones relacionadas con ésta... ahora que nos sobra el dinero.

El mismo que también en provincias derrochamos. El 28 de noviembre, el pleno local aprobó con los votos de PP y PSOE el Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura que 3 días antes daba cuenta del apoyo de los dos partidos de la Diputación Provincial a la tauromaquia como obra maestra del patrimonio cultural inmaterial (sic).

Hay que sumar, a lo exageradamente caro que nos cobran en la Diputación la tramitación de estas importantísimas mociones, los 62,09 euros que percibió cada uno de los cuatro concejales del PP y cuatro del PSOE por asistir a dicha importantísima comisión para decir que estaban de acuerdo en facilitar más aún que el dinero de todos se gaste en corridas de toros.

Si ya el día 21 de diciembre adjudicó el Ayuntamiento de Don Benito, con el acuerdo tácito de los socialistas, el contrato de "Prestación del servicio para la organización, montaje y celebración de los espectáculos taurinos" para 2012 (por casi 10 millones de las antiguas pesetas y mediante negociado sin publicidad, por otra parte), imagínense la sangría económica si este espectáculo de sangre es además declarado patrimonio cultural.

Añadan los 252,79 euros que se embolsó cada concejal por acudir a un pleno en el que además se aprobó, también con los votos a favor de PP y de PSOE, la concertación de un crédito de 1.126.811,08 euros al 6,5% de interés a 3 años con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Claro, habrá que pagar de alguna manera esos 10 millones de pesetas al año para espectáculos taurinos, montante que no incluye la publicidad desorbitada ni la urbanización de los exteriores: 2.500 euros para otro jefe de obra más, 55.000 euros para "bordillos y pavimentación" a una empresa de Almendralejo, 50.000 euros para alumbrado extra de los exteriores de la plaza, otros 10 millones de pesetas para "movimiento de tierras y relleno de urbanización de exteriores", 7.500 euros para "pintura horizontal de la urbanización exterior de la plaza de toros"...

¡Españoles...!

2012-02-02T10:33:00.000+01:00

Con Garzón apartado de la investigación de los crímenes del franquismo, fue la jueza federal argentina María Servini de Cubría quien, en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de víctimas franquistas, libró un exhorto, a finales del año pasado, para que la justicia española revelase nombres y domicilios de los ministros franquistas vivos, un listado de las empresas que se enriquecieron con el trabajo de los republicanos en prisión, obligados a la semiesclavitud en el mejor de los casos, e información sobre la cantidad y fechas de asesinatos, las más de 115.000 desapariciones y los más de 300.000 robos de niños.

Fernando Souto Suárez, presidente de la CMRH* de A Coruña, escribió a principios de enero a la jueza: “Usted debe saber que el gobierno de España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se haga justicia”. Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue interpretada como una “ley de punto final para no llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben”, aportaron información procedente de un trabajo sobre Manuel Fraga Iribarne realizado por la CMRH.

Miembro de ella es Rubén Alfonso Lobato, que, en entrevista a la revista argentina Debate, dijo creer del recientemente fallecido ministro de Franco que "bastantes actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de expedientes a periodistas y cierres de medios".

Enero fue despedido por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobando con los votos de PP, PSOE y UPD y la única oposición de IU, la propuesta de la alcaldesa, Ana Botella, de dar el nombre de Manuel Fraga a una calle o plaza de la ciudad para "rendir homenaje a la capacidad de los españoles por superar las dificultades en un determinado momento histórico". De Fraga ha destacado su "vocación se servicio público", que contribuyó a hacerle "ejemplo de conducta política".

El PSOE no ha dudado, pues, en dar una calle de Madrid a quien se afilió muy joven a la Falange Española de las JONS (el partido único de Franco), siendo secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, secretario nacional del Consejo de Educación Nacional, secretario general técnico del Ministerio de Educación en 1953, y Consejero Nacional del Gobierno de Franco. El decreto 154/1961 de 2 de febrero, dice: “cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios prestados” y firma Franco.

En 1969 fue recompensado por el Caudillo con el Ministerio de Información y Turismo (ministerio de Agitación y Propaganda) desde el que ordenó la publicación de la extremadamente represiva Ley de Prensa e Imprenta, junto con el Estatuto de la Publicidad, dos pilares para sostener al régimen. Consigue que haya censura posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura de los periodistas.

Una pelea con el Opus Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde, pero, entre tanto, "revitaliza las campañas periodísticas para justificar cuestiones del franquismo”, en palabras de Mariano Eloy Rodríguez Otero, profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de España moderna y contemporánea, que también señala que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición española (“Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que está ligado a algunos de los pilares de la Transición”), agrega que fue uno de los siete ponentes de la Constitución española y sostiene que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en las penas de muerte o en los castigos más ejemplificadores.

El 1 de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Detenido ese año, el dirigente comunista Julián Grimau García, que había participado en la defensa de la República durante el Golpe de Estado, estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid, siendo arrojado desde un segundo piso hacia un callejón con el resultado de múltiples heridas en cabeza y manos: pese al trato “exquisito”, en palabras de Fraga, durante el interrogatorio abrió una ventana para “arrojarse de forma inexplicable”; el 20 de abril fue fusilado este “asesino repugnante” por orden del Consejo de Ministros en que se sentaba un Fraga que en una entrevista ya en este siglo lo seguía justificando. Cuatro meses después fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado.

En otoño de 2002, el Congreso de los Diputados rechazó una propuesta de Izquierda Unida para rehabilitar la memoria de Julián Grimau, porque el Partido Popular consideró que eso sería “reabrir un proceso para revisar la Transición”. El diputado de IU Luis Carlos Rejón contestó: “Es duro que uno de los verdugos esté rehabilitado y la víctima no. A Fraga se le dio la oportunidad de presentarse a unas elecciones y ser un padre de la Constitución. A mí me habría gustado que determinado Consejo de Ministros le hubiera dado la posibilidad a Julián Grimau de haber ido de número tres en la lista del PCE en 1977”.

En octubre de 1963 se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103 intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito que el régimen ocultó denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra las huelgas de la minería asturiana. Fraga justificó la represión; también la "posible" "arbitrariedad" de cortar el pelo al rape de las mujeres en que "las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más explicable”.

Fraga regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado en 1973 como embajador a Londres, donde presenció la serie de manifestaciones frente a la sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. A la muerte de Franco, regresó con la idea de ser nombrado sucesor del Caudillo. Cuando el rey Juan Carlos decidió no nombrarle presidente, Fraga montó en cólera y exigió a Juan Carlos ser Ministro de Gobernación. Lo fue, junto con vicepresidente del gobierno, entre diciembre de 1975 y julio de 1976. Con Fraga en ese cargo, durante el tradicional Vía Crucis que organizaban las Carlotas en Montejurra (Navarra), tres personas fueron asesinadas por cuerpos de paramilitares dirigidos por un comandante del ejército.

Durante el mes de enero de 1976 unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. El 3 de marzo tuvo un seguimiento masivo la tercera convocatoria de huelga general. En la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores metalúrgicos. Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía Nacional para que entraran a desalojarlos, una orden que no podía ser dada por un mando intermedio. Haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del Concordato, la policía armada entraba conminando al desalojo. Segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado creando el pánico. Manuel Fraga, Ministro de la Gobernación, y Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, resolvieron la situación a tiros con los que salían de frente medio asfixiados y con pañuelos en la boca y a palos por los flancos. Hubo cinco muertos y centenares de heridos.

Ese mismo año Manuel Fraga fundó Alianza Popular. En 1989, la refunda y pasa a ser el Partido Popular que gobernaría España. Fue diputado, senador y, desde el 5 de febrero de 1990, quien había sido en 1978 el líder del movimiento fascista que se opuso a las autonomías en España, y muy especialmente a la gallega, ocupó el puesto de presidente de la Xunta hasta 2005. Mientras que España crecía económicamente en el periodo 1991-1999, Galicia se hundía más y más en el paro y la miseria.

Fraga no sólo no ha renegado de su pasado franquista sino que lo incluye en sus “más de 50 años de servicio público” de que presumía al llegar al Senado en marzo de 2006. Un par de meses después, el Pleno del Senado debatió un texto en el que se honraba a aquellos que lucharon contra la dictadura y a las víctimas de la Guerra Civil. Pese a la eliminación de referencias al drama de los exiliados y el refuerzo de los elogios a los protagonistas de la Transición, el PP y Fraga votaron en contra.

Era también senador entonces, como número dos del Grupo Socialista, Enrique Curiel, fallecido en marzo de 2011, militante antifranquista en la izquierda clandestina. Su amigo Enrique Ruano murió a manos de la policía del régimen en 1969 y Fraga, entonces ministro, ayudó a tapar el asunto. Él mismo sufrió la violencia de la policía y la derecha tardofranquista, en años en los que Fraga había sido responsable de la seguridad del Estado.

Izquierda Unida volvió a la carga con la rehabilitación oficial de la figura de Julián Grimau y lo planteó en una moción a la Comisión Constitucional. Fraga se mantuvo sentado y en silencio mientras Eduardo Cuenca le acusaba, a dos metros, de organizar una campaña pública para justificar el asesinato y le exigía que pidiera perdón. Fraga levantó la mano para votar no, pero el PP perdió la votación.

En realidad Fraga estaba fuera de la actividad parlamentaria y se dedicaba únicamente al debate interno de su partido. Salió en público a decir que Gallardón, hoy ministro de Justicia, le había dado su "palabra de honor" de que seguiría en política pese a ser excluido de las listas al Congreso de ese año. Contra Esperanza Aguirre sólo se atrevió él cuando intentó echar a Rajoy del liderazgo del partido. Y contra el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, involucrado en la Gürtel, lo mismo.

Propuso en 2002 que se hiciera una conferencia de Presidentes que cuando Zapatero puso en marcha, fue ridiculizada y sus acuerdos boicoteados por el PP. Igual ocurrió con su idea de que las comunidades autónomas participaran en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional a través del Senado. Cuando, años después, el 21 de noviembre de 2007, se votó como ley para cumplir con el Estatuto de Cataluña, Fraga se ausentó reconociendo semanas después que se había ido por convicción, porque “no parecía razonable” votar en contra de su propia idea. Su partido, además, presentó un recurso de inconstitucionalidad.

En la presidencia de la Mesa de edad de la sesión inaugural del Senado en 2008, aprovechó para pedir llegar vivo a ver una reforma de la Cámara Alta. Aunque no en el sentido que deseaba, sí llegó a ver una reforma constitucional: la del techo de gasto.

Quien insistía en ser llamado "Don Manuel" se ha distinguido en los últimos años por sus declaraciones, en las que niega el Holocausto judío y los crímenes de la Inquisición española, o por considerar que Pinochet cometió "algunos excesos" pero dejó Chile mejor de lo que se lo encontró.

(*) CMRH = Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica

Mitos electorales

2012-02-02T09:54:00.001+01:00

Según el último sondeo de NC Report para LA RAZÓN, el PSOE perderá 680.000 votantes desde las anteriores elecciones andaluzas. De ellos, 265.000 (casi el 40%) elegirán en esta ocasión al PP y 107.000 a IU.

De los 12 escaños que perderían los socialistas, 8 irían al PP (uno por provincia) , 2 a IU (en Sevilla y Jaén), 1 a UPD (Sevilla) y otro al Partido Andalucista (Cádiz).

Tomando los electores de la pasada convocatoria de generales, la abstención (32,7%) y los pronósticos intermedios para PP y PSOE estimados en la encuesta de NC Report, corrigiendo ésta por el escaño que Jaén le da a Málaga por cuestiones poblacionales y tomando los resultados de IU el 20N, además de los 8 escaños otorgados a IU, la coalición estaría a 1.788 votos de arrebatarle un diputado al PP por Almería, a 12.556 de quitárselo por Málaga y a 21.235 de ganar el que hay en disputa por Cádiz también con el Partido Popular. Así pues, contra el señuelo del voto útil que utilizarán algunos, ¡matemáticas!.

Si IU arrebata estos escaños al PP, éste no tendría mayoría absoluta para hacer y deshacer a su antojo, con lo que en realidad sí existiría un voto útil que evitaría las causas que propiciaron esa mayoría absoluta el 20N (como el llamamiento del PSOE a unir voto bajo sus siglas).

La verdad del déficit tarifario

2012-02-01T09:18:00.002+01:00

El decreto de supresión de las primas a futuras plantas de energías renovables, publicado el sábado en el BOE, ha encontrado las críticas de la Comisión Europea y la oposición del sector, aunque para Fitch -¡otra vez las agencias de rating!- puede "aliviar" la enorme deuda acumulada.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) aseguró que la moratoria "no resuelve el grave problema del déficit tarifario" (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico), tendrá "graves consecuencias" para la industria y la recuperación de la economía, y "destruye" un sector que ha perdido 20.000 empleos en los dos últimos años, en medio de los cuales el anterior Gobierno ya adelantó el recorte a las primas de la fotovoltaica mediante el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre.

Ayer, en su debut en la Comisión de Industria del Congreso, el Ministro José Manuel Soria defendió el parón a la instalación de renovables, aunque supondrá que se dejen de invertir 62.000 millones en los próximos años, según la Fundación Renovables. Su presidente tachó de "artificio contable" el argumento del déficit de tarifa.

En la anterior legislatura, el Grupo de ERC-IU-ICV ya acusó en el Congreso de los Diputados al Ministro de Industria (entonces era un socialista) de intentar asociar el déficit tarifario eléctrico a las primas pagadas a las energías renovables. Hoy, con Ministro popular, aquellas tesis de Miguel Sebastián siguen vigentes.

El Pleno debatió el 21 de julio de 2010 la Interpelación urgente para un nuevo cálculo del déficit tarifario en la que Gaspar Llamazares y Joan Herrera denunciaban que "El Ministerio de Industria está intentando recortar las primas a las renovables, ya que asocia el déficit a las primas de las energías renovables". Ahora que vamos a ser los más afectados por la prohibición de compra a Irán, pedían los diputados tener en cuenta "la cantidad de combustibles fósiles que se dejan de importar. Las primas a las renovables significan un sobrecoste mucho menor que el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico que hincha los beneficios de las compañías y permite la existencia del déficit".

En la formulación ante el Pleno, Herrera dejó en evidencia que en un escenario "de acumulación del déficit sin precedentes, los beneficios de las eléctricas continúan siendo astronómicos. Lo que falla está claramente en la regulación, en nuestro modelo. En el último año el precio de las tarifas se ha incrementado y según han acreditado diferentes expertos, entre ellos Martín Gallego Málaga -quien fue secretario de Estado de Energía con el primer Gobierno de don Felipe González-, eso se debe a beneficios adicionales que podrían llegar a 5.000 millones de euros para las eléctricas y que no tendrían que haber llegado a esos 5.000 millones de euros. Esto sumado a los sobrecostes de los costes de la transición a la competencia, que podrían llegar a los 2.000 millones. [...] en sus planteamientos se olvidan del CO2 como análisis sin tenerlo en cuenta y no tienen ni siquiera presente un escenario más que probable, que es la subida del precio de los carburantes a partir del picoil en los próximos años. [...] con sus discursos, y probablemente con su política, lo que nos podemos encontrar -de hecho nos lo estamos encontrando ya- es un parón en el sector de las renovables mientras otros países en otras latitudes, China o Estados Unidos como ejemplo, van como un cañón [...] hoy las renovables exportan, por ejemplo, más que el sector del vino que, según el Ministerio de Medio Ambiente, ocupa a más de 109.000 personas. Sabe también que la eólica, por ponerle otro ejemplo, evitó la importación de combustibles fósiles por valor de 3.600 millones de euros, mientras que las primas fueron de 1.600 millones [...] en el año 2008 ustedes hicieron una apuesta por el solar en suelo, de forma muy distinta a lo que habían hecho en Alemania, solar en techo con modelo de generación distribuida, porque quizás ustedes optaron por lo que querían algunos. [...] lo que tendrían que hacer es no bajar las remuneraciones de forma global sino de forma concreta a aquellos que se instalaron incumpliendo la norma, a aquellos que regularizaron su situación sin estar conectados. [...] hoy el incremento de las renovables hace que aquellos que invirtieron mucho, especialmente en centrales ciclo combinado, dejen de ganar o no ganen tanto. Desde inicios de la anterior década a día de hoy tenemos el equivalente a 22 reactores nucleares en centrales de ciclo combinado instaladas; una barbaridad. El problema que tienen algunos es que para que estas centrales de ciclo combinado sean amortizadas deberían operar 5.000 horas y están operando 3.500, y Red Eléctrica dice que en el año 2016 operarán, por ejemplo, 1.700 horas. Ese es el problema, señor ministro, reconozcámoslo; cuanto más renovables hay, menos negocio hacen y menos amortizan sus inversiones. [...] en cambio ustedes no dicen nada de los beneficios caídos del cielo, los que en inglés se llaman los windfall profits. Y no dicen nada porque, simplemente, no quieren meter el dedo en el ojo a quien más tiene, cuando ustedes lo que tendrían que exigir es que si hay eléctricas que reciben de más, estas eléctricas dejen de recibir de más. Usted lo sabe tan bien como yo. Las hidráulicas, amortizadas. Centrales hidráulicas hechas por la dictadura de Franco, e incluso diría que de Primo de Rivera; o las nucleares amortizadas desde el año 1998, según acreditan distintos informes de diferentes expertos, que hoy cobran el precio de la luz al precio de la luz que la cobra la última inflación que ha entrado en el pool: las centrales de gas de ciclo combinado. De esta manera reciben de más; reciben mucho, mucho más. Las hidráulicas y las nucleares tienen unos beneficios netos en el año 2008 de 1.083 millones de euros según diferentes informes. En 2009, 1600; en 2008, los beneficios caídos del cielo fueron de 3.600 millones de euros. De hecho lo planteaba ya el Libro Blanco de la energía de Pérez Arriaga: saquen ustedes a la nuclear del pool. De hecho, recientemente Martín Gallego, en un artículo publicado en un diario de carácter estatal, planteaba precisamente que hoy con una regulación justa y equitativa nos ahorraríamos 5.000 millones de euros; nada más y nada menos lo que nos cuestan las primas de las renovables. [...] sólo apelan al esfuerzo de las renovables y a los grandes beneficios de las eléctricas, conseguidos, en gran parte, por costes de transición a la competencia más que discutibles. [...] si el precio de la luz sube es por una razón, porque los que están en la tarifa G4, los grandes consumidores, pagan de menos. Hay una transferencia -y así lo acredita la Comisión Nacional de Energía- del consumidor habitual a los grandes consumidores industriales. ¿Es eso política industrial? Sí, pero digámoslo, acotémoslo y reconozcámoslo. El precio de la luz para el consumidor habitual está por encima de lo que realmente cuesta generarla. Lo cierto es que este año, en que ha subido la demanda de electricidad un 5%, un 1,5 puede ser debido a las bajas temperaturas de este invierno, pero el 3,5 restante se debe, precisamente, a que las exportaciones han subido en estos sectores industriales muy intensivos en el consumo de electricidad. [...] Lo que tenemos que hacer es que la electricidad sea más cara para los consumos suntuarios. Eso significa, por ejemplo, implementar estrategias de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia, y el famoso contador inteligente, que las eléctricas no están cumpliendo. Además, hemos puesto un sistema propietario para que las eléctricas les tengan a ustedes, y a los gobiernos que vengan, atados de pies y manos más que nunca para que no se puedan mover ni un ápice en la gestión de la demanda y ustedes digan amén al sistema propietario. Lo que queremos hoy es ver cuál es la actitud real del Gobierno, entendiendo que, por ejemplo, aquellos que entraron de forma fraudulenta en 2008 en el régimen de energía fotovoltaica podremos decirles que se rijan por el modelo de 2009, pero diciendo también a las eléctricas que tienen que cumplir lo que no están cumpliendo. Lo que no puede ser es que les estemos dando mucho dinero de más y no digamos que se tiene que cambiar un régimen que lo que hace es calcular ese déficit de forma fraudulenta y en beneficio de las grandes eléctricas."

La respuesta de un ministro supuestamente socialista fue que "el problema lo tenemos en los peajes, en los costes regulados. Nosotros hemos defendido que las políticas intervencionistas no llevan a nada -la fijación de precios arbitraria no lleva a nada- y hemos optado por la liberalización, por la normativa europea, porque es importante que haya señales de precios correctas para evitar el derroche energético y decisiones de inversión equivocadas. [...] la otra mitad de los costes son de actividades reguladas, como el transporte, la distribución, las energías renovables o el coste financiero del déficit tarifario; [...] las actividades del Plan general de residuos radiactivos, que ya no están en la factura eléctrica, no están en los costes regulados, que también lo pagan las eléctricas -S.S. ha dicho que no pagan nada-, y también la financiación del sobrecoste de generación, es decir, el régimen insular o extrapeninsular, que se pagará no por la tarifa sino con el presupuesto del Estado. La eliminación del déficit de tarifa, señoría, solamente se puede hacer por dos vías: aumentando los ingresos del sistema o reduciendo los costes, fundamentalmente los regulados, dado que el término de energía funciona según parámetros objetivos de mercado y funciona bien".

El portavoz de ERC-IU-ICV pasó luego a enumerar las propuestas que había ido haciendo en la materia su Grupo: "ley de ahorro y eficiencia, presentada en esta Cámara, proposición de ley; ley de movilidad sostenible, presentada en esta Cámara por nuestro grupo parlamentario, proposición de ley; una proposición de ley sobre fiscalidad ambiental; proposiciones no de ley que le hablaban de un contador inteligente desde hace un montón de años cuando ustedes decían: no es posible sacarla adelante; [...] una cosa es que ustedes estén de acuerdo con el Partido Popular en mantener la Ley Piqué del año 1997, esa ley que ustedes denostaron y que no ha permitido que en este país se haga planificación. Una cosa es que ustedes entiendan por liberalización absoluta un modelo de régimen de monopolios prácticos. [...] Mire, informe de la Comisión Nacional de la Energía, de tres votos particulares, gente que se considera progresista. ¿Sabe qué dicen? Que eso hay que cambiarlo, precisamente para tener un modelo simplemente razonable. [...] Tengo el informe de Letur al Sol, una cooperativa, que algunos consideran especuladores en materia fotovoltaica. ¿Sabe qué pasa? Que una gran compañía eléctrica no hace los deberes y no pueden vender la electricidad que están produciendo. Traigo este caso concretísimo porque el problema, ¿sabe cuál es? Que ni las instituciones ni la Comisión Nacional de la Energía están al lado de estos pequeños instaladores. ¿Qué planteamos nosotros? [...] que se presente un informe en el Parlamento en el que se comparen las primas a las energías renovables, las asignadas a la cogeneración con combustibles fósiles y los beneficios caídos del cielo y las retribuciones e instalaciones de generación cuyos costes de producción sean significativamente menores [...] Cuando ustedes ponen un límite de hora, usted sabe que, depende de cómo, lo que están es contribuyendo a la ineficiencia porque, obviamente, si uno no puede aprovechar todas las horas de sol, para qué invertir".

El propio Ministro lo admitía: "Ahora mismo tenemos un traje energético grande para la demanda de energía, de electricidad de nuestro país. [...] las industrias, que en Cataluña son muy importantes, del automóvil, la papelera, la química, etcétera, están pagando una factura de electricidad que muchas veces no solamente se explica por la fotovoltaica pero sí en parte". Y, como el traje nos queda grande, lo cortamos por las renovables y ampliamos por el lado de las concesiones a las nucleares o la búsqueda de petróleo en la Canarias natal del Ministro.

Compartir no es robar

2012-01-31T09:36:00.003+01:00

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer criticó duramente la firma por el Gobierno español y la UE del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y anunció que hará "todo lo que esté en mis manos para evitar que el Parlamento Europeo lo ratifique el próximo junio". Ya en las primeras rondas de negociaciones en 2010, Meyer denunció el "oscurantismo y la falta de transparencia en la negociación", de la que se había excluido a los representantes del pueblo en el Parlamento Europeo mediante una "más que vergonzosa" cláusula de confidencialidad.

Meyer mostró su preocupación "por la ambigüedad, el carácter generalista del texto y, sobre todo, por ser una amenaza para la libertad en Internet y la libertad de expresión" y recordó que numerosas organizaciones alertan que las patentes del software "son un ataque directo a la innovación y el desarrollo tecnológico [...] Si el ACTA se hubiese firmado hace 20 años no existiría Internet tal y como lo conocemos".

El eurodiputadomostró su total desacuerdo con que "tanto en el Parlamento Europeo como en el resto de Instituciones Europeas se use solamente software privativo, cuando deberíamos acabar con la posición dominante de Microsoft y, en un proceso gradual, empezar a trabajar con software libre impulsando así la innovación y el desarrollo de tecnologías accesibles para todos". Se hace necesario tomar en Europa el camino que para esta legislatura se apunta en Extremadura con los planes de la Junta de migrar sus 40.000 ordenadores aún en Windows a Debian, y que, pese a toda la fama conseguida por nuestra región, aún utilizaban software privativo.

Recuerda el eurodiputado de IU que "no existen estudios que supediten el desarrollo tecnológico a la existencia de patentes del software, al contrario, las revoluciones tecnológicas como Internet o el llamado software libre han ocurrido gracias a la existencia de estándares abiertos no patentados [...] Desde las instituciones públicas se debería defender firmemente los estándares abiertos y la prohibición de las patentes de software, y el ACTA, opuestamente, desestabiliza enormemente los medios de distribución de software libre".

"El ACTA amplia de manera desmesurada el catálogo de violaciones de la ley y de delitos penales, alejándose de la necesaria apuesta por una mayor apertura en la producción cultural que, respetando siempre la autoría moral, permita la reutilización y la innovación". Quiso Meyer también enfatizar la necesidad de "luchar contra la tendencia actual que busca criminalizar la colaboración y los valores comunitarios en una de las pocas esferas donde todavía no se ha impuesto el individualismo". "Compartir no es robar" sentenció.

Una nueva ilusión

2012-01-27T09:13:00.000+01:00

En el congreso federal en el que el PSOE elegirá a quien tendrá que aguantar los "por qué no lo hicieron Vds. cuando gobernaban", se debatirán enmiendas aprobadas en el congreso provincial de Badajoz por las que "al comité federal del PSOE corresponde aprobar las listas al Congreso y al Senado de todas las circunscripciones provinciales de España sin excepción alguna". La propuesta de que el PSC someta al PSOE la aprobación de sus candidaturas la hizo el secretario general pacense, Francisco Fuentes Gallardo, que fue senador hasta el año 2000 y que lo volvió a ser cuando lo designó el pleno de la Asamblea de Extremadura el 21 de julio de 2011, tras renunciar a su escaño habiendo cumplido sólo por unos días su compromiso con los extremeños.

Forma parte desde hace muchos años del comité federal de listas: "yo no defiendo el federalismo asimétrico en el interior del partido", dice sin aceptar que el PSC es un partido diferente al PSOE; “van a decidir sobre quien va a ser el secretario general del PSOE [101 delegados que probablemente apoyarán casi en su totalidad a Carme Chacón] y, por tanto, no puede ser que lo suyo solo sea suyo y lo de los demás, también”.

Manuel Cañada, excoordinador regional de IU Extremadura e integrante del Colectivo La Trastienda, que presentará el jueves 2 de febrero, a las 20.30h, en el Teatro Imperial de Don Benito el libro "La huelga más larga", dedicado a la histórica huelga de yeseros y escayolistas pacenses en 1988 y cuya autoría comparte con Joaquín Vega y la Asamblea de Yeseros y Escayolistas de Badajoz, ha escrito de Francisco Fuentes que viene "procedente del falangismo, es el tío del principal empresario de la región que ha hecho su fortuna a la sombra de la Junta de Extremadura. El partido que llegó al poder autonómico aupado en la lucha contra la central nuclear de Valdecaballeros es desalojado cuando pretendía usar Extremadura como un basurero para refinerías, térmicas y cementerios nucleares. La lucha constante e inteligente de esos rebeldes que según Ibarra “no son nadie” y cuya mejor expresión ha sido la Plataforma Ciudadana Refinería No, ha sido decisiva en la derrota del PSOE".

El Grupo Industrial Alfonso Gallardo, que anualmente factura el equivalente al tercio de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, posee dos siderúrgicas, fábricas de ferromallas, laminados, galvanizados, tubos, corrugados y cemento, con almacenes en Madrid (2) y Euskadi (3), con plantas de fabricación en esas dos comunidades y en Extremadura y Asturias, con líneas de ferrocarril y de alta tensión y subestación eléctrica propias.

Con su tío como mano derecha y eterno vicepresidente de Rodríguez Ibarra y como compañero sentimental de Carmen Pereira, Delegada del Gobierno en Extremadura hasta que llegó el PP, Alfonso Gallardo, amigo también de Rodríguez Ibarra, fue Medalla de Extremadura, Premios, otorgados por la Junta, al Empresario de los años 1997 y 2001, y al Emprendedor 2002. Propietario de El Correo de Andalucía, tiene su nombre en una cátedra en la Universidad de Extremadura. Pero ya tan sólo contaba, después de la renuncia primero de Iberdrola a su 10%, y luego de BBVA (10%) y Caja Madrid (10%), con la ayuda económica de Caja Extremadura (3%) y la participación del 20% en el capital social comprometida por Ibarra a través de Sofiex (Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, hoy parte de Extremadura Avante) y prometida por Fernández Vara.

Como el PSOE vendió la refinería del sobrino del coordinador provincial como grandiosa iniciativa en la campaña electoral de 2007 y la recuperó para la del año pasado, le era muy difícil aceptar que ni un euro público más fuese a la Refinería Balboa, condición que Izquierda Unida puso tras las elecciones autonómicas para apoyar la investidura de Fernández Vara. José Antonio Monago sí lo aceptó y el PP apoyó el 27 de diciembre la propuesta presentada por IU en la Asamblea de Extremadura para no aportar más dinero público a una infraestructura fuertemente cuestionada desde el punto de vista medioambiental y con un coste total de más de 2.000 millones de euros.

Las organizaciones ecologistas, que pidieron sin éxito una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa a Rosa Aguilar antes de dejar el Ministerio de Medio Ambiente, aplaudieron la decisión; Ecologistas en Acción lamentó "la falta de voluntad política o la valentía suficiente" del anterior Gobierno para dar el cierre definitivo al proyecto. Dos semanas antes, el Consejo de Participación de Doñana, compuesto por los sectores sociales, políticos y económicos del parque, habían manifestado su rechazo a un proyecto considerado un despropósito por distintos informes técnicos.

Sin embargo, el PSOE sigue empecinado en el proyecto, siendo Francisco Fuentes, el único heredero de Alfonso Gallardo, uno de los apoyos políticos que tiene. Además, el ex-ministro de Industria Miguel Sebastián y Felipe González apoyaron la construcción de esta refinería y su oleoducto. El expresidente del Gobierno fue nombrado a principios del año pasado director del órgano de gestión pública de Doñana y era una de las mejores bazas del empresario; de hecho, fue rechazando los argumentos sobre riesgo para el entorno del Parque Natural.

Pero según informaba 'El País' el 5 de julio pasado, una misión internacional formada por representantes de la Unesco, UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y del convenio Ramsar de protección de los humedales, que visitó Doñana hace ahora un año, había concluido su informe recomendando que se examinara en 2013 si estaría justificado inscribir al Parque Nacional en la "lista del Patrimonio Mundial en Peligro", pues, igual que la ampliación del dragado del Guadalquivir que pretendía acometer el puerto de Sevilla y la presión del cultivo de la fresa sobre el acuífero del que vive Doñana, el oleoducto que Gallardo quiere llevar a Huelva podría tener un impacto negativo.

Con el cambio de gobierno regional se ha puesto fin a un largo historial que comenzó con la entrega gratuita en 1992 a Gallardo de los terrenos que la Junta había expropiado para construir Siderúrgica Balboa. El Tribunal Supremo dio la razón a los antiguos propietarios.

En 1998 recibió, también gratis, en concepto de "cesión" del Ayuntamiento de Villafranca y de la Junta, la fundición de Transidesa, a cambio de mantener durante 10 años una plantilla de 80 trabajadores de la que ese mismo año prejubiló a 28. En 2004 adquirió la planta por 50 millones de pesetas, para dos meses después vender el horno a Argentina por 70 millones. En 2006 desmantela la planta.

El negocio es más redondo aún si tenemos en cuenta la forma con la que Gallardo obtenía fondos: en 1999 recibió el 74% del total de subvenciones que Sofiex destinó a todas las empresas extremeñas. Ese mismo año compró a la Junta la concesión de explotación de calizas en Sierra de Alconera, expropiada meses antes, por 17 millones de pesetas, cuando la propia Junta estima el valor real entre 5.000 y 9.000 millones de pesetas. También en 1999 la Junta de Extremadura crea una empresa dedicada exclusivamente a realizar los estudios para la cementera que deberían correr por cuenta del propietario. El gerente de esta Gestión y Estudio de Recursos Mineros es Leopoldo Torrado, entonces Director Gral. de Medio Ambiente, encargado de emitir la evaluación de los estudios que su propia empresa realizó.

La querencia por los Directores Generales de la Junta de Extremadura es emblemática. Véase a Luis Revello, ex-Director Gral. de Trabajo, asesor de Alfonso Gallardo y amigo íntimo del director bajo administración socialista; o a Diego Baena, Director Gral. de Promoción Industrial en dicho gobierno, responsable último de Incentivos Empresariales y trabajador en excedencia de Alfonso Gallardo.

En 1999, Gallardo recibió una subvención de 920.000 euros de todos los extremeños para construir la fábrica (que no llegó a funcionar) de Tubos Europa en Jerez, cuyas maquinarias vendió en 2001 a Irán.

En el último año del siglo pasado, al día siguiente de una comida con Rodríguez Ibarra, Francisco Fuentes y Ricardo Leal en un cortijo de este último, y un día antes de que finalizara el plazo, Gallardo se presentó a la adjudicación del suministro de gas en Extremadura. La Junta le adjudicó concesión por ser "la única empresa con suficiente solvencia técnica".

En 2002 recibió otra subvención por crear, en Suministros AG, que no pasó de ser un local vacío de 15 metros cuadrados, 140 puestos de trabajo, que en realidad eran trabajadores de Siderúrgica Balboa.

En el año 2003 Gallardo recibió el 40% del presupuesto del Plan de Electrificación Rural de la Junta de Extremadura; en 2004, el 85%; en 2005, el 100%. En 2004 recibió el 73% de todas las ayudas de la Junta de Extremadura a las Pymes.

En 2006, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, en una licitación que valora en más de 300.000 euros, cede unos terrenos para vertedero de residuos industriales durante 60 años a todas las industrias locales que produzcan más de 25.000 Tm anuales de residuos y que estén catalogadas de Interés Regional por la Junta, condiciones que sólo cumplía Gallardo.

Las dos principales empresas del Grupo, AG Siderúrgica Balboa S.A. y Alfonso Gallardo S.A., están participadas en un 70% por MARLMROS, empresa domiciliada en Amsterdam, cuyo gerente y único accionista es Alfonso Gallardo.

Fracciono contrato, regalo contrato y el ciudadano me paga el juicio

2012-01-26T13:54:00.000+01:00

La defensa por parte del anterior gobierno socialista de Francisco Fernández en el Ayuntamiento de León de la subida del IBI del 2008, pese a las pruebas de que la publicación de la ordenanza no era legal, le costó a los leoneses 78.700 euros. Tras la sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León de febrero del 2010, se externalizó el servicio al bufete jurídico Garrigues, al que le aprobaron gastos de 20.880 euros en "honorarios de elaboración del análisis técnico jurídico", 17.700 en "honorarios profesionales para la asistencia legal en la elaboración del recurso de apelación", y sendos 20.060 en "honorarios profesionales por la formalización del recurso de casación" y "honorarios de asistencia del letrado del procedimiento ordinario 117/2010 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León".

El último desembolso, aún pendiente de pago, corresponde a la asistencia frente a los recursos individuales que presentaron los ciudadanos para solicitar la devolución después de la sentencia del TSJ. Los tres primeros son de actuaciones ante el Tribunal Supremo y la división de que fueron objeto permitió eludir la obligación que impone la Ley de Contratos del Sector Público de acudir a concurso público cuando superen los 18.000 euros, excluido el IVA. Una práctica que también se utilizó para el recurso de apelación del tranvía ante el TSJ, por el que se pagaron al mismo bufete 21.004 euros.

Aun dejando de lado el empecinamiento partidista en defender en los tribunales decisiones tomadas en un Ayuntamiento entendido como el propio cortijo por quien dejó la política sólo cuando se conocieron los 520.000 euros de indemnización que iba a percibir por su "trabajo" en una entidad rescatada por todos los españoles y cuando su nombre estaba ya impreso en las listas del PSOE a las generales; aun dejando esa tozudez de lado, el trabajo que implicaba debía haberse encomendado a los tres letrados en nómina del consistorio leonés. ¿Para qué están si no? Aunque mejor no preguntar al expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que utilizó los recursos públicos para una demanda civil contra su sucesor en el gobierno regional, José Antonio Monago, por haberle acusado de coaccionar a una empleada pública para que no formara parte de una lista electoral popular. Fernández Vara dijo interponerla para que sus hijos "sepan que su padre esas cosas no las hace, ni las ha hecho, ni las hará nunca". ¿Y le daba igual que sus hijos supieran que su padre utiliza el dinero de todos los extremeños para impartirles lecciones?

Eran días, abril de 2011, en que Vara informaba de que Monago "se fue de crucero durante un pleno del Senado" y éste decía que aquél había "faltado a algún pleno de la Asamblea por presenciar un partido de fútbol". Mientras, otros ciudadanos con ideas que dar, sufrían a ambos y eran metidos en el mismo saco por el mal concepto que de ellos como políticos tiene una población que les sigue votando.

La, a la sazón alcaldesa placentina, la también socialista Elia Mª Blanco, y su cohorte de nueve encausados en el "caso Plasencia" querían recurrir igualmente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que sus conciudadanos pagaban.

Precedentes como el leonés, también los había en la Extremadura socialista. Para asuntos que sí concernían a lo público (defensa en juicios y contenciosos laborales, y consultas e informes, incluso sobre datos que se negaban al Consejo de Administración), la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) recurría habitualmente a servicios jurídicos externos, en lugar de utilizar los propios, a los que precisamente pertenecía como Director Jurídico Pablo Antonio Sánchez del Mazo, uno de los acusados (tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada) en el "caso Plasencia" y otro ejemplo de ascenso a dedo y bien remunerado (2.800 euros mensuales) de concejalía local a puesto político en la Junta socialista. Cuando era delegado de Hacienda, decía desconocer cómo se habían realizado adjudicaciones y fraccionamiento de facturas en cantidades menores a 12.000 euros para evitar su salida a concurso, pese a afirmar que es precisa "una conformidad por parte de la Concejalía de Hacienda [...] y en cualquier caso, el último paso lo da la alcaldesa, que valida todo el procedimiento". Al parecer su intervención consistía en un conforme o visto bueno y que no tenía que fiscalizar nada, en virtud del principio de buena fe y confianza en los servicios técnicos.

Por estudios y trabajos técnicos, no sólo del sector jurídico, encargados a empresas privadas, la Junta pagaba hace un año 462.000 euros al día. Según se denunció entonces, el presupuesto para 2011 traía casi 132 millones de euros por este concepto.

Los gastos jurídicos de la Junta eran de 71 millones al año. ¿Fueron mejor invertidos que los que se venían destinando a los servicios jurídicos públicos de Mérida? Al decir de Begoña Saussol, entonces concejala de Festejos (año 2006), aconsejaron no personarse como acusación particular a un Ayuntamiento burlado por el promotor Agustín Tarazona, que sin disponer de contrato con Joaquín Sabina, hizo aparecer al consistorio como colaborador del concierto fotografiándose con la concejala popular, y dejó sin devolver el importe de las entradas a miles de personas.

Un crudo cambio de año

2012-01-25T12:39:00.001+01:00

Doce días después del naufragio del 'Costa Concordia', con el resultado de 16 víctimas mortales y 22 desaparecidos, de los que 6 pueden ser los cuerpos de los que aún no se conoce el nombre, los buzos de la compañía holandesa Smit Salvage inspeccionan hoy el crucero tras haber descendido ayer unos 20 metros para estudiar las condiciones del casco y dar con la manera más segura de bombear las 2.380 toneladas de carburante depositadas en las bodegas, antes de comenzar a aislar el primer tanque de los 17 de los que se extraerá.

El responsable de la Protección Civil italiana, Franco Gabrielli, nombrado por el Gobierno de Mario Monti comisario extraordinario para la catástrofe, ha informado de que esperan comenzar el próximo sábado con la extracción del fuel. Se descarta que el crucero, parcialmente hundido frente a la isla del Giglio (Italia), se deslice hacia una sima de más de 90 metros de profundidad, lo que aumentaría el desastre ecológico.

Ayer se avistó frente a las costas de Giglio, una localidad de interés turístico, una mancha de hidrocarburo de cerca de 300 x 200 metros que se vertió el día del naufragio o siguientes y que se depositó en el fondo del mar, emergiendo ahora por las corrientes marinas. Además, basura y objetos de todo tipo procedentes del barco amenazan tanto el fondo marino como las costas, para cuya recogida las autoridades han pedido un plan a la naviera.

Pese a que las tareas de extracción del combustible parecen seguras -tras los movimientos de la semana pasada, el barco está sujeto en tres puntos por formaciones rocosas-, para evitar los movimientos que provocaría el vacío, mientras por una perforación en el casco se bombeará el combustible hacia unas cisternas, a través de una segunda apertura, se irá rellenando el tanque con agua de mar.

El 'Salina Bay', buque enviado por la Unión Europea especializado en labores de recogida de combustible, llegó este fin de semana a la zona, que forma parte de un parque natural marino considerado uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo, para colaborar con la Smit Salvage. El propio director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés) admite que "es una contribución modesta después de un accidente tan trágico y serio como éste"; el buque permanecerá en la zona las próximas semanas "como medida de precaución".

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha solicitado al Gobierno italiano que restrinja el acceso de los grandes cruceros en zonas ecológicas y culturales importantes, en concreto en Venecia y su laguna: se "refuerza la antigua preocupación sobre el riesgo que esas líneas suponen a enclaves inscritos en la lista del Patrimonio Mundial [...] El tráfico de cruceros es particularmente dañino debido a la frágil estructura de la ciudad. Los barcos provocan mareas que erosionan los cimientos de los edificios, contaminan y afectan la visión de la ciudad al 'empequeñecer' los monumentos en el centro" de la urbe.

Diez días antes, se vertían 200 barriles de petrólero en el oleoducto terrestre de Nembe, en Nigeria, y otros catorce días más atrás una fuga en la plataforma petrolífera de mar abierto de Shell en Bonga, una de las mayores de esta multinacional en ese país, derramó 40.000 barriles de petróleo al océano Atlántico durante una transferencia "rutinaria" a un petrolero, el peor vertido en alta mar en la última década según los funcionarios nigerianos. Fotografías desde satélites de la organización independiente Skytruth muestran una mancha que abarca un área de 70 x 923 km. Trece comunidades dependientes de la pesca, que ha prohibido en la costa la autoridad nigeriana, se han visto seriamente afectadas por la contaminación petrolífera. Grandes cantidades de denso petróleo han aparecido en las playas, dejando peces muertos a su paso, aunque Shell elude toda responsabilidad achacando dicho crudo a otro accidente.

El vertido arroja serias dudas acerca de la viabilidad de las operaciones de perforación petrolífera en mar abierto de Shell, que utiliza estas instalaciones de prospección ultraprofunda en Nigeria como ejemplo del nivel de seguridad de esta tecnología.

Shell es el mayor operador del delta del Níger, la región petrolífera de Nigeria, y ha mantenido una posición dominante desde su llegada en 1937. El petróleo se encontró en Oloibri en 1956. Desde 1960, las exportaciones de petróleo han generado unos ingresos de 600.000 millones de dólares para el Gobierno y las multinacionales.

Precisamente a Nigeria (el Norte), y también a Camerún (Norte), Burkina Faso y Senegal se ha extendido la preocupación que ya existía para Níger, Mauritania, Mali y Chad, respecto a la inminente hambruna de la que advirtió ayer el relator especial de la Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación: "No se pueden cometer los mismos errores del año pasado, cuando los agentes internacionales retrasaron su respuesta a la crisis del Cuerno de África". Unicef cifra en un millón el número de niños que sufren riesgo inminente de desnutrición si la comunidad internacional no se moviliza, y un informe reciente de Intermón Oxfam y Save The Children señala que, si la respuesta internacional a la crisis humanitaria de Somalia, Kenia y Etiopía hubiese llegado a tiempo, se habrían evitado miles de muertes. La ONU declaró la hambruna en el Cuerno de África en agosto, 6 meses después de la alerta de las ONG: más de 50.000 personas murieron en la región entre abril y agosto, la mitad de ellos niños menores de 5 años.

La mayor parte de la población de Nigeria sigue viviendo en la pobreza y sin garantía de suministro estable de combustible, electricidad o agua potable, sin que les beneficien las grandes cantidades invertidas por las empresas petroleras europeas. Este país africano exporta el 20% de su petróleo a Europa y el 31% de su gas natural a España. Repsol planea una gran planta de gas en el país para extraer 7 millones de toneladas al año.

Shell y otras empresas han estado aprovechando la falta de regulación de la industria petrolífera en mar abierto de Nigeria y han ocultado la cantidad, volumen y consecuencias de los vertidos de crudo. En el Golfo de Guinea, lejos de la costa y de la vigilancia de inspectores y defensores del medioambiente, se suceden los vertidos, las fugas y el abandono de residuos con total impunidad. Se estima que en los últimos 50 años se han derramado entre 9 y 13 millones de barriles en el Delta del Níger, que equivale un desastre similar al del Exxon Valdez cada año.

En los 90, la minoría ogoni del delta movilizó a miles de manifestantes contra los desastres ambientales y sociales de la petrolera pidiendo el fin de sus vertidos diarios y la quema ilegal de gas (mezclado con petróleo), compensaciones económicas por daños ecológicos y la distribución de la riqueza generada por el petróleo. Desde 1993 Shell no ha vuelto allí, pero se dedicó a financiar al régimen militar nigeriano en una serie de operaciones armadas que acabaron con la vida de miles de ogonis. El 10 de noviembre de 1995, el escritor y activista Ken Saro-Wiwa y otros ocho miembros de su pueblo eran ejecutados por el gobierno nigeriano.

En agosto de 2011, el Programa de la ONU para el medioambiente (PNUMA) publicó un informe sobre el impacto de los vertidos en las tierras de los ogoni. La ONU condenó a Shell y a Nigeria por incumplir los estándares industriales y ocultar una contaminación del delta del Níger que llevaría tres décadas eliminar. Los científicos certificaron que los pozos de agua potable en territorio ogoni habían sido contaminados con benceno (agente cancerígeno presente en el crudo) en una tasa 900 veces por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

En octubre de 2011, un informe del grupo activista británico Platform reveló la complicidad de Shell en las graves violaciones de derechos humanos responsabilidad del gobierno nigeriano entre 2000 y 2010. La empresa alimentó los abusos sistemáticos (asesinatos, tortura...) financiando grupos armados que, en uno de los casos, fueron responsables de la destrucción de la ciudad de Rumuekepe, donde al menos 60 personas podrían haber sido asesinadas.

Shell, no obstante, ha obtenido permiso para iniciar las perforaciones en el Ártico en el verano de 2012. Las consecuencias medioambientales en un mar helado podrían ser catastróficas y prácticamente imposibles de eliminar.

Repsol también espera comenzar las operaciones en dos nuevos pozos de petróleo (Lubina-1 y Montanazo D-5) 40 km. mar adentro de las costas del Delta del Ebro, en Tarragona, en octubre de 2012. Según la presentación remitida por la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos dos pozos aportarán 6.000 barriles diarios, quintuplicando la producción que procesa la plataforma Casablanca, con la que la conectarán tuberías submarinas.

Y ello pese a que el juzgado nº 3 tarraconense abrió la vía penal contra Repsol por indicios de delito en al menos dos fugas de crudo, que la empresa no notificó a las autoridades, ocurridas en mayo y junio de 2009 durante las tareas de prospección que determinaron la "viabilidad" de estos dos pozos submarinos de difícil acceso.

Zapatero es nuestro guía... fiscal

2012-01-23T09:48:00.004+01:00

Sin negar el PSOE de Don Benito que la presión fiscal en la localidad sigue siendo menor que en otras ciudades comparables, ha vuelto a lamentar que el Ayuntamiento creara la tasa de cajeros automáticos -Banesto ganó 125 millones en 2011 tras dedicar 400 millones a limpiar ladrillo- y la de aprovechamiento de dominio público para las empresas de agua, electricidad, gas y telefonía -Movistar ingresa casi un millón diario por alquilar y reparar los teléfonos fijos- en septiembre de 2008. Incluso en su queja de que a la subida, también entonces, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se añada ahora el 10% más por el Decreto Ley de 30 de diciembre del Gobierno central, no se percibe ninguna propuesta de progresividad en el impuesto.

También subió entonces el gobierno de Mariano Gallego el impuesto de Actividades Económicas, las Plusvalías y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y se actualizaron las ordenanzas fiscales de la Guardería Rural y la recontribución especial. En 2011 se ha creado la nueva tasa del alcantarillado y ha subido la del agua.

Cuando el PSOE se queja de los impuestos en los que se puede gravar de distinta manera según el nivel de renta (aquel "Es de izquierdas bajar los impuestos" by Zapatero), es porque guarda para después impuestos en los que ricos y pobres pagan lo mismo, como el IVA. Poca credibilidad tendrá un PSOE que intenta dejar atrás su imagen neoliberal si Zapatero sigue siendo su timonel ideológico y perseveran en oponerse, sin distinción de destinatario del impuesto (sea la Banca o Movistar) ni ánimo de progresividad alguna, a los aumentos de presión fiscal.

Mérida les invita a leer La Gaceta

2012-01-20T12:09:00.003+01:00

El 5 de octubre el Director General de Relaciones Informativas y Comunicación de la Junta de Extremadura confirmaba en la Comisión de Acción Exterior, Juventud y Deportes del Parlamento regional que se va "recuperar y ampliar el espíritu de una ley que ya está, que es de 1996, pero que no se quiso poner en práctica": la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. El objetivo sería "despolitizar" esta materia, haciendo que las campañas institucionales "sirvan a sus destinatarios legítimos, los ciudadanos, y no a quienes las promueven".

Si, como dijo el Director General, "la dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas", ¿por qué ha ordenado el nuevo concejal de Cultura de Mérida dejar de ofrecer en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner el diario "Público" para comprar diariamente "La Gaceta de Intereconomía", de tirada mucho menor y que viene a unirse a "La Razón", "ABC", "El Mundo" y "El País" que ya se venían adquiriendo como diarios de tirada nacional?

De poco valdrá controlar que la publicidad institucional no sea partidista si la publicidad de los partidos se sigue haciendo con cargo a las instituciones.

Golpe al pacto de desprotección ambiental PP-PSOE

2012-01-18T09:27:00.004+01:00

Ni el pacto PP-PSOE para que la Ley del Suelo de Extremadura permita desarrollar proyectos como la urbanización de lujo con campo de golf de Valdecañas en suelo no urbanizable de zonas protegidas por la Red Natura 2000, ni la reedición del pacto PP-PSOE para rechazar en el Pleno del 27 de octubre de la Asamblea la derogación propuesta por IU, podría ser suficiente para hacer urbanísticamente legal el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

El acuerdo PP-PSOE se proponía tumbar las dos sentencias de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaraban nula la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) y para este caso concreto. Fueron recurridas por la empresa Marina Isla Valdecañas, la Junta y la Diputación de Cáceres -en representación de los ayuntamientos de El Gordo y de Berrocalejo.

En un auto conocido ayer y dictado el día 13, el TSJEx ordena paralizar las obras y la ocupación y uso de las instalaciones hasta que el Supremo se pronuncie, estableciendo que la reforma introducida en el artículo 11 en abril del año pasado "no tiene eficacia retroactiva y, por tanto, no era aplicable al Proyecto de Interés Regional", como tampoco lo era el proceso de homologación urbanística aprobado por la Junta el pasado mes de septiembre y que se incluye en la Disposición adicional de la reforma.

Sin embargo, en este país se condiciona el cumplimiento del artículo 9.3 de la Constitución ("La Constitución garantiza [...] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") al pago de una fianza. Los magistrados reconocen carecer de criterios para cuantificar ésta y han instado a un acuerdo entre las partes, aunque ya el gerente de Isla de Valdecañas, Miguel Oñate, habló ayer de un importe "millonario" y proporcional a la inversión realizada (140 millones de euros, más otros 50 millones pendientes de ejecución).

Ecologistas en Acción, que presentó la petición de aplicación provisional de las sentencias del TSJEx para evitar que el proyecto continúe avanzando, solicitó en su escrito inicial que no se fijase fianza alguna. No obstante, el abogado del grupo ecologista, José María Trillo, cedió en una cuantía "en arreglo a nuestros limitados recursos".

Influencia de los bajos ingresos en la falta de oportunidades

2012-01-13T11:50:00.007+01:00

Contra el aparentemente irrefutable discurso de que como vivimos más, hay que retrasar la jubilación, propio de a quienes les espera una jubilación dorada, larga y plagada de buena salud, el estudio "Discapacidades e inclusión social" de la colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, realizado a partir de los datos de la macroencuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre discapacidad de 2008 y presentado ayer en Madrid, alerta de que "a menos renta en el hogar, menor nivel de educación y salud, y mayor tasa de discapacidades" psíquicas, físicas o sensoriales, sentenció el sociólogo coautor del estudio Carlos Pereda.

Esta influencia del punto de partida de la renta en el hogar en el desenvolvimiento cultural y sanitario de la población desmonta ese otro castillo en el aire edificado en la idea de que el rico es el que ha trabajado para ganar lo que tiene y que el resto teníamos a nuestra disposición las mismas oportunidades de éxito.

El informe otorga a las personas con menos de mil euros de ingresos mensuales 4 veces más riesgo (8,4%) de sufrir una discapacidad antes de los 65 años que a aquellas con ingresos superiores a 2.500 euros (2,4%). Si una enfermedad no se cura bien o no hay una rehabilitación correcta, como puede suceder en los hogares con pocos recursos, puede convertirse en discapacidad. "Por eso es tan importante una sanidad pública para todos, que pueda eliminar esas diferencias por cuestiones de renta".

Los ingresos medios en un hogar con una persona discapacitada son un 25% más bajos que los de las familias sin ese problema. Ni siquiera que el 75% reciba una pensión por invalidez, saca a estos hogares de la precariedad. Además, del medio millón de personas con discapacidad que dicen necesitar recursos y no los reciben, un 66% son mujeres. "Ellas son las cuidadoras principales", en un 75% de los casos, "pero no reciben la atención que merecen cuando son ellas las que necesitan ser atendidas", señaló Pereda.

En consecuencia, de los 3,8 millones de discapacitados españoles, el 7% son analfabetos, frente al 1% de la población general. Y su tasa de desempleo se elevó al 40% en 2011, casi el doble de la tasa de paro total del 21,5%. Aun así, los autores señalan que aún es pronto para detectar los efectos de la crisis en estas personas. Una quinta parte de los que encontraron trabajo lo consiguió gracias a fórmulas de empleo protegido.

Las asociaciones que reprensentan a personas con discapacidad aprovecharon para criticar la aprobación por el PP de la moratoria para la incorporación de nuevos dependientes en el sistema de dependencia. El presidente de la Fundación ONCE, Alberto Durán, quien advirtió de que la discapacidad conduce a la exclusión social, señaló que el riesgo de caer en ella ahora es mucho mayor debido al "desmantelamiento del Estado del bienestar".

Otros estudios ya habían alertado que aumentar la edad de jubilación conduce a una pérdida de años de retiro: "los hombres de 65 años de Kensington y Chelsea [zonas de Londres de clase alta y media alta] pueden llegar a vivir otros 23 años, pero la gente de Glasgow [Escocia] sólo vive 14 años más", dijo a mediados de 2010 Brendan Barber, secretario general de TUC, organización confederal de sindicatos. Ante el hecho de que en algunas zonas de Inglaterra, los parados mayores de 50 años lo tienen difícil para conseguir empleo, una asociación de pensionistas denunció que el retraso de la jubilación sólo conducirá a que la gente de 65 años pase más tiempo en el desempleo.

El economista que no busca trabajo de asesor de fortunas

2012-01-13T09:54:00.005+01:00

Las grandes empresas y las grandes fortunas no pagan menos impuestos porque tengan los mejores equipos de asesores y de abogados, sino porque desde los poderes públicos, independientemente de su (mono)color político, se les ofrecen herramientas para el ahorro de impuestos.

El diputado de Izquierda Unida portavoz del Grupo Parlamentario en las comisiones de Economía y Hacienda, Alberto Garzón, ha registrado una proposición no de ley para su debate en un próximo Pleno del Congreso que busca “eliminar la figura jurídica de Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades” (cuyos artículos 116 a 119 prevén este régimen especial de tributación).

“Los técnicos de Hacienda señalan que estas figuras jurídicas son un foco de fraude de gran importancia”, además de que “acaban siendo un mecanismo legal que permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Posibilita que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país con las que mover grandes sumas de dinero y eludir los impuestos". Añade que “la utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas”, "grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a las arcas públicas [y mientras perduren,] cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los sectores menos pudientes”.

Así mismo, la iniciativa parlamentaria pide “que se grave en territorio español esas rentas [derivadas de dividendos o de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades extranjeras] en la parte que no hayan tributado conforme a los tipos impositivos vigentes en las normas españolas".

El ocaso del pobre tejido industrial

2012-01-13T09:01:00.007+01:00

La foto, tomada de www.iu-extremadura.es, recoge un momento de la visita que realizó Cayo Lara a Badajoz para apoyar a Pedro Escobar y Manuel Sosa, a la sazón candidatos para autonómicas y municipales. Pedro Escobar alertó entonces de que se estaba destruyendo el "poco tejido empresarial extremeño" y recordó los casos de la planta de impresión oliventina de la sociedad madrileña de artes gráficas Lusográfica, de Montprint, Fuentecapala, Nueva Rumasa.

Volvieron ayer los lamentos por la inacción de la anterior administración regional a la hora de controlar las subvenciones que otorgaban a través de la empresa pública Sociedad de Fomento de Extremadura (Sofiex), cuando se conoció por el BOE que el Ministerio de Economía ordena a Lusográfica devolver una subvención de 1.325.000 euros más 286.000 en concepto de intereses de demora por no mantener, como ponía de manifiesto el informe que la Junta de Extremadura emitió, tan tardíamente el 15 de febrero de 2011, la inversión pactada de 8,83 millones euros durante 5 años después de finalizar el plazo de vigencia.

Los dos pagos de finales de 2007 y comienzos de 2008 con cargo a Incentivos Regionales, una de las líneas más importantes concedidas por el Gobierno nacional a proyectos empresariales, estaban condicionados además a la creación y mantenimiento de 6 puestos de trabajo, conservando además los 54 existentes. Lo que se produjo, en cambio, fue la destrucción de empleo durante los dos años que siguieron al fin del plazo de vigencia.

En febrero de 2009 la industria, propiedad de Salomón Lerner, gran amigo de Alfonso Guerra, presentó concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil, dejando en la calle a 47 trabajadores. En septiembre del año siguiente acordó con los acreedores un convenio para salir temporalmente de la suspensión de pagos, que fijaba una 'quita' del 50%, abonándose la mitad restante de la deuda en un plazo de cinco años a partir de 2011.

En junio pasado la junta de accionistas aprobó la reducción forzosa del capital social, engullido por las deudas, a cero con amortización de todos los títulos (4,981 millones de euros). Acto seguido, se rehizo el capital social en 60.000 euros.

La nueva deuda podría incorporarse al expediente del concurso actualmente en el juzgado. En caso de impago, la industria pasará a ser gestionada nuevamente por los administraciones concursales, que podrían optar por presentar un nuevo convenio o liquidar la sociedad.

La presentación de la factoría de Lusográfica la hizo a bombo y platillo Rodríguez Ibarra el 11 de octubre de 2002: Sofiex participaba con el 49% de las acciones (en 2011 conservaría el 24%), 2,4 millones de euros, "dada la solvencia de la compañía", que se comprometía a crear 108 puestos de trabajo; "traen riqueza y empleo a Extremadura". Actualmente, se encuentra en funcionamiento a un ritmo mucho menor del que tuvo en un principio y habiendo cambiado la actividad principal de publicidad y cartelería a servilletas de papel.

El montante total que se ha llevado de Extremadura el Grupo Lerner supera los 13 millones de euros en subvenciones, a añadir a la compra, por 400 euros, de 65.000 metros cuadrados (6 veces lo necesario) de suelo industrial recalificado por el Ayuntamiento, entonces socialista, de Olivenza, que podían generar unas plusvalías, en caso de venta a 60 euros el metro cuadrado, de otros 3,9 millones. El 27 de marzo de 2006, cuando ya se barruntaba que la empresa ni invertía ni contrataba lo firmado con el gobierno regional, Olivenza acordó cancelar las condiciones resolutorias del pliego de condiciones económico-administrativas y regalar el terreno al Grupo Lerner renunciando a recuperar bajo ninguna circunstancia la finca "Ramapallas".

Los inversores nunca llegaron a poner sobre la mesa los más de 24 millones de euros firmados en el contrato de colaboración, sino que se quedaron en poco más de diez. Entre las subvenciones recibidas, consta una de formación de trabajadores, con cargo a Incentivos Regionales como la que ahora se pide desde Economía, de 3,6 millones de euros.

Andrés Holgado describía el contexto en el número del último 21 de febrero de la extinta Voz Emérita: "El INI desapareció, al empuje de la modernidad liberal que sufrimos (algo que no se ha dado en sociedades más maduras políticamente como Francia, Inglaterra o Italia, donde el sector público sigue controlando áreas estratégicas [...]) y el desarrollo industrial se dejó al albur de la iniciativa privada. Ello, en tiempos de globalización, ha llevado al desmantelamiento y a la deslocalización de la industria fabril. En Extremadura se intentó crear un 'sector público', liberal por supuesto, con la iniciativa privada como motor".

Extractos de Ventana Abierta

2012-01-12T12:09:00.010+01:00

En el nuevo número de la revista "Ventana Abierta", iniciativa de la Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña, Ángel Valadés inicia su artículo "La transición política y los reformistas del franquismo" hablando de "la dictadura franquista que poco a poco dejó de ser totalitaria para convertirse en personalista, 'la dictablanda'". También Mario Vargas Llosa, de quien Valadés cita que los intelectuales son, a menudo, muy amantes de las catástrofes, se refirió al sistema político mexicano como la "dictadura perfecta" tachándolo luego el historiador Enrique Krauze de "dictablanda", pero al menos, ése sí, era un sistema tan democrático (en términos relativos) como el que hoy, tras la Transición, gozamos (en términos más relativos aún).

Bien es cierto que luego Valadés admite que "En 1974 el régimen franquista agonizaba y como todo régimen dictatorial que acaba, intentó permanecer endureciendo su incansable persecución a los comunistas, únicos que plantaban cara decididamente".

Lástima que el artículo preceda a otro de ensalzamiento de la tauromaquia y de poetas como Rafael Sánchez Mazas, miembro fundador de Falange Española y ministro del segundo gobierno franquista entre los agostos de 1939 y 1940.

Falange sigue existiendo hoy. A propuesta suya, y como hecho que muestra "lo enormemente incompleta que es la democracia en España", se está enjuiciando al "único juez -Baltasar Garzón- que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas [...] situación, que The Guardian definió como 'bochornosa' [...] en otros países europeos que sufrieron el fascismo [...] la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura [...] ha gobernado en España [...] contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento". (Vicenç Navarro, diario Público del 1 de julio de 2010).

En su artículo de ese número de "Ventana Abierta", "Largo Caballero y Primo de Rivera en Don Benito: voces prebélicas", Guillermo Paniagua, por su parte, reseña a quien "El 29 de octubre de 1933, en el Teatro de la Comedia de Madrid, junto al aviador Ruiz de Alda, crea el Movimiento Sindicalista Español, que sería el comienzo de Falange Española": el hijo del dictador a quien sustituyó el general Dámaso Berenguer en 1930, dando paso a la que se acuñó como "dictablanda", sin el uso redentor que se pretende otorgar al término cuando se aplica a dictaduras en que, "por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000" (Vicenç Navarro, íbidem).

En cuanto a la otra supuesta voz prebélica, Paniagua mismo reproduce las palabras de Largo Caballero que la eximen como tal en su visita a Don Benito: "Largo Caballero no aceptaba que la derecha ni la burguesía ganara las elecciones de diciembre de 1933, y dijo, animando y excitando a los oyentes: 'Vamos hacia la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una expropiación legal. Habrá que expropiarla por la violencia [...] Vamos a echar abjo el régimen de propiedad privada [...] Ya han iniciado los enemigos la guerra, y dicen por boca de Gil Robles que si el Parlamento no les sirve irán contra él. Pues bien. Nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil'".

El plumero de las televisiones

2012-01-12T10:43:00.000+01:00

La dirección de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha emitido un comunicado en el que acusa de "mostrar su desprecio por el trabajo de los profesionales de RTVV y el delicado momento en el que se encuentra la cadena", que en febrero iniciará un ERE que los sindicatos temen masivo, al diputado de UPyD Toni Cantó.

El ente público exigió una inmediata rectificación a su referencia en Twitter a un vídeo en el que un misil hace saltar por los aires el edificio de Canal Nou como "posible solución al déficit de Canal 9", y el actor se excusó destacando su "solidaridad con los trabajadores de Canal 9, sobre todo con los que han denunciado el uso que el PP ha hecho del canal". Después de que la cadena diese lo sucedido como noticia, Cantó escribió: "Me comentan que por fin hemos salido en Canal 9".

El (ab)uso realizado por el PP es incuestionable. Hoy se sienta en el banquillo Franciso Camps por razones que le llevaron a la dimisión como presidente valenciano, un hecho que tardó 40 minutos en anunciar (y mediante rótulo) la televisión pública valenciana. La deficiente cobertura informativa fue criticada por la sección sindical de Intersindical en RTVV denunciando que a las 17.30 horas dieron paso al informativo comarcal "sin contar lo que estaba pasando en el Palau de la Generalitat [...] Una vez más los directivos de la radiotelevisión pública se han vuelto a cubrir de gloria". Cuando se pudo ver en diferido la rueda de prensa de Camps, "en ningún momento se ha contextualizado ni explicado la razón de su dimisión". Según Intersindical, los valencianos "no se merecen una radiotelevisión que pagan con sus impuestos pero que sólo sirve a los intereses del PP".

Un seguimiento que no difiere mucho de la noticia que presagiaba otra marcha de presidente autonómico. Era 19 de junio e IU Extremadura decidió que, dado que el reglamento de la Asamblea de Extremadura (acordado por PP y PSOE) no les permitía votarse a sí mismos, tampoco lo harían ni a PP ni a PSOE en la investidura. Ese domingo se reveló que un 75% de votos de las bases apoyaba la abstención.

Pidió perdón Pedro Escobar a los extremeños por la "tardanza" en decidir, necesaria para realizar el proceso de participación con todas las garantías y en medio de un debate abierto y sereno. A pesar de las "muchas elucubraciones, filtraciones, informaciones hechas a medias y muchas noticias que daban ya por hecho pactos con uno y otro", IU continuó su "proceso hablando consigo misma y con la gente que estaba en nuestro entorno" y el resultado de "dejar al señor Monago [PP] es un camino minado, aunque tampoco sería fácil de explicar ante la ciudadanía que le diéramos cuatro años más de prórroga al señor Vara [PSOE ...] no hemos votado ni vamos a votar al señor Monago. Si el señor Monago gobierna en Extremadura va a ser porque ha tenido 32 escaños y se ha quedado al borde de la mayoría absoluta. IU no ha pactado ni va a pactar con el PP".

Destacaba también Escobar que el final de las mayorías absolutas es enriquecedor y que sería sano que al ocupar el PP el Ejecutivo, tuviera el PSOE el Legislativo. Días después, el PSOE no presentaría a nadie para presidir la Asamblea, en un intento de frustrar estos sanos planes democráticos de IU. IU, en cualquier caso, no es quien desalojaba al PSOE, "sino las políticas" de Zapatero. Y la asunción del poder por el PP no debería escandalizar a los socialistas habida cuenta de la trayectoria de pactos de que ambos partidos alardearon en la última legislatura. "Estoy seguro que va a ver muchas votaciones en las que van a coincidir PSOE y PP con la oposición de IU [...] Tendrá mucho cuidado el PP de quedar en minoría"; así, el PP ahora será dialogante y democrático.

Todo grandes noticias, sin duda, pero no para el informador público extremeño. Con la firma de Alonso Quijano se publicaba en "Voz Emérita", semanario local desaparecido a raíz de la supresión de publicidad institucional tras el cambio de gobierno también en la ciudad de Mérida:

"En un ejercicio de auténtica indignidad y vergüenza profesional, Canal Extremadura Televisión y Radio, apenas ofreció información sobre el futuro político de la región. En la radio, espectáculo flamenco, y en la televisión, fútbol [...] Pasaban las horas y no se pudo ver ni escuchar ni un mísero avance informativo. La cacareada rueda de prensa de Monago, pues para qué, tampoco. Imagino que los nervios estarían al límite en las redacciones, pensando en el futuro que les espera. Aparte de ser un agujero económico innecesario y de los pocos canales autonómicos que no se atreve a medir su audiencia, poco ayuda a la credibilidad de 'nuestro' medio informativo bellotero un ejercicio de poca profesionalidad tan lamentable como el del pasado domingo."

Trabas a la oposición para culpar al votante por sus veleidades de pluralidad

2012-01-11T14:37:00.000+01:00

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, ha denunciado en su intervención en el primer pleno de la legislatura las dificultades que el Grupo Mixto tiene para expresar su postura en los debates parlamentarios al restringirse a tres el número de intervinientes por una aplicación "sin precedentes" del Reglamento del Congreso, con unas "maneras totalmente restrictivas". Mientras el debate entre Gobierno y el PSOE dura casi dos horas, los portavoces del Grupo Mixto no han podido intervenir los dos minutos que habían pedido. Jorquera considera que el Grupo Mixto no es el responsable de que no se optase por una "composición más respetuosa" con la "pluralidad" que defendieron los ciudadanos en las últimas elecciones generales.

La Mesa del Congreso, apañada para que no estuviera en ella nadie que pensase diferente, vio cómo PSOE y CiU no se oponían a que el PP negase grupo parlamentario propio a los diputados de Amaiur elegidos en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia.

Sí se permitió esta independencia en el Parlamento para UPD, que no llega al 5% de votos que exige el Reglamento para hacerlo, pero que aceptó la incorporación del diputado de Álvarez Cascos que luego se integraría en el Grupo Mixto. En la pasada legislatura, cuando ERC e IU-ICV formaron grupo parlamentario con el préstamo de dos diputados del BNG, Rosa Díez les negó este derecho basándose en el supuesto "uso instrumental" que se hacía de las reglas.

No sólo Rosa Díez ha cambiado de opinión, sino también el PP. En 2004, contra la autorización de la Mesa del Congreso a ERC para disponer de grupo parlamentario propio, el PP presentó un recurso sosteniendo que los republicanos habían alcanzado el 15% de los votos en las circunscripciones catalanas, como Amaiur en Euskadi, pero no en las de la Comunidad Valenciana, como Amaiur en Navarra, donde se quedó mucho más cerca del límite (14,86) de lo que UPD se quedó del 5% necesario para cumplir el reglamento.

El Tribunal Constitucional estableció en el auto 262/2007 el derecho de Esquerra Republicana porque "la interpretación del Reglamento Parlamentario corresponde a la Mesa, que según la jurisprudencia constitucional debe realizar siempre la interpretación que resulte más favorable al derecho de los diputados a constituir grupos parlamentarios", lo que ahora obligaría a hacer lo mismo con Amaiur.

Además, desde 1982 hasta 2004 se permitió al PNV grupo propio también sin alcanzar, como Amaiur, el 15% en Navarra, donde igualmente concurría. Es más, el propio informe en que se ha basado la Mesa para no aplicar "la interpretación más favorable", relata que la Mesa de 1986 “contabilizó los votos obtenidos en todas las circunscripciones en las que la formación política PNV presentó candidatura, aunque no hubiera obtenido escaño en una de ellas”; se hizo entonces la media en todas esas provincias para que el PNV pudiera llegar al 15%.

Así mismo, el PP asegura que el reglamento no permite que Amaiur utilice el escaño de Geroa Bai para completar el 15% en Navarra porque el diputado de Amaiur de la comunidad foral no ha tomado posesión; es decir, el PP entiende que para rechazar la petición sí se ha de tener en cuenta ese parlamentario, pero para unirlo a Geroa Bai no es posible. Además, el PP asegura también que si se rechaza el lunes el recurso de Amaiur, los abertxales ya no podrá volver a formar grupo en lo que queda de legislatura.

En 2000, el PP tampoco aceptó que el BNG formara grupo con otros diputados, uno de ellos de CiU, partido que ahora está en la Mesa y, al igual que el PSOE, no se ha opuesto a estas segundas maniobras discriminatorias de la legislatura que empieza.

Pero el PP, al permitirlo, en cambio, para Rosa Díez, deja claro que admite el baile de diputados entre los grupos según sea la ideología del afectado, lo cual nos dice muy a las claras de qué pie cojea la ex-socialista. En la etapa de Aznar, fue el propio Grupo Popular el que prestó diputados (dos) de UPN, hoy socia de los socialistas navarros -¿de qué pie cojean también éstos?-, a Coalición Canaria (CC): Jaime Ignacio del Burgo fue unos meses un indignado “diputado canario”. Esa legislatura acabó con sólo dos señores formando el grupo propio de CC.

Al final, desde 1993 hasta 2008, CC fue siendo depositaria de préstamo de diputados, del PSOE mientras Zapatero mantenía el poder. Este mismo lunes, el PSOE cedió al PNV 5 senadores para que se constituyera como grupo en el Senado.

Primero se devalúa el voto de unos españoles (los que votan a partidos minoritarios) con la absurda Ley de H’Ont y luego se burla al Reglamento de las Cámaras para remediar la pluralidad que la mencionada ley arrebata.

De qué ha valido acelerar los presupuestos

2012-01-10T14:22:00.004+01:00

La Junta de Andalucía asegura que el Gobierno central ha sido quien ha recortado en la financiación autonómica, pero el parlamentario de IU Ignacio García afirmó que el recorte que van a sufrir las cuentas autonómicas es "mucho mayor" que los 2.000 millones señalados por la consejera de Hacienda y Administración Pública. Al cerrar los presupuestos de forma "anticipada" en noviembre, se cargan sobre 2012 las facturas presentadas durante el mes de diciembre, que suponen "unos 5.000 millones de euros, según estiman algunos expertos". "El Presupuesto de 2012 nace con 5.000 millones menos de euros, ese es el gran recorte fruto de la trampa de ingeniería contable realizada por la Junta", aseveró García. El coordinador general de la coalición, Diego Valderas, subrayó que IULV-CA tenía "razón" al asegurar que "se estaban haciendo unos presupuestos claramente electoralistas, sin ningún tipo de solvencia ni utilidad".

Así, IU de Andalucía manifestó ayer que el "mayor recorte" a los Presupuestos regionales para 2012 lo realizó la propia Junta al cerrarlos de forma "anticipada", por lo que, ha pedido la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para explicar los "recortes" que se van a realizar en estas cuentas, "cuál es la situación económica y financiera real de Andalucía" y si los Presupuestos para 2012 son "papel mojado".

Por su parte, la patronal andaluza recordó que en su comparecencia parlamentaria para analizar estos presupuestos ya advirtió que las cuentas andaluzas "se hacían sobre unas previsiones [económicas del Gobierno Zapatero, incluida un crecimiento del PIB del 2,3%] que no eran realistas y ahora se produce esta situación".

Haber hecho los presupuestos en Extremadura cuando el PSOE quería, tal vez hubiera dado lugar a presupuestos tan inflados como los andaluces, sobre todo una vez conocido que el déficit puede haber llegado al 8,2% en 2011 habiéndose quedado la predicción del Gobierno de Zapatero en el 6%, desvirtuando así cuanto presupuesto se haya realizado antes del traspaso de la información económica al PP.

Los hijos de Chaves

2012-01-10T12:00:00.001+01:00

Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, conde de Salvatierra, está en Marinaleda (Sevilla), municipio donde gobierna Izquierda Unida con 9 concejales y en el que todas las decisiones (impuestos, vivienda, empleo...) son sometidas al veredicto del pueblo, que vota en el curso de un centenar de asambleas generales anuales.

Cayetano va para conocer el proyecto cooperativo agroindustrial 'El Humoso' que lleva a cabo el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el que acordó la visita el mes pasado tras soltar en el programa 'Salvados' de La Sexta perlas como “no nos hemos arruinado nunca porque nunca hemos sido ricos”. Quizás por estar tan necesitados, la “única reprobación que entiende esta gente es que le quiten las ayudas de la UE”, puestas de manifiesto en la emisión, fueron palabras de la respuesta del líder de IU en Andalucía, Diego Valderas.

'El Humoso' proporciona más de 300 jornales diarios en una finca de 1.300 hectáreas, la cual, cuando pertenecía al Duque del Infantado sólo daba cinco o seis jornales al día. La finca fue expropiada tras una ocupación diaria durante 12 años por parte de los jornaleros de Marinaleda. La cooperativa gestiona desde la recolección hasta el envasado y la comercialización de todos los productos y su personal cobra, desde el jornalero contratado hasta el gerente, pasando por el cooperativista, exactamente lo mismo: 2 € por encima del convenio del campo.

Y se equivoca quien crea que el hijo predilecto de Manuel Chaves es Iván Chaves Iborra, autodefinido como "comisionista de gestiones con las consejerías del Gobierno andaluz" y al que el grupo de Blanqueo de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), de Sevilla, acusa de intentar tapar cuando denunció su robo el 8 de marzo, 4 contratos "originales" y 5 copias de otros tantos documentos mercantiles que demuestran su actividad real y le vinculan con contratistas de la Administración andaluza.

Es la madre de Cayetano de Alba, la duquesa de Alba, la que es Hija Predilecta desde que en 2006 lo decidiera el Gobierno autonómico socialista de Manuel Chaves, con la oposición de IU y el SAT (entonces Sindicato de Obreros del Campo).

Ya a nivel delictivo, aunque no por ello menos oneroso para las arcas públicas, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional acaba de considerar que Iván Chaves puede estar vinculado a una "trama de tráfico de influencias" por sus negocios con la Junta cuando la presidía su padre. Un alto mando de la Udyco que se encargaba de la investigación del robo que denunció Iván Chaves tras haberse filtrado los documentos a la prensa, fue cesado cuando también estaba investigando la posible implicación de dirigentes del PSOE de Cádiz en torno a las irregularidades detectadas en el Plan Bahía Competitiva, desarrollado en esa provincia.

Fundamentado en las declaraciones de un socio y una antigua empleada vinculando a Iván Chaves con la Administración de la Junta, el atestado elaborado por el grupo V de Blanqueo con número 1444/11, remitido al Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla, concluía que el hijo del número tres del Gobierno Zapatero no sufrió ningún robo en sus oficinas y siempre tuvo en su poder esos contratos. A juicio del informe, "la denuncia presentada por el declarante tendría el sentido de invalidar la información publicada [sobre la trama de comisiones montada por Iván Chaves], por haber sido obtenida por medio ilícitos", y, de esta forma, se anularían judicialmente las pruebas contra él. (Quien "simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente" se expone a hasta 12 meses de multa por un delito recogido en el artículo 457 del Código Penal.)

La Junta de Andalucía otorgó a Mediasur, empresa de la que es director general Rafael Sánchez-Zaragoza, socio fundador de Exiden Participaciones Industriales junto a Iván Chaves, al menos 19 convenios para campañas de publicidad con 8 consejerías, logrando contratos por 5,9 millones de euros. El PP ha pedido "saber cuántas han sido las subvenciones, cuántas las reuniones con el Gobierno andaluz y qué beneficios se obtuvieron" de la participación de las consejerías en una supuesta trama para lograr subvenciones gestionada por el hijo de Chaves y por las que éste obtenía "entre el 30 y el 40% de comisión".

En cuanto a Jaime Chaves (sobrino del expresidente andaluz), condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) a tres años y seis meses de cárcel por abusar sexualmente de dos menores, la juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Sevilla le ha dejado sin permisos hasta que cumpla la cuarta parte de la condena (segundo grado), revocándole el tercer grado concedido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La juez ha considerado la especial índole de la tipología delictiva, la continuidad delictiva del acusado (condenado en 2003 a una multa por exhibicionismo), la fase muy inicial de cumplimiento de la condena, la no asunción plena de responsabilidades por los hechos y la exigua cantidad abonada de las indemnizaciones que se impusieron por valor de 10.000 y 8.000 euros.

Millones perdidos por callar en Europa

2012-01-10T08:52:00.003+01:00

Si aquí ha sido el PP quien ha aumentado la fiscalidad de las rentas del capital (aunque también las del trabajo, al menos con progresividad), en Europa es igualmente la derecha declarada la que toma la delantera en hacer que "los mercados" también empiecen a correr con los costes de la crisis.

Si el programa de Zapatero y Elena Salgado (al parecer, con la aquiescencia de Rubalcaba y la oposición de Carme Chacón en los Consejos de Ministros) consistía en mostrarse maniatados por Europa, el presidente francés Nicolás Sarkozy no dudará en tomar la vía en solitario para "aplicar el proyecto de directiva sobre la creación de una tasa a las transacciones financieras presentado por la Comisión, ya que no dudamos que así iniciaremos un movimiento en la eurozona" del que terminará contagiándose el mundo entero, apuntaba el mandatario tras el primer encuentro del año con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín. La decisión no la tomará, no obstante, hasta el día 18, cuando se reunirá con los interlocutores sociales en Francia. Desde París, su ministro de Finanzas, Francois Fillon, dejaba caer que podría presentar un borrador de la tasa francesa ya en febrero. "Alguien tiene que ser el primero en saltar al agua", señalaba.

Según los planes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la tasa (que resucita el modelo creado en Estados Unidos a principios de los 70 por el premio Nobel de Economía James Tobin) gravaría con un 0,1% las compraventas de acciones y bonos, y con un tipo del 0,01% las de derivados, y podría recaudar 55.000 millones de euros al año, pero no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2014, plazo que Francia pretende acelerar.

¡Claro que el PSOE no es igual que el PP!

2012-01-05T08:46:00.004+01:00

Conocidos los datos del paro que dan a Extremadura 1.116 desempleados más en diciembre, el coordinador general de Izquierda Unida en la región, Pedro Escobar, manifestó su esperanza de que "Madrid dé el do de pecho y reconozca" lo antes posible la reclamación de ingresos extraordinarios para la comunidad en concepto de Deuda Histórica, petición que es posible hacer con el argumento de que tenemos la región "en situación de emergencia porque ya son más de 26.000 personas las que han agotado todas sus prestaciones". IU consiguió esta vinculación del gasto en el debate de enmiendas a la totalidad a los presupuestos regionales.

En cuanto al decreto ley del gobierno de Rajoy para incrementar la recaudación en 6.300 millones, Escobar aboga por "penalizar las rentas del capital", combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Ya Cayo Lara dijo que, pese a los cambios, “las rentas de los trabajadores van a seguir más gravadas que las del capital”.

En la misma línea, el responsable de Economía de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, había lamentado que iniciativas aprobadas en Consejo de Ministros el pasado viernes "acentuarán el paro por el fortísimo recorte del gasto y la inversión pública que representan, al tiempo que acelerarán la recesión de la economía". Además, el PP no toca las sicav, tan a gusto en Madrid y otras regiones a donde el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, dijo en mayo de 2010 que dos tercios de estas sociedades habían cambiado su sede desde el País Vasco tras elevarles esta comunidad la tributación del 1 al 28%. Tampoco se modifica el Impuesto de Sociedades, "ni siquiera en cuanto a sus deducciones y otros gastos fiscales, lo que lleva a que las grandes empresas paguen menos de la mitad por este impuesto que las pequeñas". Por otra parte, García Rubio lamentó que "se otorgan a los bancos 100.000 millones de euros en avales".

No obstante esto, y demostrando que sí que queda mucho PSOE por hacer, ha tenido que ser el PP quien gire mínimamente a la izquierda en la política fiscal que se viene haciendo en España. Ponen los populares así en más aprietos aún a quienes reivindican, para el PSOE futuro, la figura de un Zapatero enmendado ahora -¡ver para creer!- por Montoro. Otro Montoro, humorista, caricaturiza a Rajoy en La Razón y le hace decir: “En el PSOE siguen sin decidir si será Chacón o será Rubalcaba quien tendrá que disputarme el liderazgo del socialismo español”.

No han sido para tanto las medidas, pero sólo con eso ya es más progresista que lo hecho por el PSOE. Y la prueba, el enfado de Alfonso Ussía anteayer en el mismo diario: "La yema del asunto no está en los impuestos, ni en quienes los van a pagar, ni en quienes los van a regatear de nuevo. Está en el incumplimiento de una promesa".

La nueva tabla de retenciones salariales del decreto ley adaptada a la subida del IRPF para 2012 (a partir de febrero) y 2013, incorpora el "recargo de solidaridad", una subida impositiva en función de la renta salarial de entre 0,75 y, para contribuyentes de renta superior a los 300.000 euros, 7 puntos.

La tabla recoge, además, que la retención fiscal de los pagos a cuenta de los miembros de los consejos de administración de las empresas, de las juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos, se eleva, a partir del 1 de febrero, desde el 35% hasta el 42%, con independencia de las retribuciones salariales. En total, la Agencia Tributaria cuenta con recaudar 4.111 millones de euros extras por rendimientos del trabajo.

También se aprobó el viernes el aumento del gravamen del ahorro con sendas modificaciones a la Ley del Impuesto de Sociedades y a la del IRPF por la que se eleva con carácter general del 19% al 21% la retención de productos ligados al ahorro como rendimientos del capital mobiliario, ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva (fondos de inversión y planes de pensiones)..., cuya tributación se ha elevado entre 2 y 6 puntos, en función de la base liquidable. La retención pasa también al 21% para los rendimientos del arrendamiento de bienes urbanos, de la participación en juegos, concursos o rifas, y los procedentes de la propiedad industrial y de la cesión de derechos de imagen.

El aumento de las retenciones se extiende, asimismo, a los contribuyentes del impuesto de renta de no residentes para preservar un trato semejante con los 17 millones que fijan su gravamen a través del IRPF ordinario. En conjunto, el Gobierno espera recaudar 1.246 millones extras de las mayores retenciones fiscales al ahorro.

Luis Bravo, socio del bufete Cuatrecasas, puso pegas: "Las retenciones que afectan a productos como dividendos, cupones, y acciones dependen de complejos programas informáticos que acumulan millones de datos y que no pueden ponerse en marcha en cuestión de días; sería deseable contar con algunas semanas más para que el sector financiero no acabe acusando costes innecesarios".

Aparte de que el sector financiero puede contratar a más personal cuando le plazca, en el momento de encargar esas aplicaciones informáticas, ¿no se le ocurrió a Cuatrecasas advertir a sus clientes de que lo mejor era parametrizar el valor de la retención para que, con una simple modificación de la tabla, se aplicara el nuevo tipo a cualquier producto? Menuda calidad la que nos va a ofrecer esa gran pyme regional a la que el PSOE extremeño, en sus últimos estertores en el gobierno, acordó entregar 73.780,70 euros para elaborar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación de la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del nuevo hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Como campaña publicitaria estuvo bien

2012-01-04T09:08:00.007+01:00

El día 31 concluyó el proyecto de la versión extremeña de GNU/Linux y acabaron su contrato los 14 programadores encargados de su desarrollo. La Junta de Extremadura transfiere el Cesje (Centro de Excelencia de Software Libre José de Espronceda), el organismo que promovió para desarrollar Linex, a la fundación estatal Cenatic (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación), órgano en cuyo patronato participan el Gobierno central, ocho autonomías y Telefónica, y que ya tenía entre sus misiones la de promocionar el software libre -programas informáticos que alguien ha desarrollado y que lo distribuye gratuitamente-; ahora también tendrá que mantener Linex.

El Cesje nació en julio de 2010, según el entonces director del Centro de Fomento de Nuevas Iniciativas Dependientes, Francisco Huertas, "con la intención de aglutinar todo el conocimiento y velar por el software libre que ha ido desarrollando el Ejecutivo regional a lo largo de varios años". Permitiría disfrutar de los avances conseguidos en el campo del software libre facilitando los conocimientos para mejorar el funcionamiento de las empresas y el acceso a la información del sector tecnológico en calidad a todas las instituciones de la región. Se mejorarían de esta manera las oportunidades de futuro nacional e internacionalmente, abriendo así nuevas fronteras, para las organizaciones y empresas extremeñas que buscan alternativas a la hora de invertir su capital en nuevas tecnologías.

La gestión de Cesje corría a cargo de empresa pública Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura (Cesex), integrada en el Grupo Público Empresarial de Extremadura (GPEX), con la colaboración de Hewlett-Packard. El área de Excelencia suministraba programas gratuitos a las instituciones y el de Calidad desarrollaba las aplicaciones.

En abril de 2002, medios de todo el mundo, incluidos grandes diarios de EEUU, se hicieron eco de la noticia de que, en una remota región de España, el Gobierno autonómico había decidido abandonar Windows por el software libre, falsedad demostrada con el transcurrir de casi 10 años por cuanto aunque con 70.000 Linex estudian niños extremeños y los 15.000 equipos de la sanidad pública son libres, los servidores siguen funcionando con software propietario y apenas el 1% de los puestos de la Administración general autonómica funciona con código abierto. Y, al no predicar con el ejemplo, la Junta de Extremadura ha hecho que muchos extremeños desistieran de prescindir de los programas de Microsoft por no tener un referente que les hiciera perder el miedo al cambio de sistema operativo.

La apuesta de verdad por el código abierto está, pues, en los planes de la Junta de migrar los 40.000 ordenadores de la Administración autonómica de Windows a Debian. El propio Francisco Huertas, responsable de promoción del Cesje hasta el pasado día 31 y creador del proyecto Linex, junto al profesor Jesús Rubio, ha reconocido que temió que el cambio tras las elecciones autonómicas dejara de lado las tecnologías abiertas, "pero han calado tan hondo que en Extremadura no se entiende la informática sin el software libre", de ahí que, a falta del impulso necesario, muchas empresas creadas al abrigo de esta tecnología estén echando el cierre.

"Han pasado diez años y hay que plantearse si hay que seguir apostando por este localismo ["Linex no se creó para el mundo, era un proyecto muy concreto", dice Huertas] cuando hay distribuciones como Debian o Ubuntu con mucha gente detrás", opina el director general de Administración Electrónica y Evaluación de la Junta de Extremadura, Teodomiro Cayetano. No hay dinero para mantenerlo todo y hay que tomar "decisiones duras y valientes", añade este ingeniero informático.

En el estado "en que hoy día se encuentran tanto la tecnología en general como el software libre en particular, Linex ya no aporta nada frente a distribuciones soportadas por la comunidad, como Debian o Fedora, u otras detrás de las cuales se encuentran empresas, como Ubuntu o Suse. Y ni unas ni otras cuestan un euro al bolsillo de los extremeños", sostiene Cayetano, como viene sosteniendo Izquierda Unida desde hace mucho tiempo.

El programa electoral de la coalición para los pasados comicios municipales en Don Benito incluía "cambiar el software de pago por el software libre y dejar la política de certificaciones de Microsoft de utilidad muy reducida en la búsqueda de empleo" dado que el ecosistema de empresas punteras en el sector en la región se había creado en torno al software libre, que proporciona cualquier herramienta ofimática sin que los ingresos vayan al campus de Microsoft en Redmond, a 21 km. de Seattle.

Las ventajas del software libre ya se llevan pregonando años y parece que por fin se van a tomar en serio: ahorro económico por el pago de licencias, independencia tecnológica por el acceso al código del programa y desarrollo de la industria local por la libertad para modificarlo.